Competitividad Agroempresarial

Analizar la situación y perspectivas económicas del campo en México es difícil por el imbricado contenido político, social y cultural. Todos los candidatos a un puesto de elección popular deben presentar las políticas públicas que en este tema consideran apropiadas para armar un plan de gobierno coherente con la realidad nacional y estatal. La estabilidad de nuestro país depende en gran medida del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales.

En los últimos quince años el sector agropecuario mexicano ha enfrentado una disminución en sus niveles de producción, lo cual ha resultado insuficiente para garantizar la demanda del mercado interno, señalan Roberto Escalante y Horacio Catalán, de la Facultad de Economía, UNAM, en su artículo “Situación actual del sector agropecuario en México: perspectivas y retos” en la Revista Economía, núm. 350, enero-febrero, 2008. Consideran que la continua especialización de las unidades productoras reducirá la oferta de productos agrícolas, incrementando aún más las importaciones y generando una situación de riesgo para el país: no lograr una seguridad alimentaria mínima que asegure un desarrollo sustentable para México.

            También, David Márquez Ayala, en la revista Contracorriente, el 5 de septiembre de 2011, analizó el comportamiento del desarrollo económico agropecuario. Publicó que, en cifras anualizadas y a precios constantes (restada la inflación), el PIB nacional en 2011 fue de 8,924 mil millones de pesos a precios de 2003, apenas 0.8 por ciento superior al equivalente de 2008. Asimismo, señaló que el valor de la producción primaria en el primer semestre de 2011 fue de 529 mil millones de pesos, cifra 1 por ciento inferior en términos reales de la de 2010. De sus sectores, el agrícola tuvo un decrecimiento de 2.8 por ciento y el ganadero un crecimiento de 2.6 por ciento. En 2011, a precios constantes de 2003, el PIB agropecuario totalizó 309 mil millones y fue el más bajo del anterior quinquenio, con una producción equivalente a la de 2007 (310 mil millones de pesos).

            Osmar C. Benítez, Joaquín Díaz Ortega, Soraya Rib y Braulio Serna Hidalgo, de la Sección de Desarrollo Agrícola y Rural de la Sede Subregional de la CEPAL en México, elaboraron un volumen titulado “Fase estratégica 2011-2016: Propuesta para el diálogo agropecuario nacional” que constituye la primera parte del documento “República Dominicana: Orientaciones estratégicas para la competitividad agroempresarial, 2011-2030” (Copyright © 2011, Naciones Unidas). Establecen que dicho país tiene un gran potencial para desarrollar cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales hacia 2030, con mayor valor agregado y competitividad internacional, con la posibilidad de integrarlas a los mercados globales, nacional y a la demanda del turismo. En las Orientaciones Estratégicas presentadas, se resaltan las potencialidades, los medios para alcanzarlas y los posibles roles de los actores agropecuarios. Podemos encontrar en este documento elementos de gran relevancia para nuestro país y estado.

            Las principales áreas de oportunidad señaladas por los autores para construir la agricultura especializada del futuro, que fundamentalmente se orientaría hacia los mercados, son: La agricultura política, donde el gobierno, acompañado del sector productivo privado, debe jugar un rol fundamental en la transformación productiva de cultivos y actividades; la agricultura orgánica, como parte de programas de reorientación de las políticas públicas agropecuarias al conceder ventajas competitivas en términos de precios a favor del productor cuando se compara de los mismos productos que provienen de la agricultura convencional; la agricultura turística o gourmet, ya que la contribución del sector turismo al PIB es muy importante; la agricultura tropical, ya que la tendencia del comercio agropecuario mundial indica que existen muy buenas perspectivas para comercializar frutas y hortalizas frescas y procesadas; la agricultura étnica o nostálgica, ya que la movilidad humana hacia los grandes centros desarrollados del mundo crea un vínculo económico, cultural y hasta culinario, entre el ciudadano que emigra y el país que deja y señalan que en Estados Unidos la importación de productos étnicos supera los 39,000 millones de dólares, mientras que Europa compra más de 30,000 millones de dólares, ambos en 2010; la agricultura medicinal y de belleza, ya que el mercado mundial compra más de 20,000 millones al año de productos elaborados a partir de la sábila, el orégano, la cáscara de naranja agria, la albahaca, la hierbabuena y muchos otros; y la agricultura forestal, donde existente un gran abismo entre el uso actual y el deseado, lo que implica conservar y utilizar los bosques sin degradaciones ambientales.

