25 nov. 2013

Riesgo y desarrollo

publicado en La Jornada Morelos el 25 de noviembre de 2013
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En los últimos años, el mundo ha padecido conmociones financieras y económicas que han alterado la economía mundial y han provocado pérdida de ingresos, empleos y estabilidad social. Asimismo, diversos desastres naturales de gran intensidad han devastado comunidades enteras en Filipinas, Haití, Japón y México, entre otros países, dejando a su paso una estela de muertes y pérdidas económicas. Ha crecido la preocupación por el calentamiento de la Tierra, al igual que los temores por la propagación de enfermedades mortales contagiosas. También, existe preocupación deriva de las oportunidades de desarrollo que se pierden cuando no se asumen los riesgos necesarios. Para aprovechar las oportunidades es imprescindible asumir riesgos, pero muchas personas a menudo se resisten a hacerlo por temor a las posibles consecuencias negativas. Sin embargo, la inacción puede confinar a los individuos a una situación vulnerable frente a las perturbaciones negativas y con aún menos capacidad para aprovechar las oportunidades que podrían mejorar su calidad de vida.
El Banco Mundial presentó recientemente el informe “Riesgo y oportunidad: la administración del riesgo como instrumento de desarrollo” (Banco Mundial. 2013. Informe sobre el desarrollo mundial 2014. Panorama general: Riesgo y oportunidad. La administración del riesgo como instrumento de desarrollo. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons Reconocimiento CC BY 3.0), que fue elaborado por un equipo dirigido por Norman Loayza, junto con Inci Ötker-Robe. En este informe se insta a los individuos y a las instituciones a administrar los riesgos de manera proactiva y sistemática, en vez de sólo luchar contra las crisis cuando ya se han producido. Hay numerosas pruebas que indican que reconocer el riesgo y prepararse para enfrentarlo puede traer enormes beneficios. También, es una valiosa guía tanto para incorporar la administración del riesgo en los programas internacionales de desarrollo como para ayudar a los países y las comunidades a fortalecer sus propios sistemas de administración del riesgo. Advierte que el mayor riesgo es el de no asumir ningún riesgo.
El riesgo es una carga, pero también una oportunidad, asegura el informe y pregunta: ¿Por qué preocuparse por el riesgo? En los últimos años, la economía mundial se ha visto alterada por numerosas crisis que han generado importantes consecuencias negativas en el desarrollo. A causa de la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, la mayor parte de las economías de todo el mundo sufrieron importantes caídas en las tasas de crecimiento, con las consiguientes pérdidas de ingresos y empleos y retrocesos en las iniciativas de reducción de la pobreza. Cuando los precios de los alimentos aumentaron abruptamente en 2008, se produjeron revueltas en más de 12 países de África y Asia, lo que reflejó el descontento y la inseguridad de la población y provocó malestar político generalizado. El tsunami de 2004 en Asia, el terremoto de 2010 en Haití y el desastre múltiple de 2011 en el noreste de Japón (por nombrar solo algunos episodios) han dejado decenas de miles de muertes y pérdidas económicas que ejemplifican el incremento en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. De hecho, las crisis económicas y los desastres de gran magnitud que se han registrado en los últimos años y los que pueden producirse en el futuro ponen de relieve la vulnerabilidad de las personas, las comunidades y los países ante riesgos sistémicos, en particular en las naciones en desarrollo.
