Investigación para el desarrollo sustentable

publicado en La Jornada Morelos el 24 de diciembre de 2012

El desarrollo sustentable es, como lo hemos expresado otras veces en esta columna, avanzar en el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y salvaguardando los derechos de las generaciones futuras. La investigación se ha definido como la recopilación de la información necesaria para responder una pregunta y entonces ayudar a resolver un problema. Sin embargo, la investigación para el desarrollo sustentable requiere ampliar los conceptos tradicionales de la investigación científica, al involucrar a las propias comunidades en la definición de objetivos, la selección de procesos y la identificación de criterios de evaluación.

            El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED, International Institute for

Environment and Development) publicó en agosto de 2012 un documento titulado “Hacia la excelencia - investigación en políticas y acciones para el desarrollo sustentable” (Towards excellence - Policy and action research for sustainable development, www.iied.org). Presentan una visión sobre cómo el IIED y sus socios hacen, miden y habilitan la investigación de excelencia en políticas y acciones que contribuyen al desarrollo sustentable. También, explicitan el contexto de su investigación, establecen sus principios para la excelencia e identifican los procesos prácticos necesarios para garantizar resultados de alta calidad.

            La investigación de excelencia para el desarrollo sustentable no sólo debe cumplir los criterios académicos de rigor y confiabilidad, también debe resolver problemas reales, señala el documento. Las políticas y acciones deben mejorar la equidad en la toma de decisiones, contribuir a la sustentabilidad de la propia existencia y de los ecosistemas, y distribuir los beneficios de manera justa entre las personas y los ambientes. Se debe reconocer plenamente que este tipo de investigación se realiza dentro de muy diversos contextos políticos y sociales que, a su vez, influencian cómo se desarrollan las políticas, se toman las decisiones y se implantan los proyectos.

            El documento indica que este tipo de investigación debe considerar el conocimiento adquirido por las comunidades y las organizaciones locales, que también ha sido recopilado de manera rigurosa y confiable durante muchos años; también, debe incorporar consideraciones éticas en cada etapa del proceso para enfatizar los derechos, independencia, dignidad y seguridad de los participantes, así como una relación de igualdad. Los impactos de los resultados son la razón de ser de estas investigaciones, por lo que es imprescindible evaluar si fueron de utilidad y si contribuyeron a lograr a cambiar los enfoques y metas de las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y agencias internacionales.  La efectividad en la comunicación de los resultados es de especial importancia, tanto para las personas que pueden ser afectadas por ellos, como para aquellos que pueden incidir en que los cambios sucedan.

            El proceso de planeación y ejecución de la investigación en desarrollo sustentable es también fundamental para lograr una calidad excelente, apunta el documento. El proceso se debe basar en los principios de asociación, empoderamiento y sólida gestión. Los grupos marginados deben compartir el control del proceso de investigación, para definir los temas, identificar las interrogantes, desarrollar los métodos, analizar los materiales y seleccionar los criterios de evaluación de resultados. Es necesario lograr el involucramiento de las personas y las instituciones para construir relaciones, capacidades e influencias.

            El involucramiento efectivo con la base de conocimiento de la comunidad de estudio es tan importante como el establecido por los académicos con la base de conocimiento científico que está resguardada en la “Web of Science”, establece el estudio. Ambos son necesarios para llevar a cabo los procesos de investigación en desarrollo sustentable y alcanzar excelentes resultados. También, es necesario ampliar el concepto de “evaluación por pares”, ya que debe incluir no sólo a otros investigadores expertos en el tema, sino a conocedores del ámbito local. La “evaluación por pares” debe incluir a académicos, miembros de la comunidad y socios en la formulación de políticas.

            En Morelos, debemos lograr una investigación para alcanzar el desarrollo sustentable que sea de excelencia al asegurar que la gestión del proyecto sea inclusiva, al identificar criterios de evaluación medibles, al garantizar una comunicación efectiva de los resultados obtenidos con todos los actores participantes, al involucrar como socios a las instituciones necesarias, al concatenar teoría y práctica, y al mantener criterios académicos de rigor y confiabilidad.

Economía global basada en innovación

Tener competencia es benéfico, hasta cierto punto. Los individuos, las empresas y las naciones se vuelven más eficientes y eficaces si tienen a alguien que deben superar para alcanzar una meta. Sin embargo, las diferencias entre competidores deben ser razonables si no se quiere que uno avasalle al otro. El terreno de juego debe estar parejo para todos y la igualdad de oportunidades debe ser real. Las enormes brechas económicas y sociales que existen entre países no permiten que el mundo avance en promedio; pocos países avanzan en su bienestar y la mayoría retrocede. Aquellos que dominan sin solidaridad y cooperación sólo lo harán por cierto tiempo y después perderán su hegemonía. Se ha demostrado que exclusivamente los programas que llevan a una situación en la que todos los actores ganan pueden ser efectivos en el largo plazo.

            Robert D. Atkinson, fundador y presidente, y Stephen J. Ezell, analista principal, de la Fundación para la Tecnología de Información y la Innovación, en Washington, D. C., Estados Unidos, escribieron un artículo sobre la “Economía Global basada en Innovación”, en la revista The Futurist de la Sociedad Mundial del Futuro (Building the Global Innovation Economy, The Futurist, January-February 2013, Vol. 47, No. 1. The Futurist › January-February 2013 (Vol. 47, No. 1)). Los autores consideran que impulsando la innovación a nivel mundial, los problemas económicos urgentes que nos agobian podrían ser resueltos de manera que beneficiara a los individuos y a las naciones, y que las barreras principales son las políticas discriminatorias, la pandemia del egoísmo individual y el miedo al futuro.

            Los autores plantean que todos los países están estableciendo estrategias nacionales de innovación, reestructurando sus sistemas de impuestos y regulatorios para ser más competitivos, apoyar a la ciencia y la tecnología, mejorar su sistema educativo, e impulsar la inversión en tecnologías de información y en utilizar mejor la banda ancha, entre otras. Sin embargo, está emergiendo lo que ellos llaman la “innovación mercantilista”. Se trata de las políticas nacionalistas que pretenden atraer o crear industrias con empleos bien remunerados a costa de otros países, contrarias a la esencia de lo que debería ser el sistema de comercio mundial. El mayor reto de la comunidad mundial es crear un sistema global de innovación robusto con acciones de ganar – ganar para todos los actores.

