28 abr. 2014

Estudios sociales de la tecnología

publicado en La Jornada Morelos el 28 de abril de 2014.

El inicio del ser humano ha sido relacionado con el uso de la técnica para satisfacer sus necesidades básicas. En la sociedad actual, no sólo se destaca la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana, sino a la importancia dada a los procesos más que a los artefactos, a la información más que al desarrollo de las maquinarias. Todos queremos vivir en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, la forma vertiginosa en que la tecnología se ha desplegado en nuestra sociedad ha generado preocupación en algunos investigadores y entusiasmo en otros, situación que ha permitido desde diversas disciplinas, estudios y programas de investigación, comprender causas, efectos, procesos y configuraciones de lo que se entiende por tecnología.
Juliana Tabares Quiroz y Santiago Correa Vélez, del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto, Escuela de Ingenierías, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, escribieron el artículo “Tecnología y sociedad: una aproximación a los estudios sociales de la tecnología”, en la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Vol. 9, No. 26, mayo de 2014, versión preliminar. En este artículo realizan un breve recuento de los estudios sobre la tecnología abordados desde la historia, la economía, la antropología y la sociología, también describen los enfoques sociológicos constructivistas que analizan la tecnología y, finalmente, presentan una reflexión sobre la incidencia de estos estudios en América Latina.
Los orígenes de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el papel de la ciencia tuvo un crecimiento considerable en los Estados Unidos, especialmente con el Proyecto Manhattan y la construcción de bombas atómicas, las investigaciones en áreas como la física fueron financiadas por el Estado, para el desarrollo de tecnologías militares que respondieran al contexto del momento, establecen los autores. Se exaltaba y priorizaba el conocimiento científico sobre otros conocimientos. Tanto en los Estados Unidos como en Europa occidental, la filosofía de la ciencia daría el primer paso para justificar esta representación de la ciencia. Los planteamientos del filósofo Karl Popper sobre la racionalidad y simultáneamente los aportes del economista y sociólogo Max Weber sobre la neutralidad valorativa de la ciencia abrirían el campo para tratar las implicaciones de la ciencia desde un carácter meramente racional y neutral. De esta manera se constituyó la visión positivista de la ciencia, que daría los lineamientos para los procedimientos científicos. La tecnología heredaría esta tradición, sumándose a esta corriente que analiza su impacto en la vida social, pero como un elemento neutral, producto de la razón y la inteligencia humana.
No obstante, en la década de 1960, en los Estados Unidos, surgieron formalmente los estudios CTS, el campo académico explícito para su investigación, donde se pasa de concebir la ciencia y la tecnología como resultados de procesos científicos racionales a entenderlas con sus implicaciones valorativas y políticas, señalan los autores. Este giro se origina como reacción a la guerra de Vietnam, a las crisis ecológicas ocasionadas por el desarrollo industrial y el consumo, a la gran brecha entre los pobres y los ricos, asuntos que no se solucionaban con el progreso de la ciencia y la tecnología. Desde esta perspectiva se comienzan a denunciar tales efectos, hasta posicionarse en disciplinas como la historia, la antropología y la sociología. Empezó a verse como una construcción humana y, por tal, como un entramado de realizaciones sociales y culturales.
Alrededor de 1980, el enfoque histórico se destacó por tener dos ramas, proponen los autores: las investigaciones realizadas por ingenieros y tecnólogos que plantean los descubrimientos tecno-productivos locales y, por la otra, las narraciones de las grandes innovaciones en la región, siendo ésta última la rama más acogida. Así, la perspectiva política conformada por ingenieros y científicos resalta algunas de las problemáticas en la concepción de la tecnología como la crítica al modelo lineal de la innovación, los efectos de ésta y la necesidad de establecer normativas frente a la planificación del desarrollo tecnológico a partir de políticas regionales y nacionales.
Posteriormente, se desarrolla una etapa de consolidación que va desde la década de 1980 hasta la actualidad, enfocada en el planteamiento de la economía del cambio tecnológico, los estudios sobre la política de gestión tecnológica y en menor proporción, estudios sobre sociología e historia de la tecnología, aseguran los autores. Temas como la producción de indicadores de ciencia y tecnología ligados a la construcción de políticas públicas han sido el centro del análisis reciente y se evidencian vacíos como la visión crítica de los trabajos orientados a la política institucional.
El cambio socio-cultural que se observa actualmente en las sociedades no se ha generado por el desarrollo tecnológico entendido como un proceso externo y neutral, sino por las transformaciones en la relación del hombre con su realidad, con la naturaleza, en la conjugación de diversas dimensiones y propiedades que anteceden los procesos tecnológicos en su contexto, plantean los autores. Por lo tanto, es un reto para los estudios de la tecnología entenderla como una construcción social, como un sistema que se compone no sólo del desarrollo de artefactos sino de elementos simbólicos, de tensiones, de valores sociales, de ideologías, de ambigüedades, de dualidades, como un sistema dinámico, multidireccional, interconectado y complejo.
            En Morelos, debemos comprender los desarrollos, las transferencias y las innovaciones tecnológicas como sistemas en los cuales las sociedades son tecnológicas y las tecnologías son sociales. Las transformaciones de las relaciones sociales pueden comprenderse a la luz del cambio tecnológico, pero también el cambio tecnológico por las modificaciones en la estructura material y simbólica que caracteriza a las sociedades contemporáneas.