Los riesgos idiosincráticos, específicos de las personas o de los hogares, no son menos importantes para el bienestar de la población. Perder el empleo o no encontrar trabajo por carecer de las capacidades adecuadas, ser víctima de una enfermedad o de delitos, sufrir una ruptura familiar a causa de las dificultades financieras o verse obligados a emigrar son situaciones que pueden resultar abrumadoras, en particular para las familias y las personas vulnerables. Los gastos en salud generados por altos niveles de violencia y delitos representan cada año entre el 0,3% y el 5,0% del producto interno bruto (PIB) de diversos países de América Latina, y esto sin considerar el impacto del delito en la pérdida de producto como consecuencia de la caída de la inversión y la participación en la fuerza laboral.
La administración del riesgo puede salvar vidas, evitar daños y prevenir retrocesos en el desarrollo, y abrir nuevas oportunidades, señala el informe. Frente a las distintas alternativas para mejorar su calidad de vida, las personas toman prácticamente todas sus decisiones en un contexto de incertidumbre. Los jóvenes deciden qué estudiar o en qué capacitarse sin saber exactamente qué empleos y qué salarios encontrarán cuando se incorporen al mercado laboral. Los adultos deciden cuánto y cómo ahorrar para su jubilación en un contexto de incertidumbre respecto de su ingreso futuro, de la rentabilidad de sus inversiones, de su estado de salud y de los años de vida que les restan. Los agricultores deciden qué sembrar y qué insumos utilizar sin saber con certeza si sus cultivos recibirán lluvia suficiente y sin conocer qué demanda y qué precios tendrán sus productos en el mercado. Y los Gobiernos deciden el nivel de las tasas de política monetaria y del déficit fiscal en presencia de condiciones externas inciertas, índices inciertos de aumento de la productividad interna y cambios desconocidos en los mercados financieros.
Las observaciones derivadas de la economía de la decisión en contextos inciertos conforman un marco analítico para la administración del riesgo y, según el informe, está conformado por una serie de pasos conexos: Evaluar los objetivos y motivaciones fundamentales de  la administración del riesgo; comprender el entorno en el que surgen los riesgos y las oportunidades; analizar qué conlleva la administración del riesgo; evaluar  los  principales  obstáculos  que  enfrentan  los  individuos y las sociedades para administrar el riesgo, incluidas las limitaciones de recursos, información e incentivos; e incorporar la función que pueden desempeñar los grupos y la acción colectiva en distintos niveles de la sociedad para superar los obstáculos que enfrentan las personas a la hora de administrar el riesgo.
Si administrar el riesgo permite salvar vidas, evitar perjuicios económicos y abrir nuevas oportunidades —y más aún: si la administración del riesgo es eficiente en función de sus costos y sus elementos fundamentales se comprenden bien—, ¿por qué las personas y las sociedades no son más eficaces en esta tarea?, establece el informe. Si bien la respuesta específica varía en cada caso, siempre se relaciona con los obstáculos y las limitaciones que deben enfrentar los individuos y las sociedades, entre las que figuran la falta de recursos y de información, fallas de conocimiento y en la conducta, ausencia de mercados y de bienes públicos, y externalidades sociales y económicas. Esta observación conduce a una conclusión importante. No basta con detectar los riesgos: también se deben detectar, priorizar y abordar mediante acciones públicas y privadas los obstáculos a la administración del riesgo.
En Morelos, debemos seguir los cinco principios de acción pública para una mejor administración del riesgo: no generar incertidumbre o riesgos innecesarios; proporcionar los incentivos adecuados para que las personas y las instituciones realicen su propia planificación y preparación, tratando, al mismo tiempo, de no imponer riesgos o pérdidas a terceros; crear mecanismos institucionales que trasciendan los ciclos políticos a fin de mantener una perspectiva de largo plazo para administrar los riesgos; promover la flexibilidad dentro de un marco institucional claro y previsible; y proteger a los grupos vulnerables y, al mismo tiempo, alentar la autosuficiencia y preservar la sostenibilidad fiscal.