            El primer paso, indican los autores, es abandonar la teoría económica de la ventaja comparativa, en la que se considera que cada país tiene alguna o algunas áreas de producción que son superiores a las de los otros. En principio, si cada país se concentrara en producir aquello en que lo hace más eficientemente, entonces la producción mundial sería mayor y todos los países se beneficiarían. Sin embargo, esta teoría solamente se utiliza para favorecer el libre mercado y derogar las tarifas a las mercancías de importación.

            También, es fundamental ir más allá de esta teoría, lo importante es impulsar la eficiencia dinámica (innovación) y la eficiencia productiva (productividad) a niveles doméstico y global, señalan los autores. Para lograrlo, proponen tres acciones: primera, establecer a la innovación y a la productividad como las más altas prioridades en la agenda económica, enfocándose en temas como la propiedad industrial, instaurando estándares globales voluntarios para las industrias y reducir las políticas discriminatorias hacia la innovación local; segunda, renovar las misiones de las agencias internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Trabajo, entre otras) para apoyar la innovación global y erradicar las estrategias mercantilistas, con la finalidad de expandir la productividad nacional, y tercera, reformular los programas de ayuda internacional de los países desarrollados para impulsar en los países en desarrollo la productividad local en los sectores no comerciales, la erradicación de políticas mercantilistas y el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación. También, proponen el establecimiento de un Fondo Global para la Ciencia y la Innovación por parte de los países más desarrollados.

            En Morelos, debemos lograr que la innovación sustentada en ciencia nos permita producir eficientemente para satisfacer las necesidades locales, apoyar el desarrollo de las empresas locales e incrementar el volumen de conocimientos para impulsar el desarrollo sustentable. Además, debemos erradicar las políticas públicas que fomenten la economía mercantilista.

Eólica y solar fotovoltaica en México al 2020

publicado en La Jornada Morelos el 10 de diciembre de 2012

La energía eólica es la que se obtiene cuando el viento mueve algún sistema rotatorio y se obtiene energía mecánica, que se puede utilizar directamente como energía mecánica o para generar electricidad. La energía solar fotovoltaica es la electricidad que se obtiene al transformar la luz del sol a través de un dispositivo semiconductor. El aprovechamiento de estas dos fuentes renovables de energía es ya significativo para el sector eléctrico de países como China, España, Alemania y Estados Unidos, entre otros. En México, su utilización es muy incipiente porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha considerado apropiado incursionar en pequeños y medianos sistemas de potencia. Sin embargo, la Secretaría de Energía, en el Gobierno Federal anterior, sentó las bases legales y normativas para impulsar la investigación y el desarrollo en este campo, así como para instalar aerogeneradores eólicos en los sitios con más potencial para aprovechar los vientos fuertes y constantes.

El 22 de noviembre pasado, la Secretaría de Energía (SENER) publicó, en el marco de su “Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables en México”, cinco estudios detallados sobre el potencial de las tecnologías eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, biomasa y cogeneración (http://www.sener.gob.mx/).  Estos estudios establecen que las tecnologías presentadas son una realidad en el país y en el mundo, y tienen importantes potenciales en el país que ya son competitivos técnica y económicamente contra tecnologías convencionales. Participaron de manera activa en el desarrollo de estos documentos diferentes actores de los sectores público, social y privado del ámbito energético, como es el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Internacional de Financiamiento (IFC) del Banco Mundial.

En este artículo nos restringiremos a describir los resultados presentados por la SENER relativos a la energía eólica y a la solar fotovoltaica por su aplicación inmediata con tecnología nacional integrada y su enorme potencial de corto, mediano y largo plazos en México.

            El estudio sobre la energía eólica fue coordinado por la AMDEE y PwC (PricewaterhouseCoopers International), en colaboración con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energías Renovables de España. La metodología de trabajo consistió en la generación de una visión consensuada del sector eólico, dentro de la cual se han entrevistado a más de 30 agentes clave, tanto públicos como privados; análisis del marco regulatorio actual y estudio de mejores prácticas a nivel internacional; análisis del recurso eólico en México; plan de acción competitivo; cuantificación e identificación de acciones clave, y análisis de los beneficios macroeconómicos, sociales y medioambientales.

            En materia eólica propone el estudio las siguientes nuevas medidas: fijación de objetivos de participación de energías limpias de forma explícita por tecnología, así como la definición de mecanismos internos para garantizar el cumplimiento de los mismos; modificación de la metodología de planeación de nueva capacidad en el Servicio Público reflejando un costo más preciso de la generación eólica; impulso del Pequeño Productor con reglamentos que definan una estructura de remuneración a través de la banca a largo plazo y sus objetivos de participación en la mezcla de energías para generar electricidad; que la CFE y el Gobierno participen en el desarrollo de la nueva capacidad de transmisión por parte de la CFE para el aprovechamiento del recurso eólico competitivo en Oaxaca, y que se definan en la CFE los mecanismos necesarios para garantizar que la capacidad pendiente de licitar se lleve a cabo en los plazos necesarios.

            Si se llevan a cabo las medidas anteriores, entonces en el área eólica el estudio espera los siguientes resultados: desarrollo de 12,000 MW eólicos competitivos adicionales en los próximos 8 años; incremento del PIB en 167,000 millones de pesos (MDP) al 2020, equivalente al 1.1 por ciento del PIB de 2011; incremento de la recaudación fiscal en más de 14,000 MDP, incluyendo más de 7,000 MDP por ISR; mayor articulación del territorio nacional en el desarrollo social y generación de un nuevo sector eólico; generación de empleo (más de 45,000 empleos); reducción del precio de la electricidad al incorporar capacidad eólica competitiva en costos; reducción de emisiones de CO₂ (mitigación de 23 millones de toneladas de CO₂ de las emisiones previstas para 2020), y cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía y en el Programa Especial de Cambio Climático.

