30 dic. 2013

Las matemáticas en 2025

publicado en La Jornada Morelos el 30 de enero de 2013

Las matemáticas son fundamentales para conocer y entender el mundo en que vivimos y también a nosotros mismos.  La investigación en esta disciplina se enfoca a entender conexiones y patrones, cómo el mundo está unido y cuál es su orden y estructura. La lógica matemática y la filosofía son una. Las matemáticas son el lenguaje que unifica y permite entender a la física, la química, la biología, la medicina, la ingeniería, la economía, la administración y, sí también, a las ciencias sociales. Las personas que dicen “no entiendo matemáticas” o “las matemáticas son muy difíciles” es que tuvieron malos maestros.
            El Consejo Nacional de Investigación (NRC), de Estados Unidos, publicó recientemente el reporte de un Comité creado exprofeso para analizar el estado en que deberían estar las matemáticas en el año 2025 (National Research Council. 2013. The Mathematical Sciences in 2025. Washington, D.C.: The National Academies Press. Copyright 2013 by the National Academy of Sciences. Printed in the United States of America). Thomas E. Everhart, Presidente Emérito y Profesor Emérito de Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada, en el Instituto Tecnológico de California, en Estados Unidos, dirigió a este Comité con un encargo definido: examinar al campo actual de las matemáticas y establecer una visión de cómo debería desarrollarse para producir el mayor valor agregado posible para el país en el año 2025. Como es costumbre en este tipo de estudios organizados por el NRC, los Comités no son dirigidos por expertos en el tema para evitar posibles sesgos.
            El Comité reporta que el campo de las matemáticas en Estados Unidos tiene una vitalidad excelente. En la última década se han realizado avances sorprendentes e identifican, como ejemplos: la demostración de la “Conjetura de Poincaré y su lema fundamental”; avances en la cuantificación de incertidumbres en modelos complejos; nuevos métodos para modelar y analizar sistemas complejos en las redes sociales o para obtener información de cantidades masivas de datos en biología, astronomía e internet; y el desarrollo de la adquisición y recuperación de señales dispersas. Además, las matemáticas, cada vez más, juegan un papel de mayor relevancia en otras áreas científicas, ingeniería, medicina, negocios y defensa nacional; ya que, afirma el reporte, proveen la herramienta fundamental para llevar a cabo las simulaciones numéricas por computadora y el análisis de un número creciente de datos. La ciencia y la ingeniería de este siglo se construirán sobre la base de las matemáticas, y esta base debe desarrollarse y ampliarse de manera continua.
            El reporte plantea una conclusión principal: en este siglo, las matemáticas tienen una oportunidad única de consolidarse como el lazo entre la ciencia y la tecnología, manteniendo su propia fortaleza, que es el elemento fundamental de su existencia, ahora y en el futuro. Un nuevo modelo está emergiendo, diferente al del siglo pasado; una nueva disciplina mucho más amplia y con un enorme potencial de impacto. El valor de las matemáticas para las ciencia, la ingeniería y el país aumentará significativamente, según el reporte, si se aumenta el número de matemáticos con las siguientes características: con conocimientos amplios más allá de su expertez; se comuniquen bien con investigadores en otras disciplinas; entiendan el papel de las matemáticas en otras áreas de conocimiento, y tengan experiencia en computación. Por supuesto que no es necesario que todo matemático presente todas las características, pero la comunidad debe trabajar para incrementar la fracción que sí las tenga.
            El Comité establece varias recomendaciones para obtener el mayor valor posible de las matemáticas para Estados Unidos en el 2025:
            Primera, los departamentos de matemáticas y estadística, junto con las administraciones universitarias, deben analizar a profundidad los diferentes tipos de estudiantes que están atrayendo y los que quisieran atraer e identificar los temas prioritarios para educarlos. Este análisis debe ser realizado a niveles de licenciatura y posgrado, y en consulta con profesores de otras disciplinas relevantes.
            Segunda, los maestros deben explicar a los alumnos de secundaria y bachillerato cómo las matemáticas que están enseñando son fundamentales para todo el abanico de posibles carreras. Esto ayudará también a atraer y retener alumnos en los propios cursos de matemáticas.
            Tercera, más científicos matemáticos profesionales se deben involucrar en divulgar la naturaleza propia de la disciplina y los benéficos extraordinarios que aporta a las sociedades modernas. Se deben publicitar a la comunidad los avances científicos y el impacto de los modelos y sus aplicaciones.
            Cuarta, todo departamento académico de matemáticas debe hacer esfuerzos explícitos para contratar y retener a más mujeres y a más personas de grupos minoritarios. Se deben encontrar incentivos y corregir desincentivos para lograr un ambiente igualitario.
            Quinta, el gobierno federal debe establecer un programa nacional que detecte de manera temprana y provea de amplias oportunidades de desarrollo a alumnos con talento excepcional en matemáticas para que continúen una carrera en esta disciplina.
            En Morelos, se debe repensar el proceso de enseñanza de las matemáticas para alcanzar los máximos beneficios a nuestra sociedad. Identificar los nichos en que se realice investigación en la frontera del conocimiento y se amplíe el número de éstos. Utilizar plenamente todas sus herramientas en las ciencias de la salud, la ingeniería, el desarrollo social y la innovación en las empresas.

