28 dic. 2015

Reestructuración Federal de la Cultura


publicado en la Jornada Morelos el 28 de diciembre de 2015
La Cultura finalmente se reorganizó institucionalmente a nivel federal la semana pasada. El presidente Enrique Peña presentó la iniciativa de creación de la Secretaría de Cultura el 2 de septiembre pasado, el 10 de diciembre dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, el 15 la avaló la Cámara de Senadores, el 16 se firmó el decreto y al día siguiente apareció publicada su creación en el Diario Oficial de la Federación (http://aristeguinoticias.com/2112/mexico/secretaria-de-cultura-federal-aun-sin-titular. Visitada en 20151226). Muchos nos preguntamos el impacto real que tendrá este cambio en la cultura de todos los mexicanos.
            En su Artículo 4º, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para el desarrollo y la difusión de la cultura, considerando la diversidad en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa”. También, recordemos que Desarrollo Sustentable es avanzar en el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente  aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y a las generaciones futuras. Por lo tanto y considerando lo mucho que falta por hacer en este  ámbito, una adecuación a la Cultura desde un punto de vista institucional podría ser un avance en la dirección correcta.
            Según la Organización de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 2001), la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
            En el ámbito de la Cultura, la propia UNESCO ha definido como sus prioridades: Educación para Todos, Desarrollo Sustentable, Diálogo Intercultural y Sociedades del conocimiento. Asimismo, sus temas generales son: Patrimonio mundial, Agua, Libertad de prensa, VIH y SIDA, Cambio Climático, Lenguas, Post-Crisis y Juventud (http://www.unesco.org/new/es/culture. Visitada en 20151226).
            En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 17 de diciembre el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015). El Artículo 41 Bis establece los asuntos que le corresponde despachar. Entre los principales se encuentran: Elaborar y conducir la política nacional; Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, así como su implementación y evaluación; Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, congresos y otros eventos; Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como fomentar su conservación; Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico; Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal; y Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor.
También se especifica en el Decreto que los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA) dependerán de la Secretaría de Cultura y que Radio Educación e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México se adscribirán a esta  Secretaría.
            Aunque todavía no se publica el Reglamento de esta Secretaría, miembros destacados de la comunidad artística, intelectuales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia no están de acuerdo con esta transformación, ya que denuncia lo que consideran “hechos violatorios de los derechos culturales de los mexicanos, que el gobierno federal consumó al aprobar la creación de la Secretaría de Cultura, después de un rápido proceso legislativo”, “el intento de usufructo privado de los monumentos y zonas arqueológicas del país”, así como la omisión de “reglamentar dicha secretaría, normar el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos culturales” y crear una secretaría “sin existir previamente una ley que establezca la sustancia de la materia que atenderá, dejando que el Ejecutivo Federal determine, entre otras cuestiones, los objetivos, principios, prioridades e instancias, suplantando las facultades del Poder Legislativo y fomentando la existencia de un poder absoluto” en el ámbito (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/21/cultura/a06n2cul. Visitada en 20151226).
            Carlos Paul documentó la primera conferencia de prensa de Rafael Tovar y de Teresa como Secretario de esta dependencia. Señaló que “la creación de la Secretaría de Cultura no es sólo un cambio de nombre, sino de estrategia, que abre la posibilidad de potencializar la cultura para que ésta llegue a todos los mexicanos; que no es necesario un presupuesto adicional; que habrá una sensata reasignación de recursos humanos y económicos, los mismos que serán objeto de una rigurosa distribución, ya que sabemos muy bien dónde están las duplicidades; que se crearán organismos ciudadanos que coadyuven a la institución; y que trabajará por la creación de una conciencia crítica, así como con los creadores de manera individual o colectiva para la protección del patrimonio cultural del país (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/22. Visitada en 20151226).
            El Gobierno de Morelos, desde el inicio de esta administración, asumió la importancia de la Cultura como área estratégica del desarrollo estatal. Así, reconociendo que “los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son expresión y exigencia de la dignidad humana, por ello que el Gobierno del estado de Morelos se adhiere a la Declaración de Friburgo, estableciendo los siguientes como los derechos culturales que el estado debe tutelar: Identidad y patrimonio culturales; Referencias a comunidades culturales; Acceso y participación en la vida cultural; Educación y formación; Información y comunicación; y Cooperación cultural (http://cultura.morelos.gob.mx/13103-7-2014. Visitada en 20151226).
En Morelos, debemos apoyar la buena puesta en marcha de la Secretaría de Cultura federal, al establecer una coordinación y vinculación con los estados (sin mención en el Decreto de creación), al fomentar que se fijen objetivos claros y cuantificables en los Reglamentos y Programas que vienen, al reconocer que una secretaría de estado no puede ser crítica a las políticas del ejecutivo, ni puede tratar de ser canal de las críticas de los artistas e intelectuales, y a definir estrategias que permitan llevar y hacer partícipes a los mexicanos de la cultura.