            El estudio sobre energía solar fotovoltaica fue coordinado por PwC (Pricewatercoopers International) con la participación de  Abengoa; GDF Suez;  Acciona; General Electric;  Alstom; Cooperación Técnica Alemana (GIZ); ACS/Cobra; Heliocol; Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás; Iberdrola; Asociación Mexicana de Energía; Industrias Peñoles; Asociación Mexicana de Energía Eólica; Industria Cogeneradora; Asociación Nacional de Energía Solar; Instituto de Investigaciones Eléctricas; Banamex; Instituto Mexicano para la Competitividad; Banco Interamericano de Desarrollo; Instituto Nacional de Ecología; Banobras; Isolux Corsán; BBVA Bancomer; Mexxus Drilling; BK Partners; Nacional Financiera; Banco Santader; PEMEX; Centro Mario Molina; Oficina de la Presidencia de la República; Comisión Federal de Electricidad; ProMéxico; Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; Red Mexicana de Bioenergía; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; T-Solar; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Energía; Corporación Financiera Internacional; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desmex; Solartec; Element Power; Secretaría de Agricultura, Ganadería; Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; ENAL; ENEL Green Power; Universidad Autónoma de Chihuahua; ENTE; Woodhouse Lorente Ludlow, y Gas Natural Fenosa.

            En el estudio se plantea un plan de desarrollo global para la energía fotovoltaica en México, que consta de dos partes. La primera, el análisis de la competitividad de la tecnología: volumen de recurso disponible en México; localización de los principales focos regionales; regulación actual y principales fundamentos; evolución histórica de la regulación; estimación del potencial de la tecnología al 2020; identificación de las principales barreras al desarrollo; entendimiento de los aspectos económicos de la tecnología; estimación de los costos de generación, y competitividad de la tecnología. Y la segunda, la propuesta de medidas e impacto al desarrollo: propuesta de medidas para el desarrollo de la industria; impacto de las acciones en el desarrollo; ¿qué pide la industria?; ¿qué ofrece la industria?; análisis de beneficios socio-económicos, e identificación y análisis de externalidades.

            En materia solar fotovoltaica propone el estudio las siguientes nuevas medidas: impulsar el desarrollo de la solar fotovoltaica en el Servicio Público de Electricidad, en la modalidad de entrega de electricidad a la CFE, e incluir las externalidades en la metodología de cálculo de costos de generación, dotar de visibilidad en el mediano y largo plazos a la industria y establecer niveles de remuneración que permitan a los bancos apoyar a los proyectos; simplificación de trámites administrativos y permisos de interconexión, estandarizando y simplificando los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexión; medidas para capturar el potencial competitivo de la energía solar distribuida, promover la utilización de la tecnología solar FV en viviendas y comercios actuales, así como el desarrollo de nueva vivienda y proyectos; papel de organizaciones internacionales y bancos de desarrollo, figuras clave dados los actuales costos de financiación de proyectos, y plan de comunicación de los beneficios, potencial y evolución tecnológica que permita romper con los actuales “prejuicios” existentes y reúna información veraz y actualizada.

            Si se toman las medidas anteriores, entonces el estudio esperaría los siguientes beneficios en el área solar fotovoltaica: la instalación de 1,500 MW fotovoltaicos al 2020; incremento del PIB de 31,400 MDP en el periodo 2012-20, equivalente al 0.24 por ciento del PIB de 2011; incremento de la recaudación fiscal de 2,600 MDP; generación de 12,400 empleos; reducción de emisiones de CO₂ (mitigación de 1.4 millones de toneladas de CO₂ de las emisiones previstas para 2020); disminución de las necesidades de combustibles fósiles reduciendo las importaciones de gas natural licuado para la generación eléctrica en un 2 por ciento al 2020; reducción de un 4 por ciento en las pérdidas actuales de transporte y distribución; potencial reducción de la demanda pico del sistema, y fomentar el impulso a la investigación y el desarrollo nacional.

            En Morelos, el Gobierno no puede desaprovechar esta oportunidad para ya utilizar las energías renovables, en las que apostaron más de 60 instituciones, la mayoría extranjeras, al participar en los estudios. En particular, tenemos una situación privilegiada para iniciar el aprovechamiento masivo de la energía solar fotovoltaica, ya que tenemos el suficiente conocimiento científico, tecnológico y de innovación, contamos con condiciones climáticas excelentes, están empresas locales instalando ya correctamente los sistemas pertinentes, y existen los empresarios interesados en invertir en un programa de desarrollo regional. Seamos los primeros a nivel nacional.

Sistema energético limpio en 2050.

publicado en La Jornada Morelos el 3 de diciembre de 2012

Un cambio de paradigma energético en el mundo se vuelve cada vez más apremiante. El aumento en la temperatura del agua en los océanos, las guerras geopolíticas por el petróleo, el desabasto de combustibles en muchas regiones del mundo, el constante incremento en el precio de las gasolinas y la electricidad, la elevada contaminación atmosférica en muchas ciudades, y la muy reducida generación de empleos, sin lugar a dudas, garantizan la transición energética de combustibles fósiles a fuentes renovables de energía. Se ha hablado por décadas de esta transición pero hasta hace muy poco no se había hecho un esfuerzo significativo; afortunadamente, esto está cambiando.

            La Agencia Internacional de Energía publicó recientemente un documento que presenta dichas trayectorias tecnológicas para, a partir de este año, alcanzar un sistema energético limpio en el año 2050 (Energy Technology Perspectives 2012: Pathways to a Clean Energy System, Executive summary, International Energy Agency, © OCDE/AIE, 2012). Este documento muestra claramente que la utilización integrada de tecnologías claves ya existentes posibilitaría disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados o de recursos nacionales limitados, disponer de electricidad con bajo contenido de carbono, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones en los sectores de la industria, del transporte y de edificios. Esto frenaría el crecimiento vertiginoso de la demanda de energía, reduciría las importaciones, reforzaría las economías nacionales y, con el tiempo, haría disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

            El Escenario 2 °C (2DS) de este documento explora las opciones tecnológicas necesarias para lograr un futuro sostenible basado en una mayor eficiencia energética y en un sistema energético más equilibrado, con energías renovables y menos emisiones. Identifica las opciones tecnológicas y las políticas energéticas que garantizan un 80% de probabilidades de limitar el aumento de la temperatura mundial a largo plazo a 2 °C, siempre que se reduzcan simultáneamente las emisiones de CO₂ no relacionadas con la energía, así como otros gases de efecto invernadero.

