29 sept. 2014

Políticas e instituciones para el desarrollo productivo

publicado en La Jornada Morelos el 29 de septiembre de 2014.
Datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que América Latina y el Caribe es una región de ingreso medio. El país promedio de la región tiene un ingreso per cápita un 25 por ciento superior al del país promedio en el mundo, pero un 80 por ciento  inferior al ingreso per cápita de un país desarrollado como Estados Unidos. Su posición relativa está decayendo: hace 50 años se encontraba en condiciones mucho mejores que las actuales en comparación con el resto del mundo y, a pesar de los recientes progresos, ha sido incapaz de converger con respecto a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta tendencia?

Gustavo Crespi, Eduardo Fernández-Arias y Ernesto Stein, del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, editaron el informe “¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica” (ISBN. 978–1-59782–186–5 (PDF). Copyright © 2014 Banco Interamericano de Desarrollo). Este es un trabajo que, apoyándose en los mejores datos disponibles y en una metodología común, aborda cómo puede América Latina y el Caribe repensar sus políticas de desarrollo productivo tanto en términos de contenido como de las instituciones necesarias para ejecutarlas y medir su impacto.

            Lo que en este informe se denominan políticas de desarrollo productivo (PDP) puede que a algunos les traigan a la memoria las “políticas industriales” que con tanta fuerza arraigaron en el continente en el siglo pasado. No lo son. Su ámbito es la totalidad de la economía y no la industrialización acelerada; su énfasis es la competitividad y la integración en las cadenas globales de valor y no la sustitución de importaciones, y sus instrumentos de intervención no son las empresas públicas o los subsidios en sectores declinantes o las empresas de bajo potencial competitivo, sino las políticas de innovación, de mejora del capital humano, de facilitación del emprendimiento y de los clusters, de internacionalización y, muy especialmente, una activa colaboración pública y privada.

             Las PDP varían en numerosas dimensiones, señala el informe. Sin embargo, destaca dos: la primera tiene que ver con su alcance, ya que se pueden centrar en sectores específicos (políticas verticales) o pueden tener una base amplia y no pretender beneficiar a ninguna industria en particular (políticas horizontales), y la segunda se relaciona con el tipo de intervención, ya que el apoyo puede adoptar la forma de insumos públicos o bienes públicos que el Estado puede proporcionar con el fin de mejorar la competitividad del sector privado o puede asumir la forma de intervenciones de mercado —como los subsidios, las exoneraciones fiscales o los aranceles— que afectan a los incentivos de los actores privados, y de este modo influyen en su conducta.

            Este informe sostiene que las PDP son un componente importante de una estrategia de desarrollo exitosa. Pero diseñar e implementar una PDP con éxito no es fácil. Para empezar, el proceso requiere un mecanismo de aprendizaje bien afinado para diagnosticar las fallas de mercado que se prestan a las intervenciones de política y para diseñar iniciativas de política solventes. Por otro lado, no basta con tener un buen diseño de políticas: el conjunto del sector público y las agencias encargadas de políticas específicas (que llaman agencias de desarrollo productivo, o ADP) también deben tener las capacidades adecuadas para implementarlas. La capacidad para diseñar e implementar PDP exitosas está condicionada por diversos factores, desde la estructura organizacional del sector público encargado de estas políticas hasta las capacidades técnicas, operativas y políticas (capacidades TOP) de las agencias públicas relevantes. Las estructuras organizacionales tienen que ver con la distribución de responsabilidades, del poder de decisión y del control de los recursos entre diferentes agencias o unidades dentro de las mismas. Las capacidades TOP de las ADP abarcan no sólo la capacidad técnica para gestionar las PDP sino también las condiciones favorables necesarias para una ADP exitosa. Estos factores no son independientes; más bien, interactúan de maneras fundamentales.

