29 dic. 2014

Preguntas sobre gobernanza.


publicado en La Jornada Morelos el 29 de diciembre de 2014.
En términos generales, se entiende a la gobernanza como el ejercicio del poder político para manejar los asuntos de una comunidad. La calidad de la gobernanza, tratada algunas veces como el equivalente al funcionamiento del gobierno, se refiere a la calidad en el ejercicio de este poder y a la calidad en su gestión; que puede incluir, pero no está limitada a, los resultados en términos de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos.
Rachel Gisselquist, politóloga en el Instituto Mundial de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, de la Universidad de Naciones Unidas, escribió sobre el “Desarrollo y evaluación de índices de gobernanza: diez preguntas”. (Rachel M. Gisselquist (2014) Developing and evaluating governance indexes: 10 questions, Policy Studies, 35:5, 513-531, DOI: 10.1080/01442872.2014.946484). En el artículo propone un marco de referencia basado en 10 preguntas para guiar el desarrollo y la evaluación de dichos índices.
La medición es uno de los temas más tratados en la literatura sobre gobernanza, indica la autora. Algunos trabajos destacan la identificación de más de 100 indicadores a nivel de país y las bases de datos sirven para medir la gobernanza global o alguno de sus componentes específicos. La autora  considera que la metodología básica de las ciencias sociales provee el esquema central para evaluar los índices de gobernanza, en un total de 10 preguntas: formación del concepto, validación del contenido, confiabilidad, reproducibilidad, solidez, relevancia en investigación, complejidad descriptiva, concordancia teórica, precisión en estimaciones, y valores relativos apropiados.
Pregunta 1. ¿Qué precisamente se pretende medir? La especificación del concepto es necesaria ya que normalmente éste será un tema de controversia y un entendimiento generalizado no puede ser asumido. En particular, se debe aclarar la diferencia conceptual entre gobernanza y democracia o desarrollo.
Pregunta 2. Validación del contenido. ¿Captura la definición operacional el concepto? Una vez que un concepto se ha especificado apropiadamente, el siguiente paso lógico es establecer su operabilidad; es decir, debe identificar las componentes que se deben incluir en la medición y especificar cómo éstas se unen de manera consistente con el concepto central. El concepto de gobernanza es multidimensional, por lo que involucra varias categorías, subcategorías e indicadores. Los últimos deben tener índices que son datos numéricos.
Pregunta 3. ¿Qué tan confiables, válidos y completos son los datos? Los índices técnicamente complejos pueden obscurecer un principio básico: la calidad de una medición para capturar una realidad empírica está limitada por la calidad de los datos usados para construirla (es decir, si los datos son malos, también lo será el resultado). La validación se refiere a si la medición refleja con precisión lo que se pretende capturar. Confiabilidad se refiere a la consistencia en la medición.
Pregunta 4. ¿Es la medición, incluyendo todas sus subcomponentes, transparente y reproducible? En general, sólo se dan resultados finales, cifras o jerarquías, sin explicitar los datos y métodos utilizados. Así, esta falta de transparencia significa abandonar el principio básico de las ciencias sociales, la reproducibilidad. Se debe ser totalmente transparente, a pesar del riesgo de que nos encuentren más fácilmente los errores.
Pregunta 5. ¿Qué tan sensibles y robustas son las mediciones a diferentes datos y criterios de diseño? Las mediciones de la gobernanza no son, ciertamente, una ciencia exacta. Así, los índices bien diseñados deben describir y justificar las elecciones tomadas en el camino y examinar el impacto de éstas en lo robusto de los resultados, mostrando que no se llegó a unos resultados predeterminados por su interés político o social.
Pregunta 6. ¿Permiten estas mediciones responder a asuntos claves de interés? Los usuarios de indicadores deben considerar si éstos capturan empíricamente lo que está bajo investigación, incluyendo coberturas regionales y temporales, y el nivel del análisis. También, la habilidad predictiva del indicador es importante.
Pregunta 7. ¿Captura plenamente la medición toda la complejidad de la gobernanza? Los índices pueden ser demasiado sencillos y no agregan mucho a la mejora de la gobernanza, entonces deberían de incluir más componentes pero ¿hasta qué nivel? Recordemos que la medición es para comparar dos o más situaciones, ¿están lo suficientemente diferenciadas?
Pregunta 8. ¿Se comporta la medición como la teoría predice? La teoría es importante en las mediciones gubernamentales rigurosas en el sentido de que las mediciones deben ser desarrolladas con referencia y dentro de un marco metodológico específico, y que puedan ser usadas para probar propuestas teóricas.
Pregunta 9. ¿Qué tan precisos son los valores de los índices y si se especifican intervalos de confianza? La mayoría de los índices de gobernanza producen cifras globales que son imprecisas e inciertas. Así, la mayoría de las diferencias en valores y jerarquías no son significativas. Por lo tanto, se deben reportar intervalos de confianza y márgenes de error, en adición a las estimaciones puntuales.
Pregunta 10. ¿Es correcta la valorización relativa entre índices? Especialmente en el área de políticas públicas se debe poner especial énfasis en la valoración relativa entre indicadores (o el “peso” correcto entre ellos) cuando se normalizan o se agregan datos. Debemos recordar que no considerar esta valorización relativa es, en sí misma, asignarles arbitrariamente el mismo “peso”.
            En Morelos, debemos redoblar esfuerzos en el desarrollo y evaluación de los índices de gobernanza para que, al ser realizado este ejercicio por observadores imparciales, se alcance una mayor legitimidad en la actuación del gobierno, tanto en lo social como en lo económico, financiero y político.

22 dic. 2014

Industrias verdes competitivas.


publicado en La Jornada Morelos el 22 de diciembre de 2014.
El cambio climático tendrá su mayor impacto sobre los países en desarrollo, en los que las poblaciones pobres se verán afectadas con especial dureza; lo que sucede siempre, ya que los más débiles no pueden mitigar o adaptarse a las condiciones de crisis. Sin embargo, existen iniciativas en marcha para asistir a los países en desarrollo, mediante la movilización de tecnologías relacionadas con el clima y tecnologías limpias adecuadas. Desafortunadamente, la intención principal de muchas de estas iniciativas es transferir tecnologías desde el mundo en desarrollo, sin tener en cuenta la participación de las industrias locales.
El Banco Mundial e infoDEV publicaron el reporte “Desarrollo de industrias verdes competitivas: Las oportunidades del clima y las tecnologías limpias para los países en desarrollo”. (infoDev. 2014. Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0. © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank). Éste contiene información para diseñadores de políticas y otras partes interesadas que estén intentando desarrollar industrias verdes competitivas en países en desarrollo y, también, presenta una serie de opciones de políticas que pueden ser consideradas por los países dispuestos a fortalecer las industrias verdes locales.
En 2012, las inversiones en tecnologías limpias aumentaron un 19 por ciento en los países en desarrollo (hasta 112,000 millones de dólares al año), en comparación con una disminución general del 12 por ciento a nivel mundial (a 244,000 millones de dólares al año), lo que indica que las inversiones en tecnologías limpias están en vías de trasladarse a las economías en desarrollo a corto plazo, apunta el reporte. Este cambio acelerado del mundo desarrollado al mundo en desarrollo está fomentando la innovación, dado que las tecnologías, los procesos y los mecanismos de financiamiento se están adaptando a las condiciones locales y están surgiendo productos innovadores para atender las necesidades de los clientes locales. También está generando oportunidades para empresarios que estén en condiciones de aprovechar el crecimiento del sector.
Es más, con este cambio vertiginoso, la capacidad de las tecnologías limpias de fomentar el crecimiento del empleo y estimular la innovación hace que sean especialmente pertinentes para los países en desarrollo, señala el reporte. Las tecnologías limpias constituyen un sector de empleo en crecimiento a nivel mundial y, en comparación con otros sectores, los empleos verdes tienen características favorables: suelen ser más calificados y seguros y estar mejor pagados. La innovación es esencial para el desarrollo de productos de tecnologías limpias y las tecnologías relacionadas con el clima constituyen una proporción significativa de las solicitudes mundiales de patentes.
En este informe se describen las características y la dimensión probable de las oportunidades que generarán las tecnologías limpias en 145 países en desarrollo a lo largo de la próxima década. En este período, las inversiones previstas en 15 sectores de las tecnologías limpias en estos países en desarrollo superarán los 6,400 millones de dólares, en términos generales. De esta cifra total, las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrán acceder a alrededor de 1,600 millones. Incluso cuando se excluye a China, India, Rusia y los países europeos de ingreso mediano, estas oportunidades siguen siendo significativas: 4,100 millones en términos generales, de los cuales las pymes podrán acceder a  1,000 millones.
Las mayores oportunidades para las pymes están en el sector del tratamiento de aguas residuales, que constituye aproximadamente una tercera parte del mercado total, seguido de los sectores de los pequeños proyectos hidroeléctricos, el tratamiento de aguas, la energía eólica terrestre, la energía fotovoltaica, la energía geotérmica y la bioenergía, plantea el reporte.
Para poder aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las tecnologías limpias, los gobiernos, las agencias de desarrollo y otros agentes públicos y privados deben considerar las siguientes cinco áreas de actuación para apoyar a las pymes de tecnologías limpias en los países en desarrollo, propone el reporte: 1. Iniciativa y aceleración empresarial. Se trata de una gama de programas para empresas, así como colaboraciones y redes internacionales, los países pueden emprender programas que ofrezcan asistencia técnica directa y la conexión de inversores extranjeros con pymes locales de tecnologías limpias para el desarrollo tecnológico o de las capacidades de producción; 2. Financiamiento de la innovación. Hay varios instrumentos disponibles para apoyar el financiamiento inicial y el capital de riesgo para las pymes de tecnologías limpias, que incluyen créditos blandos y garantías de préstamos, y la estimulación de inversiones de capital inicial y de riesgo. Por el lado de la demanda, existe una oportunidad significativa de establecer mecanismos de crédito a consumidores para tecnologías específicas, como los sistemas de energías renovables; 3. Desarrollo del Mercado. Una serie de instrumentos tienen como objetivo aumentar la demanda de productos y servicios de las pymes locales, y facilitar el crecimiento general del mercado de las tecnologías limpias. En el caso de las energías renovables, estos instrumentos incluyen normas sobre la cartera, certificados de energías renovables y tarifas de alimentación a la red; 4. Desarrollo tecnológico. Cuenta con instrumentos diseñados para estimular el desarrollo de tecnologías, como los créditos fiscales a la investigación y desarrollo (I+D), las becas de investigación, las colaboraciones de investigación competitivas con financiamiento público, los concursos, la inversión pública en I+D, los acuerdos públicos o privados sobre cooperación tecnológica, los proyectos de demostración y las redes de investigación aplicada; y 5. Marco jurídico y reglamentario. Logra el apoyo mediante la implementación de una serie de medidas jurídicas y reglamentarias, como incentivos fiscales específicos para el sector, regímenes de limitación y comercio de emisiones, créditos por reducción de emisiones, impuestos sobre la contaminación o el uso de recursos naturales, reducciones de los impuestos a las importaciones o exenciones e incentivos para atraer a mano de obra calificada.
En Morelos, debemos diseñar medidas que generen incentivos y obligaciones empresariales para abordar tanto el lado de la oferta como de la demanda de los mercados de tecnologías limpias, al adoptar instrumentos acordes a la situación del estado y enfocados a los sectores con mayor capacidad de recursos humanos y naturales.

