El deficiente manejo de los presupuestos estatales

La Caja Negra del Gasto Público es el título del reporte que publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), el 8 de septiembre pasado. La cúpula empresarial, en palabras del licenciado Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo del IMCO, señala que el poderío de un imperio, una nación o una ciudad se puede medir en función de la fortaleza de su erario público y que el punto de quiebre de grandes cambios históricos ha ocurrido como consecuencia de la incapacidad de la autoridad para financiar sus egresos.
Describe que éste es un estudio detallado sobre los desafíos para tener mejor información de los dineros administrados por los gobiernos de las entidades.
Y sentencia que ante el aparente ocaso de la riqueza petrolera, tenemos dos opciones: optar por un cambio profundo en los ingresos y egresos públicos o permitir que las circunstancias nos impongan las condiciones del cambio.
Este reporte nos indica que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor el primero de enero de 2009 y pretende homologar para 2012 todas las cuentas públicas de estados, municipios y entidades públicas en el país, dejó fuera un elemento central: la normatividad de los presupuestos.
Éstos son la columna vertebral de la planeación del gasto y la transparencia financiera y además una declaración explícita de las prioridades de los gobiernos y de la fuerza de los grupos de poder que extraen rentas privadas de los dineros públicos.
Se presenta también un estudio de Fausto Hernández Trillo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde supone que las 32 entidades federativas se separan y dejan de constituirse en los Estados Unidos Mexicanos o, también, se podría pensar como el rompimiento del Sistema de Coordinación Fiscal, mediante el cual los estados recuperan la facultad administrativa de recaudar todos los impuestos (ISR, IVA, etc.). Bajo este supuesto y haciendo muy diversas consideraciones sólo 14 entidades tendrían viabilidad financiera; el estado de Morelos no la tendría y contaría con un déficit de 809 pesos por persona; estando en el escalafón 20 de 32 para el 2009. Además, nos hacen notar que la hacienda de Morelos sólo fue capaz de captar el 5 por ciento de sus ingresos totales.
Señalan que debemos además considerar que los procesos de presupuesto y de cuenta pública deben estar conectados para reflejar claramente el proceso de asignación y ejecución de los recursos, de modo que pueda haber rendición de cuentas y contrapesos basados en el escrutinio público de contribuyentes, funcionarios, federación y competidores políticos.
Dicho proceso es, de manera resumida, el siguiente: el Ejecutivo envía un proyecto de Presupuesto de Egresos al Congreso local; el Congreso aprueba el proyecto; el Ejecutivo publica el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos; los recursos públicos son ejercidos de acuerdo con el presupuesto para la consecución de los objetivos propuestos, y finalmente se revisa que los recursos públicos hayan sido empleados en los planes y programas para los que fueron asignados.
Sin embargo, este proceso es desafortunadamente muy largo y no permite la transparencia necesaria; por ejemplo, aseveran que en Morelos dura 30 meses.
En diciembre de 2008 se promulgó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para armonizar los sistemas contables de la federación, los estados y municipios. Los tres niveles de gobierno deberán, para 2012, utilizar estructuras y normas contables estándar.
Comentan que el cambio principal radica en el hecho de pasar de una contabilidad por flujos de efectivo a una por devengados. La contabilidad por devengados permite la emisión de informes financieros y obtención de costos en tiempo real.
Para conocer el gasto público y que deje de ser una “caja negra”, la cúpula empresarial propone, a través del IMCO, diversas acciones en los rubros de responsabilidad hacendaria, de transparencia del gasto público, de rendición de cuentas y de gasto en infraestructura.
Y, generalizando, se suma a los que han propuesto transformar al Instituto Federal Electoral en una institución con presencia nacional y capacidad jurídica de organizar elecciones y contar los votos, en comicios estatales y municipales, y dotar a la Auditoría Superior de la Federación de recursos y un marco jurídico adecuado para ampliar sus capacidades de fiscalización hacia estados y municipios. Otras voces también incluyen crear la policía nacional única con mando central.
Este trabajo del IMCO presenta el muy deficiente manejo del presupuesto por parte de los Ejecutivos estatales. Sin embargo, ¿es la solución revertir la descentralización administrativa?
Es imprescindible conocer a cabalidad quiénes disfrutan de la renta de los presupuestos públicos y alcanzar una solvencia comprobada en el manejo de los presupuestos estatales.