            Las 10 propuestas estratégicas presentadas en este documento son: 1. Es necesario diseñar y poner en marcha una política pública orientada a promover la focalización de recursos de la banca formal para financiar la capitalización y el manejo de riesgos de las actividades agropecuarias y forestales en toda la cadena de valor, incluyendo no sólo la producción primaria, sino también la transformación; 2. Fortalecer el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria; 3. Fortalecer y aplicar los programas de investigación agropecuaria, incluidas la adopción y adaptación al medio de nuevas variedades de cultivos de alto rendimiento y de alto valor comercial, enfocados a las necesidades de los mercados y que tomen en cuenta los efectos del cambio climático y, en materia de investigación, innovación y transferencia de tecnología, se debe fortalecer el trabajo mancomunado entre las instituciones gubernamentales especializadas y las entidades privadas que trabajan con grupos de productores organizados para adoptar y transferir nuevas prácticas productivas; 4. Impulsar la integración de los productores en un modelo asociativo, ya sea en forma de cooperativas, consorcios o asociaciones empresariales con pleno reconocimiento legal; 5. Establecer un marco de acción pública, con la colaboración del sector productivo privado para asegurar la calidad, sanidad e inocuidad agroalimentaria, en toda la cadena de valor; 6. Establecer mecanismos institucionales para lograr el acceso universal a las TIC en las zonas rurales y urbanas desatendidas, asegurando que dicho acceso esté al alcance de la mayoría de los productores agropecuarios, para crear una sociedad agraria conectada e informada acerca de las oportunidades del mercado, tanto local como internacional; 7. Crear un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales que cuente con mecanismos de financiamiento previo y posterior al embarque de las exportaciones, mientras se puedan formalizar los contratos de ventas en el extranjero; 8. Promover un manejo ambiental que preserve, integre y fomente los recursos naturales (agua, bosque y suelos), para proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos naturales de forma sustentable y considerar el cambio climático y la biodiversidad, de forma tal que se puedan llevar a cabo sistemas productivos eficientes basados en las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, de manufactura y gerenciales con el concurso y la participación del gobierno; 9. Transformar el aparato institucional público del agro para crear una nueva dinámica de servicio a los productores en función de las necesidades que manifiesten, lo que conlleva la realización de una reingeniería que evite la duplicación de esfuerzos y servicios, y 10.  Impulsar el desarrollo de infraestructura que contribuya a mejorar los servicios de energía eléctrica, vías de acceso, incluso carreteras y puentes, centros regionales de acopio refrigerados y secos y facilidades frigoríficas en puertos internos.

En Morelos sería muy conveniente analizar y adecuar estas 10 estrategias. Seguro podemos elevar la competitividad del campo morelense y mejorar los resultados de nuestro sector agropecuario.   

Fukushima a un año.