15 dic. 2014

Autonomía económica de las mujeres

publicado en la Jornada Morelos el 15 de diciembre de 2014 

Aunque son varios los logros en materia de igualdad de género, aún existen grandes desafíos. Las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas en situación de pobreza, el empleo disponible privilegia injustamente a los hombres, se desaprovecha el logro educativo de las mujeres y no se consigue eliminar la carga doméstica heredada de tiempos en que las mujeres solamente se ocupaban del cuidado de los miembros de la familia. Los cambios demográficos y en la educación, así como el propio proceso de emancipación de las mujeres, muestran la necesidad de promover una mayor eficiencia y equidad en los mercados para aprovechar sus capacidades y hacen más evidente la injusticia estructural que subyace en la actual estructura económica y social.

Lucía Scuro y Néstor Bercovich, editaron el recientemente publicado documento de la CEPAL “El nuevo paradigma productivo y tecnológico. La necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres” (Néstor Bercovich y Lucía Scuro, “El nuevo paradigma productivo y tecnológico: la necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres”, Libros de la CEPAL, N° 131 (LC/G.2621-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). En él se plantea que la desigualdad se genera principalmente en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado) y que es imprescindible aprovechar, a través de las políticas públicas, las oportunidades que ofrece el nuevo paradigma tecnológico.

Pese a la importante presencia de las mujeres en el mercado laboral, aún persiste la segregación laboral, que se define como la clara distinción entre los sectores de actividad en el mercado y los puestos de trabajo ocupados por hombres y mujeres, establece el documento. La segregación laboral de las mujeres se manifiesta en dos dimensiones: la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal supone que las mujeres se concentran en ciertos sectores de actividad y en determinadas ocupaciones, mientras que la segregación vertical implica el desigual reparto de hombres y mujeres en la escala jerárquica y, por lo tanto, muestra cómo las mujeres tienen dificultades para progresar en su profesión y poder acceder a puestos más cualificados y mejor remunerados.

La segregación horizontal forma parte de un problema de naturaleza sistémica que se reproduce en tres ámbitos: a) la familia, a través de la socialización, al considerar que el éxito de las niñas sigue proyectándose como una combinación de profesión y maternidad; b) la escuela, donde la reproducción de estereotipos explica, en buena parte, la concentración de las jóvenes en estudios compatibles con la vida familiar, y c) la demanda laboral, que requiere en la vida pública capacidades semejantes a las valoradas en la vida familiar. Entonces, no es casual que las mujeres predominen entre los trabajadores de los servicios de educación y salud, los servicios a las personas y el comercio. La segregación vertical, que hace que en la mayoría de los trabajos, las mujeres se concentren en los puestos jerárquicos más bajos y de menor autoridad de la pirámide o ejerzan oficios que requieren menor calificación. Este fenómeno es conocido como “techo de cristal”, en alusión a las barreras de poder invisibles que impiden a las mujeres ascender en los puestos de trabajo.

En el documento se destacan al menos tres conclusiones sobre las políticas públicas orientadas a la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el nuevo paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento. En primer lugar, en la economía digital, al igual que en el resto de los paradigmas tecno-económicos, las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa ni entre los países ni entre las personas, lo que origina asimetrías que se deben corregir mediante políticas específicas para superar las desigualdades. En segundo término, la profundidad de la brecha digital que afecta a las mujeres puede aumentar aun cuando la población excluida de la sociedad de la información esté disminuyendo. Porque, más allá del acceso cada vez mayor a las tecnologías, las brechas crecen en relación con la capacidad de uso y apropiación de dichas tecnologías. Esto explica en buena medida la lentitud con que se cierran las brechas de género, especialmente en lo que se refiere al empleo de calidad vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por último, las políticas en favor del cambio estructural que deben implementar los países de la región tienen que superar la neutralidad característica de las políticas públicas, incorporando acciones específicas dirigidas hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

Las políticas de desarrollo, en general, y las políticas de desarrollo productivo, en particular, no pueden ser neutrales, propone el documento. Así como deben tomar en cuenta las desigualdades existentes entre países y entre economías, deben también considerar y apuntar a superar las desigualdades de género que se observan en la integración a diversos ámbitos de la vida social, como el mercado laboral, la familia, la participación política y la toma de decisiones, entre otros.

Es imprescindible aprovechar, a través de las políticas públicas, las oportunidades que ofrece el nuevo paradigma tecnológico, asegura el documento. Estas políticas deben romper los círculos de desigualdad que se originan, principalmente, en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado). Para ello, es necesario impulsar políticas que prevengan la segregación y la segmentación laboral, eviten las brechas de ingresos que afectan a las mujeres y promuevan una justa división sexual del trabajo. La organización global de la reproducción social debe abordarse con políticas activas en el mercado laboral en todas sus expresiones, de manera de facilitar la participación y la autonomía económica de las mujeres, así como una mayor participación femenina en los puestos jerárquicos y en los niveles de decisión empresariales.

La capacitación y la formación profesional constituyen, sin duda, un camino promisorio para asegurar empleo femenino de calidad en esos nuevos escenarios, ya que es necesario generar capacidades y habilidades digitales que aseguren la integración de las mujeres en puestos de mayor nivel tecnológico, apunta el documento. No obstante, parece poco probable que esto ocurra si se deja sólo a las fuerzas del mercado, ya que el sistema de género hegemónico tenderá a mantener la segregación que le es funcional.

En Morelos, debemos incentivar la formación y la participación de las mujeres en áreas tecnológicas y establecer políticas públicas para transformar las culturas y prácticas empresariales, utilizando las TIC para impulsar la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género; con el objetivo de avanzar hacia una sociedad del conocimiento realmente inclusiva.