21 abr. 2014

Agricultura familiar y desarrollo rural

publicado en La Jornada Morelos el 21 de abril de 2014.

En todos los países de América Latina, la agricultura familiar es el área pre­dominante en el medio rural. La persisten­cia de esta área como forma peculiar de organización económica que coexiste con las medianas y grandes empresas agrícolas capitalistas es una característica que cruza la región. Esta actividad tiene gran potencial para mejorar los índi­ces de seguridad y soberanía alimentaria, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, sus contribuciones no han sido suficientemente valoradas por los gobiernos y la sociedad.
En un esfuerzo conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), publicaron un documento titulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe: 2014” (CEPAL, FAO, IICA. -- San José, C.R.: IICA, 2013. ISBN 978-92-9248-504-7), cuya elaboración estuvo a cargo de un grupo interinstitucional compuesto por Adrián Rodríguez, Mônica Rodrigues y Octavio Sotomayor de la CEPAL; Byron Jara y Salomón Salcedo de la FAO; y Joaquín Arias, Rafael Trejos, Ileana Ávalos y Hugo Chavarría del IICA. En él, analizan las tendencias y perspectivas de la agricultura y su contexto (macroeconómico y sectorial), y dedican una sección para examinar en detalle las características, retos y potencialidades de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. También, presentan recomendaciones de políticas que consideran necesarias para devolver dinamismo a la agricultura regional y para potenciar el desarrollo de los territorios rurales.
            El desarrollo del potencial de la agricultura familiar (AF) requiere necesariamente del compromiso de los go­biernos para generar una institucionalidad específica para el sector, que permita impul­sar su desarrollo de forma sostenible, señala el documento. Ello demanda contar con información del sector, que constituya la base que sustente el dise­ño de las herramientas de políticas de acuer­do con sus necesidades, que debe contar con la efectiva participación de los agricultores familiares en su concepción e implementación.
La institucionalidad debe ser suficiente­mente sólida para asegurar el logro de su propósito; es decir, debe contar, por lo me­nos, con recursos humanos y presupues­tarios suficientes, con sistemas de evalua­ción y retroalimentación, con políticas de largo plazo y diferenciadas por segmentos, asegura el documento. Diversos países de la región cuentan con institucionalidad orientada a esta área, cuya responsabilidad recae mayoritaria­mente en la cartera de agricultura, con re­sultados disímiles. La implementación de estas políticas debe enmarcarse en procesos de desarrollo rural en los territorios, que impliquen la cons­trucción e implementación de estrategias y acciones intersectoriales que generen si­nergia para el avance de la AF y, por tan­to, hagan más coherente y efectiva la labor pública en las localidades. Las característi­cas estructurales de la AF determinan que estas estrategias adopten un carácter mul­tidimensional, donde las políticas agrícolas se complementen con la incorporación de políticas públicas extra sectoriales, que en conjunto mejoren la calidad de vida de los habitantes rurales. Será decisión de los go­biernos implementar estas estrategias, lo cual determinará el futuro de la AF de la re­gión y las posibilidades de aplacar el hambre y la pobreza que han caracterizado a algu­nos territorios en los últimos decenios.