18 nov. 2013

El clima de la igualdad en 2020

publicado en la Jornada Morelos el 18 de noviembre de 2013

Al tratar el tema de la igualdad en Latinoamerica, debemos recordar la propuesta de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), manifestada en La hora de la igualdad (CEPAL, 2010) de tener un Estado que garantice un entorno macroeconómico adecuado para prevenir y enfrentar la volatilidad; promueva el progreso cientifico y tecnologico; reduzca las disparidades territoriales en capacidades productivas, en articulación con mercados ampliados, en mayor convergencia en el acceso a los servicios y en menores desigualdades en los niveles de bienestar; impulse políticas activas y pasivas en el ámbito del empleo, a fin de proteger contra el desempleo, cerrar brechas de ingresos laborales como mecanismo clave de promoción de la igualdad e incrementar las tasas de participación y las tasas de empleo; intervenga de manera más decidida en el ámbito social, para garantizar mayor acceso al bienestar y mayor desarrollo de capacidades de quienes se encuentran en situación de mayor rezago y vulnerabilidad, y juegue un rol protagónico para velar por más democracia y más igualdad, dos caras de la misma moneda.
La CEPAL publicó recientemente el documento intitulado “Prospectiva y desarrollo: el clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020” (Publicación de las Naciones Unidas
, LC/G.2579
, Copyright © Naciones Unidas, octubre de 2013), cuya elaboración estuvo a cargo de Luis Mauricio Cuervo y Jorge Máttar, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Esta publicación registra la culminación de un proceso de análisis con visión de futuro y marca la apertura de nuevos desafíos y compromisos. Da cuenta del resultado de una amplia encuesta a especialistas de la región acerca del futuro previsible de las brechas de igualdad identificadas en los documentos La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, publicado en 2010, y Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, publicado en 2012, y delinea los escenarios tendencial, ideal y de ruptura.
El documento se divide en ocho secciones, la primera de las cuales es la Introducción. En la segunda sección se describen brevemente los fundamentos de la prospectiva y sus semejanzas y diferencias con respecto a la planificación propiamente dicha. En la tercera se identifican los principales hitos de la evolución del quehacer prospectivo en América Latina. La cuarta contiene un breve recuento y balance de los estudios de prospectiva económica realizados en todo el mundo. En la quinta se describen el proceso de elaboración y lo que se consultó a especialistas en el desarrollo de América Latina y el Caribe, con el propósito de conocer sus pronósticos sobre la evolución de las brechas de la igualdad en la década de 2010. En las tres últimas secciones (sexta, séptima y octava) se presentan tres escenarios sobre la igualdad en la región, basados en los resultados de la encuesta. Estos tres escenarios corresponden al “futuro más probable”, al “futuro ideal o más deseable” y a una situación de “ruptura”.
        El futuro más probable de las brechas de igualdad se podría resumir en una sola frase: desempeño socioeconómico aceptable sin cambio estructural. En cuanto al crecimiento económico, el pronóstico revela un optimismo con respecto a la situación que se daría en un contexto de ausencia de cambios, expresada en tasas de crecimiento del PIB. En efecto, el 63 por ciento de los encuestados estima que durante los próximos diez años el crecimiento del PIB per cápita será superior a un promedio del 2 por ciento. Según el 86 por ciento de las estimaciones, América del Sur seguirá creciendo a un mayor ritmo que