8 dic. 2014

Bienestar en Morelos

publicado en La Jornada Morelos el 8 de diciembre de 2014.
Luis Huesca Reynoso, Mario Camberos Castro y Cuauhtémoc Calderón Villarreal (Plaza y Valdés, 2011) plantearon que el análisis del bienestar individual o social se refiere al estudio de las condiciones que determinan la calidad de vida tanto de los individuos como de los grupos sociales, con un enfoque sistémico que identifique los procesos tendientes a mejorar la calidad de vida de una población en un espacio territorial determinado, estudiando los aspectos económicos y sociales ligados al desarrollo de las capacidades de los individuos y a la expansión creciente de sus libertades.

También, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2000) estableció que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sustentable.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un documento que ofrece un marco común para medir el bienestar de la gente a nivel regional y que tiene una sección especial sobre nuestro Estado de Morelos: “¿Cómo va la vida en su región? Medir el bienestar regional y local para la formulación de políticas” (OECD (2014), How's Life in Your Region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making. © OCDE, ISBN: 9789264217416 (PDF), DOI: 10.1787/9789264217416-en).

Todo el mundo desea disfrutar de una buena vida en el lugar donde vive, por lo que la medición de su experiencia diaria puede parecerles más significativa que la del promedio nacional, identifica el documento. Un panorama completo de la economía y de la sociedad debe comprender lo que la gente valora respecto a sus condiciones de vida inmediatas, cómo se comportan cuando no se cumplen sus expectativas y cómo contribuyen los servicios locales para que tengan mejores oportunidades laborales y vidas más sanas. Los indicadores regionales referentes al bienestar ayudan a captar si la recuperación y la prosperidad se traducen en una vida mejor para todos.

El documento presenta un marco de análisis para mejorar la coherencia y la eficacia de las políticas públicas al examinar nueve aspectos que configuran las condiciones materiales de la gente (ingreso, empleo y vivienda) y su calidad de vida (salud, educación, entorno, seguridad, acceso a los servicios y participación cívica). Estos nueve aspectos derivan tanto de las características de la gente como de las de cada territorio específico. Se les evalúa mejor mediante indicadores de resultados verdaderos más que a través de los insumos o la producción.

La medición de estos nueve aspectos mediante un conjunto de indicadores comparables en 362 regiones de los 34 países de la OCDE muestra que los resultados del bienestar se materializan de manera muy distinta en cada lugar, identifica el documento. Las diferencias en el bienestar a menudo son más grandes entre las regiones de un mismo país que entre las de diferentes países. Esas disparidades regionales pueden aumentar los costos sociales, hacer que peligre la cohesión social y socavar el desempeño nacional. Los países con la mayor disparidad regional en los rubros de empleo, educación y acceso a los servicios también registran resultados en bienestar más bajos a nivel nacional.

Las regiones y las ciudades que quieran incorporar una estrategia de bienestar para mejorar las condiciones de vida actuales y las oportunidades futuras de su ciudadanía deben considerar las siguientes medidas, según el documento: Traducir los objetivos del bienestar en indicadores pertinentes para cada política pública, donde la medición del bienestar regional debe vincularse claramente con los objetivos de política pública regionales que, a su vez, concuerdan con los niveles de gobierno; Elegir indicadores, debe establecerse un proceso de consulta deliberante para centrarse en un conjunto limitado de indicadores clave que reflejen las prioridades y los activos locales, como se hace hincapié en el Marco de Bienestar Regional de la OCDE; Identificar la situación inicial y los resultados previstos, al establecer un punto de partida claro y el conjunto de objetivos que han de alcanzarse ayuda a planear el rumbo de la actuación pública en torno a un cronograma transparente y a metas parciales intermedias; Verificar el progreso y evaluar el potencial de diferentes lugares, donde los indicadores regionales de bienestar son una herramienta que permite seguir la trayectoria del cambio a lo largo del tiempo e identificar los activos específicos para el desarrollo en comunidades distintas; y Promover la participación de la ciudadanía y comunicar los resultados, al involucrar a los ciudadanos desde las primeras fases de la iniciativa de medición se impulsa la acción, se facilitan los ajustes de política pública cuando sea necesario y se aumenta la rendición de cuentas y la confianza.

Con relación al Estado de Morelos, el documento presenta comparaciones tanto nacionales como internacionales. En referencia al promedio nacional, Morelos está mejor en las dimensiones de educación, salud, vivienda y compromiso cívico, y está peor en seguridad que es un asunto de enorme importancia para el bienestar de la población. A nivel internacional y alineado al patrón nacional, tiene bajos niveles de seguridad e ingreso, y grandes desigualdades. Asimismo, plantea que el gobierno se ha comprometido a mejorar el bienestar de la población al promover mayores oportunidades a todos los ciudadanos, que tiene un plan con una estrategia de desarrollo regional integral con metas establecidas y que existe un diálogo entre las diversas áreas encargadas de las políticas públicas.

Sin embargo, el documento describe un par de retos importantes para el uso de una buena métrica para mejorar el bienestar en Morelos: el Plan de Desarrollo Estatal tiene demasiados indicadores, que no están jerarquizados entre ellos, y que resta efectividad a la medición del proceso; y además que no está claramente definido el proceso de monitoreo necesario.

En Morelos, debemos así delinear un plataforma de indicadores con mecanismos de seguimiento sustentados en qué les importa más a los ciudadanos y adicionalmente fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para alinear objetivos y procedimientos.

1 dic. 2014

Servicios ambientales y biodiversidad

publicado en La Jornada Morelos el 1 de diciembre de 2014.
En la actualidad, nuestro planeta se enfrenta a la mayor crisis ambiental debida a las actividades humanas. Se están provocando pérdidas y amenazas a su biodiversidad, las cuales han alterado el ambiente a escala global, propiciando el cambio de uso de suelo, la alteración de la movilidad de la biota y la modificación de los ciclos biogeoquímicos. El origen de los cambios ambientales como una consecuencia directa de la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente se remonta al inicio del desarrollo de la agricultura, hace más de 8,000 años.

Cristian Cornejo-Latorre, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 
Jaime M. Calderón-Patrón, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
y Liliana Suarez-Ramírez,  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México, escribieron el artículo “Los servicios ambientales y la biodiversidad”, en la revista Investigación Ambiental 6 (1) 2014. El propósito de este trabajo es presentar un panorama general sobre el concepto de los servicios ambientales y explicar su relación con la biodiversidad.

El concepto de servicios ambientales permite vincular explícitamente el estado y funcionamiento de los ecosistemas y la calidad de vida de las poblaciones humanas, establecen los autores. Esta relación puede ser directa o indirecta y los seres humanos pueden o no estar conscientes de su existencia. La dependencia del hombre hacia los ecosistemas se puede apreciar notablemente en las economías de subsistencia íntimamente ligadas al entorno, donde las poblaciones obtienen de los ecosistemas todo lo que necesitan para subsistir. Por su parte, en países con un desarrollo económico consolidado y en constante crecimiento, esta dependencia no se aprecia directamente ya que los servicios de los ecosistemas no llegan de manera directa a las personas, al ser adquiridos a través de los mercados después de haber sido transportados desde su lugar de origen atravesando diversos escalones de la cadena productiva.

Actualmente se pueden distinguir cuatro tipos de enfoques dedicados al estudio de los servicios ambientales, de acuerdo con los autores: 1) la búsqueda de herramientas conceptuales y metodológicas interdisciplinarias para el estudio de los servicios ambientales, 2) el análisis de los tipos de servicios ambientales que proveen los ecosistemas o los componentes particulares de cada servicio, 3) la valoración económica de los servicios ambientales, y 4) el análisis de experiencias concretas que permitan maximizar el mantenimiento de los servicios ambientales. También, se reconocen cinco grandes tipos de funciones de los ecosistemas (regulación, hábitat, producción, información y sustrato), de los cuales cada uno presenta diversos componentes, de donde se desprenden bienes y servicios para las poblaciones humanas.

La pérdida de biodiversidad a escala global está afectando el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Apuntan los autores que de seguir con las tendencias actuales, es posible que se pueda rebasar el umbral de la degradación ambiental, ocasionando un colapso en los procesos ecológicos y ecosistémicos, afectando así la calidad y magnitud de los servicios ambientales. El concepto de biodiversidad puede ser descrito en términos del número, composición y distribución espacial de sus entidades (genomas, especies, ecosistemas y paisajes), por la variedad de funciones ecológicas e interacción entre sus componentes. Así mismo, la pérdida de los componentes de biodiversidad puede tener distintos efectos en el funcionamiento de los ecosistemas y por tanto en el suministro de servicios hacia la sociedad.

