21 ene. 2013

Desafíos a la ética territorial

publicado el 21 de enero de 2013 en La Jornada Morelos
El mundo desarrollado atraviesa una grave crisis económica y social. Sin embargo, Latinoamérica no está siendo afectada con tanta intensidad como en ocasiones similares, ya que actúa sobre la base del aprendizaje de crisis anteriores y parece que atisba el futuro con una mirada de más largo alcance, buscando caminos para avanzar con más rapidez y eficacia hacia un desarrollo, en que la reducción de la desigualdad es una aspiración generalizada. En ese empeño la planificación, con base en sólidos valores éticos, puede ser un instrumento poderoso, capaz de articular intereses de actores distintos (Estado, sociedad, gobierno, entorno externo), de espacios diversos (lo nacional y lo local), con políticas públicas (de Estado, planes y programas, nacionales y subnacionales).


Luis Mauricio Cuervo G, oficial de asuntos económicos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, escribió un artículo sobre “Ética territorial” en el N° 12 de la Serie Desarrollo Territorial de la CEPAL (Publicación de las Naciones Unidas. ISSN 1994-7364. LC/L.3513. LC/IP/L.320. Copyright © Naciones Unidas, agosto de 2012. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile), donde el autor se propone hacer una síntesis y precisar el estado del arte en la evolución de nuevos y antiguos principios y valores que estarían en la base de la configuración de una ética territorial.

El autor considera que la fundamentación ética de la política económica regional y urbana -como se le denominaba hace un tiempo- ha girado en torno de un dilema relativamente simple (lo cual no significa fácil de resolver) entre eficiencia y equidad. Este dilema se ha transformado por varias razones. El contexto económico, político-institucional, y de la teoría económica y social, ha evolucionado y se ha complejizado. En efecto, las teorías del desarrollo reconocen ahora el papel no solamente del capital físico, sino del humano, del social, del ambiental e incluso del cultural. Así mismo, los valores sociales se han trasformado, modificando consigo las aspiraciones de bienestar de las sociedades. Finalmente, la política pública en este campo ha presenciado la entrada con vigor de enfoques distintos a los de la tradicional política regional y urbana: es éste el caso de las políticas de descentralización, de ordenamiento territorial, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo económico local, o de innovación científica y tecnológica.

La política económica general, así como la política regional en particular, poseen finalidades mayores directamente relacionadas con la obtención de valores (concepciones de lo bueno y de lo justo) individuales o colectivos, señala el autor. Los objetivos de la política regional pueden analizarse con diferentes niveles de generalidad. Al nivel superior, los objetivos son idénticos a los de la política nacional: crecimiento, eficiencia, equidad, estabilidad, calidad de vida y participación de los ciudadanos.

La política regional puede tener múltiples objetivos, que se reducen a dos en el modelo más sencillo, según el autor: (i) eficiencia, maximizar el crecimiento de la economía nacional, que implica una asignación óptima de recursos a lo largo del tiempo) y (ii) equidad, reducir las disparidades interregionales de renta, bienestar y crecimiento. Lo que esta postura introduce de nuevo es la consideración del papel de la relación entre el conjunto nacional y sus territorios (regiones) subnacionales, en la consecución de finalidades mayores. Éste es el caso de la contribución que se espera de la política regional al mejoramiento de la eficiencia económica nacional. El otro ingrediente novedoso consiste en identificar las regiones como sujetos de justicia espacial. Esto se hace al momento de hablar de la reducción de las disparidades interregionales como un objetivo central de la política regional.

Se identifican tres grandes familias de principios éticos territoriales, apunta el autor: aspiraciones a la igualdad-equidad interregional; derechos territoriales universales de primera (individuales) y segunda generación (colectivos); protección-promoción de la diversidad territorial (ciudad, culturas originarias y afroamericanas). De entre este conjunto de principios identificados, el empleo del concepto de equidad es el más difícil de definir en las características precisas de su contenido.

A la hora de discutir los objetivos de la política económica regional en América Latina, el autor recomienda: primero, referirse a ella preferiblemente como política económica territorial, más que como tradicionalmente se hace empleando la denominación de política regional (y urbana) y, segundo, reconocer que su espacio de fines y objetivos a alcanzar, se mueve en un universo un poco más amplio y variado que el del tradicional dilema entre eficiencia y equidad; porque el término de equidad, merece ser desglosado y distinguido del de igualdad, porque la aspiración a la diversidad tiene una presencia indiscutible y variada (étnica-cultural, ecológica, urbana) y porque los derechos de igualdad proclamados no se restringen a los de la primera generación (los individuales) sino que ya cuentan con una muy profusa y contundente presencia de derechos colectivos (principalmente la sustentabilidad ambiental).

El autor se plantea y ratifica que las constituciones generales de los países Latinoamericanos, por lo general, no cuentan con indicaciones acerca de la manera de conjugar esta diversidad de criterios, de cuáles son los más importantes o de las circunstancias que hay que tener en cuenta en caso de tener que dirimir conflictos entre ellos. Esto es una tarea que queda delegada a la ley y, tal vez más, a la práctica institucional y política no regulada por la norma escrita, sino por el hábito y la costumbre.

En Morelos, debemos asegurar que la política económica territorial se construya sobre un fundamento ético, cuyos objetivos tengan siempre relación con la idea de desarrollo y bienestar que cada sociedad posee: riqueza material, estabilidad macroeconómica, sustentabilidad, justicia social, pluralismo social y cultural, y diversidad étnica.

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