Hay cinco lecciones fundamentales que merecen destacarse, según el informe: primera, lo que hace necesarias a las PDP es la existencia de una falla de mercado, estática o dinámica; segunda, la solución de esa falla de mercado debe ser la elección de la política más adecuada en términos de eficiencia, costo, riesgo y simplicidad; tercera, posiblemente controvertida pero imprescindible, es que aun en el caso de que la falla de mercado exista, y aun si la PDP para abordarla está plenamente identificada y es la alternativa más eficiente, si no se cuenta con la institución o las instituciones adecuadas para desarrollarla, es preferible invertir antes en la creación de esa institución que esforzarse en aplicar la política correcta con las instituciones inadecuadas; cuarta, es que las políticas que suponen intervención en los mercados se exponen a más riesgos que las que se limitan a producir insumos públicos; y quinta, que dadas las especificidades de cada economía y la comprobada ausencia de recetas únicas, más que buscar las mejores prácticas lo que hay que hacer es elegir las políticas que efectivamente encajen en las capacidades institucionales de la economía.

En Morelos, debemos analizar la capacidad del sector público para diseñar e implementar políticas de desarrollo productivo exitosas en función de la disponibilidad de capacidades técnicas, operativas y políticas. También, es imprescindible reconocer que el valor social de una de estas políticas puede aumentarse al alinear los incentivos de las instituciones privadas con los objetivos de la política pública.

22 sept. 2014

Avances de la ciencia ciudadana

publicado en La Jornada Morelos el 22 de septiembre de 2014.

En las últimas dos décadas ha hecho aparición una tendencia mundial de considerable interés, llamada Ciencia Ciudadana electrónica (eCC), donde la sociedad civil participa en la recolección, verificación, análisis, intercambio y difusión de datos, con fines científicos, utilizando tecnologías de información y comunicación (TIC), en particular tecnologías móviles. La ciencia ciudadana es un tipo de producción científica basada en la participación, consciente y voluntaria, de miles de ciudadanos que generan grandes cantidades de datos. Cualquier persona puede aportar su inteligencia o sus recursos tecnológicos para alcanzar resultados científicos de utilidad social.

Susana Finquelievich, directora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, y Celina Fischnaller, antropóloga, asistente de investigación en LINKS, Asociación Civil para el Estudio y la Promoción de la Sociedad de la Información, escribieron un artículo sobre “Ciencia ciudadana en la Sociedad de la Información: nuevas tendencias a nivel mundial” publicado en la Revista CTS, no 27, vol. 9, Septiembre de 2014 (pág. 11-31). Este trabajo se focaliza en algunas de las tendencias mundiales del uso de TIC con objetivos científicos participativos en proyectos relevantes de diversas disciplinas, analiza el rol de los ciudadanos científicos en los proyectos de eCC, señala su uso para el empoderamiento de las comunidades y subraya la importancia de las políticas públicas de ciencia y tecnología en su desarrollo.

            La eCC se diferencia de sus formas de investigación previas, además de por el uso de TIC, fundamentalmente por la incomparablemente mayor escala del acceso del público a este tipo de proyectos y, en consecuencia, del incremento de la participación pública, apuntan las autoras. La eCC forma parte de lo que se ha denominado Wikinomics: millones de entusiastas de los medios usan actualmente blogs, wikis, chats y redes sociales para añadir sus voces a la formidable corriente de diálogo y debate llamada la ‘blogósfera’. Los empleados gubernamentales, los empleados del sector empresario y los miembros de organizaciones comunitarias ganan en eficacia al colaborar con colegas a través de las fronteras organizacionales, creando un “lugar de trabajo wiki”. Los clientes se vuelven “prosumidores” al co-crear bienes y servicios en vez de limitarse a consumir los productos finales. En la eCC, los ciudadanos se vuelven prosumidores de la ciencia. Esta co-creación de conocimiento representa un adelanto considerable con respecto al enfoque previo, en el cual el científico era “el experto” y los ciudadanos, básicamente, unos asistentes gratuitos de investigación.