23 dic. 2013

Energéticos en Canadá al 2035


La planeación energética de largo plazo es una actividad ineludible de todas las naciones, así como de las compañías petroleras, transnacionales o no. Ningún gobierno ha dejado, ni dejará, al libre mercado la solución a sus necesidades de energía, así como la de sus alimentos. El tamaño de los sistemas energéticos nacionales es de gran envergadura comprado con las propias economías; no hay insumo de mayor importancia que los energéticos para el desarrollo nacional. Cualquier cambio en el balance entre la oferta y la demanda de energía de un país debe ser previsto con el tiempo suficiente para resolverlo antes de que se convierta en una crisis social. Las proyecciones y estrategias nacionales deben considerarse como un elemento base de discusión, como un marco de referencia, para comparar posibles eventos disruptivos, no como una predicción de lo que sucederá.
            El Consejo Nacional de Energía de Canadá (NEB, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un reporte sobre las perspectivas de la producción y el consumo de energéticos en Canadá, con una visión al año 2035. (Canada’s Energy Future 2013: Energy Supply and Demand Projections to 2035.  Cat. No. NE2-12/2013E-PDF. ISSN 2292-1710. © Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the National Energy Board 2013). Este reporte es una de las evaluaciones periódicas que NEB realiza por mandato de Ley sobre la oferta, la demanda y los mercados de la energía en Canadá, y presenta una visión sobre las tendencias de los requerimientos energéticos y de las necesidades de descubrimientos y de producción de petróleo y gas natural.
            El reporte considera diversos escenarios. Sin embargo, en este artículo sólo mencionaremos al de referencia, que asume un desarrollo tendencial del país del presente al 2035 y establecen tres resultados clave.
            El primero es que la producción total de energía en Canadá crecerá sustancialmente en este lapso. El petróleo será el responsable de este crecimiento, ya que la producción de aceite de las arenas alquitranadas se duplicará en este periodo. También, los desarrollos tecnológicos recientes en la perforación horizontal de pozos y la fractura hidráulica de zonas multicapas, han permitido una mucha mayor producción de hidrocarburos provenientes de reservas de lutitas y a menores costos; incrementado enormemente las reservas comerciales de este país. Estiman que al final del lapso de estudio, la producción de gas natural será 25 por ciento mayor a la actual. De igual forma, la oferta de electricidad se incrementa continuamente a causa de los bajos precios del gas natural. Disminuirá la capacidad instalada de plantas de generación que utilizan carbón, como resultado de la aplicación de reglamentos federales que serán más estrictos contra las emisiones de bióxido de carbono. La participación de las energías renovables, sin considerar a la hidroelectricidad, se incrementará de 6 por ciento en la actualidad a 13 en 2035, impulsada por los avances de las energías solar y del viento.
            El segundo resultado clave es que el consumo de energía crecerá moderadamente en Canadá, debido a un aumento sólido en las industrias de recursos naturales (petróleo, gas y minería) y un incremento lento en el sector del transporte. Se proyecta que la energía de uso final se incrementará a una tasa anual media de 1.1 por ciento entre 2012 y 2035, cifra que es ligeramente menor a la tendencia reciente. Los sectores residencial, comercial y transporte crecerán debajo de la tendencia. También, consideran una declinación notable en la energía consumida por pasajero-vehículo de 0.6 por ciento anual, debida a un menor crecimiento macroeconómico y a la inclusión de nuevos estándares en la emisión de contaminantes que mejorarán la eficiencia en el consumo de combustibles. Aunque la demanda total de energía incrementará en Canadá, la intensidad energética global de la economía, medida como la energía utilizada por dólar del Producto Interno Bruto, declinará a una tasa promedio anual del 1.0 por ciento en el periodo considerado, debido al éxito de programas de eficiencia energética.
            El tercer resultado clave es la disponibilidad de energía para exportar, aunque existe incertidumbre en las tendencias de la infraestructura y del mercado de los energéticos; ya que continua en aumento la producción y en incremento lento la demanda nacionales de energía. Sin embargo, la disponibilidad de gas natural para exportación declinará en el mediano plazo, debido a una disminución en su producción y una fuerte demanda en la demanda interna. También, la disponibilidad neta de electricidad para exportar disminuirá con relación a los altos valores ocurridos en 2012.
            El análisis presentado en este reporte asume que la infraestructura necesaria para el transporte de energía se irá construyendo según aparezcan las necesidades y que los mercados de exportación absorberán la producción de energéticos que no sea utilizada en Canadá. También se establece que es imprescindible reconocer y dar seguimiento al aumento en la producción de petróleo y gas natural de los Estados Unidos que ha reducido las oportunidades de exportación de Canadá y que, probablemente, lo hará aún más en el futuro.
            El mercado natural de exportación de hidrocarburos, convencionales o no, de Canadá era Estados Unidos. Sin embargo, se deberán de expandir los excedentes petroleros canadienses a otros mercados, por lo que ya existen cuellos de botella para su transportación por barco. Adicionalmente, los avances tecnológicos en la producción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos han tenido un efecto a la baja de los precios del gas natural y en menor medida del petróleo que han resultado en una disminución en la perforación y producción de hidrocarburos en Canadá en los años recientes.
            El comercio de electricidad entre Canadá y Estados Unidos también ha sido impactado por el crecimiento en la producción del gas natural y por la reducción en el crecimiento de la demanda de electricidad en los Estados Unidos, lo que ha causado una disminución en el precio de la electricidad al mayoreo.
            En Morelos, debemos establecer una visión de largo plazo con estrategias específicas que logre romper con la importación total de energéticos que padecemos y, con base en la energía solar y un uso eficiente de la energía, nos permita ofertar electricidad y calor de proceso a nuestros sectores residencial, industrial, agropecuario y de transporte que nos asegure un crecimiento económico sostenido y también impulse un desarrollo sustentable.

16 dic. 2013

Complejidad y reforma educativa

Publicado en La Jornada Morelos el 16 de diciembre de 2013


Los sistemas de educación son normalmente conducidos de manera central, que cada vez más se encuentra confrontada por actores no muy bien definidos y cuyas demandas pueden ser demasiado ambiguas. Además, las herramientas de control disponibles se han reducido ya que se ha descentralizado parte de la toma de decisión al nivel local. La educación moderna se ha desarrollado en ecosistemas evolutivos que no pueden ya ser gobernados con políticas verticales. Tratar de resolver los grandes problemas de la humanidad requiere de una diversidad curricular, de más profesiones y sobre todo la conjunción, hibridación y unificación de las disciplinas. La teoría de la complejidad puede ayudar a lograr la gobernanza de un sistema holístico reactivo con procedimientos de colaboración y retroalimentación bien definidos.
Sean Snyder, del Programa Internacional de Desarrollo Educativo, en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, escribió el artículo “Lo sencillo, lo complicado y lo complejo: reforma educativa a través del lente de la teoría de la complejidad”. (Snyder, S. (2013), “The Simple, the Complicated, and the Complex: Educational Reform through the Lens of Complexity Theory”, OECD Education Working Papers, No. 96, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k3txnpt1lnr-en). Propone un cambio en el proceso de reforma de la gobernanza educativa, del modelo con un centro común a uno con visión desde la periferia que presente una mayor humildad de todos los actores y un esfuerzo consciente de incluir las voces y opiniones de los actores en todos los niveles, con la finalidad de alcanzar una situación en la que todos ganen.
            Para alcanzar el cambio, el autor considera que todos los interesados deben ampliar su visión para reconocer la importancia de los asuntos y sistemas en las diferentes áreas horizontales: política, finanzas y salud. Éstas tienen efectos significativos para el desarrollo del sistema educativo y no deben ser sobre simplificadas y frenar las reformas, conduciendo a una parálisis. No se deben ver los asuntos de gobernanza de manera aislada y puntual, buscar caminos reduccionistas que apuntan a áreas específicas de políticas o cambios pedagógicos no llevará a cambios sostenibles de gran envergadura. Para ser efectivo en la solución de problemas complejos es necesario entender la teoría de la complejidad.
El autor describe con ejemplos la diferencia entre sencillo, complicado y complejo. Lo sencillo es seguir una receta: debemos tener una, la podemos replicar, la expertez es útil pero no indispensable, obtenemos productos estándar y las mejores recetas siempre dan buenos resultados. Lo complicado es enviar un cohete a la luna: las fórmulas son críticas, enviar a un cohete aumenta la seguridad de que el siguiente estará bien, son necesarios altos niveles de expertez en múltiples campos, todos los cohetes son muy similares en muchos aspectos y hay un alto grado de certidumbre en el resultado una vez que los temas originales se han resuelto. Lo complejo es criar a un niño: las fórmulas tienen aplicación limitada, educar a uno niño da experiencia pero no asegura el éxito de educar a otro, la expertez contribuye pero no es ni necesaria ni suficiente para el éxito, cada niño es único y debe ser tratado de manera individual y siempre permanece incertidumbre en el resultado.
            Los responsables de las políticas públicas pueden utilizar las propiedades de un sistema complejo para reformar a la educación, al identificar los retos y los caminos de colaboración y retroalimentación, asegura el autor. Propone los siguientes elementos claves para operar este método:
            Impulsar un ambiente de colaboración en todo el sistema al crear activamente oportunidades de interacción. Comisiones de estudiantes, rotación de directivos y profesores, y reuniones semanales de todos los actores son ejemplos de procesos orientados al cambio que incrementan la retroalimentación y la auto-organización que no requieren inversiones grandes;
            Diseñar procesos continuos de colaboración e interacción. Conferencias o seminarios anuales no permiten un nivel suficiente de familiaridad y confianza para construir y permitir un flujo libre de ideas;
            Hacer reformas iterativas, experimentales y flexibles. No sólo se impulse un producto terminado, sino se presente una idea para consideración. Al incrementar la calidad y la frecuencia de las interacciones, las reformas o las buenas prácticas pueden ser ajustadas a los contextos locales;
            Evitar el supuesto de que la disfuncionalidad del sistema es por sus individuos. Abrir las posibilidades de que el aprendizaje institucional crezca a partir del nivel local;
            Enfocarse a unos pocos problemas claves y analizarlos de manera colaborativa. No se debe intentar resolver todas las enfermedades sistémicas, sino identificar las más importantes y estudiarlas vigorosamente, permitiendo que las propiedades auto-organizativas de la teoría de la complejidad alineen otros aspectos del sistema por medio del proceso de retroalimentación;
            Promover un sistema de mentores de largo plazo. Al establecer áreas de investigación colaborativa donde los profesores se puedan estimular y apoyar mutuamente, y
            Considerar las estructuras y mecanismos de gestión de otros sectores. Aumentar la interacción con otras áreas de la sociedad como medicina, construcción, protección civil, finanzas y ecología, entre otras, permitirá reconocer que la solución de problemas en el sistema educativo complejo no es responsabilidad de un sólo individuo.
            En Morelos, debemos reconocer que sólo al mejorar todas las escuelas podemos alcanzar buenos resultados en una escuela. Las políticas públicas deben impulsar el avance de todo el sistema educativo con colaboración y retroalimentación, en una red compleja.