En la actualidad existe un amplio consenso en la comunidad científica acerca de la relación entre la biodiversidad y los servicios ambientales, según los autores. A través de estudios a diferentes escalas espaciales y temporales con grupos biológicos diversos se han demostrado las siguientes generalizaciones: a) la pérdida de biodiversidad afecta a las comunidades ecológicas al reducir su eficiencia en la captura recursos biológicamente esenciales, la producción de biomasa y el reciclaje de nutrientes, b) la biodiversidad incrementa la estabilidad de las funciones del ecosistema a través del tiempo, c) el efecto de la biodiversidad sobre los procesos de los ecosistemas no es linear ni saturador, de modo que el cambio se acelera a medida que se incrementa la pérdida de biodiversidad, d) las comunidades diversas son más productivas porque contienen más especies clave, las cuales influyen sobre la productividad y por las diferencias en los rasgos funcionales entre organismos que incrementan la captura total de recursos, e) la pérdida de biodiversidad a través de niveles tróficos (relativos a la nutrición) tiene el potencial de influir sobre las funciones de los ecosistemas incluso con mayor fuerza que la pérdida de biodiversidad dentro de niveles tróficos, f) los rasgos funcionales de los organismos tienen grandes impactos sobre la magnitud de las funciones de los ecosistemas.

La aproximación del estudio de los servicios ambientales puede ayudar a mitigar los efectos negativos sobre la biodiversidad debido a causas humanas, proponen los autores, porque a pesar de que el éxito de la conservación se mide en términos biológicos, en la práctica también implica un proceso social y político. También, es deseable establecer un marco conceptual que vincule la investigación y la gestión ambiental, para poder superar los modelos tradicionales en los que la sociedad y la naturaleza son gestionados de forma independiente.

En Morelos, debemos establecer vínculos entre los biólogos, ecólogos, técnicos ambientales, investigadores sociales, ingenieros y los gestores y tomadores de decisiones para trabajar de forma conjunta, reconociendo que nuestro bienestar y el de las futuras generaciones depende en buena medida de la integridad y el estado de conservación de los ecosistemas.

24 nov. 2014

Economía circular

publicado en La Jornada Morelos el 24 de noviembre de 2014.
La idea de la economía circular, es una respuesta a la aspiración de crecer de forma sustentable, en un contexto de presión creciente ejercida por la producción y el consumo sobre los recursos y el medio ambiente mundial. Hasta ahora, la economía ha seguido básicamente un modelo de “tomar, producir y tirar”; es decir, un modelo lineal en el que todos los productos acaban llegando al “final de su vida útil”. Sin embargo, lo que solíamos llamar “basura” puede transformarse en un recurso.

            La Unión Europea (UE) publicó el documento “ECONOMÍA CIRCULAR: Conectar, crear y conservar el valor” (ISBN 978-92-79-37811-9, doi:10.2779/81146). Se muestra que la economía lineal, basada exclusivamente en la extracción de recursos, ya no es una opción viable y propone hacer una transición hacia una economía circular, donde se reutilizan, reparan, reacondicionan y reciclan materiales y productos ya existentes.

            El documento plantea que utilizamos materiales valiosos para producir alimentos, construir viviendas e infraestructuras, fabricar bienes de consumo o generar energía. Cuando esos productos se gastan —o cuando dejan de ser necesarios—, se tiran a la basura. Sin embargo, una población creciente y cada vez más rica ha hecho aumentar más que nunca la demanda de unos recursos escasos y está provocando la degradación del medio ambiente. Los metales, los minerales, los combustibles fósiles, los alimentos y forrajes, el agua limpia y la tierra fértil son cada vez más caros. Por ejemplo, en la UE, cada año se utilizan cerca de 15 toneladas de materiales por persona; al mismo tiempo, cada ciudadano de la UE genera, en promedio, más de 4.5 toneladas de residuos al año, de los cuales casi la mitad termina en tiraderos. Esto muestra que la economía lineal, basada exclusivamente en la extracción de recursos, ya no es una opción viable.

            Para hacer una transición hacia una economía circular, hay que volver la vista hacia la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje de materiales y productos ya existentes, establece el documento. La mejor manera de entender la economía circular consiste en fijarnos en los sistemas vivos naturales, que funcionan de forma óptima porque todos sus componentes encajan en el conjunto. El diseño de los productos está deliberadamente adaptado a los ciclos de los materiales. Como resultado, se produce un flujo de materiales que conserva su valor añadido durante el mayor tiempo posible, con un residuo remanente prácticamente nulo.

            Las empresas tienen un papel muy destacado en la transición hacia una economía circular, asegura el documento. En el pasado, muchas empresas han favorecido productos con vidas útiles cortas, con actualizaciones frecuentes
y tecnologías novedosas “imprescindibles”. Ahora, las empresas pueden aprovechar nuevas oportunidades para alargar la vida de sus productos y crear productos competitivos que duren más.

En esta economía, el punto de partida para
desarrollar cualquier producto o servicio es un
diseño que integre la circularidad, identifica el documento. Los coches,
las computadoras, los electrodomésticos,
los envases y muchos otros objetos pueden
diseñarse teniendo en mente la durabilidad, la
reutilización, la reparación, el reprocesamiento
y el reciclaje. Una mayor cooperación dentro de la
cadena de suministro (y entre cadenas) puede rebajar
los costos, los residuos y el daño al medio ambiente.
Los avances en eco-innovación abren la puerta a nuevos productos, procesos, tecnologías y estructuras organizativas. Algunas empresas encontrarán nuevos mercados migrando de la venta de productos
a la venta de servicios, o desarrollando modelos de negocio basados en alquilar, compartir, reparar, modernizar o reciclar componentes individuales. Este nuevo planteamiento crea muchas oportunidades de negocio a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

            La Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos (EREP) ha identificado una serie de áreas prometedoras en las que las empresas deberían trabajar: en la mejora de la información sobre los recursos que contiene un producto y sobre cómo repararlo o reciclarlo, o en nuevos modelos de negocio y principios de adquisición sustentable. De la misma manera, se necesitarían nuevos marcos financieros que incentiven la circularidad y la eficiencia en el uso de recursos, en lugar del consumo antieconómico. Asimismo, debería explorarse el potencial del mercado de deuda, con el fin de ayudar a los inversores institucionales a invertir más en la economía circular, sin olvidar los pequeños proyectos y las pymes.

            Para todos los consumidores debería ser más fácil hacer elecciones sostenibles: más accesibles, más atractivas y más asequibles, señala el documento. En estas decisiones pesan muchos factores, como el comportamiento de otras personas, la forma en que se recibe información o consejo, o los costos y beneficios inmediatos de cada elección. El comportamiento de las personas también puede verse influido por cambios en el lugar de trabajo o en las infraestructuras que nos rodean. Se debe producir un cambio crítico en nuestra forma de pensar, que nos haga pasar de ser “consumidores” a ser “usuarios” o de querer cosas en “propiedad” a “compartirlas”. De este modo se podría generar más demanda de servicios relacionados con alquilar, compartir, intercambiar, reparar o re-manufacturar productos.

            La Comisión Europea trabaja en la creación de un marco que facilite la economía circular, mediante una combinación de leyes, instrumentos de mercado, investigación e innovación, incentivos, intercambio de información y apoyo a iniciativas voluntarias en áreas clave, indica el documento. Con el fin de acoplar todos estos elementos y vincularlos a la agenda de la eficiencia en el uso de los recursos, la EREP ha pedido a la UE que se marque un objetivo de mejora de la productividad en el uso de recursos superior al 30% de ahora al 2030.

En Morelos, debemos transformarnos en una economía circular. La función del Gobierno consiste en crear condiciones predecibles y seguras para las empresas, y en asegurarse que los ciudadanos perciban los beneficios derivados. Las empresas deben rediseñar por completo sus cadenas de suministro, con el fin de hacer un uso circular y más eficiente de los recursos. Así, se crearán nuevos mercados y más y mejores empleos, caminando a un desarrollo sustentable.

17 nov. 2014

Calidad y relevancia en la investigación

publicado en La Jornada Morelos el 17 de noviembre de 2014

Reflexionar sobre conceptos como relevancia y calidad de la investigación, en particular la universitaria, presenta una primera dificultad, ya que se trata de conceptos que, por parecer evidentes por sí mismos, raramente son pensados con claridad. El punto es, justamente, que no son evidentes por sí mismos y, menos aún, obvios. Un conjunto de apreciaciones potencialmente divergentes sobre dichos conceptos deriva de las respuestas a preguntas como calidad y relevancia para qué y para quién; otro conjunto tiene que ver con quién contesta legítimamente las preguntas anteriores.

