24 oct. 2011

Agricultura y políticas públicas

publicado en La Jornada Morelos el 24 de octubre


El desarrollo del sector agropecuario ha sido y será afectado en el corto plazo por diversos problemas de origen internacional: la volatilidad de los precios de las materias primas, la nueva crisis económica mundial debido a las adversidades macroeconómicas que experimentan los Estados Unidos y Europa, y la crisis alimentaria en África, que nos recuerda la gran vulnerabilidad en que todavía viven amplios segmentos de la población mundial. A nivel nacional, los problemas en el campo se incrementan por la falta de tecnología, que mantiene una baja productividad, y de regulación de los mercados de productos básicos, que incrementa el efecto de la especulación sobre el alza de precios de los alimentos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron, el 21 de octubre de 2011, un estudio intitulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2011 – 2012” (ISBN13: 978-92-9248-364-7), donde se enfatiza la importancia de que los países cuenten con instrumentos de política diferenciados para atenuar los efectos de una mayor volatilidad de los precios (incluido el tipo de cambio) en los ámbitos social, productivo y macroeconómico. Se postula también la necesidad de contar con políticas integrales para abordar los efectos de una mayor variabilidad climática en la agricultura, pues un contexto de cambio climático es un factor adicional que contribuye a incrementar la volatilidad de dichos precios.
La tendencia de largo plazo al alza de los precios de las materias primas agrícolas brinda una oportunidad para la agricultura de América Latina y el Caribe, señala el estudio, porque en la región hay tierra disponible que puede incorporarse al esfuerzo productivo, así como una abundancia relativa de agua, biodiversidad y recursos humanos que es posible capitalizar. Recomienda aprovechar este potencial con políticas de desarrollo productivo dirigidas a fomentar la producción de alimentos, promover una mayor participación de la agricultura familiar en el proceso e incentivar un uso sustentable de los recursos naturales. El objetivo debe ser mejorar los aportes de la agricultura y las actividades relacionadas a la generación de ingresos y empleos. Asimismo, el estudio recomienda potenciar la ganadería, la acuicultura y el desarrollo forestal comunitario en el ámbito de la agricultura familiar campesina, diseñando esquemas alternativos que garanticen la producción sostenible de alimentos y contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional.
            Las políticas públicas de los países de América Latina y el Caribe, según el estudio, han perseguido  diferentes objetivos: (i) incrementar la producción, con medidas tendientes a disminuir los costos de los insumos importados, suministrar semillas y otorgar créditos en condiciones más blandas; (ii) garantizar ingresos a los productores, por medio de compras estatales, coberturas de riesgos, precios garantizados, pagos directos, arreglos entre los actores de las cadenas y fondos de estabilización; (iii) asegurar el consumo interno, con medidas dirigidas a establecer restricciones para la exportación y a proteger los ingresos de los consumidores, buscando con ello evitar la contracción de la demanda, y (iv) proteger a poblaciones vulnerables, al promover las transferencias condicionadas, el acceso a servicios públicos, las bolsas de alimentos y el fortalecimiento de redes sociales.
            En cuanto a las políticas para la agricultura, el estudio estima que prevalecerán aquellas de naturaleza cortoplacista, formuladas en gran parte de los países de la región para ser aplicadas sólo en periodos gubernamentales. En algunas naciones, sin embargo, se otorgará importancia a las políticas con una visión de largo plazo. Por ejemplo, en Costa Rica, Perú, Panamá y Argentina, entre otros países, ya se están llevando a cabo procesos dirigidos a la formulación de la política de Estado para la agricultura o de planes estratégicos en esta área, inspirados en la experiencia chilena o en programas específicos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que se han considerado exitosos.
Para enfrentar la volatilidad de los precios, reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria en los próximos años, el estudio indica que se requieren políticas que vayan más allá del sector agrícola. Dichos retos demandan políticas de un espectro más amplio y exigen que las políticas macroeconómicas y sectoriales estén articuladas. Para lograr lo anterior, se debe considerar la aplicación de políticas de Estado para la agricultura, que permitan atender temas transversales y multisectoriales. Por otro lado, es necesario que los gobiernos vuelvan a considerar a la agricultura como un sector prioritario para el logro de la seguridad alimentaria. Para ello se debe aumentar la inversión dirigida a la agricultura, y se le deben asignar los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para su desarrollo. También resulta relevante generalizar prácticas para evaluar el resultado de las políticas aplicadas y desarrollar los mecanismos de seguimiento y evaluación requeridos, además de aprender de las buenas prácticas que estén ejecutando otros países.
En Morelos, como propone el estudio, el gobierno y las organizaciones financieras deben invertir inteligentemente sus recursos para impulsar el manejo responsable de los recursos naturales, favorecer la inclusión social y promover la producción competitiva de alimentos de calidad. Paralelamente a ello, se deben desarrollar y fortalecer las capacidades locales para fomentar los agronegocios competitivos, conducir procesos participativos para formular políticas, ejecutar proyectos y programas a partir de una planificación estratégica y brindar servicios de manera efectiva.

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