            Un estudio general de los proyectos eCC sugiere, según las autoras, que la participación ciudadana en proyectos científicos, cualquiera que sea su tamaño y alcance, contribuye a empoderar a los ciudadanos y las comunidades. Una de las formas en que los proyectos de eCC colaboran en este sentido es proporcionando marcos, herramientas y metodologías que permitan a las comunidades recopilar información y analizarla con el fin de estimular y enriquecer la toma de decisiones. Algunas de estas iniciativas de empoderamiento surgen de las propias comunidades, mientras que otras son generadas por los expertos a través de la identificación de necesidades locales.

El papel de los ciudadanos en la ciencia es complejo y está actualmente en el centro de los debates, señalan las autoras. La inmensa mayoría de estos voluntarios no reciben ningún incentivo financiero. Las razones que motivan su participación son múltiples: curiosidad por el conocimiento y la ciencia, y preocupación social, entre otras. Otra motivación de peso es la utilidad de los proyectos eCC para su entorno y la vida cotidiana, ya que muchos proyectos están relacionados con el cuidado del medio ambiente o de la biodiversidad. Para muchos voluntarios, participar en un proyecto de investigación puede ser una experiencia significativa, ya que el conocimiento, la inspiración y la comprensión que llevan a sus propias comunidades pueden contribuir concretamente a su vida y de quienes les rodean. La producción científica de la eCC no es por sí misma una coproducción entre pares; la estructura de poder de estos proyectos es casi siempre jerárquica. Como consecuencia, la ciencia ciudadana no es siempre “ciencia abierta”: muchos voluntarios comparten datos, pero no participan abiertamente de la totalidad del proceso científico. Aun cuando puedan, a través de su experiencia, elaborar conclusiones, en la mayoría de los casos éstas no se publican ni son discutidas o contempladas por la comunidad académica tradicional.

El involucramiento de los ciudadanos voluntarios podrían describirse en cinco niveles, plantean las autoras: Nivel bajo, donde el voluntario sólo provee las capacidades de su computadora y los usuarios no conocen necesariamente el proyecto en el que “participan” ni desarrollan tareas determinadas, sólo contribuyen con sus recursos informáticos; Nivel medio, donde los ciudadanos voluntarios interactúan con herramientas TIC para colaborar en la recolección de datos, que serán analizada por investigadores profesionales; Nivel alto, donde los voluntarios colaboran más centralmente en el relevamiento y monitoreo; Nivel avanzado, donde los voluntarios participan en toda la extensión del proceso científico, colaborando con el análisis de datos relevados, diseñando y operando herramientas de recolección de datos y registro, incluso elaborando objetivos o hipótesis de investigación; y Nivel de políticas públicas, donde los ciudadanos son involucrados en los procesos de definición de políticas públicas que presentan componentes técnicos o científicos, trabajando a la par de los investigadores, en el marco de un proceso político democrático.
            En Morelos, debemos promover y financiar la investigación de los ciudadanos en universidades, organismos científicos y otras instituciones públicas de investigación o educación. Las políticas públicas deben incluir estrategias para mejorar asociaciones de múltiples interesados, entre las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica, los gobiernos estatales y municipales, y organizaciones regionales e internacionales, para la evaluación conjunta de la evolución, el progreso y los retos de la eCC.

15 sept. 2014

Cultura y desarrollo económico.

publicado en la Jornada Morelos el 15 de septiembre de 2014.

En la actividad cultural concurren múltiples actores que participan de una u otra forma en las diversas etapas del ciclo cultural de creación, producción, difusión, exhibición, transmisión, recepción, participación y consumo. Desde el artista, el creativo, el artesano y el gestor cultural hasta las pequeñas empresas, los grandes grupos con operaciones a nivel internacional. Desde la editorial y la casa discográfica hasta los consumidores, pasando por vendedores de tienda, diseñadores web de ventas online y, muchas veces, redes de piratería. Desde el animador de televisión, el actor, el periodista y el comentarista hasta el telespectador adulto, juvenil o infantil. Desde el fabricante de dispositivos electrónicos, el reparador de radios, el programador de computadoras, el diseñador y el publicista hasta la teleaudiencia.