21 dic. 2015

Conferencia sobre Cambio Climático en París


publicado en La Jornada Morelos el 21 de diciembre de 2015
El Cambio Climático Antropogénico (CCA), como hemos escrito varias veces en estas páginas, es el mayor reto global que enfrenta la humanidad para su sobrevivencia. El aumento en la temperatura promedio del planeta causada, principalmente, por las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera es un hecho que ya nadie, con un mínimo conocimiento científico e interés por el ambiente, cuestiona. Estas emisiones son producto de la combustión de hidrocarburos (petróleo, carbón y gas natural) necesarias en tecnologías que producen electricidad, calor y movilidad. La temperatura promedio del planeta, para mediados de este año, ya ha subido 1.5 grados centígrados con relación a sus valores anteriores a la revolución industrial. Llegar a un aumento de 2 grados causaría problemas serios con mayor número de huracanes nivel 5 y también sequías más intensas y prolongadas, así como elevación del nivel del mar.
            La comunidad internacional empezó a proponer acciones contra el CCA desde la Convención de Río, en 1992, donde se adaptó el Marco de Acuerdo para el Cambio Climático por la Organización de las Naciones Unidas (UNFCCC). Así, se estableció la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), como el bióxido de carbono y el metano, entre otros, para no intervenir peligrosamente por acciones del hombre en el sistema climático terrestre. A partir de 1995, en Berlín, se organizan anualmente las Conferencias de las Partes (COP) para revisar la marcha de la implementación del Acuerdo de Río.
            El 12 de diciembre pasado, se clausuró la COP21, organizada en París. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/12/ban-destaca-ante-la-asamblea-general-la-relevancia-historica-del-acuerdo-de-paris. Visitada en 20151219), su Secretario General, Ban Ki-moon, afirmó que “el Acuerdo de París para la mitigación del cambio climático es un triunfo para la gente, para el planeta y para el multilateralismo, y subrayó la decisión de los países de minimizar los riesgos del cambio climático asumiendo compromisos sólidos. Recordó que cada Estado ha prometido reducir sus emisiones contaminantes, fortalecer su respuesta a los efectos del fenómeno y actuar en las arenas nacional e internacional, entendiendo que las necesidades domésticas se satisfacen mejor cuando se busca el bien común. También, informaron que el Acuerdo de Paris será firmado formalmente el 22 de abril de 2016 en la sede de la ONU y entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 países, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación”.
            David Biello publicó en la Revista Scientific American que, (http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/el-primer-acuerdo-global-para-luchar-contra-el-cambio-climatico-es-alcanzado-en-paris/. Visitada en 20151216) “con la ayuda de 186 planes nacionales para reducir la polución por gases de efecto invernadero, los negociadores de 196 países, grandes y pequeños, ricos y pobres, se unieron para emitir un nuevo acuerdo climático que podría cambiar el mundo o, para usar las palabras contenidas en el preámbulo del acuerdo, a la “Madre Tierra” (también conocida como los suelos, los mares, los cielos y la vida en este planeta). El nuevo Acuerdo de París declara la ambición de mantener el aumento global de las temperaturas a un máximo de 1.5 grados si es posible, hace un llamado a un balance entre la contaminación con gases de efecto invernadero y las emisiones de gases de efecto invernadero después del 2050, implementa ciclos de 5 años para hacer revisiones de los planes nacionales y  las acciones por comenzar pronto y el seguimiento de esas acciones, y confirma la inversión de al menos 100,000 millones de dólares por año para ayudar a los países más afectados por los cambios del clima. También hace un llamado a los científicos para que calculen cómo exactamente podría el mundo mantenerse en 1.5 grados”.
Sin embargo, todavía falta mucho por hacer a nivel de acciones concretas. Un análisis de la UNFCCC sugiere que, si todos los planes nacionales presentados han sido implementados por completo para 2030, solo se podría mantener el calentamiento global por debajo de 3.7 grados, muy lejos de la meta de 1.5 grados. Desafortunadamente, alcanzar un estatus de cero carbono o un acuerdo para eliminar gradualmente los combustibles fósiles no se menciona directamente en el Pacto de París.
            La participación del Gobierno de México fue presentada hace meses y publicada en el documento “Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030” (http://iecc.inecc.gob.mx/documentos-descarga/2015_indc_esp.pdf. Visitada en 20151219). Se describe la participación para la mitigación del CCA de los distintos sectores para alcanzar las metas de la contribución de México.
En el energético e industrial: generar el 35 por ciento de energía limpia en el 2024 y 43 por ciento al 2030 (la energía limpia incluye fuentes renovables, cogeneración, nuclear y gas natural y carbón con altas eficiencias de conversión, entre otras); sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomasa; reducir en 25 por ciento las fugas, venteo y quemas controladas de metano; y controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales.
En el transporte: homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así́ como en vehículos no carreteros (locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción); abastecer de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre; incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios; modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados; e impulsar el transporte multimodal de carga y pasajeros.
En el urbano: impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con eficiencia energética y bajo carbono; promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares; y recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de aguas residuales.
En el forestal y agropecuario: alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación; mejorar el manejo forestal; impulsar la tecnificación sustentable del campo; promover biodigestores en granjas agropecuarias; y recuperar pastizales.
            También, en este documento se establecen metas con relación a la adaptación al CCA en México: fortalecer la resiliencia en un 50 por ciento de los municipios más vulnerables del territorio nacional, establecer sistemas de prevención y alerta temprana y gestión de riesgo en todos los ordenes de gobierno.
            El Gobierno Federal estableció metas importantes y alcanzables, siempre y cuando ya se definan y apliquen las políticas públicas pertinentes para establecer hojas de ruta que permitan alcanzar cada una de las promesas.
En Morelos, debemos impulsar el cumplimiento de estas metas. Identifiquemos las acciones que pueden desarrollar nuestros empresarios y académicos, y establezcamos programas y proyectos sólidos que nos permitan ser actores principales en la construcción un ecosistema menos vulnerable.