            Tiene sentido invertir en energía limpia, ya que cada dólar adicional invertido puede generar tres dólares de ahorro de combustible futuro para 2050, señala el estudio. Es necesario duplicar la inversión en energía limpia de aquí al 2020. Alcanzar el 2DS implicaría una inversión adicional de 36 billones de dólares (recordemos que un billón es un millón de millones) de hoy al 2050, un 35 por ciento más que en un escenario en el que el control de las emisiones de carbono no fuera una prioridad, lo que equivaldría a 130 dólares suplementarios por persona cada año. Sin embargo, invertir no es lo mismo que gastar: para 2025, el ahorro de combustible realizado superaría a la inversión efectuada; en 2050, ese ahorro representaría más de 100 billones de dólares. Y aun cuando a ese eventual ahorro futuro se le aplicara una tasa de descuento del 10 por ciento, de ahora a 2050 se lograría un ahorro neto de 5 billones de dólares. Aplicando hipótesis prudentes sobre el impacto que una menor demanda de combustibles fósiles puede tener en sus precios, el ahorro de combustible calculado sube hasta los 150 billones de dólares.

            La seguridad energética y la atenuación del cambio climático son aliadas, ya que el escenario 2DS del estudio demuestra la forma en que la eficiencia energética y el despliegue acelerado de tecnologías bajas en carbono pueden contribuir a limitar el gasto público, reducir la dependencia de las importaciones de energía y disminuir las emisiones. Prácticamente en todas partes, existen posibles fuentes de energía renovable y significativas oportunidades para la eficiencia energética, a diferencia de otras fuentes de energía, concentradas en un restringido número de países. La reducción de la intensidad energética así como la diversificación geográfica y tecnológica de las fuentes de energía daría lugar a una seguridad energética y a unos beneficios económicos de amplio alcance. En el 2DS, como resultado del ahorro de energía y del uso de fuentes de energía alternativas, los países ahorrarían un total de 450 EJ (exajulios o diez a la doce julios) en compras de combustibles fósiles hasta 2020, lo que equivale al total de las importaciones de combustibles fósiles por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los últimos seis años; para 2050, el ahorro acumulado de combustible fósil calculado en el 2DS sería de 9 000 EJ, el equivalente a más de 15 años de la demanda mundial actual de energía primaria.

            Pese al potencial tecnológico, el progreso de la energía limpia es demasiado lento, apunta el documento.

Nueve de cada diez tecnologías con potencial para permitir el ahorro de energía y la reducción de emisiones de CO₂ están incumpliendo los objetivos de despliegue requeridos para lograr la necesaria transición a un futuro bajo en carbono. Sólo un conjunto de tecnologías de energía renovable más desarrolladas –entre las que cabe citar hidroeléctrica, biomasa, eólica terrestre y solar fotovoltaica– están realizando suficiente progreso, mientras que otras tecnologías clave para el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO₂ se hallan rezagadas. Particularmente preocupante resulta la lenta asimilación de las tecnologías de eficiencia energética, así como la ausencia de progreso de la captura y almacenamiento de carbono y, en menor medida, de la energía eólica marina y la energía solar de concentración. La multiplicación durante el próximo decenio de proyectos que recurran a esas tecnologías será determinante.

            En Morelos, una resuelta política pública puede contribuir a que tecnologías claves adquieran un carácter verdaderamente competitivo y se utilicen ampliamente. Se deberá aprovechar la oportunidad que ofrece el potencial de la tecnología y crear el marco adecuado para alentar su desarrollo y despliegue, teniendo en cuenta los intereses que mueven a los principales interesados: se necesitan claros incentivos para los consumidores, las empresas y los inversionistas. Se deberán establecer objetivos de energía limpia rigurosos y creíbles, que deberán ser transparentes y predecibles a fin abordar y atenuar los riesgos financieros que conllevan las nuevas tecnologías. Será esencial contar con medidas y mercados sólidos, que impulsen la flexibilidad y mitiguen los riesgos para quienes inviertan en esas tecnologías.

Ciencia política para una nueva era

publicado en La Jornada Morelos el 26 de noviembre de 2012
La política de abundancia, compromiso y civilidad que emergió durante las décadas de crecimiento económico sostenido está siendo sustituida por una política de escasez, inseguridad y confrontación. El posible cambio del centro geopolítico para el desarrollo de la humanidad, de Estados Unidos y Europa a China, India, Brasil y otros países emergentes, junto con el envejecimiento de la población, el aumento en el consumo per cápita, la disminución de los recursos naturales, el cambio climático y los síntomas tempranos de colapsos ambientales regionales, aumentan el número de problemas interconectados que la humanidad debe enfrentar. Esto crea un enorme reto a los políticos, por lo que la ciencia política se debe adecuar para responder a las nuevas situaciones mundiales y locales.


Paul R. Ehrlich and Dennis C. Pirages, profesores de Estudios Poblacionales en la Universidad de Stanford y de Ciencia Política en la Universidad de Nevada, respectivamente, escribieron un artículo sobre “Ciencia Política en la Nueva Era” en la revista World Future Review (“Political Science in a New Era”, World Future Review, Fall 2012, 16-22, © 2012 World Future Society, www.wfs.org). Proponen que las ciencias sociales en general necesitan establecer una nueva agenda de investigación, debido a los cambios masivos que enfrenta la humanidad. La ciencia política, en particular, necesita transformarse en una disciplina capaz de tratar una amplia variedad de nuevas preguntas y temas interdisciplinarios relacionados con un número creciente de retos ambientales a nivel global.

La primera década de este milenio tuvo, según los autores, una serie de crisis ambientales, económicas y políticas que establece un cambio irreversible en el curso de la historia. Un aumento considerable en el consumo de recursos naturales, debido principalmente a una globalización acelerada y a una industrialización rápida de países como China e India, ha reducido el margen de los mercados mundiales, causando dramáticas fluctuaciones en el precio de minerales y desabastos de alimentos, combustibles y otros recursos esenciales. Se puede pensar que la disminución acelerada del crítico capital natural de la humanidad, como suelos agrícolas profundos, agua fósil y biodiversidad –que forman parte fundamental del sistema que soporta la vida- ponen en riesgo el futuro de nuestra civilización.

Los autores presentan ideas para construir una ciencia política post industrial que ayude a crear sistemas políticos más efectivos; del tipo de la Grecia antigua, en donde la política vuelva a ser la ciencia maestra para resolver los problemas de la humanidad. Nuestras sociedades se enfrentan a una serie de problemas globales interconectados de carácter ambiental y económico: por ejemplo, disrupción del clima, falta de agua potable, reducción de reservas energéticas y de minerales, pérdida de biodiversidad, contaminación con materiales tóxicos y amenaza de pandemias.