Ernesto Espíndola, coordinó la elaboración del estudio “Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica 2014” (publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ® OEI, ISBN: 978-84-7666-217-5, impreso en agosto de 2014). El documento aborda el efecto de la cultura en el desarrollo económico de nuestros países y recolecta y genera una multiplicidad de estadísticas culturales e informaciones afines. Sin embargo, advierten que el estudio todavía es un mosaico incompleto de la realidad y diversidad cultural de nuestros pueblos, un faro que no señala el puerto, sino tan sólo un punto en el camino.

El estudio señala que es importante entender qué engloba el concepto de economía de la cultura y sugiere utilizar el recientemente acuñado concepto de “economía naranja”: conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Su universo está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales, y por las áreas de soporte para la creatividad. Por industrias culturales convencionales se entienden aquellas actividades que proveen bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos, artísticos y creativos que pueden ser reproducidos o difundidos masivamente, y que tradicionalmente se reconocen por tener una estrecha relación con la cultura (industria editorial, audiovisual y fonográfica).

Una política a más largo plazo para revalorizar las culturas nacionales consiste en “capacitar a la demanda”, plantea el estudio. Por lo que se debe promover el gusto por la cultura en general a través de programas escolares que incorporen un mayor acercamiento a la experiencia cultural; así como, vivir en carne propia el baile, la música o la pintura, ya que contribuye a la formación del gusto, al respeto por estas actividades y a un mejor conocimiento de la riqueza del patrimonio nacional. También, se debe recordar la importancia de los eslabones medios de la cadena de producción cultural, particularmente el mercadeo, la promoción y la distribución.

La participación del Estado es fundamental para el impulso de la cultura y algunos elementos de movilización son, según el estudio: apoyar y promover las instancias de programas y proyectos que prioricen iniciativas de democratización y acceso a los bienes culturales, en especial aquellas vinculadas a los medios de comunicación como herramientas de difusión de la producción cultural; impulsar la integración y el respeto a la diversidad cultural en el marco de las estrategias de desarrollo sustentable, mediante programas y planes de estímulo a la producción y el acceso a los bienes culturales; proponer instrumentos de política cultural que prioricen la implementación de los derechos culturales consagrados en la norma fundamental y propiciar acciones que garanticen el libre ejercicio y el acceso a los bienes culturales; proponer estudios diagnósticos sobre las políticas culturales y la incidencia de la cultura en el desarrollo económico a nivel regional y nacional, y proponer la formulación de planes estratégicos regionales y locales, como los clusters; incrementar los convenios e intercambios internacionales para la capacitación y la ampliación de los programas de becas y ayudas, así como los intercambios con universidades e instituciones extranjeras; contribuir a la formación y capacitación de recursos humanos para la gestión cultural y artística en un marco de cooperación entre áreas subnacionales; formular acciones que tiendan a la valorización económica y política de la cultura en su contribución al desarrollo sostenible; propiciar evaluaciones de impacto de la producción cultural sobre los indicadores nacionales; y formular propuestas de desarrollo o actualización de las normativas vinculadas con la gestión cultural, en especial con lo relativo a leyes de cultura, derechos de autor, circulación de bienes culturales y toda otra iniciativa relacionada con la defensa de los derechos culturales, en especial de grupos minoritarios o pueblos originarios.

            En Morelos, debemos fomentar la creación de clusters culturales y creativos, en los que se agrupen empresas creativas y entidades relacionadas dentro de un mismo marco dinámico, para impulsar la localización de las empresas e instituciones relacionadas en los mismos entornos para favorecer el trabajo en red, lo que obliga a promover entornos seguros para que las empresas tengan buen acceso al conocimiento, a los mercados y al financiamiento.

