15 ago. 2011

Desigualdad y Poder

publicado en La Jornada Morelos el 15 de agosto de 2011

Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Sin embargo, existe un tipo de desigualdad fundamental –acumulativa de genera¬ción en generación– que se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recur¬sos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, bienes de capital y recursos financieros. Finalmente, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder, nos señala Clara Jusidman en su artículo sobre “Desigualdad y política social en México”, Nueva Sociedad N° 220, marzo-abril de 2009, ISSN: 0251-3552. Además, expone que la desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.
Los estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– han escogido alguna de esas tres opciones, señala Jusidman: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en las características asi¬métricas de las estructuras sociales. La desigualdad, ya muy alta en México, podría ser incluso más grave si se ajustaran las mediciones. En particular, la fuerte evasión en las declaraciones de ingresos de las grandes empresas y de la es¬peculación financiera, junto con la creciente participación de las actividades ilegales y criminales, hacen que los ingresos de los estratos más ricos de la población se encuentren subestimados.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, apunta Jusidman. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus de¬mandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el com¬bate a la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Plantea Jusidman que los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia re¬ciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de pre¬misas que han experimentado grandes modificaciones. El análisis de la evolución de las prioridades y estrategias de política social permite observar el cambio de paradigma: la idea de la política social como el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en ma¬teria de derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista de los servicios sociales, vistos como un campo de negocios para las empresas privadas, aun cuando se trate de micronegocios.
Una política social para el siglo XXI que apunte a abatir la desigualdad debería comenzar por la recuperación del concepto de Estado: el Estado además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía en un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones, sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes. Propone Jusidman que esa política tendría que partir del reconocimiento de la universalidad efec¬tiva de los derechos a la alimentación, la seguridad social, la salud, la edu¬cación, la vivienda y los servicios básicos de saneamiento, los derechos al trabajo y del trabajo y a un ingreso básico. Significaría definir con claridad en la legislación las garantías sociales en las que se traducen esos derechos y los planes y programas, así como los estándares básicos que deberán ir cubriéndose, de manera progresiva, hasta alcanzar la protección universal, a partir de la utilización del máximo de recursos disponibles.
En Morelos las políticas públicas contra la desigualdad deben contemplar la participación de la población en su diseño, eje¬cución y evaluación, incluir una estrategia paralela de desa¬rrollo de oportunidades de tipo productivo, construir ciudadanía, y desarrollar participación, responsabilidad y solidaridad. Se debe fortalecer el tejido social en las comunidades.

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