En muchos países, la migra­ción de la juventud hacia zonas que ofrezcan mejores oportunidades constituye un impor­tante factor de riesgo para la continuidad de la AF, constata el documento. La sostenibilidad de los sistemas pro­ductivos de la AF depende de que los jóvenes continúen en el campo, lo cual demanda que los estados formulen estrategias integrales para estimular a los jóvenes y sus familias a hacer de las labores agrícolas su medio de vida. La tendencia de reducción y envejeci­miento de la población rural que se evidencia en la región permite concluir que si no se toman acciones inmediatas, la generación de reemplazo de la AF no tendría grandes in­centivos para continuar con la actividad. Se debe reconocer que el ingreso no agrícola en las economías de los agriculto­res familiares ha crecido en importancia en la última década, lo cual evidencia la fragi­lidad de sus sistemas productivos, especial­mente de los segmentos más vulnerables.
En toda la región, el escaso acceso a tie­rras y recursos hídricos por parte de la AF constituye una de las principales limitan­tes que condiciona el desarrollo sostenible de la AF, indica el documento. Hasta la fecha, muchos países de la región no cuentan con políticas o me­didas que apoyen el acceso a la tierra de los agricultores familiares. Superar dicha situación de inequidad que experimenta este segmento constituye un desafío prio­ritario para los estados. Sin estos recursos productivos, no hay agricultura.
Sin duda, la inserción a los mercados cons­tituye una de las principales limitantes para el desarrollo de la AF, propone el documento. Algunos países han trabajado en la supresión o mitigación de asimetrías e inequidades de mercado que impactan negativamente al sector. Ejem­plos como los de Brasil, a través de la in­clusión de la AF en el sistema de compras públicas. La estrategia de vincular a la AF como proveedor de programas de alimentación constituye una buena práctica que debiera ser replicada en la región.
En los últimos años, se ha observado un trabajo mancomunado entre grupos de países para el desarrollo de la AF que in­crementa la participación de los agriculto­res familiares, establece el documento. Ello generará una serie de retos, como mejorar productividad, superar problemas de cali­dad e inocuidad, establecer protocolos es­pecíficos o generar sellos de diferenciación, entre otros, los que sin duda pueden ser abordados de forma conjunta. La conjun­ción de esfuerzos permitiría avanzar hacia el desarrollo de una AF latinoamericana sólida y a sociedades más justas, equitativas y con mayores grados de bienestar.
            En Morelos, debemos establecer alianzas público – privadas que fomenten la competitividad de la agricultura familiar, al reconocer el papel del mercado agrícola en la reducción de la pobreza. También, es imprescindible crear un sistema de innovación que te­nga como punto de partida la gestión del co­nocimiento e intercambio de saberes ancestra­les, así como el establecimiento de conexiones apropiadas con la tecnología moderna.