Debido a este cambio acelerado es imprescindible incorporar un pensamiento anticipatorio en la elaboración de políticas públicas para asegurar el bienestar de la humanidad, indican los autores. Todas las personas y en especial los científicos políticos deben estar analizando qué eventos futuros podrían aparecer: se deben identificar los problemas que se están desarrollando y recomendar acciones para resolverlos antes de que se vuelvan muy complejos. Por ejemplo, la crisis de la seguridad social en los Estados Unidos se debería haber previsto hace dos décadas al considerar los cambios demográficos, económicos y médicos relacionados con el envejecimiento de la población. La aceleración en el proceso de innovación tecnológica, en áreas como las telecomunicaciones o la biotecnología, está impulsando nuevos retos de política pública. Nuevos temas regulatorios emergen continuamente y los países no están preparados para atenderlos. El sector privado está peor capacitado que el público para enfrentar estos retos; por ejemplo, las fallidas innovaciones tecnológicas en los bancos para prestar dinero, la falta de regulación por el gobierno y la inexistencia de principios éticos en ambos crearon los grandes fraudes que cimbraron y cimbran a los mercados financieros mundiales.

Los autores indican que existen otras tres áreas que requieren atención inmediata por parte de la ciencia política: los procesos legislativos, ya que las cámaras y los procesos actuales se establecieron hace cientos de años y no responden a las demandas actuales; la ausencia de un electorado educado y bien informado, ya que en la actualidad es manipulado por los medios masivos de comunicación y los intereses corporativos, y un replanteamiento del concepto de seguridad, que debe transitar de la militar a la ecológica. Este nuevo paradigma de seguridad reconoce que las muertes y la destrucción se deben cada vez más frecuentemente al cambio en las relaciones humanas con la naturaleza. En realidad, más que por las guerras, el sufrimiento humano es causado por enfermedades, hambre y desastres ambientales.

En Morelos, debemos reconocer que las fuentes de inseguridad que se están gestando son la disrupción del clima global y el conjunto de problemas económicos y sociales que ésta crea. Estos retos ya no pueden ser enfrentados sólo por las ciencias físicas o biológicas, ahora es indispensable un enfoque interdisciplinario que incluya a las ciencias sociales y, en particular, a la ciencia política. ¿Cómo nos coordinamos para resolver problemas? y ¿cómo sabemos que tan bien o mal estos colectivos están desarrollando e implantando políticas publicas para manejar los retos críticos?

Crecimiento económico mundial al 2060

publicado en La Jornada Morelos el 19 de noviembre de 2012
La economía mundial enfrenta actualmente retos muy serios. Muchos países necesitarán largos periodos de ajustes para absorber los efectos de sus crisis actuales, particularmente en términos de altas tasas de desempleo, exceso de capacidad productiva y grandes déficits fiscales. Es necesario establecer políticas públicas que recuperen la confianza y pongan al desarrollo económico en el camino de un crecimiento sostenido pero siempre considerando el bienestar social. Pocas veces se ha visto tan difícil emprender el camino del desarrollo sustentable, pero es imprescindible. No seguir cayendo en crisis periódicas requiere un cambio de rumbo.


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OECD, por sus siglas en inglés) acaba de presentar un reporte (OECD (2012), “Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 15 November 2012) en el que sintetiza un trabajo (Johansson et al., (2012), “Long-term Growth Scenarios”, Economics Department Working Papers No. 1000, forthcoming, OECD Publishing) que será publicado pronto. Contiene un escenario en el que los países enfrentan sus retos económicos y sociales actuales con políticas públicas apropiadas que propician reformas estructurales y logran que el crecimiento económico regrese al camino del desarrollo sostenido. Propone serias, aunque no dramáticas, mejoras en políticas para todos los países, avanzados y emergentes, en los mercados laborales y productivos, en la consolidación fiscal, en reformas de bienestar social y en políticas financieras.

En el siguiente medio siglo, según el reporte, la economía global crecerá alrededor de un 3 por ciento en promedio anual. Los países de la OECD tendrán una tendencia de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente el 2 por ciento al 2060, con tasas decrecientes en muchos países después de su recuperación de la crisis actual. Sin embargo, el crecimiento global se mantendrá relativamente estable, ya que los países que ahora están creciendo rápidamente participarán con una mayor fracción de la producción mundial. En las próximas décadas la diferencia en el crecimiento económico disminuirá entre los países de la OECD y los otros. Hasta el 2020, China tendrá la tasa de crecimiento más alta de cualquier país en el mundo pero en ese momento será sobrepasado por India e Indonesia.

El envejecimiento de la población, señala el reporte, tiene efectos importantes sobre las tendencias de crecimiento económico, ya que la disminución en las tasas de fertilidad y el aumento en la esperanza de vida tienen un efecto negativo en las tasas de crecimiento porque disminuye el porcentaje de la población trabajadora. Proyecciones demográficas establecen que, en los próximos 50 años, el envejecimiento de la población será muy rápido en países de Asia y Europa, con tasas de dependencia por edad avanzada que se duplicarán y en China se cuadruplicarán. Este envejecimiento explica parcialmente porque India e Indonesia sobrepasaran la tasa de crecimiento de China en una década.

El principal motor de desarrollo en los próximos 50 años será la mejora sostenida en la combinación de los factores de la producción, establece el reporte. El crecimiento anual en la productividad se proyecta de alrededor del 1.5 por ciento a nivel global. Sin embargo, los países con bajos niveles de productividad ahora, como India, China, Indonesia, Brasil y los de Europa del Este, crecerán más rápidamente que los países con economías avanzadas ya que, se supone, su apertura al comercio internacional y la competencia interna tendrán una influencia positiva, al aumentar el crecimiento de la productividad por la difusión de la tecnología y la convergencia a la tecnología de punta.

En los próximos 50 años se presentarán cambios enormes en la participación de los países en el PIB global, indica el reporte. Sobre la base de la paridad del poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés) de los países en 2005 (es decir, comparando lo que se puede comprar en un país con la moneda local y no con su equivalencia a dólares o euros), China sobrepasará a Europa en menos de un año y a los Estados Unidos en unos cuantos más, para convertirse en la mayor economía del mundo, e India está próxima a sobrepasar a Japón y lo hará con Europa en unos 20 años. Las tasas de crecimiento mayores de China e India implican que su PIB combinado será mayor que el del Grupo de los Siete (G7, las siete economías más grandes de la OECD) alrededor del 2025 y para el 2060 serán una y media vez mayor, mientras que en 2010 China e India combinadas tenían menos de la mitad del PIB del G7.