8 sept. 2014

Impacto de las partículas volátiles en la salud.

publicado en la Jornada Morelos el 8 de septiembre de 2014.

En México durante 2008, la Organización Mundial para la Salud (OMS) estimó 14,734 muertes prematuras a causa de la exposición a la contaminación atmosférica en exteriores por la inhalación de partículas volátiles en el aire. Estas muertes prematuras, además del impacto a la familia y a la comunidad, se traducen en costos significativos que absorbe la sociedad mexicana. Es por ello indispensable que los gobiernos federal y estatales tomen acciones de política pública para abatir las concentraciones de estas partículas finas en las localidades en donde se rebasan continuamente los límites establecidos en las normas mexicanas y en las recomendaciones de la OMS; con la finalidad de reducir la mortalidad y morbilidad de la población expuesta y garantizar a sus habitantes el derecho de tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

            María Tania López Villegas e Ingrid Katherinne Pérez Rivas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), elaboraron el estudio “Valoración económica de los beneficios en la salud de la población que se alcanzarían por la reducción de las PM2.5 en tres zonas metropolitanas mexicanas” (D.R. © INECC, 2014). El objetivo del estudio fue cuantificar estadísticamente las muertes que se podrían evitar si se redujeran las concentraciones ambientales anuales de las partículas volátiles en el aire de diámetro inferior a 2.5 milésimas de milímetro (PM2.5) a los valores establecidos en la norma mexicana de partículas (NOM025SSA11993) y en las recomendaciones de la OMS respectivamente, así como los costos monetarios asociados a estos impactos.

             Es indudable que la exposición prolongada a concentraciones ambientales de PM2.5 por arriba del umbral de “riesgo mínimo” causa efectos importantes en la salud humana de la población. La evidencia internacional, indican las autoras, señala efectos en el incremento de la mortalidad prematura y la morbilidad especialmente por enfermedades respiratorias. La evidencia que tenemos para México es consistente y confirma, a nivel local, los hallazgos internacionales, en cuanto a los impactos de las PM en la salud. Asimismo, los valores tendenciales de las concentraciones anuales en las zonas metropolitanas y su comparación con los límites anuales normados en México y los recomendados por la OMS muestran que las concentraciones anuales de PM2.5 de las redes de las zonas metropolitanas estudiadas han estado tanto por arriba del límite normado nacional como por el recomendado por la OMS. En 2010, las concentraciones registradas en el Valle de México y Guadalajara eran 1.7, y 1.5 veces mayor al límite de la NOM y 2.5 y 2.2 veces el de la OMS, respectivamente.

            La valoración económica de los beneficios en la salud humana, plantean las autoras, constituye un elemento clave en los análisis costobeneficio de la mayor parte de las políticas públicas que pretenden reducir el riesgo de la mortalidad de los individuos, tales como la salud humana, seguridad laboral, condiciones ambientales y seguridad vial, entre otras. En donde los beneficios en el ambiente, y en la salud humana, se contrastan con los costos asociados a la implementación de una o varias medidas de control de emisiones de los contaminantes del aire a fin de justificar su inversión.

Asimismo, es importante enfatizar que esta práctica de monetizar los impactos en la salud permite sumarlos en un solo valor y así es posible compararlos con los costos de la implementación virtual de medidas de control que mitiguen el riesgo de estos impactos. La monetización de los casos de mortalidad prematura estimados en el presente estudio se realizó utilizando el valor estadístico de la vida estimado a partir de un meta-análisis de estudios realizado en Estados Unidos y que se ajustó para México utilizando la variable del ingreso nacional bruto per cápita.