14 dic. 2015

Minisalario


publicado en la Jornada Morelos el 14 de diciembre de 2015
Dos de las preguntas claves del desarrollo económico de un país han sido: Para una sociedad determinada, ¿cuál debe ser el salario mínimo aceptable?  Y, además, si dicho salario mínimo debe alcanzar para la adquisición de los alimentos necesarios o también para cubrir gastos en salud, educación y cultura. La respuesta a estas preguntas identifica el grado de compromiso de los gobiernos con el bienestar de su población y si, realmente, quieren reducir la brecha económico entre los que tienen altos ingresos y los que no.
            Este sábado 12 de diciembre, en La Jornada, Fabiola Martínez reportó que la “Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) decidió un aumento de 4.2 por ciento para esta percepción. A partir del 1º de enero próximo, el minisalario será en todo el país de 73 pesos con cuatro centavos al día, es decir, un incremento de 2.94 pesos por jornada respecto del nivel actual de 70.10”; que hace unas semanas se había homologada en todos el país. También, reportó que “el titular de la comisión, Basilio González Núñez, sostuvo que el minisalario tendrá, al cierre de 2015, una recuperación en términos reales de 4.39 por ciento”. Y este individuo, “en conferencia de prensa posterior, le preguntaba a la clase trabajadora ¿qué preferiría, un salario mínimo o no seguir teniendo empleo? Y terminó señalando que el siguiente paso debe ser romper la atadura del vínculo no formal entre el incremento del salario mínimo y los incrementos salariales en la contratación colectiva federal y local”. (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/sociedad/033n1soc. Visitada en 20151212).
            Con relación a la recuperación del valor real del salario mínimo, Arturo Sánchez Jiménez, también en La Jornada, reportó que “…A diferencia de muchos países de América Latina, en los cuales el salario mínimo se ha recuperado en los pasados 20 años, México ha mostrado pérdida persistente del poder adquisitivo en las tres recientes décadas, según  María Cristina Bayón, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. También, expuso que los porcentajes de variaciones anuales del salario mínimo –en términos reales– entre 2000 y 2013, …para Brasil, Ecuador, Honduras y Uruguay mostraron signos de recuperación, mientras en nuestro país los índices fueron exiguos y el rezago, evidente. Al vincular los ingresos referidos y las líneas de pobreza per cápita entre 2002 y 2011, México fue la única nación de entre 22 de América Latina y el Caribe por debajo de este último rubro” (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/sociedad/033n2soc. Visitada en 20151212).
            Con relación al aumento otorgado, según Laura Gómez Flores, La Jornada, hace seis días, “el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó una reunión formal a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida, y al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, para presentarles los estudios que sustentan un incremento a los salarios mínimos a 86.33 pesos” (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/06/mancera-propone-que-salario-minimo-sea-de-86-33-pesos-3166.html. Visitada en 20151212).
            En México, la Constitución Política establece que el salario mínimo debe alcanzar por lo menos para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia. La canasta básica es, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), “un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios, agrupados en las categorías siguientes: alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios”. Así, el INPC definió que el precio de la canasta básica para este mes de octubre equivalía a 88.76 pesos diarios, si la compra se hacía al menor precio que era ofertado en un Tianguis (http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana. Visitada en 20151212).
            También existe la llamada canasta alimenticia recomendable que, según reportó Miguel Ángel Pallares, en El Universal, “un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM señala que para comprar dicha canasta se requerían de 179.85 pesos en un Tianguis (http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/se-requieren-192-diarios-por-canasta-basica-estudio-114013.html. Visitada en 20151212).
            Finalmente, señalaremos que en mayo de este año, Anthony B. Atkinson, en un libro publicado por la Universidad de Harvard, titulado “Inequidad: ¿qué se puede hacer?”, propone analizar detalladamente los siguientes instrumentos: salarios mínimos apropiados, seguridad en el empleo, fondo de capital para ayuda a adultos jóvenes y descuentos en impuestos a los más necesitados. También, recalca el apropiado uso de la tecnología y sugiere políticas públicas que garanticen que el cambio tecnológico impulse a la innovación, aumentando el empleo y enfatizando la dimensión humana en la provisión de servicios.
En Morelos, debemos definir el máximo tipo de estado benefactor que podamos alcanzar e identificar el precio de nuestra canasta básica, así como el precio de nuestra canasta alimenticia recomendable y también cuál sería el precio de nuestra canasta ampliada, que además de alimentación incluya salud, educación y recreación. Juntos los sectores público, privado y social debemos trabajar para reducir la inequidad. 

