15 jul. 2013

Empleo, desarrollo e igualdad

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publicado en La Jornada Morelos el 15 de julio de 2013
La capacidad del mercado de trabajo para generar empleos de calidad y proteger a los que no lo tienen y a los jubilados es esencial para la cohesión social e indicativa de la calidad del desarrollo de un país, establece la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Según diversos autores, los problemas que presenta el mercado de trabajo en México se deben principalmente a una estrategia de desarrollo sustentada en la exportación intensiva, basada en trabajo no calificado y en bajos salarios, y a su inserción en un sistema de producción internacional compartida, que se ha mantenido invariable desde los años noventa y genera poco empleo formal en el país. Lo anterior no sólo pone en duda la utilidad de crear nuevas formas de contratación, como las que se incluyeron en la Reforma de la Ley Laboral en 2012, sino que dado el contexto de extrema debilidad en que se encuentran los trabajadores, podrían dar lugar a una mayor precarización de los empleos sin los beneficios esperados y prometidos a los ciudadanos.
            Graciela Bensusán, consultora de la Sede Subregional de la CEPAL en México, preparó el documento titulado “Reforma laboral, desarrollo incluyente e igualdad en México”, que fue publicado en la Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, No. 143 (de las Naciones Unidas, ISSN: 1680-8800, LC/L.3624, LC/MEX/L.1098, Copyright © Naciones Unidas, abril de 2013). Inserto en el actual debate mundial sobre el empleo y en el que se generó en México en torno a la reforma de la legislación laboral de noviembre de 2012, en este documento se analiza el papel que las instituciones laborales pueden desempeñar en el país en el marco de un desarrollo incluyente que coloque la generación de empleo formal en el centro de las políticas macroeconómicas y sectoriales y cierre las brechas de desigualdad originadas en los mercados de trabajo, con un horizonte de largo plazo. Se pregunta si la reforma recientemente aprobada puede contribuir a lograr este objetivo y, en caso contrario, qué tipo de cambios deberían experimentar la legislación y la política laboral para promoverlo.
            La autora parte de la necesidad de reorientar la estrategia de desarrollo del país, considerando a las instituciones y políticas laborales como un instrumento clave para mejorar la calidad de los empleos y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Retoma la perspectiva de la CEPAL sobre el cambio estructural y la convergencia productiva, así como las ventajas de los modelos de capitalismo coordinados por su capacidad de reducir la desigualdad que se genera en los mercados de trabajo. Desde ese ángulo, muestra las principales limitaciones de la reforma en la legislación laboral mexicana, tanto en lo que se refiere a la apuesta que hizo por la flexibilidad laboral y la mejora en los índices de competitividad, como recurso para incrementar la generación del empleo y la productividad, y por el déficit que registra en términos de la democratización del mundo del trabajo.
            A la luz de la revisión de los principales indicadores del mercado de trabajo, concluye la autora que las prioridades que surgen de la situación laboral real no fueron consideradas suficientemente ni de la mejor manera en la reforma. La dimensión social y política de la reforma tuvo un menor alcance que la económica, pero también hay que decir que esta última, la más polémica, no tuvo un enfoque desregulador ni promovió una flexibilidad extrema. Más bien, a cada oportunidad que se abrió a los empleadores, correspondió una restricción, aunque no una compensación efectiva para los trabajadores que pudieran resultar afectados por una mayor volatilidad del empleo, como sería un seguro de desempleo.
            México deberá hacer ajustes mucho más profundos en sus regulaciones e instituciones de aplicación, por no decir en el modelo laboral en su conjunto, si realmente quiere avanzar hacia la convergencia productiva y la disminución de la pobreza y la desigualdad, establece la autora. En particular, debe propiciarse la estabilidad laboral a través de garantías más efectivas y oportunas frente a los despidos injustificados y seguros de desempleo para evitar la pérdida de ingresos, pero a la vez debería garantizarse el derecho a la capacitación de por vida, para mejorar la forma de empleo de los trabajadores. Habrá que ver en qué medida las nuevas normas de contratación y las restricciones a la subcontratación ponen un freno al uso de esta estrategia como instrumento para abatir condiciones de trabajo y costos laborales, pero seguramente se enfrentarán serios problemas para hacerlas efectivas y sólo se utilizarán si existen actores colectivos dispuestos a movilizarse para defenderlas en contra de un uso abusivo por parte de los empleadores, así como una vigilancia mucho más estricta de la autoridad a lo largo de las cadenas productivas donde prolifera el empleo subcontratado.
            La reforma de 2012 buscó incrementar en México las oportunidades del pago por hora con plenos derechos, pero como se vio la modalidad que impuso —el pago de un salario remunerador de ocho horas ante el desempeño de una sola— difícilmente podrá llevarse a la práctica, sostiene la autora. Aunque la regulación del trabajo de tiempo parcial no podría convertirse en una solución para los grupos más vulnerables debido al bajo monto de los salarios que perciben, lo cierto es que garantizar de manera extendida el pago de aportaciones a la seguridad social en estos casos es un avance comparado con la actual situación de desprotección.
            En Morelos, debemos hacer un esfuerzo por extender las prestaciones de los asalariados hacia los trabajadores informales. Es deseable reforzar programas sociales de transferencias de beneficios en áreas como la salud, la educación, la alimentación y la cultura.

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