9 dic. 2013

Eficiencia energética en América Latina.

publicado en La Jornada Morelos el 9 de diciembre de 2013

El uso eficiente de la energía consiste en la producción de bienes y servicios con reducción de costos, contaminación y uso de recursos naturales, e incremento en la eficiencia, calidad y productividad. Esto se puede lograr a través de la implantación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales. También, se puede considerar a la eficiencia energética como la fuente de energía convencional más importante del futuro ya que, en general, la reducción del consumo de un barril de petróleo es más económica que producirlo y transportarlo. Además, todo plan para llevar a cabo una transición a energéticos renovables está sustentado en el establecimiento previo de un programa que reduzca el consumo de combustibles y electricidad en los sectores del transporte, industrial, doméstico, servicios y agropecuario.
Claudio Carpio, consultor de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, elaboró con la colaboración y bajo la supervisión de Manlio F. Coviello, Jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Energía, ambos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el documento intitulado “Eficiencia energética en América Latina y el Caribe: avances y desafíos del último quinquenio”, que fue preparado para el cuarto Diálogo Político Regional en Eficiencia Energética, celebrado en noviembre de 2013, en México, D.F. y organizado por la CEPAL en conjunto con el Gobierno de México, gracias a la contribución del Ministerio Federal para el Desarrollo Económico de Alemania (BMZ) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) -LC/W.562. Copyright © Naciones Unidas, noviembre de 2013. Éste tiene como objetivo analizar la evolución de los programas y acciones nacionales, tanto de la situación como de las perspectivas, avances y desafíos de la problemática de la eficiencia energética, relacionadas a la promoción y desarrollo de la eficiencia energética en los 27 países de América Latina y el Caribe miembros de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE).
            En términos generales, el documento establece que se percibe una clara mejora en la atención y dedicación de la mayoría de los países acerca de la problemática de la eficiencia energética. Buena parte de esto se debe al convencimiento de que el cambio climático es una realidad y que una de las formas más eficaces para contribuir a la mitigación de sus efectos es aplicar políticas costo–efectivas de eficiencia energética. La amplia gama y la capacidad efectiva de actores públicos y privados relacionados a la promoción y desarrollo de programas de eficiencia energética en países de la región es función de cuatro variables principales: a) apoyo político de los gobiernos, b) continuidad en el esfuerzo y en las estructuras que atienden el tema, c) capacidad de acceder a financiamiento y d) capacidad de informar acerca de “qué se puede hacer” en cada sector de consumo para desarrollar acciones de eficiencia energética. En materia de recursos y mecanismos de financiación de los programas de eficiencia energética, en la mayoría de los países gran parte de los fondos aplicados a la promoción y desarrollo de la eficiencia energética proviene principalmente de los presupuestos nacionales, lo que supone en general importantes limitaciones en su cometido.
            Del análisis de la información, el documento plantea que la calidad de las estadísticas e indicadores de desempeño que permiten cuantificar resultados de los programas nacionales de eficiencia energética continúa siendo, a la fecha, insuficiente. Sin embargo, para superar esta carencia, CEPAL está trabajando en el tema de los indicadores de eficiencia energética en el ámbito del programa regional BIEE (Base de Indicadores de Eficiencia Energética para América Latina y el Caribe), siguiendo el proceso técnico–político y la lógica de funcionamiento del programa ODYSSEE de la Comisión Europea, con la expectativa de generar un conjunto de indicadores específicos que permitan determinar la evolución de los programas nacionales de eficiencia energética, analizar los resultados y —como consecuencia— tomar las decisiones de política que correspondan.
            En cuanto a las barreras que dificultan el desarrollo sistemático de actividades y programas de eficiencia energética en la Región, el documento identifica las siguientes: falta de continuidad de las instituciones relacionadas; perfil muy bajo del sector encargado; asignación de mayor importancia institucional a los sectores relacionados al medio ambiente y al cambio climático; insuficiente conocimiento en todos los estratos sociales acerca de qué acciones pueden realizarse, qué beneficio económico se obtendría y qué tecnologías podrían aplicarse para mejorar el uso de la energía; precios poco accesibles de tecnologías; insuficiencia de regulaciones efectivas; subsidios a las tarifas de la energía; decisiones relacionadas a invertir o no en proyectos considerando únicamente el costo inicial de un equipo o producto; ineficiencias de control aduanero en el impedimento del ingreso de equipos, productos y vehículos de baja eficiencia; desconfianza del mundo financiero sobre la rentabilidad de las inversiones en este tipo de proyectos; ausencia de un mercado financiero preparado para manejar este tipo de contratos; e insuficiente desarrollo en la implementación masiva de la ISO 50001 sobre gestión de la energía.
            En Morelos, debemos considerar que la mera existencia de normas y recomendaciones sobre eficiencia energética no garantiza de manera alguna su mejor uso. Es necesario un desarrollo y aplicación sistemática de actividades, proyectos y programas adaptados a la realidad de nuestro estado, que además consideren las razones culturales y sociales que dificulta contar con un sistema eficaz de control y fiscalización.