7 dic. 2015

Equivocada Ley de Transición Energética


publicado en La Jornada Morelos el 7 de diciembre de 2015
La propuesta de la Ley de Transición Energética (LTE), aprobada en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados, fue modificada muy ligeramente y aprobada hace unos días por la Cámara de Senadores y, por lo tanto, se regresó a los diputados para su consideración y eminente aprobación definitiva. Esta Ley es un retroceso para tener un ambiente más saludable y nos aleja del camino al desarrollo sustentable.
         Esta LTE era jurídicamente necesaria tras la reforma energética a nivel constitucional. Desafortunadamente, en este proceso se realizó un cambio conceptual fundamental que desvirtuó los compromisos adquiridos por México para combatir el Cambio Climático e impulsar el Desarrollo Sustentable, que habían sido plasmados en la Ley General de Cambio Climático, ya expedida en 2008.
         Dicho cambio se introdujo en la Ley de la Industria Eléctrica expedida el año pasado, al definir el concepto de “energía limpia” que es más amplio a de las “energías renovables”; ya que ahora no solo se consideran a las energías solar, eólica, de la biomasa, sino que introdujeron a los hidrocarburos en procesos de alta eficiencia energética y bajos impactos ambientales, de acuerdo a criterios que serán definidos por las Secretaría de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
         El resultado es que se abolió la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y se estableció de hecho una Transición Energética que ya no es de los hidrocarburos a las energías renovables, sino de los hidrocarburos sucios a unos menos sucios. Todo por motivos exclusivamente economicistas de corto plazo y sin considerar al medio ambiente y a la sociedad en el mediano y largo plazos.
         Andrea Becerril y Víctor Ballinas reportaron que “… Entre reclamos y críticas al presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, quien reconoció haberse reunido en privado con cabilderos y dirigentes de la cúpula empresarial para discutir la minuta, el Senado de la República aprobó la Ley de Transición Energética, con cambios de última hora que flexibilizan la legislación en beneficio de los industriales del ramo… Contarán con un plazo de hasta cuatro años para la adquisición de Certificados de Energías limpias, el mecanismo por el que se les obliga a cumplir las normas de protección al medio ambiente… Otra modificación de última hora fue cambiar la palabra energías renovables por el de energías limpias, a fin de que puedan entrar ahí las empresas que utilizan el gas natural, como es el caso de la industria del acero, una de las que más presionó” (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/01/entre-reclamos-senado-aprueba-ley-de-transicion-energetica-989.html. Visitada en 20151205)
         Sin embargo, debemos continuar insistiendo que para entrar en el camino del desarrollo sustentable es indispensable utilizar al máximo a las energías renovables. La Asociación Internacional de Energía Solar publicó recientemente una declaración que establece la posibilidad real de que el mundo funcione con energía 100 por ciento proveniente de las energías renovables y, conmina a los políticos, economistas, ambientalistas, ingenieros y científicos a establecer una ruta crítica para lograrlo antes del año 2050 (http://ises.org/news/latest-news/single/artikel/solar-world-congress-2015-proclamation-dedicated-commitment-to-accelerating-the-energy-transformation-to-100-renewable-energy. Visitada en 20151130).
         En términos generales, el objetivo de alcanzar una oferta energética mundial con el 100 por ciento de energías renovables tiene cinco grandes barreras: Altos costos de inversión inicial, que requieren de tasas de interés bajas para lograr financiamiento a grandes proyectos, aunque éstos ya tengan factibilidad técnica y económica; Almacenamiento de electricidad a menores costos, ya que permitiría despreocuparnos de la variabilidad e intermitencia de los vientos y de la radiación solar; Redes inteligentes de distribución de electricidad, que transportaría de manera más eficiente y a menor costo la electricidad entre regiones; Sistemas de generación eléctrica distribuida, que equilibran mejor la demanda y la oferta regional de electricidad; y Políticas públicas que impulsen el desarrollo sustentable, para no solo considerar los costos económicos directos, sino incorporar los costos sociales y ambientales para evitar el incremento en la desigualdad y la depredación de los ecosistemas.
         En Morelos, debemos decidirnos a llevar a cabo la transición de los hidrocarburos a las energías renovables. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, nuestro clima, nuestro ambiente y nuestra sociedad de una industrialización depredadora y lograr que los individuos alcancen un mayor bienestar.