Publicado en La Jornada Modelos el 12 de marzo de 2012


Hace un año, el 11 de marzo de 2011, ocurrió el devastador tsunami que cambió el rumbo de Japón y del que tardará muchos años en recuperarse en un sentido físico aunque nunca lo logrará en el anímico. Diez días después escribí en esta columna sobre los eventos terribles que sucedieron en la central nucleoeléctrica de Fukushima a consecuencia de este tsunami. Aseguraba que una de las consecuencias más relevantes era el fin del mito de la total seguridad en este tipo de centrales generadoras de electricidad, que se habían invalidado de tajo los cinco aspectos claves de seguridad que siempre nos habían reiterado los expertos en esta materia que nunca pasarían:
un terremoto no afectaría la integridad de una planta nucleoeléctrica, un tsunami no afectaría su operación, la sólida construcción del edificio externo de una unidad nucleoeléctrica evitaría que las posibles emisiones de radiación que se produjeran en el interior del reactor salieran al exterior, existen medidas de seguridad automáticas que evitarían la emisión al ambiente de radiactividad del combustible que está siendo utilizado durante la operación de una central nucleoeléctrica, y los restos del combustible nuclear que ya fue utilizado son almacenados de manera completamente segura en albercas dentro de las propias instalaciones y no contaminarían al ambiente. Analicemos Fukushima a un año.
José Reinoso publicó, en El País del 2 de marzo pasado, una colección de datos recogidos de distintas fuentes sobre la magnitud de la catástrofe producida por el tsunami. Dejó a su paso 15,854 muertos y 3,276 desaparecidos. Más de 3,000 edificios fueron arrancados de cuajo o destruidos completamente. En muchos lugares de los cientos de kilómetros de la costa de Japón destrozados por el maremoto, la masa de océano superó los 13 metros de altura (el equivalente a cuatro pisos), y en algunos puntos llegó a 30 o 40 metros. Se rompieron 45 diques y fueron dañados 78 puentes y 3,918 tramos de carretera. Aún hoy siguen desplazadas de sus hogares 343,000 personas, 90,000 por el desastre nucleoeléctrico. El Gobierno Japonés estima en 2.8 billones de pesos los daños en edificios, infraestructuras, vehículos, fábricas e instalaciones agrícolas y pesqueras, entre otros.
Japón se enfrenta a una situación única, una especie de experimento energético a gran escala sin precedentes, escriben José Reinoso y Rafael Méndez, en El País del 9 de marzo pasado. Desde Fukushima, el país comenzó a apagar poco a poco sus 54 reactores nucleoeléctricos, ahora solo hay dos en marcha y en mayo no quedará ninguno funcionando. Para evitar problemas con el suministro eléctrico Japón ha tenido que aumentar sus importaciones de gas natural e impulsar el desarrollo de sistemas que aprovechan las energías del viento y del sol.
The Economist señala en un editorial, el 10 de marzo pasado, que la culpa del accidente de Fukushima recae en los burócratas, los políticos y la industria por haber permitido que su entusiasmo por la nucleoelectricidad les haya dejado tener una débil regulación, unos sistemas de seguridad que no funcionaron y una gran ignorancia sobre los riesgos tectónicos. Apunta además que estas personas no estaban en una dictadura en decadencia como los culpables del accidente en Chernóbil, sino que tenían responsabilidades frente a votantes, accionistas y la sociedad. La nucleoelectricidad, indican, será instalada cada vez menos en países realmente democráticos. Sin el apoyo de los gobiernos, las compañías privadas simplemente no construirían centrales nucleoeléctricas y no sólo por oposición de los habitantes en las localidades, sino porque los reactores son muy costosos. El gasto de los pocos reactores que se están terminando de construir en Europa ya ha sobrepasado por mucho su presupuesto original. En Estados Unidos, donde está operando el mayor número de estas instalaciones nucleoeléctricas y donde el gas “shale” (gas natural proveniente de los mantos de esquistos bituminosos) ha reducido drásticamente el costo de generar electricidad, tal vez sólo se instalarán dichas plantas en mercados de electricidad regulados como los del sureste del país.
La Agencia Internacional de Energía Atómica publica regularmente comunicados sobre el estado de la Planta Nuclear de Fukushima Daiichi, el monitoreo de la radiación ambiental, el estado de los trabajadores y condiciones en la planta, entre otros. En su último reporte, el 23 de febrero pasado, presentan que: TEPCO, la compañía dueña de la central, continúa activamente monitoreando el aumento de la temperatura según un sensor localizado al fondo del Vaso de Presión del Reactor de la Unidad 2 y que era sólo este sensor, de muchos, el que indicaba aumento de temperatura; el Ministerio del Ambiente acaba de publicar un “Mapa de ruta para las actividades de remediación ambiental”; TEPCO ya planea cubrir con una mezcla de bentonita y cemento una área del suelo marino cercano a la planta donde había detectado altas concentraciones de radionúclidos; TEPCO reitera los reactores siguen desde diciembre pasado en condiciones de “apagados en frío”; y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar señaló que de una muestra total de 14344 muestras de alimentos en diversos sitios de Japón sólo 76 tienen cantidades superiores a la norma con relación a Cesio 134, Cesio 137 y Yodo 131 y, también, que prohibió la distribución de los hongos tipo shiitake producidos en la prefectura de Tochigi. ¿Qué significa esta información en el contexto del desastre?
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de México, presenta en su página web como último reporte sobre este accidente la “nota informativa semanal sobre los acontecimientos en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi” publicada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, del 5 de octubre del año pasado.
La Secretaría de Energía de México presentó el 29 de febrero pasado su Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2026, donde plantea tres escenarios para cubrir las necesidades de electricidad a esa fecha con “energías limpias”: 0 construcción de nucleoeléctricas, la construcción de 2 o la construcción de 8. Establece que la nucleoelectricidad es muy barata y que en su operación no emite gases de efecto invernadero. Es sorprendente que no mencionen la falta de uranio enriquecido nacional, la total dependencia tecnológica en la materia y los problemas de seguridad.
John Matson, en un artículo publicado en la revista Scientific American, el 6 de marzo pasado, se pregunta si un accidente nuclear de la escala de Fukushima podría ocurrir en los Estados Unidos, un año después. La respuesta se la dio Edwin Lyman, de la Unión de Científicos Comprometidos: la complacencia prevalece aquí tanto como en Japón. Considera que una amenaza mayor a una central nuclear es la pérdida de electricidad por un periodo prolongado que haga no funcionen los sistemas de enfriamiento de los reactores. Lyman dice que dichas plantas en Estados Unidos no están bien preparadas contra desastres naturales de gran envergadura, fallas simultáneas en varios sistemas y ataques terroristas. Es decir, son vulnerables a emergencias extremas porque el análisis de riesgo las cataloga como de muy baja probabilidad, lo que está equivocado.
Greenpeace Internacional publicó, en febrero de este año, un documento sobre las Lecciones Aprendidas en Fukushima. Establece que las causas claves de este accidente nuclear están basadas en las fallas institucionales de influencia política y la regulación dirigida por la industria nuclear. Fallaron las personas en instituciones claves para conocer el riesgo real de los reactores, fallaron el establecimiento y la aplicación apropiados de los estándares de seguridad nuclear y falló la protección de las personas y del ambiente. Las principales conclusiones de este reporte son que el accidente nuclear de Fukushima marca el fin del paradigma de la energía nuclear segura y que destapa la falla profunda y sistemática de las propias instituciones que se suponen deben controlar la generación de potencia nuclear y proteger a las personas de sus accidentes. La industria nuclear insistía que la probabilidad de un accidente grave ocurría una vez en cada 250 años; sin embargo, se observa que sucede una vez cada 10 años. La evaluación probabilística del riesgo usada en la industria nuclear falló y debe ser revisada, pero es la que siguen utilizando. Este reporte presenta y analiza las fallas sistémicas de la industria nuclear en tres temas: planeación de emergencias y evacuación; responsabilidades y compensaciones por los daños, y los reguladores nucleares.
Consideramos existen tecnologías que aprovechan las energías renovables, como las caídas de agua, el viento o el sol que ya son maduras y económicas, y pueden sostener el desarrollo energético de cualquier país. A nivel internacional, en los últimos cinco años, se han construido 22 veces más centrales eléctricas que operan con el viento y el sol que con energía nuclear (230,000 versus 10,600 MW). Las plantas eólicas y solares construidas durante el año 2011 son capaces de generar el equivalente a 16 grandes plantas nucleares.
En México, antes de emprender un programa nucleoeléctrico debemos considerar por lo menos los siguientes aspectos, acorde con el documento de Greenpeace: ¿Cómo sucedió el accidente nuclear de Fukushima en uno de los países industrializados más avanzados del mundo? ¿Por qué no funcionaron los planes de emergencia y evacuación para proteger de la exposición excesiva de radiación a la población? ¿Por qué las 90,000 personas que sufrieron más el impacto del accidente todavía no reciben el adecuado apoyo social y financiero? Si sólo el 3 por ciento de nuestra electricidad es generada con energía nuclear y tenemos más del 30 por ciento de capacidad de generación en exceso, como lo mencioné en esta columna el 28 de marzo del año pasado, insisto en que debemos cerrar temporalmente la central nucleoeléctrica de Laguna Verde para garantizar el bienestar de la población, nuestra seguridad energética y la soberanía nacional.

