Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos

Nunca tantas personas habíamos percibido una separación tan amplia entre el gobierno y los ciudadanos. El desarrollo económico lento, el incremento brutal de la violencia, la toma de decisiones públicas con visión exclusiva de partido político, la incipiente capacidad de gestión de nuestras instituciones y el bajo nivel educativo promedio, entre otros, no permiten que alcancemos una sociedad pacífica, solidaria, tolerante, digna y dialogante. Por eso el actual éxito en todo el país de la frase de Javier Sicilia: “…estamos hasta la madre…”
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.