30 nov. 2015

Cambiar el modelo de producción


publicado en La Jornada Morelos el 30 de noviembre de 2015.
A pesar de las declaraciones de que México está entrando en la sociedad del conocimiento o de que tenemos una economía basada en el conocimiento, la realidad es muy diferente. El 27 de noviembre pasado, según la nota de Juan Carlos Miranda, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que “México no ha logrado pasar de un modelo de manufactura maquiladora a uno de creación de valor industrial y, también, que en México no hemos dado a plenitud, como ocurrió en otros países, una transición entre el modelo maquilador y uno de industrialización de valor agregado. Asimismo, que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) presentó una propuesta de política industrial de nueva generación para los próximos años basada en la competitividad, la formación de talento y el encadenamiento productivo”. Esto en el marco de una reunión del Comité Nacional de Productividad (CNP) (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/27/mexico-aun-en-modelo-de-produccion-arcaico-videgaray-6759.html. Visitada en 20151127).
         Dicho CNP se creó como órgano consultivo del Ejecutivo Federal, cuyo objetivo es recomendar políticas y proyectos concretos que permitan aumentar y democratizar la productividad en México.
Está integrado por 21 entidades; 6 del gobierno federal, 5 organismos empresariales, 5 asociaciones  obreras y 5 entidades académicas. Trabajan en 5 temas para desinhibir el incremento de la productividad en el país: Formalización de la economía, ya que la informalidad limita el crecimiento económico y la calidad de vida de los mexicanos, considerando que las empresas formales en promedio son dos veces más productivas; Innovación en ciencia y tecnología, ya que el gasto en ciencia y tecnología en México es insuficiente, pues  equivale al 0.4 por ciento del PIB, que contrasta con más de 2 por ciento en promedio entre los países de la OCDE; Capacitación y certificación de los trabajadores, ya que más del 60 por ciento de los trabajadores en el país no han recibido capacitación y que la inversión pública destinada a este rubro (0.03 por ciento del PIB) es veinte veces menor que el promedio de los países de la OCDE; Incentivos laborales para la productividad y la calidad en los centros de trabajo, ya que el 40 por ciento de las organizaciones no implementan programas de incentivos y reconocimiento, y la aplicación de los incentivos laborales está raramente ligada a la productividad de las empresas; y Apoyo a las PyMEs y emprendedores, ya que en México éstas  generan alrededor de 74 por ciento del empleo y representan el 99 por ciento de las unidades económicas y, sin embargo contribuyen con tan sólo 26.6 por ciento de la producción bruta, debido a los obstáculos para el surgimiento de emprendimientos con potencial productivo y al crecimiento empresarial, tales como el bajo acceso al financiamiento y la limitada capacidad gerencial. (http://www.gob.mx/productividad/articulos/comite-nacional-de-productividad-cnp. Visitada en 20151127).