Energías Renovables en China

publicado en La Jornada Morelos el 5 de marzo de 2012

La capacidad nacional instalada para generación de electricidad a diciembre de 2009 incluyendo exportación se ubicó en 60,440 MW (millones de watts), registrando un incremento de 1.7 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con la Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025, publicada por la Secretaría de Energía. De esta capacidad, el servicio público (incluyendo producción independiente) concentró 85.5 por ciento, mientras que el restante 14.5 por ciento está distribuido entre las diferentes modalidades para generación de electricidad vigentes, como el autoabastecimiento. Al cierre de 2009 la capacidad instalada del servicio público ascendió a 51,686 MW, un incremento neto de 581 MW. En 2009 el consumo nacional de energía eléctrica disminuyó 0.8 por ciento respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento anual de 2.8 por ciento durante el periodo de 1999 a 2009. Según el Balance Nacional de Energía 2010, también publicado por la Secretaría de Energía, en 2009, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos fue de 5.7 MW, alcanzándose un acumulado de 25.1 MW; mientras que se instalaron 500 MW de sistemas eólicos, con un acumulado de 502.6 MW. La falta de crecimiento económico en el país se refleja en la baja demanda adicional de electricidad. También, se observa que hubo un esfuerzo importante en instalar sistemas que aprovechan la energía del viento, aunque el esfuerzo global es mínimo, como veremos a continuación.

            Kat Cheung escribió un documento de trabajo titulado “Integración de Renovables: situación y retos en China”, publicado por la Agencia Internacional de Energía en 2011. El documento describe el esfuerzo realizado por China para incorporar cantidades cada vez más importantes de electricidad generada por fuentes renovables de energía en sus redes eléctricas de transmisión y distribución. Está enfocado principalmente a la energía eólica, ya que su capacidad instalada ha aumentado y tienen proyectado incrementarla de manera muy importante. En particular, se centra en cuatro aspectos: transmisión regional de electricidad, generación flexible, gestión de la demanda y almacenamiento, y políticas y estándares.

            La seguridad en el abasto de electricidad es de enorme prioridad en China, como en todos los países, describe el documento. En enero de 2008, se registró un record de apagones en 17 provincias al este del país, debido a un clima invernal extremo. Las líneas de transmisión se dañaron y mucha nieve bloqueó el transporte de carbón por ferrocarril. En años recientes, sequías prolongadas han afectado a las presas del sur del país, dejando a millones de personas sin agua potable y reduciendo drásticamente la energía generada por hidroeléctricas.