14 abr. 2014

Impuestos para el desarrollo.

publicado en La Jornada Morelos el 14 de abril de 2014

La tributación es un componente esencial de las políticas públicas. Los impuestos son la fuente fundamental, tal vez la mejor, de financiamiento de los programas de gasto público y establecen vínculos fuertes entre los ciudadanos y sus gobiernos. Si están adecuadamente diseñados, los sistemas impositivos pueden mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. También, los impuestos pueden ser un poderoso instrumento para promover la equidad, apoyar la inversión, y acelerar la productividad y el crecimiento económico.
Ana Corbacho, Vicente Fretes Cibils, y Eduardo Lora, del Banco Interamericano de Desarrollo, editaron el libro “Recaudar no basta: Los Impuestos como instrumento de desarrollo” (ISBN 978-1-59782-166-7. HD72.D48 2013. © Banco Interamericano de Desarrollo). En este documento se analizó la tributación en América Latina y el Caribe bajo la perspectiva del desarrollo. Si bien se reconoce que la recaudación de ingresos es un objetivo central de la política tributaria, se ha subrayado que los impuestos tienen que ver con algo más que los ingresos. Considerando la perspectiva del desarrollo, los autores han presentado una visión general del estado de los impuestos en la región y de la necesidad de reformarlos, teniendo en cuenta en sus propuestas las limitaciones económicas, institucionales y políticas que condicionan los procesos de reforma.
            América Latina y el Caribe es la región del mundo donde los ingresos fiscales han aumentado más en las dos últimas décadas, desempeñando un rol clave los factores políticos e institucionales en la definición de estas tendencias, señala el documento. Sin embargo, en general, en la mayoría de los países la tributación aún genera menos recaudos de lo que correspondería al nivel de desarrollo y a las necesidades no satisfechas de gasto en programas sociales y de inversiones en infraestructura. Salvo pocas excepciones, la movilización de mayores ingresos tributarios debería ser un objetivo prioritario para los países de la región.
También hay un amplio margen para mejorar los sistemas tributarios en otras dimensiones deseables, plantea el documento: para que los impuestos sirvan de amortiguador ante la volatilidad macroeconómica, para que promuevan la eficiencia y la equidad, para que las obligaciones tributarias sean sencillas y fáciles de cumplir, para que los regímenes tributarios sean eficaces y para que haya una adecuada descentralización tributaria. La región ha adoptado diversas reformas tributarias. Sin embargo, dichas reformas a menudo se han producido en el contexto de crisis macroeconómicas, impulsadas por la urgente necesidad de recaudar más ingresos. La próxima generación de reformas tributarias no puede soslayar otros objetivos fundamentales que deben cumplir los sistemas fiscales, teniendo una clara perspectiva de futuro. A la luz de los diversos desafíos a los que se enfrenta la mayoría de los países en el mediano y largo plazos, es esencial avanzar pronto y con algunas reformas de envergadura. Entre los desafíos, el documento prioriza la necesidad de aumentar los niveles de ahorro e inversión nacionales, y fortalecer el capital humano y la productividad total de los factores, fuentes todas de crecimiento sostenible y competitividad internacional.
            Unas cuantas reformas de cierto calibre contribuirían a que los sistemas tributarios de la región se conviertan en poderosos instrumentos de desarrollo, indica el documento: una reforma del impuesto sobre la renta personal debería procurar mejorar su recaudación, su poder redistributivo y su potencial estabilizador, y disminuir su sesgo antilaboral; las prioridades de reforma a la recaudación del impuesto a las sociedades deberían tener más que ver con la eficiencia y la equidad horizontal que con la movilización del ingreso; el impuesto al valor agregado debería seguir siendo el caballo de batalla de los sistemas tributarios, que ya tiene recaudos casi comparables a los de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por ser relativamente eficiente y fomentar el ahorro y no perjudicar la competitividad externa; y los impuestos ambientales bien diseñados pueden reducir “males” como la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero y, también, pueden promover la eficiencia en el uso de recursos escasos como la energía y el agua, contribuyendo de paso a generar ingresos fiscales.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe los gobiernos subnacionales, sobre todo en el nivel regional, pero también en el local, carecen de fuentes tributarias adecuadas, asevera el documento. En principio, los impuestos subnacionales deberían reunir ciertas características deseables, tales como la baja movilidad de la base tributaria, la ausencia de efectos secundarios adversos en otras jurisdicciones, y la facilidad de cumplimiento. Ninguna fuente tributaria reúne todas las características deseables, de forma que es preciso un cierto compromiso entre el objetivo de aumentar el recaudo y los posibles efectos indeseables de los impuestos.
            En Morelos, debemos dar puntual seguimiento tanto a los objetivos generales de recaudar ingresos, redistribuir el ingreso y fomentar la eficiencia, como a los detalles de la administración y la implementación de la regulación, a niveles estatal, municipal y federal. Es imprescindible reconocer que los impuestos no sólo conforman una fuente de recursos fiscales, sino que deben constituir un instrumento de desarrollo.

7 abr. 2014

Adolescentes y su bienestar.

publicado en La Jornada Morelos el 7 de abril de 2014.

