Para progresar en la sociedad de la información y
para incorporarnos a la sociedad del conocimiento es indispensable que los
mexicanos y nuestras instituciones tengamos disponibles las más avanzadas
tecnologías de información y de comunicación (TIC), y contemos con la capacidad
de utilizarlas de manera eficaz y eficiente. Esto sólo será posible en el corto
y mediano plazos si elaboramos y ejecutamos políticas públicas que incorporen
plenamente a las TIC en los procesos de educación y capacitación, de gobierno a
niveles federal, estatal y municipal, y de gestión en las empresas. Este cambio
estructural nos llevará sin duda a una sociedad con acceso libre al
conocimiento y, por lo tanto, se impulsará decididamente la igualdad entre sus
miembros.
La
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), apoyada por la Unión Europea,
recientemente publicó un estudio sobre la “Economía digital para el cambio
estructural y la igualdad” (LC/L.3602 • 2013-186 © Naciones Unidas • Marzo 2013
• Impreso en Santiago de Chile, 2013), donde se sostiene que, en un contexto de
crecimiento económico y de reducción de la pobreza en gran parte de los países
de América Latina, éstos deben abordar el desafío de articular y consolidar su
economía digital, lo que exige responder a las preguntas sobre cómo identificar
y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en una fase de convergencia tecnológica
para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad.
El
estudio señala tres acciones indispensables e inmediatas. En primer lugar, es
necesario renovar las estrategias para maximizar el impacto de la economía
digital en el crecimiento, la innovación, el cambio estructural y la inclusión
social. Los principales desafíos son asegurar las condiciones mínimas para que
las inversiones en las TIC tengan un impacto positivo en el crecimiento
económico; promover y consolidar un modelo de difusión e innovación tecnológica
basado en la banda ancha, compatible con los objetivos de inclusión social, y
promover un cambio de la estructura productiva que, a partir de las
especificidades económicas e institucionales de cada país, articule el
conocimiento con la producción y fortalezca al sector de software y
aplicaciones. En segundo lugar, se requiere consolidar un marco de
políticas que actúe sobre los factores críticos que condicionan el despliegue
de la economía digital. Las principales brechas que es necesario abordar se
encuentran en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, la demanda
de banda ancha y el desarrollo de la industria de software y
aplicaciones. La política pública es indispensable para asegurar la equidad en
el acceso y uso de las TIC que tienen elementos de interés público en tanto
facilitan la provisión de servicios sociales (gestión pública, salud y
educación) y de bienes públicos. En tercer lugar, se debe avanzar hacia una
institucionalidad para la economía digital que integre a las iniciativas de
política sobre banda ancha, industrias TIC e inclusión digital. En este ámbito,
deberán existir acciones organizadas en dos caminos: políticas TIC para el
cambio estructural y TIC para la igualdad y la inclusión social.
Avanzar
en el cambio estructural necesario para el desarrollo y la reducción de la inequidad
en la región requiere, según el estudio, formular e implementar una nueva fase
de las estrategias para las TIC cuyo eje sea el desarrollo integral de la
economía digital, definida como los sectores de industria TIC (telecomunicaciones,
hardware, software y servicios TIC) y la red de actividades económicas
y sociales facilitadas por Internet. La economía digital es una fuente de
aumento de productividad, crecimiento económico y desarrollo sustentable; para
aprovechar ese potencial, se requieren instituciones y políticas que aseguren
la generación de sinergias entre la difusión de las nuevas tecnologías y el
cambio de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en digitalización
y conocimiento.
Después
de dos décadas de implementación de políticas que han enfatizado el desarrollo
de la infraestructura, el acceso a Internet y la difusión de las TIC, la
evidencia muestra una importante participación de la economía digital en el PIB,
apunta el reporte. Estimaciones de la CEPAL indican que, en promedio para
Argentina, Brasil, Chile y México, alcanzan al menos 3.2 por ciento, cifra no
despreciable si se considera que en los 27 países de la Unión Europea el porcentaje
correspondiente es de 5 por ciento.
Las
profundas desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a servicios
públicos que predominan en la región condicionan el patrón de acceso y uso de
Internet, asegura el reporte. Es por ello que es importante, como alternativa
al acceso en el hogar o el lugar de trabajo, disponer de redes públicas de
acceso gratuito. La intervención del Estado es indispensable para asegurar la
equidad en el acceso y uso de las TIC; en particular, es necesario
considerarlas como un servicio de interés público pues facilitan la provisión
de servicios sociales tales como la salud, la educación y el gobierno
electrónico.
En
Morelos, se han tenido pequeños avances en materia de incorporación de la
tecnología digital en la provisión de servicios de interés público, especialmente
en materia de acceso e infraestructura. Sin embargo, aún es débil el avance en
dos factores claves asociados a la utilización efectiva de las TIC: la
apropiación de la tecnología por el usuario y el desarrollo de contenidos
relevantes. Un componente fundamental para aprovechar las TIC es la capacidad
para usarlas de manera pertinente en el ámbito educativo, tanto docente como
administrativo y estudiantil.
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