Sin embargo, aunque las brechas en el PIB per cápita entre los ahora países avanzados y emergentes tenderán a disminuir, éstas mantendrán diferencias significativas, concluye el reporte. En el próximo medio siglo, se proyecta que esta cifra se cuadruplicará en los países menos ricos, mientras que se duplicará en los más avanzados. En particular, China e India tendrán un incremento en un factor de siete en su ingreso per cápita al 2060. Calculan que el crecimiento anual promedio del PIB per cápita (en PPP del 2005) de algunos países entre el 2011 y el 2060 será: Estados Unidos, 1.5 por ciento; Argentina, 2.3; México, 2.5; Brasil, 2.6; China 4.2, e India, 4.4. Desafortunadamente, los niveles de bienestar no aumentarán al nivel deseado para las economías emergentes. Para los países antes mencionados, el PIB per cápita expresado en porcentaje del de Estados Unidos sólo pasaría aproximadamente, entre 2011 y 2060, de: México, 30 a 50 por ciento; India, 8 a 30; China, 15 a 60; Argentina, 35 a 45, y Brasil, 20 a 40.

En Morelos, debemos aplicar nuevas e ingeniosas políticas públicas que nos permitan crecer en promedio anual a una tasa mayor del 2.5 por ciento ya que, en caso contrario, en el 2060 nuestro bienestar económico sería menor al promedio del estadounidense de hoy. El reto es crecer como estado a más del promedio del país, como nos encontramos ahora. Debemos implantar cambios más radicales en aspectos estructurales, presupuestarios y financieros, que sean además acordes con el desarrollo sustentable: aumentar la base tributaria, modificar las prioridades presupuestarias, lograr la solvencia comprobada gubernamental, mantener el nivel de excelencia científico y cultural, implantar tecnología de frontera en la industria, impulsar a las empresas verdes y realizar la transición energética a fuentes renovables de energía, entre otras. Sólo así podremos ofrecer cobertura integral y universal de salud, garantizar la educación media superior y técnica a nuestros jóvenes, ofrecer empleos bien remunerados y erradicar la pobreza multifactorial; con la confianza de lograrlo antes del año 2060.

Ciencias sociales y políticas públicas

publicado en La Jornada Morelos el 12 de noviembre de 2012.

La ciencia y la tecnología fueron decisivas en el resultado de la Segunda Guerra Mundial y, como consecuencia, los países industrializados adoptaron la política de invertir decididamente en ciencia y tecnología como el sustento del crecimiento económico, del bienestar social y de la seguridad nacional. Al principio se enfatizaron las ciencias físicas y las biológicas; sin embargo, muy pronto se aprovecharon a las ciencias sociales para jerarquizar y seleccionar sus retos domésticos e internacionales, particularmente los proyectos de gran envergadura de beneficio social. En la actualidad, todos los países impulsan proyectos en el área de ciencias sociales para identificar problemas, elaborar acciones alternativas, seleccionar proyectos y evaluar políticas públicas en todos los campos de la acción gubernamental: seguridad en salud, programas de vivienda, calidad de la educación, diversidad cultural, economía verde, industria limpia y muchos otros.

            Kenneth Prewitt, Thomas A. Schwandt y Miron L. Straf, miembros del Comité sobre el Uso del Conocimiento de Ciencias Sociales en Políticas Públicas del Consejo Nacional de Investigación, en Estados Unidos, editaron un reporte sobre el “Uso de la Ciencia como Evidencia en Políticas Públicas” (National Research Council. (2012). Using Science as Evidence in Public Policy. Committee on the Use of Social Science Knowledge in Public Policy, K. Prewitt, T.A. Schwandt, and M.L. Straf, Editors. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. Copyright © National Academy of Sciences). Este reporte trata sobre cómo entender y aplicar a las ciencias sociales en la política pública: identifican problemas, miden su magnitud y seriedad, ofrecen soluciones y predicen posibles resultados -intencionados o no, deseados o no. Así, las ciencias sociales son valiosas en muy diversas formas a la política, pero siempre y cuando se las utilice.

            A fines del siglo pasado, según el reporte, ya existía un conjunto de empresas relacionadas con la elaboración de políticas públicas que manejaba cientos de miles de millones de dólares en los Estados Unidos y cuyas actividades eran financiadas por los gobiernos federal y estatales, y por organizaciones privadas de naturaleza filantrópica o no. Estas empresas ahora describen condiciones sociales locales o regionales, asesoran en acciones específicas, diseñan programas alternativos y evalúan posibles resultados. Los proyectos son financiados porque se supone que aplicarán buenos conocimientos científicos para decidir qué situaciones sociales necesitan atención, qué debe ser responsabilidad pública, de los mercados o de organizaciones sociales, y qué acciones serán más efectivas y eficientes; en áreas como la economía, el bienestar social, la salud y la seguridad.

            El conocimiento que proviene de todas las ciencias es relevante para las políticas públicas, identifica el reporte: por ejemplo, la física en el área de la energía, la biología en la salud pública, la ingeniería en transporte, y las sociales en economía o comercio internacional. Sin embargo, entender si es necesario, por qué y cómo utilizar este conocimiento científico, corresponde a los métodos y las teorías sociales. Las personas y las organizaciones hacen uso del conocimiento científico, y éstas son el centro de las ciencias sociales. Cuando la ciencia tiene algo que ofrecer debe estar presente en la toma de decisiones de política pública. Dichas decisiones serán tomadas con un conjunto de razonamientos no científicos: creencias y valores personales y políticos, experiencias en situaciones semejantes, aprendizaje por prueba y error, y razonamiento por analogía. Sin embargo, se debe considerar que la voz de la ciencia es única, ya que lo que dice proviene de investigaciones sistemáticas y auto-reguladas, que garantizan no creeremos que algo es cierto solo porque así lo deseamos. La ciencia está diseñada para ser desinteresada y para justificar cómo y porqué se tomaron unas acciones y no otras. En los regímenes democráticos, la solvencia comprobada que deben tener los líderes gubernamentales y políticos debe estar sustentada en razonamientos científicos; que expliquen porqué se necesitaba, cómo se realizaron y qué modificaron las acciones emprendidas.