Judith Sutz, Universidad de la República, Uruguay, escribió el artículo “Calidad y relevancia en la investigación universitaria: apuntes para avanzar hacia su convergencia” que fue publicado en la Revista CTS, no 27, vol. 9, Septiembre de 2014. Este trabajo discute los conceptos de relevancia y calidad de la investigación universitaria, mostrando sus diversas acepciones y cómo estas se insertan en concepciones de universidad y también de desarrollo. Se detiene en la íntima asociación entre relevancia y demanda de conocimientos y las consecuencias que de ella se derivan. También describe dos instrumentos de política universitaria que buscan articular relevancia y calidad y muestran cómo opera la construcción simultánea de demanda de conocimientos y relevancia académica y social de la investigación.

Si nos restringimos al mundo académico la cuestión se simplifica, plantea la autora. La apreciación sobre la validez de los resultados de investigación, una aproximación muy directa al concepto de calidad, se realiza habitualmente a partir de opiniones razonadas de pares académicos. Así, para el juicio sobre la calidad de la investigación vale lo que se señala como característica de los resultados de la investigación científica: se trata de un consenso intersubjetivo entre pares. A nivel académico, calidad y relevancia tienden a confundirse en un único aspecto: hacer investigación de calidad importa porque hace avanzar el conocimiento; aspecto clave de la apreciación de calidad es que sea relevante para dicho avance; la calidad (y la relevancia) es reconocida por la comunidad de pares.

La autora señala que la independencia relativa entre calidad y relevancia, se evidencia con particular claridad cuando la investigación es mirada con una perspectiva no exclusivamente académica, es decir, cuando además de pares los que miran son “impares”. En el caso concreto de la investigación universitaria, los impares son, en primera instancia, los que en diversas esferas -política, productiva, social, cultural- buscan incorporar los resultados obtenidos a su reflexión y a su accionar. Estos resultados serán apreciados como relevantes por los diversos actores “impares” de acuerdo a variadas circunstancias, que incluyen la capacidad que tengan para utilizarlos, la utilidad más o menos directa que perciban que tienen para responder a sus inquietudes y problemas, el grado de participación que hayan tenido en la definición de los problemas a investigar y su involucramiento durante el proceso mismo de investigación.

Las respuestas a la pregunta “investigación para qué” fuera del ámbito académico han tendido a concentrarse en dos aspectos centrales, apunta la autora: crecimiento económico por una parte y toma de decisiones por otra. Que la investigación científica está en la base de las grandes avenidas de cambio tecnológico que desde mediados del siglo XIX han asegurado un crecimiento económico sostenido, al menos en los países altamente industrializados -viejos y nuevos-, es un punto aceptado. La cuestión de para quién es relevante la investigación está, hace ya algunas décadas, fuertemente presente en el debate académico, asociada al “con quién” se organiza el proceso de producción de conocimiento. Que la cuestión se plantee es ya un indicador del debilitamiento de la hipótesis de que nada hay para preguntar, pues la ciencia de calidad encuentra siempre, a partir de su propia agenda, el camino hacia las aplicaciones que darán satisfacción a toda la gama de “para quién”.

La investigación universitaria, en todas partes pero muy particularmente en el contexto de las universidades públicas latinoamericanas, requiere combinar diversos tipos de relevancia como los que hemos estado discutiendo -diferentes para qué, para quién, con quién-, afirma la autora. Las estrategias de investigación sin duda presentarán diferencias en el marco de la diversidad antedicha aunque probablemente no sean mayores que las que se observan entre los enfoques, modalidades de avance y formas de validación de las avenidas disciplinarias por las que transita la producción original de conocimiento. Esas diversas avenidas disciplinarias requieren y reconocen formas de evaluar la investigación de calidad -lo que resulta imprescindible para la empresa de investigación-; a la indagación que se realiza en conjunciones variables con espacios no académicos le ocurre lo mismo. La diferencia entre diversas modalidades de relevancia de la investigación no radica así en que algunas de ellas se someten a rigurosas formas de evaluación y otras no. Sin embargo, el meollo de la dificultad para articular en la agenda de investigación universitaria las diversas relevancias está precisamente en la evaluación de la calidad académica.

El sistema de evaluación en sí mismo tiene dos caras, identifica la autora. Una de ellas mira al pasado, a lo ya hecho, y opina sobre su calidad, sean resultados de proyectos de investigación, informes de actuación académica o artículos sometidos a publicación. Otra mira al futuro y actúa como un sistema de señales acerca de qué es lo que hay que hacer para producir con calidad y para ser un académico de calidad. En este último sentido en particular, los sistemas de evaluación académico a menudo entran en contradicción con la pluralidad de formas en que se expresa la relevancia de la investigación. La fuerte preeminencia dada a un formato privilegiado de presentación de resultados, históricamente dominante en ciertas disciplinas académicas resulta inadecuada cuando se trata de ampliar la agenda. Por una parte, porque no respeta la especificidad de otras corrientes disciplinarias que tienen tradiciones diferentes de comunicación, típicamente las ciencias sociales, las humanidades y las ingenierías. Por otra parte, porque no suele premiar el trabajo en colectivo, central en los abordajes interdisciplinarios y cuando se interactúa con otros.

Lo que vale la pena destacar es, propone la autora, que una vez que se acepta que la relevancia se construye con otros, la universidad puede avanzar muy poco en soledad. Se hace imprescindible en particular la participación activa y articulada de la política pública. En lo que tiene que ver con la inclusión social está apareciendo a nivel internacional una nueva gama de políticas de ciencia, tecnología e innovación que se preguntan cuál puede ser su contribución directa a la mejora de la calidad de vida de la población más postergada.

En Morelos, debemos establecer políticas públicas que se constituyan en demandantes activas de investigación e innovación para cumplir mejor sus fines, al integrar fluidamente un sistema de investigación e innovación inclusivo, que sea clave en la búsqueda de sociedades más justas.

10 nov. 2014

Servicios basados en conocimiento

publicado en La Jornada Morelos el 10 de noviembre de 2014

Los servicios son desde hace tiempo un sector dominante en la economía global, ya que representan la mayor porción del producto interno bruto y del empleo tanto en las economías desarrolladas como en buena parte del mundo en desarrollo. Hasta hace poco el sector de servicios era considerado como sinónimo de baja productividad, poca innovación y —salvo en algunas actividades como transporte y turismo— de escasa o nula posibilidad de efectuar transacciones. Sin embargo, en las últimas décadas se asiste a enormes transformaciones, que han dado lugar a un nuevo paradigma en la producción y el comercio de servicios y que le otorgan a estas actividades un papel completamente diferente del que tenían en el pasado dentro de las economías nacionales. Esto se debe a la incorporación del conocimiento en sus procesos.

Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos, del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT/UNTREF), en Argentina, escribieron el artículo “La competitividad de América Latina en el comercio de servicios basados en el conocimiento”, publicado en la Revista CEPAL, No. 113, Agosto 2014. En este trabajo se presenta un análisis dinámico de la competitividad de América Latina en los “servicios intensivos en conocimiento” (SIC), para evaluar la competitividad de un país mediante sus exportaciones a los mercados de mayor crecimiento, pero aplicada principalmente al comercio de bienes.

Para hacer el análisis de la competitividad internacional, los autores emplearon la metodología conocida como Tradecan (Trade Competitive Analysis of Nations), creada en 1990 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que procura tener una visión dinámica de la competitividad, en la medida en que los países consiguen (o no) acrecentar sus cuotas de mercado en los sectores más (o menos) pujantes en términos de crecimiento de la demanda internacional. De esta forma, se distinguen cuatro categorías: i) “estrellas nacientes”: sectores dinámicos (aumentan su participación en las importaciones mundiales) en los que crece la cuota de mercado del país; ii) “estrellas menguantes”: sectores estacionarios o declinantes (se reduce su porcentaje en las importaciones mundiales) en los que se incrementa la cuota de mercado del país; iii) “oportunidades perdidas”: sectores dinámicos donde disminuye la participación de mercado, y iv) “retiradas” (o retrocesos): sectores estacionarios o declinantes en los que decae la cuota de mercado del país.