México, Centroamérica y el Caribe, cuyo comercio continuará orientado a los Estados Unidos. El 64 por ciento considera altamente probable (más del 70 por ciento de probabilidad) que América del Sur profundice su especialización en la exportación de materias primas. Finalmente, según la mayoría de los encuestados el cambio climático continuará o se agudizará y se acentuarán sus impactos en el ámbito social (el 77 por ciento opina que se incrementara la pobreza), en la agricultura (el 85 por ciento estima un impacto negativo) y en la energía (el 50 por ciento prevé un impacto negativo).
        El futuro más deseable consistió en determinar si en los pronósticos que ofrece la encuesta se prevé un acercamiento a la situación deseable o una desviación de ésta. Con esta interpretación en mente, la situación prevista podría resumirse en la siguiente frase: futuro social moderadamente promisorio sin transformación integral. Hay un marcado contraste entre las dimensiones sociales y las restantes. Mientras las primeras son las únicas que presentan pronósticos significativos de acercamiento al ideal, del 30 al 50 por ciento; en las demás dimensiones estos apenas superan el 20 por ciento. En efecto, se estima que la heterogeneidad productiva, las disparidades territoriales y las diferencias de crecimiento entre América del Sur y el resto se mantendrán invariables o incluso se alejarán aun más de lo deseable. En cambio, la probabilidad de que el empleo, las brechas sociales y la estructura fiscal se acerquen a la situación deseable es mayor, aunque nunca supera el 50 por ciento.
         En los escenarios de ruptura, la imagen del futuro se basa en la clasificación de las respuestas de acuerdo con criterios diferentes a los empleados en los casos anteriores. En éste solo se tomaron en consideración las preguntas cuyas respuestas pudieron clasificarse en dos categorías: continuidad o cambio. No se tomó en cuenta el significado preciso de lo que esta continuidad significa (empeoramiento o mejoramiento de una situación dada). En términos globales, las respuestas revelan que la polaridad entre los cambios sociales relativamente positivos y los poco halagüeños resultados en materia productiva tiene márgenes de variación más reducidos que en el resto de los componentes, es decir la economía mundial, las disparidades territoriales y el empleo. En lo relacionado con la economía mundial, los ámbitos identificados por los participantes como los que plantean mayores interrogantes, caracterizados por una mayor incertidumbre y una menor previsibilidad son los relacionados con el ritmo de crecimiento económico mundial, de China y de América Latina. En contraste, los ámbitos cuya evolución se considera más previsible y menos sujeta a incertidumbre son las brechas de crecimiento entre América del Sur y el resto del mundo, la estructura de las exportaciones con predominio de productos primarios, la tasa de inversión agregada y la orientación de México y Centroamérica hacia el mercado de los Estados Unidos. El margen probable de cambio de todos los aspectos de la convergencia productiva se considera relativamente limitado, lo que indica que domina el pronóstico de continuidad de las tendencias actuales.
            En Morelos, debemos ratificar la rectoría del Estado para llevar los ritmos de crecimiento hacia sus mayores potencialidades y promover un patrón de crecimiento hacia un mayor dinamismo productivo y una menor vulnerabilidad en el ámbito laboral, al acelerar cambios en la matriz productiva hacia la mayor incorporación de progreso técnico y, complementariamente, impulsar políticas decididas para reducir las brechas de productividad entre los distintos sectores y niveles de la estructura productiva.