            La ciencia tiene cinco características relacionadas con las políticas públicas, establece el reporte: identifica los problemas, como especies en peligro, obesidad, desempleo y vulnerabilidad a desastres naturales o actos de terrorismo; mide su magnitud y seriedad; revisa acciones alternativas; analiza sistemáticamente las posibles consecuencias de dichas alternativas, y evalúa los resultados. El proceso de elaborar políticas públicas surge de la interacción de muchos actores que están involucrados en ensamblar, interpretar y debatir la evidencia que es relevante para el análisis de un problema específico y, después, para justificar porqué se seleccionó una de las posibles alternativas. Este proceso se entiende mejor como uno de confrontación de argumentos y razonamiento práctico que evidencia los beneficios y los daños que causarían cada acción de política. Desde esta perspectiva, el conocimiento científico es una “evidencia” cuando éste se utiliza para apoyar una argumentación política y debe considerarse de alta importancia.

            El esquema que presenta el reporte propone un análisis más detallado y cuidadoso en la argumentación de políticas, así como otorgar una mayor relevancia a la teoría de decisiones y a la perspectiva de sistemas. Las ciencias sociales ofrecen conocimientos sobre los modelos mentales, los sistemas de valor, las reglas de organización, las normas sociales y otros factores que influencian el comportamiento de los tomadores de decisiones. También, aportan conocimientos sobre cómo aprenden las personas, cuándo optimizan y cuándo están satisfechas; por qué se organizan, forman instituciones, se comunican, establece normas y desarrollan rutinas; cómo evalúan riesgos, y cómo toman decisiones individuales o colectivas.

            En Morelos, debemos impulsar que la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas estén sustentadas en métricas de funcionamiento, indicadores sociales, esquemas de jerarquización, análisis comparativos y otras herramientas y conceptos de las ciencias sociales. También, apoyar el funcionamiento y crecimiento de instituciones que lleven a cabo estas funciones; como universidades, instituciones de investigación, grupos de pensamiento o think-tanks, agencias encuestadoras y firmas consultoras, tanto públicas como privadas o sociales. Finalmente, fomentar el uso e incremento de las bases de información estadística, tanto mundial como nacional o estatal, para elaborar mejores políticas públicas en beneficio de nuestra sociedad.

Fallas en organizaciones complejas

publicado en La Jornada Morelos el 5 de noviembre de 2012

Considero conveniente señalar nuevamente que la tecnología es un proceso social. Ésta tiene que ver con sólidos conocimientos científicos sobre los materiales, dispositivos y sistemas que se utilizan para resolver una demanda de la sociedad. Sin embargo, la forma de hacer y de operar un sistema técnico complejo depende de las culturas de la persona, de la organización y de la sociedad específicas. En particular, el concepto de seguridad y aversión o no al riesgo depende fundamentalmente de los principios y valores que nos son imbuidos por la cultura a la que pertenecemos. Las fallas que causan un siniestro grave en un sistema técnico complejo siempre están ligadas al error humano.

            Nick Pidgeon, profesor de psicología aplicada y director del Grupo de Investigación para Entender Riesgos, de la Universidad de Cardiff, en Gales, Reino Unido, escribió un artículo sobre “Las Fallas en Organizaciones Complejas” en la revista The Bridge, de la Academia Nacional de Ingeniería, de los Estados Unidos (“Complex Organizational Failures: Culture, High Reliability, and Lessons from Fukushima”, The Bridge, Volume 42, Number 3, Fall 2012, 17 -22). El autor describe algunas investigaciones en las ciencias social y de la ingeniería para entender los desastres del tipo socio-técnico o hechos por el hombre. Varios estudios muestran que los accidentes mayores no sucedieron simplemente el día en que se hicieron visibles para todos, ellos tienen sus antecedentes, su contexto social y cultural y una historia; también revelan que la complejidad de los sistemas y un entendimiento incompleto de la propia complejidad pueden derrotar los mejores intentos para anticipar los riesgos asociados.

            En el campo de la ingeniería estructural, según el autor, se ha acuñado la frase “el ambiente de la ingeniería en los accidentes estructurales”, que se entiende como la combinación de presiones políticas, financieras, profesionales e industriales que se ejercen sobre un proyecto para inducir errores humanos críticos o descuidar asuntos de seguridad fundamentales que llevan a fallas estructurales mayores. Un evento dramático puede aparecer al final sólo como de naturaleza técnica -por ejemplo, el colapso de un puente o un techo, un incendio mayor o la falla catastrófica de una fatiga estructural en un avión. Sin embargo, los orígenes y causas subyacentes se pueden encontrar en precondiciones organizacionales y sociales. En la medida que el ambiente de la ingeniería se degrade, entonces hay una mayor probabilidad de fallas.

            El Gobierno de Japón declaró hace unos meses que el Reporte Independiente sobre el Accidente de Fukushima concluyó que éste se debió a un desastre hecho por el hombre, comenta el autor. Las centrales nucleoeléctricas de Fukushima se apagaron de acuerdo a su diseño cuando empezó el terremoto, también éste causó la pérdida de electricidad en todo el complejo nuclear y sus alrededores. El subsecuente tsunami superó las defensas contra inundaciones y destruyó los sistemas de electricidad auxiliar y, asimismo, los sistemas de seguridad. Sin embargo, dicho Reporte menciona otros factores importantes y concluye que esta cadena de eventos debería haber sido prevista y prevenida. Los dos factores fundamentales fueron la actitud defensiva y prepotente de la compañía operadora, Tokyo Electric Power Company, y la relación demasiado íntima y relajada entre la compañía y la Comisión Reguladora de Energía Nuclear Japonesa.

            Otros ejemplos de fallas graves en sistemas técnicos complejos son presentados por el autor: en 1979, el accidente en la planta nuclear de Three Mile Island, y en 2010, el derrame masivo de petróleo por el accidente en la plataforma Deepwater Horizon, ambos en Estados Unidos. En el modelo de desastres hechos por el hombre está implícita una visión cultural en términos de los símbolos y los sistemas a través de los que un grupo determinado de profesionales entiende al mundo. Una cultura de seguridad se construye y se reconstruye repetidamente con supuestos y prácticas asociadas de acuerdo con el comportamiento natural, obvio e incuestionable de sus miembros y que contribuye a establecer una visión particular de riesgo, peligro y tranquilidad.

