12 ene. 2015

Economía del cambio climático.


publicado en La Jornada Morelos el 12 de enero de 2015.
 
El cambio climático, causado sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, induce modificaciones ya discernibles a nivel mundial, tales como un aumento de la temperatura media global, alteraciones de los patrones de precipitación, un incremento del nivel del mar, la reducción de la criósfera y fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, hay evidencia de que la temperatura media global sufrió un aumento de 0.85 grados centígrados, durante el período 1880-2012. La evolución histórica y las proyecciones permiten predecir que el aumento de la temperatura proyectado a 2100 muy probablemente excederá 1.5 grados centígrados y, en caso extremo, llegará hasta los 4.8 grados centígrados. El cambio climático es un problema global pero asimétrico, por lo que a menudo se observa que regiones como América Latina y el Caribe, que tienen una participación histórica acotada en lo que respecta a las emisiones, resultan particularmente vulnerables a los efectos económicos adversos.
Joseluis Samaniego, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), supervisó la elaboración del documento “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: Paradojas y desafíos del desarrollo sustentable”, publicado por la CEPAL (LC/G.2624 Copyright © Naciones Unidas, noviembre de 2014). Se plantea que el desafío del cambio climático es también el desafío del desarrollo sustentable y su solución requiere alcanzar un acuerdo global en que se reconozcan las asimetrías y paradojas del problema; en el marco de un crecimiento económico con mayor igualdad e inclusión social.
América Latina y el Caribe presentan una vulnerabilidad particular a los efectos del cambio climático a raíz de su ubicación geográfica, climas, condiciones socioeconómicas y demográficas e, incluso, la alta sensibilidad de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad, asegura el documento. Las estimaciones preliminares realizadas a 2050, aunque presentan un alto nivel de incertidumbre y no incorporan todos los efectos potenciales o los procesos de retroalimentación o de adaptación, sugieren que los costos económicos del cambio climático se ubican entre el 1.5 y el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional.
El reto simultáneo de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas e instrumentar los procesos de mitigación, al tiempo que se reconocen responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades heterogéneas, es considerable y condicionará las características del desarrollo del siglo XXI, establece el documento. Más aún, sólo en el contexto de un desarrollo sustentable será posible hacer frente a este desafío. Así, el cambio climático plantea una paradoja temporal fundamental: constituye un fenómeno a largo plazo, pero requiere una solución inmediata basada en procesos de mitigación y adaptación.
Para afrontar el cambio climático, se necesitan modificaciones estructurales significativas en el estilo de desarrollo actual. El transporte es un caso elocuente de las transformaciones requeridas, propone el documento. La fuerte asociación entre la demanda de gasolina y la trayectoria del ingreso, el bajo impacto del precio en la demanda de gasolina, la alta concentración del gasto en gasolina y la tenencia de automóviles privados en los sectores económicos más altos y medios de la población, constituyen una alerta sobre la segmentación de las preferencias de transporte de la población. La falta de un trasporte público eficiente, seguro y de calidad conduce a la preeminencia del transporte privado en estos sectores, la cual se observa cada vez con mayor frecuencia incluso entre algunos grupos de bajos ingresos. Esta situación conlleva una continua migración hacia el transporte privado conforme aumentan los ingresos; por lo tanto, para satisfacer las demandas de movilidad de los nuevos grupos emergentes es necesario constituir una nueva matriz público-privada.
El alto dinamismo económico de América Latina y el Caribe, apoyado en el auge de las exportaciones y de los precios bajos de los recursos naturales renovables y no renovables, ha contribuido a reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales. Sin embargo, indica el documento, también ha dado origen a diversas externalidades negativas, como la contaminación ambiental y atmosférica y el cambio climático. En este sentido, estas externalidades entrañan costos económicos significativos y crecientes, e incluso erosionan las bases de sustentación del actual estilo de desarrollo. La insostenibilidad del desarrollo actual se puede ilustrar con los actuales patrones de consumo de la región, donde el crecimiento económico reciente se ha traducido en la conformación de nuevos grupos de ingresos bajos y medianos.
El estilo de desarrollo de la región Latinoamericana muestra una inercia que debilita sus propias bases de sustentación, donde el cambio climático representa una externalidad negativa global que intensifica estos problemas y paradojas, indica el documento. La estructura productiva, la infraestructura específica, el paradigma tecnológico dominante (caracterizado por una escasa innovación), la política que rige los incentivos económicos y los subsidios, y una matriz de consumo de bienes privados y públicos, inducen y consolidan una senda de baja sustentabilidad ambiental. Para modificar estas tendencias se requieren transformaciones profundas del paradigma de desarrollo. Adaptarse a las nuevas condiciones climáticas e instrumentar los procesos de mitigación necesarios para el cumplimiento de las metas climáticas exige alcanzar un acuerdo mundial que apunte a transitar hacia un desarrollo sustentable. Este tipo de desarrollo implica una mayor igualdad y cohesión sociales, y una matriz público-privada congruente, factores que reducen la vulnerabilidad a los efectos adversos y hacen más viables y menos onerosos los costos de la mitigación.
En Morelos, debemos realizar modificaciones estructurales significativas en el estilo del desarrollo con la finalidad de garantizar que las acciones para impulsar el desarrollo económico se desprendan de políticas públicas basada en la comprensión de que el desafío del cambio climático es el desafío del desarrollo sustentable.