11 nov. 2013

Seguridad alimentaria en ciudades.

publicado en La Jornada Morelos el 11 de noviembre de 2013

Las zonas urbanas son las más expuestas a conflictos alimentarios ya que no producen la mayoría de los productos que consumen sus habitantes, tales como carne, pescado, granos y leguminosas, entre otros. Además, están expuestas a que sus flujos de suministros puedan ser disminuidos por diversas razones, tanto naturales como sociales o económicas. También, deben ser considerados los inseparables flujos de salida o desechos sólidos urbanos, la contaminación generada al aire, suelo y agua y el impacto negativo a la biodiversidad. El cambio climático ya tiene un efecto adverso sobre la producción de alimentos. Esta problemática sólo tendrá solución si planeamos y establecemos estrategias formales de seguridad alimentaria urbana a largo plazo.
            Gian Carlo Delgado Ramos escribió el ensayo “Cambio climático y la alimentación de las ciudades”, en la revista Investigación Ambiental 2013, 5(1) 85-101. Presenta una revisión sobre los impactos del cambio climático en la producción de alimentos, revisa críticamente la apuesta por un aumento de la productividad, analiza los impactos actuales de la producción de alimentos en términos de emisiones directas e indirectas y analiza el impacto en la seguridad alimentaria en zonas urbanas.
            Dado que las dietas urbanas se han tornado cada vez más intensivas en agua y energía, sobre todo debido al aumento del consumo de carnes, lácteos y diversos alimentos procesados, el autor sostiene que los asentamientos urbanos modelan, en cierto sentido y medida, las dinámicas territoriales y los ritmos de las emisiones directas e indirectas asociadas a la alimentación, más allá de sus propias fronteras. El reto es ciertamente mayor en países donde el grueso de su población ya es urbano, y sobre todo, cuando se trata de países pobres, como los latinoamericanos.
            La magnitud y ritmo de las implicaciones del cambio climático, de cara a la capacidad de transformación y adaptación de la agricultura y la ganadería es probablemente, según el autor, la cuestión con mayor peso y relevancia en el futuro próximo de la seguridad alimentaria. Los impactos mayores se observan tanto en el aumento de la temperatura y los cambios en la disponibilidad de agua. Algunas proyecciones, recopiladas por el autor, de los posibles efectos del cambio climático para el 2030 precisan que la productividad de los cultivos podría caer de entre 1.3 a 9 por ciento, dependiendo de la región. Para 2050 y con una concentración de 369 ppm de CO2 en la atmósfera (hoy ya es de 400 ppm), la caída alcanzaría el rango de 4.2 a 12 por ciento y, cuando la población mundial logre estabilizarse pero los efectos del cambio climático se agudicen, esto es en la década del 2070, la caída podría llegar a ser de entre 14.3 a 29 por ciento.
            Los sistemas urbanos son predominantemente dependientes de alimentos, pero en general de energía y de todo tipo de materiales que obtienen de zonas periurbanas, regionales, nacionales o incluso del extranjero, plantea el autor. Se trata de asentamientos humanos en expansión, sobre todo en los países pobres donde el aumento poblacional a 2050 se concentrará en un 95 por ciento en ciudades. Estamos ante todo un reto, incluyendo la producción de mayores cantidades de alimentos que deben ser llevados y distribuidos en sistemas urbanos expansivos y desiguales. El desafío técnico es considerable pues aún con mejoras sustanciales en la producción de alimentos, mismas que han permitido prácticamente doblar la capacidad productiva desde la segunda mitad del siglo pasado tan sólo aumentando en un 10 por ciento la superficie de tierra cultivable, para el 2050 será necesario aumentar la producción agrícola en 70 por ciento para poder cubrir la demanda futura de alimentos estimada en patrones de consumo actuales.
            Los mayores retos, considera el autor, están asociados a cuestiones no tecnológicas sino socioeconómicas y políticas y en concreto a las tipologías de las dietas contemporáneas, la distribución y la accesibilidad a los alimentos. Y es que hoy día tan sólo la producción de cereales se calcula en un kilogramo per cápita al día o más que suficiente para alimentar a toda la población mundial; no obstante, su distribución es altamente desigual, incluso al grado de reconocerse abiertamente la existencia de 850 millones de personas malnutridas.
            El autor propone el método denominado “metabolismo urbano de los alimentos”, donde se busca dar cuenta de los flujos de entrada y de salida y de los stocks que conforman todo el sistema alimentario de cualquier asentamiento; es decir, de los subsistemas de producción, suministro, distribución, consumo y generación de flujos de salida o de contaminantes y residuos en y fuera de las urbanizaciones. Lo que hace posible visualizar la dimensión y complejidad de su dependencia alimentaria con respecto a otras escalas espaciales, develando las modalidades en las que dicha dependencia es neutralizada, así como los impactos ambientales y climáticos directos e indirectos. Asimismo, tal perspectiva analítica permite dar cuenta de los stocks o la infraestructura y artefactos necesarios para la puesta en marcha del sistema alimentario urbano, pero también de los flujos de salida, sus costos socio ambientales e implicaciones, esto es, de los desechos y las excretas, flujos urbanos de salida que además son importantes emisores de metano.
            Para el caso particular de México, el autor asegura, debe subrayarse que muchos de los costos, tanto de agua, tierra requerida y de emisiones, quedan ocultos en el flujo del comercio internacional dado que el país es importador neto, además de maíz y otros granos y leguminosas, de carnes y derivados. Tal transferencia de flujos de alimentos, en un contexto de potenciales afectaciones a la capacidad de producción alimentaria como producto del cambio climático, claramente pone en entre dicho la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo, sobre todo la de la población urbana y enfáticamente de aquella más pobre.
            En Morelos, debemos entender el metabolismo estatal de los alimentos y, en particular, su dimensión urbana, así como las implicaciones de las fuerzas externas y en general de las pautas que modelan la (in)seguridad alimentaria y las causas de las desigualdades nutricionales. Estos elementos son prerrequisitos clave para una apropiada política y toma de decisiones en un contexto de cambio de clima, erosión ambiental y aumento de la población urbana.