En América Latina y el Caribe, uno de cada cinco habitantes es adolescente. Ellos deberán ser los protagonistas de las necesarias grandes transformaciones sociales, económicas, ambientales e institucionales que, inspiradas en la aspiración colectiva por mayor equidad, ocurran en las próximas décadas. Ciertamente la educación es un paso importante para garantizar la apertura a mejores oportunidades de desarrollo personal y social. Sin embargo, los avances actuales en materia de equidad de género, cobertura y expansión educativa deben acompañarse de mejoras sustanciales para que todos los niños y todas las niñas dispongan de una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y a las exigencias que las nuevas realidades imponen.
María Nieves Rico y Daniela Trucco, Oficiales de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), escribieron un documento sobre “Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro”, que fue publicado por la CEPAL en su Serie Políticas Sociales N° 190. (Documento elaborado en el marco del proyecto CEPAL-UNICEF UNI/12/001. ISSN 1564-4162. LC/L.3791. Copyright © Naciones Unidas, marzo de 2014). En este documento proponen que la educación forma parte de un proceso más amplio de desarrollo de capacidades individuales y colectivas, que no debe perder de vista el conjunto familia-escuela-trabajo-sociedad, en que se entrelazan distintos aspectos para encontrar explicaciones más cercanas a la realidad de los adolescentes. Sin embargo, su énfasis se centra en tres aspectos fundamentales para una educación inclusiva de calidad: el acceso de los y las adolescentes a la educación; el contexto de aprendizaje; y los resultados que aluden a la calidad.
            El objetivo de la igualdad de género entre los y las adolescentes en el sistema educativo se sustenta en dos poderosos argumentos, establecen las autoras: el primero, fundado en los derechos humanos, basado en los principios de justicia y no discriminación, así como en la certeza de que el derecho a la educación es un medio esencial para lograr el reconocimiento e implementación de otros derechos y, el segundo, está conformado por una sólida razón en materia de desarrollo al reconocer que la conclusión y calidad de la educación secundaria afecta la trayectoria futura de los y las estudiantes, sus familias y de la comunidad en su conjunto. En una sociedad cada vez más compleja y globalizada, los niveles de competencia requeridos para la inclusión social son más altos, lo que se asocia no sólo a las oportunidades de integración laboral, sino también a factores clave de desarrollo como la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad social y, en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social.
            De forma paralela, según las autoras, la educación se ha convertido progresivamente en un pilar fundamental para el desarrollo de los países. La producción y generación de conocimiento han adquirido un carácter central en la economía global de las últimas décadas. La difusión de valores, la dimensión ética y los comportamientos propios de la moderna ciudadanía, así como la creación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad internacional basada en el progreso técnico, reciben un aporte decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad. Personas más educadas aumentan sus capacidades para contribuir de mejor manera y de modo más diversificado y eficiente al desarrollo de un país. Por ello, la importancia no solo radica en la cantidad de años de formación en el ámbito escolar, sino sobre todo en la calidad de la formación recibida. El desarrollo de los países de la región requiere de nuevas generaciones con destrezas básicas que les permitan, a lo largo de su vida productiva, seguir trayectorias de aprendizaje continuo y adaptación permanente a un mundo en constante mutación. Sin destrezas básicas consolidadas, es mucho más difícil y costoso emprender este salto.
            La evidencia presentada en este documento, según las autoras, indica que frente al hecho de que las principales barreras de acceso al sistema educativo han sido superadas por las mujeres –aunque todavía hay una deuda pendiente con las adolescentes indígenas y rurales–, ahora hay que profundizar las políticas y programas que rompan aquellos mecanismos que perpetúan las formas de socialización tradicional, conducentes a una formación basada en estereotipos de género, que obstaculiza una educación más igualitaria de hombres y mujeres y que reproduce la discriminación y la desigualdad, afectando las oportunidades de bienestar futuro y superación de la pobreza de unas y otros.
            Como resultado de este estudio, las autoras presentan propuestas de políticas públicas para abordar las distintas aristas del problema y contribuir al objetivo de la igualdad de género en contextos de desarrollo de las capacidades y las potencialidades de los y las adolescentes: políticas de género que aborden los procesos de enseñanza; factores de postergación educativa como pobreza, ruralidad y origen étnico; políticas de inclusión y retención para madres adolescentes, y una enseñanza secundaria de calidad que dé oportunidad al talento.
            La educación secundaria, como ningún otro nivel educativo, está tensionada por intentar compatibilizar principios que se contraponen, intentando ser meritocrática y compensatoria, terminal y preparatoria, socializadora y selectiva, sensible a los intereses de los jóvenes y de la sociedad, apuntan las autoras. A esta multiplicidad de objetivos y sentidos, se le suma la gran heterogeneidad de alumnos y de la oferta educativa que contiene, además del choque de la cultura escolar con la cultura juvenil. Especial atención requiere el ámbito de formación vocacional, particularmente aquella que en la mayoría de los países atiende a la población de estudiantes de clases bajas.
            En Morelos, debemos hacer una redefinición sistemática de todas las instituciones y acciones educativas para impulsar los binomios docentes-estudiantes y educativo-laboral, contemplando los intereses de varones y mujeres en sus distintas realidades y los cambios dinámicos de nuestra realidad social, cultural y laboral. De fundamental importancia resulta una reforma curricular que logre proveer de sentido a la educación como proyecto de futuro para todos los adolescentes.