         En la reunión del CNP, del 6 de noviembre pasado, en cumplimiento de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el primer seguimiento anual de los indicadores en materia de productividad total de los factores, cuyos índices de 2010 a 2013 fueron 98.8, 99.6, 100 y 99.4, y mejoraron en 0.5 puntos; de productividad laboral, cuyos índices de 2010 a 2014 fueron 97.5, 99.1, 100, 100 y 101.9, y mejoraron en 4.4 puntos; de informalidad, cuya tasa de población ocupada de 2010 a 2014 fue 59.7, 59.7, 59.8, 59.0 y 57.8, y que empeoró en 1.8 puntos porcentuales, aunque se debe considerar que la edad mínima legal para trabajar paso de 14 a 15 años en el último año; e incremento del valor agregado nacional en las exportaciones, cuyos índices de 2010 a 2014 fueron 28.6, 28.9, 29.7, 28.6 y 28.0, disminuyendo en 0.6 puntos. (http://www.gob.mx/productividad/documentos/primer-seguimiento-anual-a-indicadores-relacionados-con-la-productividad-y-la-competitividad-en-mexico. Visitada en 20151127). Se puede concluir que no hubo avance en la producción y la competitividad en México en los últimos cinco años que se tiene información y que este tipo de mecanismo no ha demostrado agilidad en el pasado, ya que es muy difícil lograr consensos entre 21 instancias que tienen objetivos y tiempos de respuesta diferentes.
         La medición de la productividad de los diferentes factores que intervienen en el proceso de producción ha estado dentro de la agenda de temas económicos, desde que Robert Solow en 1957 propuso una manera de medir el cambio en el producto que no está explicado por el incremento en los factores de producción, mediante la estimación de un residual, que se utiliza para representar el término productividad de los factores. Desarrollos posteriores incorporaron métodos para medir este residual incorporando otros factores (energía, materiales y servicios) y no solo capital y trabajo, que se concentran en lo que se conoce como la contabilidad del crecimiento. Mediante la construcción de números índices se puede estimar el residual y las contribuciones al crecimiento de los factores que intervienen en la producción: Cuenta intersectorial, Cuenta laboral, Formación bruta de capital fijo, Stock de capital neto, y Productividad total de los factores. Este último incorpora el cambio tecnológico, innovaciones técnicas, cambios en la manera de administración y organización de las empresas, así como cambios en la composición social (Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Productividad total de los factores Modelo KLEMS, Año base 2008, Metodología. DR © 2014, Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  
         Se tienen ley, consejo nacional, propuestas de alto nivel y medición de indicadores pertinentes y robustos. ¿Por qué no avanza la productividad y la competitividad de nuestro país? Un factor clave es la falta de una política pública que impulse la capacidad de innovar de las empresas; solo se apoyan casos específicos de innovación. Por ver los árboles no apreciamos el bosque. Es necesario crear un ecosistema que fortalezca “el potencial de idear, planear y realizar innovaciones a partir del uso de los conocimientos tecnológicos y organizativos formales e informales para cubrir las necesidades específicas de la firma, aprovechando las competencias desarrolladas a lo largo de su sendero madurativo”, como es definida la innovatividad por la Comisión Económica para América Latina.
         En Morelos, debemos identificar y operar un Sistema de Innovación Regional que permita asegurar que cada empresa alcanza su mayor capacidad para innovar, y así tener un nuevo modelo de producción basado en ciencias, naturales y sociales.