            La economía China, señala el documento, ha crecido mucho más rápido que la de cualquier otro país. En la última década, el incremento anual de su Producto Interno Bruto fue mayor al 10 por ciento, por lo que el consumo total de energía primaria aumentó al 8 por ciento (que es 3 veces mayor al crecimiento mexicano) y el consumo de electricidad creció por un factor de 3.4 veces del 2000 al 2009. La Agencia Internacional de Energía ha estimado que la demanda de electricidad en China se triplicará al año 2035, a una tasa anual mayor de 5 por ciento.

            En 2009, la capacidad total instalada en China para generar electricidad era de 874 GW (que es catorce veces mayor a la mexicana y con una población casi 11 veces más grande) y el carbón es la fuente dominante, representa el 80 por ciento de la oferta y más del 70 por ciento de la capacidad instalada, indica el documento. Sin embargo, China tiene planes ambiciosos para incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables de energía. Sus metas al 2020 son tener una capacidad instalada de 150 GW  de generadores eólicos, 20 GW de solares y 380 GW de hidroelectricidad. Estas cifras indican que en promedio anual los sistemas eólicos incrementarán su capacidad en 12.5 GW y los solares en 2 GW. La capacidad instalada de estos dos sistemas se duplica anualmente desde el 2005. Recordemos que la capacidad que se instaló en México, en ese mismo año, de sistemas solares era de 5.7 MW y de eólicas era de 500 MW;  las diferencias en capacidades de instalación anual son del orden de 350 veces en solar y de 25 veces en eólica.

            Un ejemplo, presentado en el documento, es una “granja eólica” de 3.8 GW construida en la provincia de Gansu en 2010. Ésta es la primera fase de un proyecto que instalará 7 “granjas eólicas” de 10 GW cada una. En 2010, China superó a Estados Unidos y es el país con mayor capacidad instalada de sistemas eólicos. Existe un programa de concesiones para terrenos con vientos importantes y constantes que ha permitido ya reducir la inversión en aerogeneradores eólicos de 1.5 MW de capacidad instalada a 600 dólares por kW, competitivo con carbón.

            El gobierno Chino ha establecido políticas y leyes que han impulsado este enorme crecimiento de las fuentes renovables de energía, establece el documento. En particular, un elemento clave para este crecimiento es la aprobación de la Ley de Energías Renovables en 2005, que ha dado certeza  de largo plazo a los inversionistas, ya que los operadores de la red eléctrica deben “comprar toda la electricidad producida con energías renovables que esté conectada a dicha red en el área cubierta por sus redes y debe proveer servicios de conexión a sus redes para cualquier sistema de potencia que aproveche energías renovables”. Sin embargo, la falta de interconexión entre las redes regionales de China, la enorme cantidad de sistemas pequeños integrados y el bajo costo de la electricidad generada con carboeléctricas ha causado saturación de dichas redes y el gobierno revisó dicha Ley en abril del 2010. La nueva Ley “obliga” a las compañías que operan las redes eléctricas a garantizar que comprarán un mínimo de electricidad generada con energías renovables; los detalles de esta “obligación” todavía no han sido determinados.

            En Morelos, por la alta y continua radiación solar, la vocación turística, el compromiso con la conservación del ambiente y las instituciones líderes en investigación y desarrollo tecnológico, es imprescindible llevar a cabo una transición de las energías fósiles a la energía solar. Debemos invertir en sistemas fotovoltaicos integrados a la red de potencia para generar toda la electricidad que requerimos, con el costo de la electricidad convencional desplazada pagaríamos dicha inversión en siete años y después tendríamos otros trece años de operación gratis. Olvidémonos ya de instalar centrales contaminantes en nuestro estado para abastecer de energía a otros.   

Logística para la Competitividad

publicado en la Jornada Morelos el 27 de febrero de 2012

El comercio internacional ha experimentado grandes cambios en la última década. La apertura de los mercados a nivel mundial, con la reducción de los aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias, ha causado cambios notables en la actividad comercial. Esta apertura de los mercados a nivel mundial y, consecuentemente, la globalización de las cadenas de abastecimiento ha demandado una serie de cambios estructurales a los que ha tenido que dar respuesta la esfera de la logística. Las principales economías a nivel global están, hoy en día, más abiertas que nunca al comercio. Así, considerando dólares constantes como unidad, se comprueba que el comercio mundial creció anualmente el 6.0 por ciento entre 1971 y 2010 (duplicándose cada 12 años), mientras que el PIB lo hizo el 3.4 por ciento (duplicándose cada 20 años). Como consecuencia de ello, el  comercio mundial, como porcentaje del PIB, ha pasado de representar el 20 por ciento en 1971 a ubicarse en el 51 por ciento en 2010.

            Carlos Kirby y Nicolau Brosa, de la División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras del Sector de Capacidad Institucional y Finanzas, del Banco Interamericano de Desarrollo, escribieron un artículo titulado “La logística como factor de competitividad de las pymes en las Américas” (# IDB-DP-191. 2011). Establecen que una logística eficiente y accesible a todos constituye un elemento clave para que las empresas de determinado país o región en general, y en particular sus pymes, puedan competir con éxito en este nuevo marco global. Además, hacen hincapié en cuáles son los principales desafíos que se deben afrontar en el campo de la logística y analizan qué medidas se pueden tomar desde las propias pymes para mejorar su capacidad logística y con ello su potencial exportador.