2 dic. 2013

Cultura, desarrollo y buen vivir

publicado en La Jornada Morelos el 2 de diciembre de 2013

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) considera que la cultura, a través de sus distintas expresiones y prácticas, en especial la lengua, representa, vincula, enriquece, mezcla y consolida la estructura que sostiene y hace funcionar la formación socioeconómica de una sociedad determinada, y puede transformar el contexto local a favor de un cambio económico, medioambiental y social equilibrado. También, que es un proceso activo mediante el cual los grupos humanos responden a sus necesidades colectivas presentes, involucra la lengua, los valores, las conductas, las normas e instituciones; las memorias personales y colectivas que dan sentido y sin las cuales no hay existencia humana; los saberes y capacidades humanas.
Myrna Cunningham, Ex Presidenta y actual miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, escribió el artículo “La cultura: pilar del desarrollo para el buen vivir”, en la revista Cultura y Desarrollo, No. 9, 2013. Este texto aborda dos cuestiones. La primera se centra en el concepto y la praxis del buen vivir y, la segunda, trata las diferentes dimensiones de la vida y de la economía comunitaria en la que participan las mujeres indígenas, haciendo real y posible este concepto.
            Los pueblos indígenas apuntan hacia el desarrollo sustentable con identidad étnica y cultural. En el concepto occidental de desarrollo, prevaleciente en la economía global, se apuntala el desarrollo en tres pilares: social, económico y medioambiental, dejando por fuera y obviando la diversidad étnica, lingüística y cultural, sostiene la autora. En su perspectiva y cosmovisión, la cultura y la lengua son el vehículo principal que significa, define, crea, vincula y comunica, proporciona coherencia, sustentabilidad y desarrollo, en consecuencia, el Vivir Bien. La visión del buen vivir tiene que ver con las condiciones de vida social, perspectivas y calidad de vida de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de la reciprocidad, complementariedad y redistribución en los distintos espacios de la vida social, económica, cultural y política. La base fundamental para la sustentabilidad es el respeto a la madre naturaleza, respeto observado y garantizado por los pueblos indígenas en sus territorios.
            ¿Qué elementos hay en las culturas que posibilitan el desarrollo sostenible, el Bien Común y el Vivir Bien? La autora pregunta y contesta. En primer lugar el ser; no hay cultura que no sea humana. Cultura es todo lo que hemos aprendido y hacemos los humanos en la cotidianeidad, en la vida diaria. Las lenguas maternas, las cosmovisiones, los saberes, el agua, los cultivos o la vida silvestre son elementos vitales en el desarrollo y las políticas públicas, como herramientas para el desarrollo sustentable las cuales deben incluir la cultura como elemento central. Además, enfatiza que los factores culturales propios de cada pueblo representan la fuente principal de su desarrollo económico y social porque entiende la cultura como una estructura conformada a partir de la producción social y la transmisión de identidades, representaciones, significados, conocimientos, creencias, valores, aspiraciones, memorias, propósitos y actitudes. En la forma de vida, en la cultura de un pueblo particular, están presentes costumbres, creencias, códigos de conducta, de vestimenta, lenguaje, arte, cocina, ciencia, tecnología, religión, tradiciones e instituciones.
            Para Vivir Bien - Buen Vivir se aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión. Este es un proyecto, una propuesta, una agenda diaria en la que para Vivir Bien se deben conciliar visiones y saberes que estén vivos, que funcionen, sean comprendidos y practicados cotidianamente, plantea la autora. La solidaridad, reciprocidad, colectividad, resiliencia y auto-sustentabilidad son prácticas sociales cotidianas y lógicas de producción reales. Estos son algunos de los valores, racionalidades y filosofías propuestos por el pensamiento indígena contemporáneo ante el momento histórico que vivimos, ante la crisis de la humanidad y la naturaleza, urgidas de superar los modelos económicos, políticos, culturales, discursivos y éticos que las han devastado.
            Al esbozar el paisaje de ese locus que definimos como Buen Vivir traza la autora en primer lugar los temas transversales: género y pautas demográficas. A continuación ubica los elementos
esenciales en el pensamiento indígena contemporáneo: seguridad jurídica de tierra, territorio y recursos naturales; integridad del patrimonio cultural; respeto a la identidad y no discriminación; educación culturalmente adecuada; salud intercultural; control del destino; participación plena, informada y efectiva; acceso a infraestructura y servicios básicos; grado de amenazas externas; y bienestar material.
            En Morelos, debe ser una prioridad absoluta la buena gestión y probidad en función del interés comunitario, y demandarse recuperar valores y una ética para la gestión sustentable e íntegra de los recursos y territorios, contando para ello con la fortaleza cultural de nuestros pueblos.