23 nov. 2015

Sostenibilidad de la deuda pública


publicado en La Jornada Morelos el 23 de noviembre de 2015. 
Uno de los debates de esta semana ha sido sobre la deuda pública de México: si ya es un problema para las finanzas del país o se encuentra todavía en un monto manejable. Se inició por el interés en el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la creciente deuda del sector público mexicano, que para este año sería equivalente a 51% del Producto Interno Bruto (PIB), está llegando a un nivel desafiante y alto para una economía emergente (Yolanda Morales. http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/04/27/deuda-publica-desafio-mexico-dice-fmi. Visitada en 20151120).
         El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, del 2001, define la deuda pública de la siguiente manera: “La deuda se compone de todos los pasivos que exigen el pago de intereses y/o de principal por parte de un deudor a un acreedor en una fecha o fechas futuras. Por consiguiente, todos los pasivos del sistema de Estadísticas de Finanzas Públicas son deuda excepto las acciones y otras participaciones de capital y los derivados financieros”. Cabe mencionar que el Manual recomienda “tratar las obligaciones a futuro del sistema de seguridad social y los pasivos contingentes como notas de información y no como deuda pública”.
         En esta semana de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF) y por la reiteración del FMI sobre “que en los últimos años la deuda pública de México creció hasta alcanzar un nivel sin precedente”, el sector empresarial emitió su preocupación advirtiendo “que, de seguir creciendo ésta, el país tendrá que sacrificar parte del presupuesto gubernamental para cubrir el servicio de la deuda. Además, evidentemente la política de disminuir el déficit fiscal y llegar a cero nuevamente en 2017 o 2018 es adecuada, con un decremento en el gasto público, sobre todo en el gasto corriente y con un control en las finanzas del país. También, advirtieron que ante un aumento del déficit público las firmas calificadoras de riesgo podrían bajar la calificación de México, y en consecuencia subirían las tasas de interés” (Juan Carlos Miranda. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/20/economia/033n1eco. Visitada 20151120).
         Javier Rodríguez Labastida (http://www.altonivel.com.mx/54510-la-fed-es-cautiva-del-mundo-exterior.html. Visitada en 20151120) presentó esta semana una descripción más detallada del mencionado reporte del IMF, donde “se estima que la deuda pública permanecerá estable dadas las proyecciones de incremento en los costos de las tasas de interés, y a la recuperación moderada de la economía en el mediano plazo. Bajo una condición base normal, se prevé que la relación entre la deuda pública y el PIB disminuirá aproximadamente hasta el 50 por ciento para 2020 del nivel actual del 52 por ciento. Las necesidades del financiamiento bruto son del 11 por ciento del PIB en 2015, con una disminución de 9 por ciento al final del periodo de previsión”. También, el análisis del FMI destaca “que la deuda pública bruta es 3 por ciento más alta en 2015 en relación con las proyecciones anteriores (48.9 a 51.9 por ciento del PIB) y de 1.6 por ciento más alta para el final del periodo de proyección”. Según el estudio, “los principales factores que explican el diferente camino de la deuda son: mayor déficit primario en el periodo inicial y consolidación más fuerte a partir de entonces; peores perspectivas de crecimiento para todo el periodo de proyección; mayor depreciación del peso en el periodo inicial; y peores condiciones de financiamiento”. El reporte concluye que “un crecimiento negativo y sostenido representa el principal riesgo para las perspectivas de la deuda. Sin embargo, incluso bajo ese escenario, la deuda bruta se mantiene ligeramente por debajo del 60% del PIB, sin mostrar señales de una trayectoria explosiva”.
         En 2004, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó un artículo de Ricardo Martner y Varinia Tromben sobre La sostenibilidad de la deuda pública (REVISTA DE LA CEPAL 84, DICIEMBRE 2004). Los autores critican la posición que tenía el FMI sobre la sostenibilidad de la deuda y, en particular, “una polémica conclusión sobre que, para ser sostenible, la deuda pública de los países emergentes no debería superar el 25 -30 por ciento del PIB”. Ellos concluyen que “si tal fuera el límite, la mayoría de los países de América Latina caería en la dudosa categoría de “insostenibles”, por lo que debería generar superávit primarios cuantiosos en los años que vienen para absorber la deuda pública excesiva”.
         El FMI presentó al público en general, en abril del 2014, un nuevo manual para evaluar la sustentabilidad de la deuda pública en países que tienen acceso a los mercados internacionales de capital (http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/POL032714A.htm. IIMF Durvey March 28, 2014. Visitada en 20151120). Consideran que “es un nuevo método con visión holística de la sostenibilidad de la deuda, que esta herramienta evalúa con realismo las proyecciones económicas y las vulnerabilidades potenciales, y que muestra visualmente los riesgos de manera comparable entre países”. Así, esta herramienta mejora los métodos utilizados con anterioridad por el FMI, “para evaluar la cantidad de deuda pública, que de manera segura, pueden tener los mercados emergentes y las economías avanzadas”. También, en este documento, uno de sus casos de estudio es sobre México y concluyen que “los niveles de su deuda neta, al 45 por ciento de su PIB proyectada para el final de 2013, permanecen moderados; que la amplia cobertura institucional da certeza que las deudas netas del sector público son bien conocidas; y que en todos los escenarios analizados su deuda pública es sostenible”.
         De acuerdo a la política económica seguida por nuestro Gobierno Federal y por nuestros acreedores principales, la deuda pública de México es sostenible y las finanzas nacionales marchan en una buena trayectoria. Sin embargo, estamos seguros que esta política económica no nos permitirá cambiar el rumbo hacia el desarrollo sustentable y que la mayoría de los mexicanos alcancen una calidad de vida aceptable.
         En Morelos, debemos entrar plenamente a la política pública de gobierno abierto donde, sin necesidad de preguntar y hacer trámites complicados, tengamos acceso a la información completa del estado que guardan nuestras condiciones sociales, económicas, ambientales e institucionales.

16 nov. 2015

Legalidad en la construcción.