            Para maximizar las oportunidades de que una organización pueda reconocer y responder adecuadamente a los signos de peligros potenciales emergentes, una buena cultura de seguridad debe reflejar al menos cuatro facetas, señala el autor: compromiso de la alta gerencia con la seguridad; atención y preocupación compartida sobre los peligros y sus impactos en las personas; normas y reglas realistas y flexibles sobre cómo manejar los riesgos, y reflexión y mejoras continuas sobre las prácticas establecidas a través del monitoreo, análisis y retroalimentación. El aprendizaje organizacional es el componente clave para lograr una buena cultura de seguridad y una alta confiabilidad institucional.

            Evitar desastres involucra dos líneas de pensamiento, indica el autor: una con definidos marcos de referencia para tratar peligros bien establecidos que corresponden a la visión general de la organización y otra fuera de esos marcos que considere la posibilidad de peligros emergentes que no están bien identificados o que no pertenecen estrictamente a las actividades de la organización o de la profesión. Así, se han establecido los “Lineamientos para Impulsar la Imaginación en Seguridad”: intente imaginar la peor situación; utilice buenas técnicas gerenciales para dilucidar entre diversos puntos de vista; analice las alternativas de que sucedan peligros potenciales; estudie cómo se modificarían sus actuales trabajos de seguridad en caso de suspender los supuestos básicos de ingeniería con que cuenta, y reconozca que deberá contender con ambigüedades si emergen nuevos temas de seguridad.

            En Morelos, la importancia de los factores culturales y organizacionales nunca debe ser menospreciada. Debemos crear una cultura de la seguridad sustentada en conocimientos científicos, técnicos, de gestión de riesgos y de organizaciones con alta confiabilidad, entre otros. Necesitamos una nueva generación de ingenieros, gerentes industriales y reguladores de riesgos y protección civil que trabajen de manera conjunta en los sistemas técnicos complejos, ya que las fallas pueden aparecer en cualquier momento y lugar.

Redes de conocimiento y sus beneficios

publicado en La Jornada Morelos el 29 de octubre de 2012

El conocimiento es poder transformar un conjunto de información en "saber qué", "saber cómo" o "saber dónde". Las redes de conocimiento son aquellas que vinculan a los científicos, tecnólogos, innovadores, encargados de las políticas públicas, representantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil para intercambiar información de utilidad en situaciones específicas. En estas redes se coopera para buscar formas de impulsar nuevas iniciativas y también encontrar mecanismos y criterios de evaluación para avanzar en la efectividad de dichas iniciativas. Las redes cumplen tres aspectos fundamentales: generan y difunden información, evalúan la efectividad de las estrategias públicas e inician esfuerzos locales sin esperar por ayuda a nivel nacional.

            David L. Feldman, del Departamento de Planeación, Políticas y Diseño, en la Universidad de California, Irvine, Estados Unidos, escribió sobre “El futuro de las redes ambientales: gobernanza y sociedad civil en un contexto global” en la Revista Futures (The future of environmental networks—Governance and civil society in a

 global context, Futures 44 (2012) 787–796, 2012 Published by Elsevier Ltd., http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2012.07.007). Él propone que, para alcanzar la gobernanza ambiental global, las redes de conocimiento impulsadas por una sociedad civil descentralizada permitan manejar problemas regionales de naturaleza transfronteriza. Su propósito es conectar personas de todas las ocupaciones y áreas disciplinarias al proveerlas continuamente de información y comunicarlas con especialistas técnicos e innovadores de políticas públicas, en áreas tales como: clima, agua, biodiversidad, calidad del agua y energía.

             El argumento del autor considera que mientras se han necesitado por mucho tiempo los medios novedosos para colaborar y enfrentar problemas ambientales globales, las oportunidades específicas se han presentado sólo en los últimos 25 años, como resultado de acciones locales o regionales para difundir conocimientos y experiencias sobre prevención, mitigación y adaptación al cambio climático global. Existe una tendencia llamada “glocal”, que aplica conocimientos globales a situaciones particulares en localidades. Sin embargo, los conocimientos científicos y las herramientas para predecir y administrar cambios climáticos no han sido utilizadas efectivamente por los tomadores de decisiones locales.

            Existen tres formas de promover estas redes de conocimiento, según el autor: las conferencias internacionales sobre ambiente y desarrollo, desde 1990, han impulsado y fomentado que los países en desarrollo reestructuren sus planes nacionales en la materia para incorporar efectivamente la toma de decisión a nivel local en la planeación e implantación de estas actividades, con la participación de grupos comunitarios y de especialistas científicos; también y de acuerdo con la Agenda 21, se han fortalecido los llamados planes locales ampliados que permiten la participación de la población indígena de la localidad en las decisiones ambientales, y finalmente la participación decidida de los habitantes y autoridades de ciudades y regiones que se consideran muy vulnerables a los impactos del cambio climático global, a través de una gestión adaptativa que toma medidas drásticas, por ejemplo, en el sector del transporte.

            El rápido crecimiento del conocimiento científico ha sido un factor fundamental para el fortalecimiento de este tipo de redes, indica el autor. Los científicos que trabajan en el clima han tenido un gran avance en su habilidad para predecir la variabilidad de fenómenos globales como la “corriente del niño” o el volumen de agua en el ciclo del agua –precipitación de lluvias, escurrimientos y evaporaciones- con un año de anticipación. Esta información resulta fundamental para reducir la vulnerabilidad de la población en cualquier lugar del planeta de inundaciones o sequías. El papel de las redes de conocimiento ha servido como traductor entre disciplinas y como mediador entre los generadores y los usuarios de la información; es decir, entre científicos y autoridades locales. En el futuro, esta traducción y mediación, y por lo tanto este tipo de redes, se volverán imprescindibles en la medida que las herramientas de predicción se vuelvan más complejas y la necesidad de tomar medidas correctivas se vuelva más urgente.

            En Morelos, las redes de conocimiento se volverán más importantes con relación a la gobernanza de conflictos ambientales y sus implicaciones económicas, que las acciones gubernamentales con posibles limitaciones burocráticas. La expansión futura de este tipo de redes está garantizada ya que tienen la habilidad de poder identificar y atacar problemas locales de manera multidisciplinaria y de acercar actores con intereses divergentes pero comprometidos con disminuir los riesgos y la vulnerabilidad de su comunidad. Es más fácil encontrar acciones pragmáticas para el beneficio común, sobretodo si se tiene uno de los más importantes conjuntos de investigación, desarrollo e innovación del país.