La participación pública se entiende como la
incorporación de actores de los sectores gubernamental, empresarial, académico
y de la sociedad civil, que estén interesados o afectados por un problema específico,
y que tomen decisiones con la finalidad de formular y dar seguimiento a las
políticas derivadas y en un espacio organizado desde la esfera gubernamental.
En estos términos, la participación es tanto un medio como un fin, ya que
procura un lugar para la negociación y permite la integración social. En la
solución de problemas ambientales es imprescindible reconocer la necesidad de
hacer efectivo este proceso.
Mariana Villada-Canela, del
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja
California, publicó el artículo “El rol de la información y la participación
pública en la planeación ambiental”, en la revista Investigación Ambiental
2013, 5 (2). Este artículo examina la literatura sobre el uso y conocimiento de
la información para la planeación ambiental y, además, contribuye al entendimiento
y evaluación del papel de la información como un medio de validación de
decisiones ya tomadas, un mecanismo para ejercer poder y exhibir los intereses
en la participación, o una limitante ante la naturaleza técnica de la
información ambiental.
La
información es una serie de datos generados mediante técnicas o a partir de la
práctica, con significado y propósito. En la planeación ambiental, la
información hace referencia al estado de los sistemas naturales y a la presión
ejercida por los sistemas humanos, establece la autora. Se define también como
la referente al estado, causas, consecuencias y soluciones del problema
ambiental. Esta definición alude a una primera característica de la información
ambiental: es la base de conocimiento que permite cambiar
actitudes y prácticas, así como basar argumentaciones en la toma de decisiones.
Existe
una controversia entre la práctica y la teoría de la participación en la
planeación ambiental y, con el fin de comprender de dónde surge, la autora
explora tres orientaciones teóricas para la toma de decisiones: una derivada
del paradigma positivista, una que lo complementa y otra que cuestiona ese
positivismo. La primera privilegia el uso y conocimiento de la información como
una forma de racionalizar el proceso decisorio. La segunda permite el
aprendizaje y el equilibrio de los conflictos entre participantes. En cambio, la
tercera muestra que en ocasiones pueden ser más fuertes las presiones de los
grupos debido a un interés específico, al margen de la argumentación
científica. Así, las diferencias entre estas tres orientaciones teóricas
permiten contrastar lo observado en la práctica.
Por
un lado, la orientación positivista se relaciona con una toma de decisiones
tecnocrática, apunta la autora. Los expertos aparecen representados como
creadores de conocimientos que desempeñan importantes papeles en la definición
de políticas y, por tanto, son legitimados en el tratamiento de temas
controversiales. También, indica que la necesidad de consultar a los
científicos es una evidencia del dominio tecnocrático y de la exclusión de
actores que no son expertos y que no tienen preparación técnica, prevaleciendo así
la racionalidad científica. Por otro, existe una orientación sustantiva que
complementa a la positivista al tomar en cuenta sus limitaciones, en donde la
apropiación y uso de la información tienen como objetivo incrementar el
aprendizaje entre participantes. Esta orientación exhibe la función
“iluminadora” en la toma de decisiones, proporcionando el conocimiento
faltante, educando y cambiando la forma en que los actores piensan y resuelven
el problema.
Ante
lo anterior aparece una tercera orientación, derivada de la práctica. La autora
presenta que el uso de la información está inmerso en normas sociales que lo
hacen altamente simbólico y no siempre obedecerá a las orientaciones positivista
y sustantiva porque: mucha de la información recopilada tiene poca relevancia
para las decisiones; a menudo justifica decisiones ya tomadas o se genera después
de haberla solicitado; hay quejas sobre su indisponibilidad e ignorancia de la que
sí está disponible; o se genera más de la necesaria. Se sugiere entonces que la
información es usada para otras razones que racionalizar la toma de decisiones
o ser la base del aprendizaje de los participantes.
La
apropiación y uso de la información entre participantes para la toma de decisiones
responde a estas tres orientaciones, propone la autora. Éstas sirven de base a
la definición y el análisis del papel que desempeña la información cuando los
participantes la usan, la poseen o se apropian de ella de acuerdo a sus fines. Los
roles de la información en la planeación ambiental son tres. Primero, el instrumental,
donde la elección de la información está basada en la mejor ciencia y datos relevantes
para la identificación del problema ambiental, su valoración y la propuesta de
alternativas de solución. Segundo, el conceptual, donde la aplicación o el uso
de la información son indirectos y sirve para ampliar el conocimiento, la
educación y la concientización sobre los problemas ambientales y decidir sobre
ellos. Y tercero, el simbólico, que se subdivide a su vez en tres conceptos: de
procedimiento, donde la información permite dar cumplimiento al marco legal e
institucional, designar responsabilidades a funcionarios, grupos de interés y ciudadanos
para demostrar que la toma de decisiones se realiza de forma racional y
técnicamente competente; como recurso de poder, donde la información es un
medio para mantener, evidenciar o alterar las relaciones de poder en la toma de
decisiones; legitima puntos de vista, decisiones, derechos e intereses usando,
rechazando o alterando la información; y el excluyente, donde la información se
vuelve una condicionante de la participación al minar los argumentos de los
menos instruidos técnicamente, mantenerlos descartados del proceso, polarizando
el debate y delimitando su inclusión en las negociaciones.
Los
aspectos que deben tomarse en cuenta para garantizar una participación amplia,
corresponsable y especialmente informada son, según la autora: la apertura
gubernamental a la toma de decisiones; la adecuada identificación de actores y
su información; la coordinación entre agencias y actores, en distintos ámbitos
administrativos; la identificación de otras restricciones institucionales; la
disposición de espacios de participación y comunicación; y la consideración de
motivaciones, intereses y afectaciones existentes, según los saberes técnicos,
conocimiento local o posesión de información pertinente.
En
Morelos, debemos considerar que en la planeación ambiental, las autoridades y
los actores involucrados tratan con conflictos ya establecidos, inequidades en
la información, diferentes experiencias técnicas y capacidades de los
participantes; por lo que existen simultáneamente varios espacios técnicos y
políticos. Es fundamental fomentar un rol más realista de la información y la
participación en el análisis de un problema ambiental.