            La valoración económica de la mortalidad prematura para las zonas metropolitanas muestra, según las autoras, que se tendrían mayores beneficios económicos bajo condiciones OMS, en aproximadamente 1.6 veces, respecto a las condiciones NOM. En la ZM del Valle de México se obtuvieron los beneficios económicos más altos alcanzando los 30 mil millones de pesos bajo condiciones OMS, que en términos absolutos representa el valor de mayor magnitud comparado con las otras ZM estudiadas. Los beneficios económicos estimados en las ZM de Guadalajara y Monterrey son muy similares entre sí, pero los de éste último son más altos. En condiciones NOM y OMS de reducción de PM2.5 en las tres ZM se alcanzarían beneficios económicos en conjunto de 27 y 45 miles de millones de pesos, respectivamente.

Los resultados de las estimaciones, realizadas por las autoras, de los casos de mortalidad evitables al año bajo las dos condiciones  de reducción de concentraciones de las PM2.5 en el del Valle de México, Guadalajara y Monterrey para las enfermedades cardiovasculares y respiratorias consideradas ascienden a 1,317 para las condiciones NOM y 2,170 para las condiciones OMS.

            En el diseño e implementación de acciones que incidan de manera efectiva y eficiente en la reducción de las concentraciones ambientales de las partículas suspendidas, es indispensable que las autoridades de medio ambiente federal y estatal tomen en cuenta las siguientes recomendaciones generales señaladas por las autoras: fortalecer los sistemas de monitoreo actuales a fin de ampliar la cobertura de medición de las PM2.5, así como la implementación de mejores prácticas de operación que permitirán contar con información de mayor calidad; mejorar la certidumbre de los inventarios de emisiones de contaminantes convencionales ya que estos constituyen una pieza clave de información en la formulación de política pública en este tema; revisar y en su caso actualizar la normatividad federal y local que limita las emisiones de vehículos automotores, en especial los vehículos que utilizan diesel; introducir tecnologías vehiculares más limpias, para lo cual es indispensable contar con combustibles con bajos contenidos de azufre en todo el país; y fortalecer las políticas de planificación urbana y ordenamiento del territorio, donde la movilidad y la organización de la ciudad ocupan posiciones prioritarias.
            En Morelos, es indispensable que evaluemos el impacto de las actividades económicas en el ambiente y en la salud. No podremos establecer políticas públicas que incidan en el desarrollo sustentable sin contar con información confiable que garantice análisis beneficio-costo con la solvencia requerida.

1 sept. 2014

Igualdad en una sociedad fragmentada.

publicado en La Jornada Morelos el 1 de septiembre de 2014.

El Estado mexicano tuvo rasgos autoritarios porque ejerció un tutelaje directo sobre los derechos sociales de los grupos que desarrollaban actividades tanto en la producción industrial como en la administración pública. Se le caracterizó como social autoritario porque éstos estuvieron organizados por un partido político hegemónico. La transformación posterior del Estado fue resultado de cambios en el modelo económico que se expresaron a través del desmantelamiento de los esquemas estatales de subsidios y transferencias generalizadas, tanto a la producción agrícola como al consumo.

            Miguel Ángel Vite Pérez, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, del Instituto Politécnico Nacional, publicó un ensayo sobre “México, ¿Hacia la consolidación de un modelo de igualdad de oportunidades para una sociedad fragmentada?” en la Revista Perfiles Latinoamericanos (No. 44, 2014). Este ensayo tiene como propósito la construcción de explicaciones acerca de los fundamentos de la asistencia social estatal dirigida a la atención de una parte de los grupos sociales vulnerables, en un contexto de crisis del modelo de la igualdad de posiciones y su sustitución por el modelo de la igualdad de oportunidades, donde lo más importante son los méritos individuales.