Los autores encontraron que sólo Argentina, Brasil, Chile y México incrementaron su cuota de participación en el dinámico destino de la Unión Europea como un todo (en particular, Argentina y México mostraron esta misma trayectoria en el caso de España). Respecto de Estados Unidos, este destino aparece como “estrella naciente” para Argentina y Brasil, pero se presenta como una “oportunidad (levemente) perdida” para México. En tanto, el Reino Unido es un mercado “estrella naciente” en los casos del Brasil y Chile y “oportunidad perdida” para Argentina y México, mientras que el Japón figura como “estrella naciente” para Brasil y México. En definitiva, lo que se observa es que en los últimos años, en un contexto general que aún muestra rezagos competitivos, varios países latinoamericanos han ganado terreno en algunos mercados muy demandantes de importaciones de SIC. Sin embargo, la inserción de la región en los sectores de SIC se limita, en general, a segmentos de baja o moderada complejidad tecnológica o que no resultan estratégicos en términos de las actividades globales de las corporaciones que dominan dichas cadenas.

El peso de los SIC dentro de las ventas totales de servicios suele ser aún reducido en comparación con otros países en desarrollo (como los de Asia o de Europa oriental), tal como surge del relativamente bajo porcentaje de “estrellas nacientes”, según los autores. En parte, esto obedece a un patrón regional de exportaciones de servicios todavía muy dependiente de los sectores más tradicionales (transporte y, especialmente, viajes, segmentos declinantes del comercio mundial). También es probable que —a diferencia de otras naciones que adoptaron con anterioridad la tendencia a la deslocalización de servicios— varios países de América Latina se encuentren atravesando las primeras etapas de aprendizaje e incorporación a estos nuevos mercados, por lo que la profundización de este fenómeno a lo largo de toda la región posiblemente se perciba recién dentro de unos años, siempre y cuando se mantengan algunas condiciones básicas que fundamentan la competitividad en estos sectores. No obstante ello, cabe señalar que la categoría de “servicios empresariales” ocupa un lugar importante entre las “oportunidades perdidas” de algunos países latinoamericanos, hecho que resulta preocupante dado que se trata del mercado más relevante (en términos de volumen) a nivel global.

Con miras al futuro, las perspectivas para la región parecen ser positivas. Todos los pronósticos disponibles coinciden en señalar que los mercados de los SIC van a seguir creciendo a tasas elevadas. En tanto, América Latina dispone, efectivamente, de una serie de ventajas que la colocan en una buena posición para lograr acrecentar su participación en este comercio internacional: i) costos menores que los de los países desarrollados en términos de salarios, inmuebles e infraestructura; ii) una dotación de recursos humanos calificados que, si bien no se compara en cantidad, calidad o en ambas con las de algunos países de Asia o de Europa oriental, es de todos modos suficiente para el desarrollo de un gran número de tareas dentro del ámbito de los SIC, y iii) la proximidad geográfica (incluido el compartir husos horarios) con los Estados Unidos de América y la mayor cercanía cultural con América del Norte y Europa (en comparación con los competidores asiáticos). Estos son atributos generales sobre los cuales la región puede apalancarse para aumentar su nivel de especialización exportadora en los sectores aludidos.

Ahora bien, avanzar en los eslabones más sofisticados de las cadenas de servicios es un desafío complejo. Ello requiere sobre todo progresar en el plano de la cantidad y calidad del capital humano, de modo de consolidar otro tipo de ventajas que vayan más allá de los costos y se basen en activos específicos, talento y capacidades propias para ocupar un lugar diferenciado en estos sectores. Si bien algo de esto ya está sucediendo en algunos casos, se trata de ejemplos dispersos que aún distan de convertirse en una tendencia consolidada, lo que no es sorprendente, ya que se trata de una tarea difícil y que demanda largos tiempos de maduración.

En Morelos, tenemos las características necesarias, costos de producción menores a los competidores y recursos humanos calificados, así como cercanía al mercado estadounidense, para alcanzar un patrón dinámico y sostenible de exportación de estos servicios, si encontramos los nichos de mercado apropiados para este desarrollo.

20 oct. 2014

Democratización del conocimiento


publicado en La Jornada Morelos el 20 de octubre de 2014

La democracia no es sólo un concepto enmarcado en las relaciones de poder político, también existe una visión socioeconómica cuya meta está vinculada a una “democracia más igualitaria”. Así, democratización alude al conjunto de procesos que tienden a difundir el poder en la sociedad, haciendo menos desigual su distribución entre los diversos sectores de la misma. Entonces, la democratización relacionada al conocimiento sugiere vincular el propósito de disminuir las desigualdades en el uso del conocimiento con las decisiones sobre conocimiento, a través de las vinculaciones de la gente con las cuestiones planteadas.

Rodrigo Arocena, profesor de Ciencia y Desarrollo, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, escribió “La investigación universitaria en la democratización del conocimiento” (Revista Ciencia, Tecnología y Sociedad, no 27, vol. 9, pág. 85-102, Septiembre de 2014). Este trabajo trata las relaciones entre conocimiento de alto nivel y expansión de la desigualdad social; al esbozar lo que cabe entender por democratización en general y luego vincular tal noción con el conocimiento, señalando ciertas avenidas mayores para ponerlo al servicio del enfrentamiento a la desigualdad.

Democratizar el conocimiento exige pues generalizar los aprendizajes que expanden capacidades y libertades, individuales y colectivas, señala el autor. Las desigualdades en el uso del conocimiento tienen que ver ante todo con las diferentes posibilidades de acceder a la educación superior. Entre quienes acceden a ella, la calidad de la enseñanza que se les brinda constituye un factor mayor y de importancia creciente para la estratificación social. Allí pueden radicar algunos de los grandes conflictos de nuestro tiempo; las grandes movilizaciones estudiantiles con amplio respaldo popular son un claro ejemplo.

Los países que al presente han alcanzado niveles apreciables de desarrollo, en el sentido de que ofrecen comparativamente la mejor calidad de vida, tienen en común, y sin menoscabo de sus múltiples diferencias, el haber generalizado el acceso a la enseñanza terciaria, apunta el autor. Las reformas primordiales para la democratización del conocimiento tienen que ser las que contribuyan a la generalización del acceso efectivo a formas diversas de la educación avanzada de alto nivel, conectada a lo largo de la vida entera con el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura y la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. Ello supone que lo único que se puede aprender de manera definitiva es a seguir aprendiendo siempre; junto con el énfasis en las personas como agentes y no como pacientes; resaltando que estamos hablando de la enseñanza activa, definida como aquélla en la cual sus principales protagonistas son quienes aprenden.

En líneas muy generales, las siguientes tres características son propias de la investigación latinoamericana, considera el autor. En primer lugar, la dimensión universitaria de esa investigación es fuerte en lo interno, en el sentido de que da cuenta de una parte muy sustantiva del total de la creación de conocimientos que se lleva a cabo en la región, proporcionalmente bastante mayor a la que se registra en los países del Norte. En segundo lugar, esa investigación es débil en lo externo, no sólo con los países mencionados sino también con varios del este de Asia. En tercer lugar, son bastante limitadas las perspectivas de expansión de la investigación latinoamericana en su conjunto, y no sólo en las universidades, fundamentalmente porque es escasa la demanda de conocimiento avanzado que surge de las dinámicas económicas. ¿Cómo mejorar tales perspectivas?

El autor propone el establecimiento de programas de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. Lo específico y, al mismo tiempo, lo tremendamente dificultoso de programas de este tipo es que se busca vincular al conocimiento del más alto nivel, en todas las áreas temáticas, con la solución de los problemas de los sectores más postergados. Se intenta hacerlo en una perspectiva del desarrollo cuya principal herramienta es expandir las capacidades y las libertades de la gente, consideradas no como pacientes sino como agentes. Se trata de impulsar la democratización del conocimiento mediante la expansión, en materia de conocimiento avanzado, del demo-beneficio, también del demo-involucramiento e incluso del demo-poder de los sectores más postergados. Eventuales avances en esa dirección tendrían un valor ético que está fuera de discusión. Podría también generar legitimidad y respaldo ciudadano como para que la democracia política lleve a ubicar establemente en lugares destacados de la agenda pública las acciones en pro de la expansión de la investigación, así como de la educación superior y del uso socialmente valioso del conocimiento.

            En Morelos, debemos impulsar la investigación conectada con la democratización del conocimiento que requiere de la construcción de un sistema de evaluación de la investigación –serio, flexible y plural– que estimule la conjugación de calidad académica y compromiso social. Sin embargo, buscar esa unión es la meta definitoria de la universidad pública.