4 nov. 2013

Profesional docente y evaluación

publicado en La Jornada Morelos el 4 de noviembre de 2013

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Las dimensiones que son necesarias tener en cuenta para comprender la labor profesional de los maestros incluyen, según Álvaro Marchesi: la formación inicial, los niveles exigidos para la selección de los docentes, la retribución económica, el tiempo y las condiciones de trabajo, la carrera profesional, la organización de las escuelas, la formación en ejercicio, la evaluación del trabajo docente y de las propias escuelas donde los docentes desempeñan su labor. La evaluación de los docentes abarca múltiples campos y se enfrenta a decisiones controvertidas y nada fáciles de poner en práctica. Tener un buen sistema de evaluación de los maestros puede contribuir a mejorar los resultados de los alumnos, pero conviene resaltar que dichos resultados también dependen de las condiciones que prevalecen en el hogar y el medio en que vive cada uno, de las escuelas a las que asisten y de los propios maestros, que constituyen el factor sin duda más importante. Además, debe tenerse en cuenta que la evaluación por sí misma no produce avance alguno, es parte del proceso de mejora continua.
            La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) publicó recibiente un documento titulado “2013 Miradas sobre la Educación en Iberoamérica: Desarrollo profesional docente y mejora de la educación” (© OEI. Impreso en agosto de 2013). Trata de manera cualitativa al profesorado disponible en cada uno de los países y en las distintas etapas educativas, así como el número de alumnos por aula y las retribuciones de los profesores; propone un nuevo ordenamiento de la información precisa para dar cuenta de los indicadores contemplados en el proyecto Metas 2021 sobre profesorado; describe la formación inicial de los futuros profesores, cómo se accede a la docencia y cómo cada país organiza la formación continua de sus profesores; aborda el tema complejo de la evaluación de los docentes, y presenta un conjunto de reflexiones y de sugerencias que han de ser analizadas a la luz del contexto, de la historia y de las posibilidades de cada uno de los países.
            En los países iberoamericanos hay, desde hace mucho tiempo, sistemas tradicionales de evaluación de docentes que incluyen escalas únicas de salarios de tipo escalafón y sistemas de inspección y supervisión, cuyo funcionamiento en algunos lugares es bastante consistente y en otros contiene vicios de burocratización y politización que les restan eficacia, establece el estudio. Sin embargo, han surgido en diferentes países iberoamericanos iniciativas para renovar los sistemas de evaluación de docentes, en una tendencia similar a la que hay en otros lugares del mundo. En la mayoría de los casos las innovaciones son recientes y coinciden en buscar formas de asignar estímulos económicos o diferencias en los salarios tomando como base el desempeño de los maestros, así como en incluir la posibilidad de que la evaluación pueda llegar a tener la consecuencia de que un docente deba separarse de su empleo.
            Para la mejora profesional de los docentes, el reporte considera imprescindible: apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la percepción social de la docencia y su prestigio profesional, punto de partida fundamental para estimular la elección de la carrera docente; garantizar un nivel de exigencia que permita accedan a la formación a los jóvenes aspirantes con más posibilidades de alcanzar la mejor preparación; promover el acceso a la profesión docente de los estudiantes más competentes para garantizar una enseñanza de calidad; desarrollar políticas públicas que mejoren la capacidad del sistema educativo para seleccionar y retener a los mejores maestros y profesores en la docencia; fortalecer la calidad de las