25 nov. 2013

Riesgo y desarrollo

publicado en La Jornada Morelos el 25 de noviembre de 2013
-->
En los últimos años, el mundo ha padecido conmociones financieras y económicas que han alterado la economía mundial y han provocado pérdida de ingresos, empleos y estabilidad social. Asimismo, diversos desastres naturales de gran intensidad han devastado comunidades enteras en Filipinas, Haití, Japón y México, entre otros países, dejando a su paso una estela de muertes y pérdidas económicas. Ha crecido la preocupación por el calentamiento de la Tierra, al igual que los temores por la propagación de enfermedades mortales contagiosas. También, existe preocupación deriva de las oportunidades de desarrollo que se pierden cuando no se asumen los riesgos necesarios. Para aprovechar las oportunidades es imprescindible asumir riesgos, pero muchas personas a menudo se resisten a hacerlo por temor a las posibles consecuencias negativas. Sin embargo, la inacción puede confinar a los individuos a una situación vulnerable frente a las perturbaciones negativas y con aún menos capacidad para aprovechar las oportunidades que podrían mejorar su calidad de vida.
El Banco Mundial presentó recientemente el informe “Riesgo y oportunidad: la administración del riesgo como instrumento de desarrollo” (Banco Mundial. 2013. Informe sobre el desarrollo mundial 2014. Panorama general: Riesgo y oportunidad. La administración del riesgo como instrumento de desarrollo. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons Reconocimiento CC BY 3.0), que fue elaborado por un equipo dirigido por Norman Loayza, junto con Inci Ötker-Robe. En este informe se insta a los individuos y a las instituciones a administrar los riesgos de manera proactiva y sistemática, en vez de sólo luchar contra las crisis cuando ya se han producido. Hay numerosas pruebas que indican que reconocer el riesgo y prepararse para enfrentarlo puede traer enormes beneficios. También, es una valiosa guía tanto para incorporar la administración del riesgo en los programas internacionales de desarrollo como para ayudar a los países y las comunidades a fortalecer sus propios sistemas de administración del riesgo. Advierte que el mayor riesgo es el de no asumir ningún riesgo.
El riesgo es una carga, pero también una oportunidad, asegura el informe y pregunta: ¿Por qué preocuparse por el riesgo? En los últimos años, la economía mundial se ha visto alterada por numerosas crisis que han generado importantes consecuencias negativas en el desarrollo. A causa de la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, la mayor parte de las economías de todo el mundo sufrieron importantes caídas en las tasas de crecimiento, con las consiguientes pérdidas de ingresos y empleos y retrocesos en las iniciativas de reducción de la pobreza. Cuando los precios de los alimentos aumentaron abruptamente en 2008, se produjeron revueltas en más de 12 países de África y Asia, lo que reflejó el descontento y la inseguridad de la población y provocó malestar político generalizado. El tsunami de 2004 en Asia, el terremoto de 2010 en Haití y el desastre múltiple de 2011 en el noreste de Japón (por nombrar solo algunos episodios) han dejado decenas de miles de muertes y pérdidas económicas que ejemplifican el incremento en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. De hecho, las crisis económicas y los desastres de gran magnitud que se han registrado en los últimos años y los que pueden producirse en el futuro ponen de relieve la vulnerabilidad de las personas, las comunidades y los países ante riesgos sistémicos, en particular en las naciones en desarrollo.
Los riesgos idiosincráticos, específicos de las personas o de los hogares, no son menos importantes para el bienestar de la población. Perder el empleo o no encontrar trabajo por carecer de las capacidades adecuadas, ser víctima de una enfermedad o de delitos, sufrir una ruptura familiar a causa de las dificultades financieras o verse obligados a emigrar son situaciones que pueden resultar abrumadoras, en particular para las familias y las personas vulnerables. Los gastos en salud generados por altos niveles de violencia y delitos representan cada año entre el 0,3% y el 5,0% del producto interno bruto (PIB) de diversos países de América Latina, y esto sin considerar el impacto del delito en la pérdida de producto como consecuencia de la caída de la inversión y la participación en la fuerza laboral.
La administración del riesgo puede salvar vidas, evitar daños y prevenir retrocesos en el desarrollo, y abrir nuevas oportunidades, señala el informe. Frente a las distintas alternativas para mejorar su calidad de vida, las personas toman prácticamente todas sus decisiones en un contexto de incertidumbre. Los jóvenes deciden qué estudiar o en qué capacitarse sin saber exactamente qué empleos y qué salarios encontrarán cuando se incorporen al mercado laboral. Los adultos deciden cuánto y cómo ahorrar para su jubilación en un contexto de incertidumbre respecto de su ingreso futuro, de la rentabilidad de sus inversiones, de su estado de salud y de los años de vida que les restan. Los agricultores deciden qué sembrar y qué insumos utilizar sin saber con certeza si sus cultivos recibirán lluvia suficiente y sin conocer qué demanda y qué precios tendrán sus productos en el mercado. Y los Gobiernos deciden el nivel de las tasas de política monetaria y del déficit fiscal en presencia de condiciones externas inciertas, índices inciertos de aumento de la productividad interna y cambios desconocidos en los mercados financieros.
Las observaciones derivadas de la economía de la decisión en contextos inciertos conforman un marco analítico para la administración del riesgo y, según el informe, está conformado por una serie de pasos conexos: Evaluar los objetivos y motivaciones fundamentales de  la administración del riesgo; comprender el entorno en el que surgen los riesgos y las oportunidades; analizar qué conlleva la administración del riesgo; evaluar  los  principales  obstáculos  que  enfrentan  los  individuos y las sociedades para administrar el riesgo, incluidas las limitaciones de recursos, información e incentivos; e incorporar la función que pueden desempeñar los grupos y la acción colectiva en distintos niveles de la sociedad para superar los obstáculos que enfrentan las personas a la hora de administrar el riesgo.
Si administrar el riesgo permite salvar vidas, evitar perjuicios económicos y abrir nuevas oportunidades —y más aún: si la administración del riesgo es eficiente en función de sus costos y sus elementos fundamentales se comprenden bien—, ¿por qué las personas y las sociedades no son más eficaces en esta tarea?, establece el informe. Si bien la respuesta específica varía en cada caso, siempre se relaciona con los obstáculos y las limitaciones que deben enfrentar los individuos y las sociedades, entre las que figuran la falta de recursos y de información, fallas de conocimiento y en la conducta, ausencia de mercados y de bienes públicos, y externalidades sociales y económicas. Esta observación conduce a una conclusión importante. No basta con detectar los riesgos: también se deben detectar, priorizar y abordar mediante acciones públicas y privadas los obstáculos a la administración del riesgo.
En Morelos, debemos seguir los cinco principios de acción pública para una mejor administración del riesgo: no generar incertidumbre o riesgos innecesarios; proporcionar los incentivos adecuados para que las personas y las instituciones realicen su propia planificación y preparación, tratando, al mismo tiempo, de no imponer riesgos o pérdidas a terceros; crear mecanismos institucionales que trasciendan los ciclos políticos a fin de mantener una perspectiva de largo plazo para administrar los riesgos; promover la flexibilidad dentro de un marco institucional claro y previsible; y proteger a los grupos vulnerables y, al mismo tiempo, alentar la autosuficiencia y preservar la sostenibilidad fiscal.