13 oct. 2014

América Latina como despensa global

publicado en La Jornada Morelos el 13 de octubre de 2014
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que para alimentar a las nueve mil millones de personas que habitarán la Tierra en el 2050, la producción alimentaria mundial tendrá que aumentar en un 60 por ciento y hasta al menos un 12 por ciento más de tierra cultivable, gran parte de la cual es probable que sea marginal o ambientalmente sensible. Más aún, esto se debe lograr al tiempo que los agricultores afrontan los efectos del cambio climático (lo cual traerá mayores desafíos para la producción en muchos lugares) junto con la degradación de la base de los recursos naturales y la creciente competencia por tierra y agua.

Ginya Truitt Nakata, de la Oficina de Extensión y Alianzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Margaret Zeigler, Directora Ejecutiva de Global Harvest Initiative, coordinaron la elaboración del reporte “La próxima despensa global: cómo América Latina puede alimentar al mundo: un llamado a la acción para afrontar desafíos y generar soluciones” (Monografía del BID ; 202. Copyright © 2014 BID). Este reporte plantea que los próximos 10 a 20 años brindan una importante ventana de oportunidad para avanzar en nuevas formas de agricultura productiva y ambientalmente sostenible en la región y se propusieron ilustrar el gran potencial que existe, los obstáculos y retos que se interponen para lograr dicho potencial, y la forma en que los sectores público y privado pueden y deben avanzar juntos.

La región de América Latina (AL) es rica en tres de los ingredientes más importantes para la producción agrícola: tierra, agua y hábitat natural, establece el reporte. Posee un tercio de los recursos de agua dulce del planeta, más que cualquier otra región en desarrollo si se miden sobre una base per cápita. También cuenta con cerca del 28 por ciento de la tierra del mundo que ha sido identificada con potencial mediano a alto para la expansión sostenible de área cultivada y una participación del 36 por ciento de la tierra que está dentro de un tiempo de viaje de seis horas hasta un mercado. De hecho, la región tiene más tierra potencialmente adecuada para cultivos de temporal que la tierra de todas las otras regiones del mundo junta, sin contar a África subsahariana.

Gracias en gran parte, pero no en su totalidad, a los excedentes netos de la comercialización de productos agrícolas de Brasil y Argentina (y la fuerte producción en México), AL ya está cobrando importancia como exportador de alimentos, al haber aumentado su participación de la producción agrícola mundial en los últimos 50 años, señala el reporte. En 2011, la región produjo el 60 por

ciento de las exportaciones de soya del mundo y, entre 2006 y 2009, produjo el 45 por ciento del café y azúcar, el 44 por ciento de la carne vacuna, el 42 por ciento de las aves de corral, el 70 por ciento del banano, el 12 por ciento de los cítricos, el 13 por ciento del cacao y el 33 por ciento del maíz.

            El reporte plantea ocho áreas claves de atención para los Gobiernos:

Primera. Se deben incrementar las inversiones públicas en investigación y desarrollo agrícola a un mínimo del 1 por ciento, e idealmente entre el 2 y 3 por ciento, del Producto Interno Bruto agrícola, enfocándose a su vez en beneficiar a todos los agricultores bien sean de pequeña o gran escala, en especial con respecto a innovaciones dirigidas a las necesidades singulares de los pequeños y medianos agricultores; así como fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Segunda. Trabajar junto con el sector privado para revigorizar los servicios de extensión agrícola y para asegurar que las políticas, los incentivos y los sistemas de innovación eleven el nivel y la escala de la asistencia técnica para los agricultores. Servicios de extensión más fuertes y eficaces deben formar parte de los paquetes de apoyo integrados que combinan financiación flexible, gestión de riesgos y nuevas tecnologías y mecanización para lograr operaciones agrícolas productivas, sostenibles y financieramente exitosas.

Tercera. Incrementar la inversión en infraestructura a por lo menos el 4 por ciento del PIB. Este compromiso con la modernización de las carreteras rurales, los puertos y las vías férreas, así como los procesos de aduana y la infraestructura de riego, energía y comercialización, reducirá los costos de transporte y aumentará la competitividad de los productores y empresas agrícolas nacionales.

Cuarta. Lograr avances en la investigación y la adaptación continua que aumenten la eficiencia en el riego y el manejo de los recursos hídricos. También deben promover la adopción generalizada de técnicas que conduzcan a un uso más sostenible del agua para fines agrícolas. Además, se debe  incorporar la perspectiva de género para asegurar el acceso para las mujeres. Y finalmente incluir enfoques relacionados con redes de prestación de servicios y acceso ampliado al crédito para compra y uso de maquinaria agrícola.

Quinta. Garantizar que las políticas de comercio apoyen la productividad agrícola, así como la integración de los pequeños agricultores en las cadenas de valor. Se deben armonizar las normas sanitarias y fitosanitarias en toda la región para facilitar el comercio transfronterizo de los productos agrícolas.

Sexta. Profundizar sus conocimientos sobre la financiación e inversión agrícola para pequeños agricultores, en especial en el área de finanzas para la comercialización, compras de insumos agrícolas y seguros agrícolas. Se deben desarrollar instrumentos financieros con un énfasis específico en las limitaciones crediticias de los pequeños agricultores.

Séptima. Fortalecer las asociaciones y cooperativas de productores, particularmente en las áreas de capacitación técnica en producción agrícola, así como en manejo poscosecha y almacenamiento, gestión empresarial, mercadeo y negociación.

Octava. Trabajar junto con el sector privado para optimizar la recopilación de datos y el uso de tecnologías de la información para conocer más a fondo el grado y la naturaleza de las pérdidas a nivel de finca y poscosecha, y para invertir en herramientas para adquirir información precisa y análisis de datos que pueden ayudar a enfrentar estos desafíos. También deben estimular a las alianzas público-privadas para que innoven, prueben y desplieguen tecnologías poscosecha para los pequeños agricultores.

En Morelos, debemos situar a la agricultura en el centro de nuestros planes de desarrollo para que los agricultores se apropien de tecnología, insumos, mecanización y capacitación. Así, se aprovechará la gran oportunidad para mejorar la productividad con el fin de satisfacer nuestras propias necesidades de alimentación y nutrición.

6 oct. 2014

Méxicos de la Reforma Energética

publicado en La Jornada Morelos el 6 de octubre de 2014. 

Varios amigos me habían solicitado opinara sobre el estado actual de la implantación de la Reforma Energética en México. Así que, el viernes 3 de octubre pasado, dentro  del Conversatorio “El México después de la Reforma Energética”, que formó parte del “75º Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Investigación Científica y el Instituto de Energías Renovables, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, leí la ponencia “Méxicos posibles a partir de la Reforma Constitucional en Energía”, que les presento íntegramente a continuación.

Cuando el doctor del Río, director del IER-UNAM, me invitó a participar en este Conversatorio, lo que le agradezco, primero pensé en lo que me pedía elaborar: ¿El México después?… eso es imposible de saber, ojalá; si no nos ponemos de acuerdo sobre el México de hoy… ¿Después?… ¿en cuánto tiempo?... 2015, nada; 2018, poco;  … 2030, depende… ¿Reforma Energética?… la Constitucional, la de las Leyes y Reglamentos, la de los contratos, la previsible después de las controversias legales, o la que ha sucedido 10 años después en la mayoría de los países…

También, de entrada, declaro que estoy de acuerdo con la Reforma Constitucional a los artículos sobre energéticos. Sin embargo, de lo escrito y hecho a lo deseado hay un gran trabajo no realizado…  (Disculpas por la mala rima).

A continuación elucubré sobre cuatro opciones de ponencia: ¿se alcanzarán y cómo los objetivos planteados por el Gobierno Federal?; ¿por qué ni en los Reglamentos de las Leyes se ha considerado apropiadamente a las Energías Renovables?; proponer elementos claves para normar, fomentar e impulsar el aprovechamiento masivo de las Energías Renovables; o presentar un Estudio de Futuros del Sector Energético Mexicano.

En seguida me vinieron a la mente algunos elementos conspicuos para decidir el tema:  primero, de la explicación ampliada de la Reforma Energética por el Gobierno Federal destaca que, “tanto a nivel constitucional como al nivel de la legislación secundaria, ésta surge del estudio y valoración de los elementos de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso”, con razón, ésta sí tiene un verdadero contacto con la realidad; sin embargo, por el nivel de negociación realizado, su nivel de expertez es bajo; segundo, de los objetivos y premisas fundamentales del Gobierno Federal: “ciertamente los hidrocarburos en el subsuelo son nuestros”; tercero, cómo “reduciremos los riesgos ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas”, si lo hemos hecho mal y ahora las condiciones son más complicadas; cuarto, “la Nación ejercerá, ahora sí, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico” o será como en los tiempos no muy lejanos de algún director general de CFE que ni el Presidente en turno lo convencía; quinto, ¿cómo “garantizaremos la transparencia y la rendición de cuentas”?, aplicando ahora en serio las leyes o educando para tener mejores ciudadanos en el futuro; sexto, ¿podemos “impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras”?, sacando simultáneamente de la pobreza a la mitad de los mexicanos; y séptimo, o ¿“impulsar el desarrollo sustentable”?, ojalá lo tomaran en serio todos los días.