instituciones que ofrecen formación inicial, al respaldar los procesos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de dichas instituciones; mejorar los programas de formación con los que trabajan; establecer procedimientos rigurosos de selección y perfeccionamiento de los profesores responsables de la formación inicial docente; impulsar y mejorar la relación entre las instituciones formadoras de docentes y las escuelas; asegurar que los modelos de formación inicial estén respondiendo a las necesidades de los diversos contextos escolares, a las necesidades e intereses de los futuros docentes y, sobre todo, a las necesidades de los alumnos; e impulsar las iniciativas que contribuyan a prestar una especial atención a los docentes noveles, facilitando su formación a través de programas de mentoría que ayuden a la reflexión sobre su propia práctica y la de sus compañeros.
            El reporte indica que existe prácticamente unanimidad entre los especialistas en que la formación inicial de los docentes resulta insuficiente por los cambios permanentes que se producen en la sociedad y en la enseñanza; que el contacto real en el aula y con los alumnos genera nuevas necesidades de formación; que los cambios inherentes a la labor educativa exigen procesos de formación y reflexión continuos, siendo la formación permanente en el profesorado un proceso prolongado. También, llama la atención sobre la necesidad de generar modelos diferenciados de formación continua, que tomen en consideración su trayectoria profesional, los años de experiencia, la edad en la que se encuentran y la carrera docente. Al mismo tiempo, son necesarios modelos que garanticen, además de una formación en las competencias docentes tradicionales, la utilización de metodologías flexibles del aprendizaje y de estrategias de investigación e innovación educativa, la incorporación de las TIC en la enseñanza y la capacitación de la reflexión sobre la propia práctica docente.
            Un sistema de evaluación de docentes no se debe reducir a valorar el desempeño de los que están frente a uno o varios grupos de alumnos, asegura el estudio; debe comenzar antes, buscando asegurar que accedan a la profesión docente jóvenes cuyas características permitan esperar que lleguen a ser buenos maestros. Esto tiene que ver con las evaluaciones para el ingreso a los programas de formación de docentes, así como con la acreditación de la calidad de las instituciones en que se ofrezcan esos programas. Luego deberá haber buenas evaluaciones para decidir quiénes pueden ingresar a la profesión, con procesos de transición de la escuela al primer trabajo e inducción a este, con acompañamiento de tutores experimentados. Finalmente, se necesita que haya también buenos sistemas de promoción horizontal y vertical de maestros en servicio, basados en evaluaciones confiables y válidas de su desempeño, incluyendo la certificación de los más destacados.
            Los instrumentos de estas evaluaciones deberían incluir, del modo más adecuado en cada caso, según el reporte: pruebas de conocimiento de contenidos y de conocimientos pedagógicos del profesor; informes del equipo directivo y de la inspección educativa; portafolios, bitácoras e informes del profesor; observaciones en aula efectuadas por responsables pedagógicos; encuestas de alumnos y familias; resultados de alumnos en buenas evaluaciones, internas y externas, contextualizados y valorados por los equipos directivos, los profesores y las familias, es decir, por el conjunto de la comunidad educativa.
            En Morelos, debemos incorporar la evaluación como instrumento indispensable de las políticas que garantizan la educación de calidad, abarcando a las propias políticas educativas, la gestión de los sistemas educativos, los docentes, los aprendizajes adquiridos por los alumnos y el rendimiento del conjunto del sistema educativo.