18 nov. 2013

El clima de la igualdad en 2020

publicado en la Jornada Morelos el 18 de noviembre de 2013

Al tratar el tema de la igualdad en Latinoamerica, debemos recordar la propuesta de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), manifestada en La hora de la igualdad (CEPAL, 2010) de tener un Estado que garantice un entorno macroeconómico adecuado para prevenir y enfrentar la volatilidad; promueva el progreso cientifico y tecnologico; reduzca las disparidades territoriales en capacidades productivas, en articulación con mercados ampliados, en mayor convergencia en el acceso a los servicios y en menores desigualdades en los niveles de bienestar; impulse políticas activas y pasivas en el ámbito del empleo, a fin de proteger contra el desempleo, cerrar brechas de ingresos laborales como mecanismo clave de promoción de la igualdad e incrementar las tasas de participación y las tasas de empleo; intervenga de manera más decidida en el ámbito social, para garantizar mayor acceso al bienestar y mayor desarrollo de capacidades de quienes se encuentran en situación de mayor rezago y vulnerabilidad, y juegue un rol protagónico para velar por más democracia y más igualdad, dos caras de la misma moneda.
La CEPAL publicó recientemente el documento intitulado “Prospectiva y desarrollo: el clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020” (Publicación de las Naciones Unidas
, LC/G.2579
, Copyright © Naciones Unidas, octubre de 2013), cuya elaboración estuvo a cargo de Luis Mauricio Cuervo y Jorge Máttar, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Esta publicación registra la culminación de un proceso de análisis con visión de futuro y marca la apertura de nuevos desafíos y compromisos. Da cuenta del resultado de una amplia encuesta a especialistas de la región acerca del futuro previsible de las brechas de igualdad identificadas en los documentos La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, publicado en 2010, y Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, publicado en 2012, y delinea los escenarios tendencial, ideal y de ruptura.
El documento se divide en ocho secciones, la primera de las cuales es la Introducción. En la segunda sección se describen brevemente los fundamentos de la prospectiva y sus semejanzas y diferencias con respecto a la planificación propiamente dicha. En la tercera se identifican los principales hitos de la evolución del quehacer prospectivo en América Latina. La cuarta contiene un breve recuento y balance de los estudios de prospectiva económica realizados en todo el mundo. En la quinta se describen el proceso de elaboración y lo que se consultó a especialistas en el desarrollo de América Latina y el Caribe, con el propósito de conocer sus pronósticos sobre la evolución de las brechas de la igualdad en la década de 2010. En las tres últimas secciones (sexta, séptima y octava) se presentan tres escenarios sobre la igualdad en la región, basados en los resultados de la encuesta. Estos tres escenarios corresponden al “futuro más probable”, al “futuro ideal o más deseable” y a una situación de “ruptura”.
        El futuro más probable de las brechas de igualdad se podría resumir en una sola frase: desempeño socioeconómico aceptable sin cambio estructural. En cuanto al crecimiento económico, el pronóstico revela un optimismo con respecto a la situación que se daría en un contexto de ausencia de cambios, expresada en tasas de crecimiento del PIB. En efecto, el 63 por ciento de los encuestados estima que durante los próximos diez años el crecimiento del PIB per cápita será superior a un promedio del 2 por ciento. Según el 86 por ciento de las estimaciones, América del Sur seguirá creciendo a un mayor ritmo que México, Centroamérica y el Caribe, cuyo comercio continuará orientado a los Estados Unidos. El 64 por ciento considera altamente probable (más del 70 por ciento de probabilidad) que América del Sur profundice su especialización en la exportación de materias primas. Finalmente, según la mayoría de los encuestados el cambio climático continuará o se agudizará y se acentuarán sus impactos en el ámbito social (el 77 por ciento opina que se incrementara la pobreza), en la agricultura (el 85 por ciento estima un impacto negativo) y en la energía (el 50 por ciento prevé un impacto negativo).
        El futuro más deseable consistió en determinar si en los pronósticos que ofrece la encuesta se prevé un acercamiento a la situación deseable o una desviación de ésta. Con esta interpretación en mente, la situación prevista podría resumirse en la siguiente frase: futuro social moderadamente promisorio sin transformación integral. Hay un marcado contraste entre las dimensiones sociales y las restantes. Mientras las primeras son las únicas que presentan pronósticos significativos de acercamiento al ideal, del 30 al 50 por ciento; en las demás dimensiones estos apenas superan el 20 por ciento. En efecto, se estima que la heterogeneidad productiva, las disparidades territoriales y las diferencias de crecimiento entre América del Sur y el resto se mantendrán invariables o incluso se alejarán aun más de lo deseable. En cambio, la probabilidad de que el empleo, las brechas sociales y la estructura fiscal se acerquen a la situación deseable es mayor, aunque nunca supera el 50 por ciento.
         En los escenarios de ruptura, la imagen del futuro se basa en la clasificación de las respuestas de acuerdo con criterios diferentes a los empleados en los casos anteriores. En éste solo se tomaron en consideración las preguntas cuyas respuestas pudieron clasificarse en dos categorías: continuidad o cambio. No se tomó en cuenta el significado preciso de lo que esta continuidad significa (empeoramiento o mejoramiento de una situación dada). En términos globales, las respuestas revelan que la polaridad entre los cambios sociales relativamente positivos y los poco halagüeños resultados en materia productiva tiene márgenes de variación más reducidos que en el resto de los componentes, es decir la economía mundial, las disparidades territoriales y el empleo. En lo relacionado con la economía mundial, los ámbitos identificados por los participantes como los que plantean mayores interrogantes, caracterizados por una mayor incertidumbre y una menor previsibilidad son los relacionados con el ritmo de crecimiento económico mundial, de China y de América Latina. En contraste, los ámbitos cuya evolución se considera más previsible y menos sujeta a incertidumbre son las brechas de crecimiento entre América del Sur y el resto del mundo, la estructura de las exportaciones con predominio de productos primarios, la tasa de inversión agregada y la orientación de México y Centroamérica hacia el mercado de los Estados Unidos. El margen probable de cambio de todos los aspectos de la convergencia productiva se considera relativamente limitado, lo que indica que domina el pronóstico de continuidad de las tendencias actuales.
            En Morelos, debemos ratificar la rectoría del Estado para llevar los ritmos de crecimiento hacia sus mayores potencialidades y promover un patrón de crecimiento hacia un mayor dinamismo productivo y una menor vulnerabilidad en el ámbito laboral, al acelerar cambios en la matriz productiva hacia la mayor incorporación de progreso técnico y, complementariamente, impulsar políticas decididas para reducir las brechas de productividad entre los distintos sectores y niveles de la estructura productiva.

11 nov. 2013

Seguridad alimentaria en ciudades.

publicado en La Jornada Morelos el 11 de noviembre de 2013

Las zonas urbanas son las más expuestas a conflictos alimentarios ya que no producen la mayoría de los productos que consumen sus habitantes, tales como carne, pescado, granos y leguminosas, entre otros. Además, están expuestas a que sus flujos de suministros puedan ser disminuidos por diversas razones, tanto naturales como sociales o económicas. También, deben ser considerados los inseparables flujos de salida o desechos sólidos urbanos, la contaminación generada al aire, suelo y agua y el impacto negativo a la biodiversidad. El cambio climático ya tiene un efecto adverso sobre la producción de alimentos. Esta problemática sólo tendrá solución si planeamos y establecemos estrategias formales de seguridad alimentaria urbana a largo plazo.
            Gian Carlo Delgado Ramos escribió el ensayo “Cambio climático y la alimentación de las ciudades”, en la revista Investigación Ambiental 2013, 5(1) 85-101. Presenta una revisión sobre los impactos del cambio climático en la producción de alimentos, revisa críticamente la apuesta por un aumento de la productividad, analiza los impactos actuales de la producción de alimentos en términos de emisiones directas e indirectas y analiza el impacto en la seguridad alimentaria en zonas urbanas.
            Dado que las dietas urbanas se han tornado cada vez más intensivas en agua y energía, sobre todo debido al aumento del consumo de carnes, lácteos y diversos alimentos procesados, el autor sostiene que los asentamientos urbanos modelan, en cierto sentido y medida, las dinámicas territoriales y los ritmos de las emisiones directas e indirectas asociadas a la alimentación, más allá de sus propias fronteras. El reto es ciertamente mayor en países donde el grueso de su población ya es urbano, y sobre todo, cuando se trata de países pobres, como los latinoamericanos.
            La magnitud y ritmo de las implicaciones del cambio climático, de cara a la capacidad de transformación y adaptación de la agricultura y la ganadería es probablemente, según el autor, la cuestión con mayor peso y relevancia en el futuro próximo de la seguridad alimentaria. Los impactos mayores se observan tanto en el aumento de la temperatura y los cambios en la disponibilidad de agua. Algunas proyecciones, recopiladas por el autor, de los posibles efectos del cambio climático para el 2030 precisan que la productividad de los cultivos podría caer de entre 1.3 a 9 por ciento, dependiendo de la región. Para 2050 y con una concentración de 369 ppm de CO2 en la atmósfera (hoy ya es de 400 ppm), la caída alcanzaría el rango de 4.2 a 12 por ciento y, cuando la población mundial logre estabilizarse pero los efectos del cambio climático se agudicen, esto es en la década del 2070, la caída podría llegar a ser de entre 14.3 a 29 por ciento.
            Los sistemas urbanos son predominantemente dependientes de alimentos, pero en general de energía y de todo tipo de materiales que obtienen de zonas periurbanas, regionales, nacionales o incluso del extranjero, plantea el autor. Se trata de asentamientos humanos en expansión, sobre todo en los países pobres donde el aumento poblacional a 2050 se concentrará en un 95 por ciento en ciudades. Estamos ante todo un reto, incluyendo la producción de mayores cantidades de alimentos que deben ser llevados y distribuidos en sistemas urbanos expansivos y desiguales. El desafío técnico es considerable pues aún con mejoras sustanciales en la producción de alimentos, mismas que han permitido prácticamente doblar la capacidad productiva desde la segunda mitad del siglo pasado tan sólo aumentando en un 10 por ciento la superficie de tierra cultivable, para el 2050 será necesario aumentar la producción agrícola en 70 por ciento para poder cubrir la demanda futura de alimentos estimada en patrones de consumo actuales.
            Los mayores retos, considera el autor, están asociados a cuestiones no tecnológicas sino socioeconómicas y políticas y en concreto a las tipologías de las dietas contemporáneas, la distribución y la accesibilidad a los alimentos. Y es que hoy día tan sólo la producción de cereales se calcula en un kilogramo per cápita al día o más que suficiente para alimentar a toda la población mundial; no obstante, su distribución es altamente desigual, incluso al grado de reconocerse abiertamente la existencia de 850 millones de personas malnutridas.
            El autor propone el método denominado “metabolismo urbano de los alimentos”, donde se busca dar cuenta de los flujos de entrada y de salida y de los stocks que conforman todo el sistema alimentario de cualquier asentamiento; es decir, de los subsistemas de producción, suministro, distribución, consumo y generación de flujos de salida o de contaminantes y residuos en y fuera de las urbanizaciones. Lo que hace posible visualizar la dimensión y complejidad de su dependencia alimentaria con respecto a otras escalas espaciales, develando las modalidades en las que dicha dependencia es neutralizada, así como los impactos ambientales y climáticos directos e indirectos. Asimismo, tal perspectiva analítica permite dar cuenta de los stocks o la infraestructura y artefactos necesarios para la puesta en marcha del sistema alimentario urbano, pero también de los flujos de salida, sus costos socio ambientales e implicaciones, esto es, de los desechos y las excretas, flujos urbanos de salida que además son importantes emisores de metano.
            Para el caso particular de México, el autor asegura, debe subrayarse que muchos de los costos, tanto de agua, tierra requerida y de emisiones, quedan ocultos en el flujo del comercio internacional dado que el país es importador neto, además de maíz y otros granos y leguminosas, de carnes y derivados. Tal transferencia de flujos de alimentos, en un contexto de potenciales afectaciones a la capacidad de producción alimentaria como producto del cambio climático, claramente pone en entre dicho la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo, sobre todo la de la población urbana y enfáticamente de aquella más pobre.
            En Morelos, debemos entender el metabolismo estatal de los alimentos y, en particular, su dimensión urbana, así como las implicaciones de las fuerzas externas y en general de las pautas que modelan la (in)seguridad alimentaria y las causas de las desigualdades nutricionales. Estos elementos son prerrequisitos clave para una apropiada política y toma de decisiones en un contexto de cambio de clima, erosión ambiental y aumento de la población urbana.