Después pensé en la Ley de la Industria Eléctrica: primero, ¿cómo “alcanzarán la finalidad de promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios”?, si está plasmado que lo ambiental lo definirá después la SEMARNAT, lo social se restringe a negociar terrenos, las instituciones son las mismas, la definición de energías limpias es un revoltijo y sobre las energías renovables se espera a que el PAN presente una propuesta; segundo, de forma burocrática definen a las energías limpias como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”, esto es así porque consideran que la limpieza sólo tiene que ver con emitir poco bióxido de carbono; en su lista aparecen más de una docena e incluyen a las renovables y a otras no muy respetuosas del ambiente, como la energía nucleoeléctrica; o abren la puerta a los hidrocarburos, como “la energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en términos de kWh-generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la SEMARNAT”… Perdón, pero ya me perdí… ¿de qué se trata? Alguien dijo que es la lista de ventas de diversas empresas que ya se está negociando; tercero, otra joya es que la única restricción en el área de certificados de energías limpias es a las energías renovables, que se presenta en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: “en el caso de las Energías Limpias generadas con energías renovables, se emitirá un certificado por cada Megawatt hora de energía eléctrica generada”; es decir, mi sistema fotovoltaico en el techo de la casa debe operar por más de 100,000 días o más de 274 años, o tal vez nos debemos de unir más de 200,000 sistemas caseros para venderle los excedentes a un centro de carga, o tal vez de plano no nos quieren…; y, cuarto, seguro no nos debemos de preocupar de la confiabilidad del nuevo sistema eléctrico que responde a un mercado regulado con múltiples generadores y comercializadores, ya que por ahora “se utilizarán los criterios que actualmente utiliza el CENACE”.

Les cuento que ya decidí no presentarles el análisis de la propuesta de Ley de la Transición Energética, que confiemos presente pronto el PAN y sea rápidamente aprobada; porque sin ésta no tendremos inversiones significativas en el área. Asimismo, tampoco analizo la operatividad y el alcance de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo con relación a la ciencia, la tecnología y la innovación del país; para no deprimirlos.

Por lo tanto, finalmente, mi ponencia será sobre un estudio de futuros del sector energético mexicano, a nivel de esbozo. La investigación en futuros debe entenderse como un ejercicio formal y consciente de reflexión sobre la base de los hechos presentes, cuyo interés central es anticipar y aprender sobre el futuro, comprender mejor las implicaciones de los cambios que están en marcha, prever las consecuencias de acciones, planes, decisiones y políticas, así como habilitar la toma de decisiones y diseño de estrategias para alcanzar un futuro deseable y, en muchos casos, evitar los reveses no deseados.

Con base en análisis cienciométricos y aportaciones propias, les presento tres escenarios posibles del mundo en 2040:

Primero, titulado: Todos juntos.

El mundo cambió de tal forma que hoy la sustentabilidad es la prioridad de las naciones, la apertura en los mercados y las relaciones internacionales han servido de herramienta a la solución de problemas globales y las tecnologías de energías renovables se han desarrollado de modo tal que la inmensa mayoría de los países e individuos del mundo tienen satisfechas sus necesidades energéticas.

Segundo, titulado: Estamos diferenciados.

Vivimos en un mundo donde el comercio y la globalización se han desarrollado pero de forma desigual y sin tomar en consideración dimensiones ambientales y humanas. Los gobiernos no se involucran ni comprometen con la sociedad y las tecnologías de energías renovables no han sido desarrolladas en todo su potencial. Sin embargo, en la revaloración de la dimensión local se pueden observar avances y la colaboración internacional, poco a poco, comienza a trabajar en la solución de problemas asociados a la equidad.

Tercero, titulado: No queremos conocernos.

El mal manejo de las situaciones críticas en los últimos años ha llevado a un mundo en el que cada nación privilegia su propia seguridad. El mundo está fragmentado y polarizado tanto internacional como localmente. Se vive bajo un intenso control gubernamental, en estados regidos por políticas contraccionistas y nacionalistas. El desarrollo de la ciencia y la tecnología está altamente restringido.

De la misma forma, les presento tres escenarios posibles de México en 2040:

Primero, titulado: Solvencia comprobada.

La población trabaja de manera transparente a partir de una cultura de bienestar social que predomina sobre lo individual. Se ha logrado la eliminación de la violencia y un nivel cero de corrupción en todas las capas sociales. Nuestro índice de desarrollo humano está ubicado entre las 15 mejores naciones del mundo.

Segundo, titulado: Algunas promesas.

Aunque se hacen esfuerzos, todavía no se formulan nuevas maneras de hacer que los beneficios del progreso lleguen a los sectores sociales más necesitados, incluyendo las pequeñas empresas locales. No se cuenta con una política de desarrollo ético-social y económico para reducir la corrupción, la criminalidad y la discrepancia social. Pero se trabaja en las garantías para el medio ambiente y los derechos plenos de las personas.

Tercero, titulado: Sigue la impunidad.

La inestabilidad social y política en México es una realidad y se hace patente en la exclusión social, en la injusta distribución de la riqueza así como en la débil representación ciudadana y en la persistente cultura política centrada en el poder personalizado.

Les recuerdo que el futuro tendencial es aquel tendremos si seguimos realizando las mismas acciones del presente. La tendencia puede ser modificada por modas en el corto plazo mientras que los elementos portadores de futuro son las actividades que alterarán la tendencia en el largo plazo y definirán nuevos escenarios futuros diferentes al tendencial. En el caso del sector energético nacional, consideramos que éstos son: Educación ciudadana, gestión del conocimiento, responsabilidad social, modelos económicos y conciencia de la sustentabilidad.

Así, les presento pinceladas de cinco escenarios que describen diferentes futuros del sector energético nacional en 2040 y representan las principales interacciones posibles entre los elementos portadores de futuro:

El escenario tendencial, titulado: la reforma permanente.

Se podría decir que este sector en las últimas décadas no ha tenido un crecimiento que le permita ser palanca del desarrollo nacional. No se ha consolidado un mercado energético eficiente, la resolución de demandas legales tardan años en resolverse y la inversión directa extranjera llega en montos insuficientes.

El escenario deseado, titulado: metas cumplidas.

La rectoría del Estado sobre el sector energético ha permitido una transición energética a las energías renovables, que permite apoyar el camino hacia un desarrollo sustentable. La gestión de las empresas públicas, privadas y sociales ha sido transparente y con solvencia comprobada.

Los escenarios posibles son:

Primero, titulado. Innovación nacional.

La gestión del sistema energético nacional está sustentada en el aumento del contenido nacional en su infraestructura, a la mayor participación de las energías renovables, al costo accesible y a la capacitación en eficiencia energética de servidores y usuarios. La inversión en energías renovables es mayor a la de los hidrocarburos. Se respeta al medio ambiente.

Segundo, titulado: Compra correcta.

Las empresas que operan en México, pagan impuestos y generan empleos bien remunerados, tanto productoras como transportadoras y comercializadoras de energía, llevan con transparencia y legalidad sus operaciones. Se ha fortalecido una sólida cadena nacional de insumos y servicios. La participación de las energías renovables está limitada por la reducida capacidad de la infraestructura del sistema eléctrico y por el bajo costo de los productos derivados de los hidrocarburos al no evitar la contaminación ambiental.

Tercero, titulado: Siguen los negocios.

El único criterio para la operación del sistema energético nacional es el costo económico. No existe consideración de los aspectos sociales o ambientales. Las empresas energéticas pagan el mínimo de impuestos y los sueldos son bajos. Las importaciones de energía se han incrementado, causando un serio problema de divisas. Los sectores doméstico y comercial dependen del uso de las energías renovables.

Para terminar y de acuerdo con el método del estudio de futuros, les debería presentar el escenario futurible, aquel que representa el más realista de los posibles, y explicitar la estrategia para cómo alcanzarlo a partir de la situación actual. Desafortunadamente, no lo puedo hacer porque se me acabó el tiempo. ¡Les agradezco su atención!

Y así fue mi conversación epistolar.

En Morelos, debemos todos juntos diseñar nuestro escenario futurible y ponernos a trabajar.