            Los autores establecen que el concepto de “logística” es amplio y lo definen como “aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo (hacia atrás y hacia adelante) y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores”. La gestión de la cadena de suministro constituye un elemento fundamental en el desenvolvimiento de cualquier empresa, en particular de aquellas que tienen una marcada vocación exportadora.

La administración pública juega un papel clave en lo que atañe a facilitar las relaciones comerciales, pues debe establecer las condiciones necesarias para promover el intercambio comercial más allá de sus fronteras, señalan los autores. Se trata de una cuestión crítica, con una gran incidencia en el comercio. De hecho, los costos y los tiempos involucrados en procesos dependientes de organismos públicos pueden incluso anular cualquier beneficio potencial asociado a grandes inversiones en infraestructura. En el caso de América Latina y el Caribe, los distintos procesos que norman parte de la facilitación comercial presentan un nivel considerablemente inferior al de los países desarrollados. Así, para llevar a cabo una exportación se requiere un 52 por ciento más de documentos que en los países de la OCDE, un 111 por ciento más de tiempo y un costo (por contenedor) 32 por ciento mayor. Para una importación, estas cifras son del 61 por ciento, el 129 por ciento y el 39 por ciento, respectivamente.

Se dispone, indican los autores, de medidas eficaces ampliamente comprobadas y ya en fase de implementación en algunos de los países de la región. Entre estas medidas que pueden desarrollarse desde la propias pymes cabe destacar las siguientes: análisis de la cadena de  suministro y optimización de ésta para  alinearla con los objetivos y las estrategias de la pyme; desarrollo de un enfoque de gestión por procesos y alineación de la organización con dichos procesos; desarrollo de sistemas propios de indicadores; desarrollo de un esquema de formación y evaluación del desempeño del personal de la organización; adopción de soluciones TIC, en los ámbitos de planificación y ejecución logística; fomento desde las asociaciones sectoriales de la consolidación de cargas entre pymes, y creación de centrales de compra de servicios logísticos.

En Morelos, se deben analizar los beneficios de crear un sistema de aduanas. También implantar medidas desde la administración como sugieren los autores: desarrollar esquemas de “ventanilla única”; fomentar  la adopción de TIC tanto en empresas del sector como en la administración pública; mejorar la educación y la formación en el ámbito de la logística; promover el acceso de las pymes a servicios logísticos avanzados; incrementar la utilización de acuerdos de participación publico‐privada (PPP) para acelerar el desarrollo de nuevas infraestructuras, y desarrollar la infraestructura para la logística, tal como el establecimiento de la conectividad entre distintos modos de transporte o el desarrollo de parques logísticos. Actuemos ya para aprovechar la excelente conectividad geográfica que tiene nuestro Estado. 

Sin cobertura universal de salud en Morelos

publicado en La Jornada Morelos el 20 de febrero de 2012

En el V Informe de Labores del Gobernador Marco Adame, se insiste que uno de los logros más importantes de su administración es haber alcanzado la cobertura universal de salud en el Estado de Morelos. Si analizamos los datos ofrecidos, entonces se debe interpretar su resultado sólo como el hecho de que todo morelense aparece inscrito en el algún programa de salud; la mayoría en el Seguro Popular. Sin embargo, ya publicamos un artículo, en esta columna el 28 de febrero del 2011, que la Organización Mundial de la Salud entiende por cobertura universal de salud al avance en tres dimensiones: población ¿quién está cubierto?, servicios ¿qué servicios están cubiertos? y gastos directos ¿cuál es la proporción de gastos cubiertos?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó, el 30 de junio de 2011, un informe comparativo titulado “Base de datos de la OCDE sobre salud 2011. México en comparación”, cuyo objetivo fue conocer la inversión que realizaba el Gobierno de México en diversos aspectos del sector salud, en el contexto de los otros países de esta organización. Más información sobre la esta Base está disponible en www.oecd.org/health/healthdata.

Señala la OCDE que, en 2009, México dedicó el 6.4 por ciento de su PIB al gasto en salud, siendo la segunda proporción más baja de todos los países de la OCDE (después de Turquía), y estando casi 3 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la OCDE (9.5 por ciento). Los Estados Unidos realizaron el mayor gasto en salud como porcentaje del PIB, con 17.4 por ciento. El gasto en salud crece con el nivel de ingreso y, en general, los países de la OCDE con un PIB per cápita más alto tienden a presentar un gasto per cápita mayor. Así, México está por debajo del promedio de los países de la OCDE en cuanto al gasto en salud per cápita, con un gasto de 918 Dólares de Estados Unidos (USD) en 2009 (ajustado por poder de paridad de compra), comparado con el promedio en los países de la OCDE que es de 3,223 USD.