4 nov. 2013

Profesional docente y evaluación

publicado en La Jornada Morelos el 4 de noviembre de 2013

-->
Las dimensiones que son necesarias tener en cuenta para comprender la labor profesional de los maestros incluyen, según Álvaro Marchesi: la formación inicial, los niveles exigidos para la selección de los docentes, la retribución económica, el tiempo y las condiciones de trabajo, la carrera profesional, la organización de las escuelas, la formación en ejercicio, la evaluación del trabajo docente y de las propias escuelas donde los docentes desempeñan su labor. La evaluación de los docentes abarca múltiples campos y se enfrenta a decisiones controvertidas y nada fáciles de poner en práctica. Tener un buen sistema de evaluación de los maestros puede contribuir a mejorar los resultados de los alumnos, pero conviene resaltar que dichos resultados también dependen de las condiciones que prevalecen en el hogar y el medio en que vive cada uno, de las escuelas a las que asisten y de los propios maestros, que constituyen el factor sin duda más importante. Además, debe tenerse en cuenta que la evaluación por sí misma no produce avance alguno, es parte del proceso de mejora continua.
            La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) publicó recibiente un documento titulado “2013 Miradas sobre la Educación en Iberoamérica: Desarrollo profesional docente y mejora de la educación” (© OEI. Impreso en agosto de 2013). Trata de manera cualitativa al profesorado disponible en cada uno de los países y en las distintas etapas educativas, así como el número de alumnos por aula y las retribuciones de los profesores; propone un nuevo ordenamiento de la información precisa para dar cuenta de los indicadores contemplados en el proyecto Metas 2021 sobre profesorado; describe la formación inicial de los futuros profesores, cómo se accede a la docencia y cómo cada país organiza la formación continua de sus profesores; aborda el tema complejo de la evaluación de los docentes, y presenta un conjunto de reflexiones y de sugerencias que han de ser analizadas a la luz del contexto, de la historia y de las posibilidades de cada uno de los países.
            En los países iberoamericanos hay, desde hace mucho tiempo, sistemas tradicionales de evaluación de docentes que incluyen escalas únicas de salarios de tipo escalafón y sistemas de inspección y supervisión, cuyo funcionamiento en algunos lugares es bastante consistente y en otros contiene vicios de burocratización y politización que les restan eficacia, establece el estudio. Sin embargo, han surgido en diferentes países iberoamericanos iniciativas para renovar los sistemas de evaluación de docentes, en una tendencia similar a la que hay en otros lugares del mundo. En la mayoría de los casos las innovaciones son recientes y coinciden en buscar formas de asignar estímulos económicos o diferencias en los salarios tomando como base el desempeño de los maestros, así como en incluir la posibilidad de que la evaluación pueda llegar a tener la consecuencia de que un docente deba separarse de su empleo.
            Para la mejora profesional de los docentes, el reporte considera imprescindible: apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la percepción social de la docencia y su prestigio profesional, punto de partida fundamental para estimular la elección de la carrera docente; garantizar un nivel de exigencia que permita accedan a la formación a los jóvenes aspirantes con más posibilidades de alcanzar la mejor preparación; promover el acceso a la profesión docente de los estudiantes más competentes para garantizar una enseñanza de calidad; desarrollar políticas públicas que mejoren la capacidad del sistema educativo para seleccionar y retener a los mejores maestros y profesores en la docencia; fortalecer la calidad de las instituciones que ofrecen formación inicial, al respaldar los procesos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de dichas instituciones; mejorar los programas de formación con los que trabajan; establecer procedimientos rigurosos de selección y perfeccionamiento de los profesores responsables de la formación inicial docente; impulsar y mejorar la relación entre las instituciones formadoras de docentes y las escuelas; asegurar que los modelos de formación inicial estén respondiendo a las necesidades de los diversos contextos escolares, a las necesidades e intereses de los futuros docentes y, sobre todo, a las necesidades de los alumnos; e impulsar las iniciativas que contribuyan a prestar una especial atención a los docentes noveles, facilitando su formación a través de programas de mentoría que ayuden a la reflexión sobre su propia práctica y la de sus compañeros.
            El reporte indica que existe prácticamente unanimidad entre los especialistas en que la formación inicial de los docentes resulta insuficiente por los cambios permanentes que se producen en la sociedad y en la enseñanza; que el contacto real en el aula y con los alumnos genera nuevas necesidades de formación; que los cambios inherentes a la labor educativa exigen procesos de formación y reflexión continuos, siendo la formación permanente en el profesorado un proceso prolongado. También, llama la atención sobre la necesidad de generar modelos diferenciados de formación continua, que tomen en consideración su trayectoria profesional, los años de experiencia, la edad en la que se encuentran y la carrera docente. Al mismo tiempo, son necesarios modelos que garanticen, además de una formación en las competencias docentes tradicionales, la utilización de metodologías flexibles del aprendizaje y de estrategias de investigación e innovación educativa, la incorporación de las TIC en la enseñanza y la capacitación de la reflexión sobre la propia práctica docente.
            Un sistema de evaluación de docentes no se debe reducir a valorar el desempeño de los que están frente a uno o varios grupos de alumnos, asegura el estudio; debe comenzar antes, buscando asegurar que accedan a la profesión docente jóvenes cuyas características permitan esperar que lleguen a ser buenos maestros. Esto tiene que ver con las evaluaciones para el ingreso a los programas de formación de docentes, así como con la acreditación de la calidad de las instituciones en que se ofrezcan esos programas. Luego deberá haber buenas evaluaciones para decidir quiénes pueden ingresar a la profesión, con procesos de transición de la escuela al primer trabajo e inducción a este, con acompañamiento de tutores experimentados. Finalmente, se necesita que haya también buenos sistemas de promoción horizontal y vertical de maestros en servicio, basados en evaluaciones confiables y válidas de su desempeño, incluyendo la certificación de los más destacados.
            Los instrumentos de estas evaluaciones deberían incluir, del modo más adecuado en cada caso, según el reporte: pruebas de conocimiento de contenidos y de conocimientos pedagógicos del profesor; informes del equipo directivo y de la inspección educativa; portafolios, bitácoras e informes del profesor; observaciones en aula efectuadas por responsables pedagógicos; encuestas de alumnos y familias; resultados de alumnos en buenas evaluaciones, internas y externas, contextualizados y valorados por los equipos directivos, los profesores y las familias, es decir, por el conjunto de la comunidad educativa.
            En Morelos, debemos incorporar la evaluación como instrumento indispensable de las políticas que garantizan la educación de calidad, abarcando a las propias políticas educativas, la gestión de los sistemas educativos, los docentes, los aprendizajes adquiridos por los alumnos y el rendimiento del conjunto del sistema educativo.