1 nov. 2013

Estrategias empresariales verdes

publicado en la Jornada Morelos el 28 de octubre de 2013

Una mayor conciencia de los impactos ambientales de la producción y comercialización de
productos ha dado lugar a que las empresas comiencen a ser evaluadas no sólo por su capacidad de proveer productos y servicios de calidad, sino también por su capacidad de balancear los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales, es decir por su sustentabilidad. En este contexto, las grandes empresas han ido incorporando el cambio climático en sus estrategias y procesos de toma de decisiones. Sin embargo, un importante desafío es incorporar también esta temática en las agendas de las empresas de menor tamaño. Es fundamental que los gobiernos establezcan políticas públicas, con estrategias y acciones específicas, que impulsen y fomenten la integración de todas las empresas en el camino del desarrollo sustentable.
            Alicia Frohmann y Ximena Olmos, consultoras de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), escribieron el documento “Huella de carbono, exportaciones, y estrategias empresariales frente al cambio climático”, publicado en la Colección documentos de proyectos de  la CEPAL (LC/W.559, copyright © Naciones Unidas, septiembre de 2013. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile). El objetivo de esta publicación es aportar al conocimiento y difusión de experiencias exitosas de empresas en latinoamérica, incluyendo las principales motivaciones, las metodologías de cálculo de la “huella de carbono” (es decir, la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera por cada actividad que realizamos) y el tipo de alianzas empresariales o público-privadas que estuvieron presentes. Con ese recuento analítico, esperan generar insumos para la formulación de políticas públicas en países de la región y también incentivar los proyectos que están desarrollando los empresarios del sector exportador.
            Las autoras se preguntan ¿Por qué reducir las emisiones? Y enseguida plantean los beneficios más importantes: primero, colabora en aminorar o retardar los efectos del cambio climático, manteniendo por más tiempo las condiciones que permiten desarrollar determinadas actividades en ciertas localidades; segundo, detecta ineficiencias en los procesos productivos de las empresas y coopera en su mejora, pues ayuda a identificar aquellos procesos o insumos que requieren de ajustes o deben ser cambiados; tercero, modifica los comportamientos de las personas que son parte de la empresa, ya que genera una conciencia personal sobre el tema y ésta se traslada a los hogares; cuarto, fortalece la marca del producto y éste se hace más competitivo en los mercados internacionales, y quinto, crea oportunidades de avanzar en otros temas ambientales como la gestión de los residuos y del agua, que están comenzando a abrirse paso como requerimientos en los mercados internacionales. Sin duda, incorporar estas variables requiere de un esfuerzo importante, pero las oportunidades de ganancias que se abren llegan a compensarlo.
            El primer desafío de las empresas al decidir calcular su huella de carbono, es definir la metodología que utilizarán. Según las autoras, las grandes empresas parecen haber privilegiado en principio realizar inventarios corporativos (por ejemplo, utilizando el GHG Protocol de la OECD). Otro de los obstáculos más mencionados a la hora de avanzar hacia la reducción de emisiones son los altos costos involucrados, ya que para la gran mayoría de los empresas, comenzar a utilizar energías renovables, cambiar sus procesos internos para reducir al mínimo las emisiones o el uso de insumos menos intensivos en carbono, pueden ser pasos que requieren de fuertes incentivos por parte de los gobiernos; por ejemplo, los mercados de comercio de emisiones globales de carbono, impuestos, regulaciones y estándares. Todos ellos tienen en común un horizonte bastante estable en el tiempo, lo que a juicio de los empresarios les permitiría recuperar en un plazo adecuado las inversiones realizadas. Sin embargo, en la medida que las empresas han comenzado a informar sobre los planes de reducción, se está confirmando que este obstáculo va decreciendo con el paso de los años.
            Algunas guías para que los formuladores de política las tengan en cuenta han sido recopiladas por las autoras y proponen avanzar en: una mayor armonización de los métodos de presentación de informes de los gases de efecto invernadero (GEI); definir claramente el alcance y los límites de las emisiones de las empresas para contar con información completa e incentivar la reducción de emisiones; fortalecer la calidad y credibilidad de la información sobre las emisiones de GEI; incentivos y señales de precios que permitan estimular el potencial de reducción de las emisiones de las empresas; orientar el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de GEI; apoyar en el trabajo de las empresas con sus proveedores, especialmente a través de la cooperación internacional; movilizar a los consumidores y aumentar en ellos la confianza en las empresas, básicamente a través de la educación en estos temas; generar un marco regulatorio que legitime un consumo de calidad, como las regulaciones en torno al etiquetado energético, y eco-etiquetado como impulsor de iniciativas sustentables en los negocios. Finalmente, llaman la atención sobre el alto nivel de supervisión necesario, al considerar distintos niveles de progreso, y sobre la necesidad de que al mismo tiempo dicho sistema sea simple.
            En Morelos, el rol de las políticas públicas en la implantación de programas de medición de emisiones y sustentabilidad ambiental es crucial, y se deben emprender proyectos de medición de huella de carbono o ambiental de sectores relevantes, con el propósito de que tanto el sector público como el privado puedan tomar medidas de reducción de emisiones. En particular, financiando parcialmente proyectos privados de cálculo y reducción de la huella, de acceso a la información y de cooperación técnica.