Entre 2000 y 2009, estima la OCDE que los fondos dedicados al gasto en salud per cápita crecieron en promedio 4.0 por ciento en términos reales para los países de la OCDE, mientras en México el incremento fue de 3.1 por ciento por año durante este periodo. Además, el sector público es la fuente principal de fondos de salud en todos los países de la OCDE, ya que el promedio fue de 71.7 por ciento. Con un 48.3 por ciento de los gastos sanitarios financiado con recursos públicos en el 2009, México, junto a los Estados Unidos y Chile, fue uno de los países de la OCDE que tuvo una contribución pública más baja.

La oferta de servicios de salud es baja en México en comparación con los estándares de la OCDE. En prácticamente todas las dimensiones donde hay datos disponibles, México está por debajo del promedio. A pesar de que el número de médicos per cápita aumentó en 100 por ciento en las últimas décadas, pasando de 1 doctor por cada 1000 habitantes en el 1990 a 2 en el 2009, la densidad de médicos en México quedó por debajo del promedio de la OCDE (3.1 en el 2009). Así mismo, el número de enfermeras por cada 1000 habitantes fue de 2.5 en México en el 2009, cerca de 6 enfermeras menos que el promedio, de 8.4, en los países de la

OCDE. También, el número de camas para cuidados agudos en México fue de 1.6 por cada 1000 habitantes en el 2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 3.5 por cada 1000 habitantes. La disponibilidad de tecnologías de diagnostico, tales como la tomografía axial computarizada (TAC) o la Imagen por Resonancia Magnética (IRM) se ha extendido rápidamente en la última década en todos los países de la OCDE. Sin embargo, dado el elevado costo de estos equipos, el número de IRM es mucho más bajo en México, con 1.9 por millón de habitantes, que el promedio de la OCDE de 12.0 por millón de habitantes. El numero de TAC en México es de 4.3 por millón de habitantes en el 2009, también más bajo que el promedio de la OCDE de 22.1.

En las últimas décadas, la esperanza de vida al nacer ha aumentado sustancialmente en los países de la OCDE, esto gracias a una mejor calidad de vida, al avance en educación, y al progreso en el acceso a la atención sanitaria. Desde el 1960, México cuenta con el aumento más grande en términos de esperanza de vida en la OCDE, con una progresión de casi 18 años. Sin embargo, con 75.3 años en el 2009, la esperanza de vida al nacer en México es aun cerca de 4 años inferior al promedio de la OCDE (79.5 años). La mortalidad infantil en México fue la más alta de todos los países de la OCDE, con 14.7 muertes por 1000 nacidos vivos en el 2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 4.4. Sin embargo, los índices de mortalidad infantil se han reducido considerablemente en las últimas décadas, situándose actualmente por debajo de las 92.3 muertes por 1000 nacidos vivos reportadas en 1960. Las tasas de sobrepeso y de obesidad han aumentado en todos los países de la OCDE en las últimas décadas, aunque cabe señalar diferencias notables entre los diferentes países. En México, la tasa de obesidad en la población adulta – basada en medidas reales de tamaño y peso – era de 30.0% en el 2006. La cual representaba la segunda tasa más alta de los países de la OCDE, después de los Estados Unidos (33.8% en el 2008). El promedio de los 14 países de la OCDE para los que se dispone de datos reales fue del 21.0% en el 2009. Está demostrado que la obesidad es un factor agravante para varios problemas de salud, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y presagia gastos de salud más elevados en el futuro.

            En Morelos y en el país, de 2009 a 2012, se sigue invirtiendo del orden del 6 por ciento del PIB en salud, varios puntos porcentuales abajo que otros países de la OCDE. Debemos insistir que la  cobertura universal está conformada por tres conceptos: población, servicios y gastos directos. El Gobierno de Morelos debe explicar con transparencia: ¿cómo financian nuestro sistema de salud?, ¿cómo protegen a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y del pago de los servicios de salud? y ¿cómo fomentan el uso óptimo de los recursos disponibles? Evaluemos los resultados con seriedad.

