16 jun. 2014

Democratización universitaria

publicado en la Jornada Morelos el 16 de junio de 2014.
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Un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una propuesta inclusiva para iniciar una reforma educativa en México. Establecieron que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.  En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. (Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Bárzana García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea].Primera edición [México]: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. http://www.planeducativonacional.unam.mx). A continuación analizaremos con mayor detalle el papel de la universidad para el avance democrático.
Adriana Chiroleu, profesora titular de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en Argentina, publicó “Alcances de la democratización universitaria en América Latina”, en la Revista Iberoamericana de Educación, No. 65/1, 15 mayo 2014. En este artículo analiza los alcances concretos del proceso de democratización universitaria y el contenido que en diversos países latinoamericanos asume esta meta común. 
En las últimas décadas diversos gobiernos en América Latina han puesto énfasis en la profundización de la democratización de la educación superior asociada a menudo únicamente con la expansión cuantitativa, establece la autora. Una revisión teórica de las diversas modalidades y alcances de las políticas desarrolladas permite, sin embargo, identificar su carácter complejo, histórico y las múltiples interpretaciones de la palabra “democratización”. El concepto de democratización puede abordarse desde la perspectiva social, en sentido amplio o en sentido restringido. La primera acepción da cuenta de la extensión de algún derecho, o acceso a bienes, a un gran número de personas. Esto implica que la expansión -a secas- de este bien para que alcance a más sectores de la sociedad podría considerarse una forma de democratización. Sin embargo, advierte que esto debe relacionarse con la definición de educación que se tenga. Si por ésta se entiende un bien del que se extrae un beneficio (cualquiera que éste sea), acceder a un nivel de estudios del que se estaba excluido, supone democratización. Por sí mismo, este acceso no anula exclusiones anteriores ni supone que los diferentes grupos sociales tengan oportunidades equivalentes de obtener resultados similares en el tránsito educativo. La segunda acepción, lleva a una definición más restringida de democratización que pone el acento en la reducción de las desigualdades sociales. Aplicando el mismo razonamiento anterior, si los diplomas que se obtienen en las diversas instituciones habilitan oportunidades sociales y laborales diferentes, entonces aunque supongan una ampliación de los horizontes y las posibilidades de sus detentadores, no operarán sobre la desigualdad social. Se trataría entonces de un proceso de democratización parcial, incompleto o trunco.
            La igualdad de oportunidades que ofrece a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de su mérito, no busca reducir las desigualdades sino las discriminaciones, asegura la autora. Si todas las personas están igualadas en el punto de partida las posiciones jerarquizadas que se obtengan se consideran “justas” pues están abiertas a todos. Pero es notorio que las posibilidades de éxito de jóvenes provenientes de los sectores altos, medios y bajos, generalmente no resultan equivalentes.
Los sistemas de educación superior en Argentina, Brasil, México y Venezuela son claramente diversos en términos de cobertura, grado de diversificación y sector de gestión prevaleciente, entre otros, señala la autora. Comparten sin embargo una representación inequitativa de los diversos grupos socioeconómicos sobre la cual han procurado incidir en la última década especialmente las políticas anteriormente reseñadas. La democratización universitaria rescatada como meta de la política pública constituye aún un proyecto en ejecución, pero cabe resaltar el mayor compromiso de los gobiernos en el reconocimiento de la problemática universitaria.
La autora concluye señalando algunas cuestiones insoslayables para avanzar en este proceso: las exclusiones operadas en los niveles anteriores al superior se constituyen en un cuello de botella de importancia central; la política universitaria y la de las propias instituciones ha puesto el énfasis en el ingreso a los establecimientos y no en la generación de posibilidades similares de permanencia y egreso, lo cual se traduce en una menor representación entre los graduados de los jóvenes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos familiares; se ha iniciado el tránsito de una atención de la demanda social como si la sociedad fuera homogénea, a una que procura salvaguardar los derechos de minorías tradicionalmente excluidas del nivel por causas económicas, étnicas u otras situaciones particulares; el aumento en el nivel de cobertura de la matrícula no opera per se en la reducción de las desigualdades sociales; la diversificación institucional frecuentemente viene acompañada de segmentación y diferenciación institucional (especialización social de las instituciones) y en este caso, se da una fuerte tendencia a la reproducción de las desigualdades sociales sin que se den a menudo transformaciones virtuosas; el apoyo económico a los estudiantes de sectores económicos desfavorecidos debe alcanzar un nivel adecuado para permitirle concentrarse en los estudios postergando el ingreso al mundo del trabajo; y la expansión institucional amplía la oferta pero si no se actúa sobre otras variables como la dualidad del mercado escolar, la calidad de los aprendizajes ofrecidos, los disímiles capitales escolares de los ingresantes y las diversas posibilidades de egreso del nivel, la expansión será sinónimo de inflación, manteniendo casi intactas las desigualdades vigentes.
            En Morelos, debemos acordar con precisión las visiones, objetivos y procesos de las instituciones educativas en los diversos niveles de formación. En ejemplo extremo, ni las primarias y secundarias deben otorgar cursos de licenciatura y posgrado, ni las universidades deben ofrecer materias de nivel básico. También, los problemas sociales que deben atender las universidades, tanto públicas, autónomas o no, como privadas, son de tal magnitud e importancia, que no deben invadir las esferas del gobierno, los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales. Las universidades cumplirán con su deber democratizador al aceptar a la mayor cantidad de alumnos con un nivel de conocimientos adecuado, al comprometer que sus funciones de investigación, docencia, extensión y gestión administrativa se realicen con el mayor rigor académico, profesional, transparencia y solvencia, y al establecer programas de enseñanza–aprendizaje equitativos socialmente que impulsen la igualdad.

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