publicado en La Jornada Morelos el 16 de noviembre de 2015.
En la primera página de La Jornada, del 28 octubre 2015, se informó que se había desgajado un cerro en Santa Fe, dañando 15 autos: “Seis mil metros cúbicos de material de un talud cayeron en el estacionamiento de un Club de Golf. En la parte superior, un inmueble de tres niveles, con dos antenas de telefonía celular, fue desalojado ante el riesgo de deslizamiento. No se reportaron lesionados”. ¿Por qué fue noticia de primera plana? Tal vez porque la foto de cinco enormes edificios en peligro al borde de una loma artificial es espectacular, porque es una de las zonas de la Ciudad de México donde habita la clase social con mayor poder económico o porque se presume que las construcciones asentadas ahí tienen problemas técnicos y legales (http://www.jornada.unam.mx/2015/10/28. Visitada en 20151114).
         Ocho días después, Laura Gómez Flores y Gabriela Romero Sánchez reportaron que “habían ocurrido otros tres desgajamientos, causando que 116 personas fueron desalojada. Además, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, aclaró que la corporación se mantiene alerta”. También, que “el titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, anunció que realizará una investigación sobre el uso de suelo del predio y de uno aledaño que fue clausurado ayer, así como sus antecedentes en términos de autorizaciones y regulación. Destacó que en términos de ilícitos en materia urbano-ambiental, la violación del uso del suelo está en primer lugar con un promedio anual de 3 mil 300 denuncias. Las sanciones a aplicarse van desde la suspensión de actividades, clausuras, multas por 50 mil días de unidad de cuenta (equivalente a 3 millones 497 mil 500 pesos), de acuerdo con la legislación ambiental y la demolición” (La Jornada, jueves 5 de noviembre de 2015, p. 36).
         Cuatro días después, Felipe Rodea informa que “fueron los exjefes delegacionales de Cuajimalpa, Jenny Saltiel Cohen (cercana a Andrés Manuel López Obrador), Francisco de Souza Mayo (PAN-PVEM) e Ignacio Ruiz López (PRD) los responsables de dar permisos para colocar torres de comunicación y construir cinco edificios en Santa FE”. También, que “el actual jefe delegacional, Miguel Ángel Salazar (PRI), informó que el permiso de construcción de una antena fue otorgado en agosto del año 2000 por la entonces delegada perredista, Jenny Saltiel Cohen, para construir en este predio irregular, mediante el pago de dos mil 520 pesos en derechos para instalar la antena” (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tres-delegados-dieron-permisos-para-construir-en-zona-de-deslaves.html. Visitada en 20151114).
  Ángel Bolaños Sánchez reportó que “la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, lamentó que a un año de la recomendación sobre construcciones irregulares y pese a seguir presentándose casos como el de Santa Fe, persista una desarticulación interinstitucional de las secretarías de gobierno, las delegaciones y la Asamblea Legislativa en el tema de desarrollo urbano. Señaló que se requiere una política integral y la actualización de las leyes para evitar que sigan las irregularidades en los cambios de uso de suelo, construcciones ilegales y fraudes contra quienes de buena fe adquieren una vivienda” (http://www.jornada.unam.mx/2015/11/12/capital/038n3cap. Visitada en 20151114).
El Ordenamiento Territorial (OT) ha sido estudiado por María Teresa Sánchez Salazar, José María Casado Izquierdo y Gerardo Bocco Verdinelli que, en el libro titulado La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro, establecen que “el OT puede constituir una valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio y cuyo objetivo es lograr una calidad superior de vida para la sociedad en su concepción más amplia e integral; es decir, alcanzar la sostenibilidad ambiental, social y económica, y con ello el desarrollo social y económico en armonía con el entorno natural” (http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/699/politica.pdf. Visitada en 20151114).
Desde el punto de vista técnico (http://www.arqhys.com/arquitectura/mecanica-suelos.html. Visitada en 20151114) “la mecánica de suelos es una parte del área de la ingeniería que está dedicada a estudiar las fuerzas o cargas que son establecidas en la superficie terrestre. Y que antes de realizar cualquier tipo de construcción uno de los pasos fundamentales es realizar un estudio característico del suelo, con el objetivo de conocer las propiedades del mismo y como se puede aprovechar para el uso que deseamos realizar. Si la capacidad del suelo se ve minimizada en relación a la aplicación de fuerzas, es probable que el mismo se deforme y que tenga como consecuencia que se generen algunos acontecimientos secundarios no determinados durante la fase del diseño del proyecto. Estas deformaciones secundarias pueden traer como consecuencia la proliferación de grietas, fisuras, y en los casos verdaderamente extremos, hasta el colapso de toda la obra. Siempre hay que observar detenidamente mediante un estudio pertinente tanto las condiciones del suelo como la del cimiento que trabaja como un medio de contacto entre el suelo y la estructura”.
Para construir una edificación, en México, es necesario un permiso expedido por el municipio donde se encuentra el predio o terreno, siendo uno de los requisitos principales el estudio de la mecánica del suelo. Y, sin embargo, sabemos que pocas personas comienzan sus construcciones contando con uno, que se miente sobre la complejidad de la construcción para acceder a un permiso más barato o que se puede hacer un “arreglo económico” para asentarse en una zona con diferente uso de suelo.
         En Morelos, debemos asegurarnos que en todos nuestros Municipios se tienen los conocimientos, las habilidades, los valores éticos y el compromiso social para respetar y hacer respetar las normas Ambientales y de Ordenamiento Territorial, tanto nacionales como el locales. No arriesguemos el patrimonio y, lo más importante, la vida de nuestros conciudadanos.