Nulo avance social

El desarrollo social es la prioridad número uno declarada por cualquier gobierno, partido político o servidor público. Sin embargo, este desarrollo ha permanecido estancado durante las últimas décadas en México. ¿Sabemos qué es y cómo medirlo? ¿Conocemos las acciones prioritarias a poner en marcha? La respuesta a ambas preguntas es sí. Sin embargo, se implantan muchos programas de apoyo social con fuertes sumas invertidas y la mayoría dura menos de un sexenio. Los problemas son muchos y muy complicados, y aun así se sigue intentado resolverlos de manera individual, no existe sinergia entre las políticas públicas para alcanzar objetivos y metas de gran envergadura, los gobiernos están fraccionados y los caciques sólo ven por sus parcelas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó, el 8 de febrero del 2012, su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, que tiene como objetivo evaluar el desempeño de esta política en los últimos años y señala que a pesar del avance en diversos renglones sociales en las últimas décadas, los retos en materia de desarrollo social son apremiantes en México; lo que obliga a un trabajo permanente de los tres órdenes de gobierno para mejorar el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales de toda la población. (http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluación%202011/Informe%20de%20Evaluación%20de%20la%20Política%20de%20Desarrollo%20Social%202011/Informe_de_evaluacion_de_politica_social_2011.pdf)

            El Informe destaca que en la coyuntura 2008-2009 la crisis financiera internacional y la volatilidad en los precios de los alimentos fueron probablemente los causantes de la reducción del poder adquisitivo de los ingresos laborables en México. Sin embargo, aunque hay recuperación general en los indicadores económicos, ésta no ha sido sostenida ni suficiente para regresar a la situación registrada antes de 2008. Para comprender cabalmente la evolución de las condiciones económicas en México debe considerarse también un panorama retrospectivo de varios años. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio del país de 1990 al 2010 fue de sólo 1.2 por ciento, que corresponde a un crecimiento muy lento de la economía; además, el ingreso laboral promedio real en el país no ha crecido entre 1992 y 2010. Asimismo y si se toma en cuenta el periodo 1950-2010, la economía mexicana tampoco ha tenido un buen desempeño económico en comparación con aquellos países que tenían una economía similar al principio de este periodo. Nuestro crecimiento anual promedio del PIB per cápita fue de sólo el 2 por ciento, mientras que países como Chile, España, Corea del Sur, Portugal o Irlanda tuvieron crecimientos superiores al 3 por ciento.

            Las condiciones de México no podrán mejorarse, establece el Informe, si no se realizan cambios económicos profundos que propicien el incremento de la productividad, la inversión, la generación de más empleos formales y de mejor calidad, así como el aumento del salario real de manera sistemática y sostenida. De la misma manera, la mejora en otras variables, como la estabilidad de los precios –particularmente de los alimentos- podría redundar en un incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso, al suponer también un mayor dinamismo de los salarios nominales.

            En general es adecuado que haya diversos Programas y Acciones presupuestarias para enfrentar los múltiples retos del desarrollo social, considera el Informe, pero no siempre es claro que tener muchos programas se traduzca en mejor política pública. Existe una gran dispersión y una potencial falta de coordinación entre instancias federales y, desafortunadamente, no hay mucha información sistematizada accesible sobre programas locales.

            El Informe presenta recomendaciones para elevar la calidad del desarrollo social en el futuro, según los indicadores que describen dicho desarrollo. Algunas son: Bienestar económico, ubicar los programas de promoción y conservación de empleo en el contexto de estrategias económicas más amplias que promuevan, además del empleo, la productividad y el mercado interno; educación, fortalecer los esquemas de becas educativas para jóvenes de educación media superior en áreas urbanas, pues es un grupo vulnerable ante la coyuntura de inseguridad actual, y garantizar la calidad de los servicios para asegurar una participación efectiva; acceso a los servicios de salud, avanzar hacia la creación de un sistema más integrado de estos servicios, además de igualar los tipos de servicios y la calidad, y transparentar el uso final de los recursos que se otorgan a las entidades federativas y asegurar una asignación congruente con las necesidades y demandas de la población; alimentación, analizar los subsidios y apoyos alimentarios y de nutrición respecto al contenido calórico de los alimentos en poblaciones urbanas donde el principal riesgo es el sobrepeso y consolidar los conducentes hacia la población en extrema pobreza; acceso a la seguridad social, modificar el actual esquema de financiamiento de la seguridad social para lograr la cobertura universal; vivienda, mejorar la calidad de los materiales de la vivienda, incrementar el tamaño de la vivienda para evitar hacinamiento, y ampliar la cobertura de drenaje, agua potable y electricidad; y desigualdad, hacer el  sistema fiscal más progresivo para que incida sobre la distribución del ingreso, mejorar la calidad de los servicios básicos disponibles para la población en pobreza, en especial a la indígena, fortalecer las acciones afirmativas en puestos públicos, mejorar la infraestructura en las áreas de mayor pobreza, y mejorar el acceso de las poblaciones pobres a activos y oportunidades productivas que les permitan fortalecer sus ingresos.

            En Morelos, además de poner en marcha programas integrados con acciones prioritarias en estas siete vertientes del desarrollo social, es impostergable impulsar el funcionamiento de sistemas públicos de evaluación eficientes tanto en el orden estatal como en el municipal y, además, mejorar la definición de los indicadores de desempeño mediante los cuales se mide el logro de los fondos económicos ejercidos. ¿Por qué no se hace? Será falta de conocimiento, desidia, temor a quedar mal, corrupción o todo lo anterior.