            En el capitalismo postindustrial, plantea el autor, la crisis de la sociedad del trabajo generó un desplazamiento del modelo de la igualdad de posiciones por el de la igualdad de oportunidades, principalmente porque el trabajo asalariado dejó de ser el principal generador de derechos sociales o protecciones sociales. No obstante, dichas protecciones sociales fueron administradas o gestionadas por un sistema de bienestar estatal. También, el trabajo asalariado como fuente de derechos sociales reforzó la creencia de que la igualdad de posiciones se basaba en políticas de redistribución con un impacto en la disminución de las desigualdades sociales. En este caso, el modelo de la igualdad de posiciones estuvo centrado en la reducción de las inequidades sociales entre las diferentes posiciones, mientras que la intervención estatal fue para garantizar el bienestar de los que ocupaban las posiciones más frágiles.

            El bienestar social está configurado por un conjunto heterogéneo de elementos articulados mediante las políticas sociales. Esto significa, según el autor, que el bienestar social es una de las estrategias de poder que sirven para gestionar algunas de las necesidades y carencias de los grupos que no han podido colocarse en una situación de igualdad de oportunidades. La organización de un sistema de bienestar social se basó en un aparato de estado; es decir, en instituciones especializadas que justificaron su presencia a través de la ideología de la justicia social. En este caso, las nociones de dispositivo y aparato de estado tienen en común lo siguiente: aluden al poder y a sus estrategias de reproducción que no solamente ocurren a través de la ideología, sino mediante el control de la vida humana. La definición de dispositivo hace referencia a una relación de poder, donde el saber-cómo y la subjetividad permiten la gobernabilidad de los individuos.

            El Estado neoliberal creó los dispositivos mercantiles en el bienestar colectivo, convirtiendo a los ciudadanos parcialmente en clientes o consumidores y a algunos de los pobres en sujetos de asistencia o ayuda focalizada para supuestamente superar algunas de sus carencias relacionadas con su limitada capacidad para generar ingresos y consumo. Del mismo modo, considera el autor, para rehacer la solidaridad entre los pobres convertidos en sujetos de la asistencia estatal, se estableció un esquema organizativo identificado con el capital social que fomentaría el compromiso cívico, transformado en la base del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad o grupo.

Considera el autor que, los programas gubernamentales de transferencias condicionadas fue una manera de introducir nuevas formas de organización para que los beneficiarios cumplieran con los propósitos de cohesión social cuando intervenían en la realización de obras colectivas. Sobre todo cuando la acción estatal había dejado de ser un derecho ciudadano para transformarse en una responsabilidad compartida entre el mercado, el individuo y la comunidad.

            La fragmentación de una sociedad se puede observar mediante un acceso diferenciado a las protecciones sociales necesarias para la reproducción de los diversos grupos sociales, señala el autor. Por tal motivo, se encuentran simultáneamente modernas clínicas privadas, hospitales públicos y centros de salud, hay además seguridad privada, seguridad pública y no seguridad, o también sistemas de pensiones privadas y mínimas garantizadas por el Estado. En otras palabras, la fragmentación social significa exclusión o acceso limitado a las instituciones de bienestar o una integración diferenciada debido a la segmentación de los instrumentos de la política económica y social. Lo anterior ha creado una nueva desigualdad social que tiene una interpretación más cualitativa que cuantitativa, sobre todo porque se ha identificado la fragmentación social con la desintegración de los lazos de solidaridad, lo que ha sido favorable a una gradual individualización de las relaciones sociales; es decir, el bienestar se ha vuelto un asunto personal o individual, y en consecuencia, se acaba midiendo sólo por el monto del ingreso y por la capacidad de consumo.
            En Morelos, debemos replantear el modelo de la igualdad de oportunidades aplicado en México donde se establece que las familias en pobreza extrema requerirían necesariamente de la educación de sus hijos. Sin embargo, en un contexto de crecimiento de las actividades económicas informales, sus capacidades y habilidades no son importantes ante la escasez de empleo formal y debido a los bajos salarios. La vulnerabilidad social es resultado de una ciudadanía precaria, lo que ha puesto en evidencia la contradicción existente entre la igualdad formal y las desigualdades sociales reales donde no existen mecanismos estatales de bienestar con un carácter universal.