1 nov. 2013

Estrategias empresariales verdes

publicado en la Jornada Morelos el 28 de octubre de 2013

Una mayor conciencia de los impactos ambientales de la producción y comercialización de
productos ha dado lugar a que las empresas comiencen a ser evaluadas no sólo por su capacidad de proveer productos y servicios de calidad, sino también por su capacidad de balancear los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales, es decir por su sustentabilidad. En este contexto, las grandes empresas han ido incorporando el cambio climático en sus estrategias y procesos de toma de decisiones. Sin embargo, un importante desafío es incorporar también esta temática en las agendas de las empresas de menor tamaño. Es fundamental que los gobiernos establezcan políticas públicas, con estrategias y acciones específicas, que impulsen y fomenten la integración de todas las empresas en el camino del desarrollo sustentable.
            Alicia Frohmann y Ximena Olmos, consultoras de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), escribieron el documento “Huella de carbono, exportaciones, y estrategias empresariales frente al cambio climático”, publicado en la Colección documentos de proyectos de  la CEPAL (LC/W.559, copyright © Naciones Unidas, septiembre de 2013. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile). El objetivo de esta publicación es aportar al conocimiento y difusión de experiencias exitosas de empresas en latinoamérica, incluyendo las principales motivaciones, las metodologías de cálculo de la “huella de carbono” (es decir, la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera por cada actividad que realizamos) y el tipo de alianzas empresariales o público-privadas que estuvieron presentes. Con ese recuento analítico, esperan generar insumos para la formulación de políticas públicas en países de la región y también incentivar los proyectos que están desarrollando los empresarios del sector exportador.
            Las autoras se preguntan ¿Por qué reducir las emisiones? Y enseguida plantean los beneficios más importantes: primero, colabora en aminorar o retardar los efectos del cambio climático, manteniendo por más tiempo las condiciones que permiten desarrollar determinadas actividades en ciertas localidades; segundo, detecta ineficiencias en los procesos productivos de las empresas y coopera en su mejora, pues ayuda a identificar aquellos procesos o insumos que requieren de ajustes o deben ser cambiados; tercero, modifica los comportamientos de las personas que son parte de la empresa, ya que genera una conciencia personal sobre el tema y ésta se traslada a los hogares; cuarto, fortalece la marca del producto y éste se hace más competitivo en los mercados internacionales, y quinto, crea oportunidades de avanzar en otros temas ambientales como la gestión de los residuos y del agua, que están comenzando a abrirse paso como requerimientos en los mercados internacionales. Sin duda, incorporar estas variables requiere de un esfuerzo importante, pero las oportunidades de ganancias que se abren llegan a compensarlo.
            El primer desafío de las empresas al decidir calcular su huella de carbono, es definir la metodología que utilizarán. Según las autoras, las grandes empresas parecen haber privilegiado en principio realizar inventarios corporativos (por ejemplo, utilizando el GHG Protocol de la OECD). Otro de los obstáculos más mencionados a la hora de avanzar hacia la reducción de emisiones son los altos costos involucrados, ya que para la gran mayoría de los empresas, comenzar a utilizar energías renovables, cambiar sus procesos internos para reducir al mínimo las emisiones o el uso de insumos menos intensivos en carbono, pueden ser pasos que requieren de fuertes incentivos por parte de los gobiernos; por ejemplo, los mercados de comercio de emisiones globales de carbono, impuestos, regulaciones y estándares. Todos ellos tienen en común un horizonte bastante estable en el tiempo, lo que a juicio de los empresarios les permitiría recuperar en un plazo adecuado las inversiones realizadas. Sin embargo, en la medida que las empresas han comenzado a informar sobre los planes de reducción, se está confirmando que este obstáculo va decreciendo con el paso de los años.
            Algunas guías para que los formuladores de política las tengan en cuenta han sido recopiladas por las autoras y proponen avanzar en: una mayor armonización de los métodos de presentación de informes de los gases de efecto invernadero (GEI); definir claramente el alcance y los límites de las emisiones de las empresas para contar con información completa e incentivar la reducción de emisiones; fortalecer la calidad y credibilidad de la información sobre las emisiones de GEI; incentivos y señales de precios que permitan estimular el potencial de reducción de las emisiones de las empresas; orientar el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de GEI; apoyar en el trabajo de las empresas con sus proveedores, especialmente a través de la cooperación internacional; movilizar a los consumidores y aumentar en ellos la confianza en las empresas, básicamente a través de la educación en estos temas; generar un marco regulatorio que legitime un consumo de calidad, como las regulaciones en torno al etiquetado energético, y eco-etiquetado como impulsor de iniciativas sustentables en los negocios. Finalmente, llaman la atención sobre el alto nivel de supervisión necesario, al considerar distintos niveles de progreso, y sobre la necesidad de que al mismo tiempo dicho sistema sea simple.
            En Morelos, el rol de las políticas públicas en la implantación de programas de medición de emisiones y sustentabilidad ambiental es crucial, y se deben emprender proyectos de medición de huella de carbono o ambiental de sectores relevantes, con el propósito de que tanto el sector público como el privado puedan tomar medidas de reducción de emisiones. En particular, financiando parcialmente proyectos privados de cálculo y reducción de la huella, de acceso a la información y de cooperación técnica.