2 ene. 2013

Retos al desarrollo Latinoamericano.

publicado el 31 de enero de 2012 en La Jornada Morelos

La incertidumbre que rodea a la economía mundial es, sin duda, una de las más grandes que tengamos memoria, sólo comparable en términos económicos a la que rodeó a la Gran Depresión de los años treinta. En Europa, la crisis financiera ha comenzado a vincularse en forma compleja a la crisis fiscal de varios de los países de la zona del euro y se ha amenazado la estabilidad de la unión monetaria, por lo que ya se ha condenado a Europa a una década perdida y quizás más. En Estados Unidos, la relativa debilidad del proceso de reactivación económica se combina ahora con la amenaza inmediata llamada “precipicio fiscal” que podría experimentar ese país a comienzos de 2013. De suceder, la Oficina de Presupuesto del Congreso de ese país considera que se daría lugar a un ajuste fiscal inmediato del 5.1% del PIB que produciría una recesión en el primer semestre del próximo año. Las principales consecuencias para Latinoamérica se producirán a través del comercio internacional, ya que nuestros países apostaron exclusivamente al desarrollo exportador siguiendo, además, una estrategia más bien pasiva, que otorgaba poco énfasis al contenido tecnológico de la canasta exportadora.
            José Antonio Ocampo, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y actual profesor de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, presentó una ponencia en el seminario conmemorativo del quincuagésimo aniversario del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), realizado en julio de 2012, que tituló “La historia y los retos del desarrollo latinoamericano”. La CEPAL publicó dicha ponencia en noviembre de 2012 (Publicación de las Naciones Unidas, LC/L.3546, LC/IP/L.322, Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2012). En este documento se plantean un conjunto de legados históricos y escenarios internacionales previsibles que llaman la atención sobre la necesidad de repensar a fondo los patrones y estrategias del desarrollo latinoamericano.
            El autor señala que, en materia macroeconómica, es necesario consolidar lo que ya se ha logrado en reducción de la inflación, sostenibilidad fiscal y disminución del endeudamiento externo neto. Pero también es evidente que queda mucho más que hacer para reducir la histórica vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. Asimismo, en materia social, el reto principal es tratar no sólo de avanzar en la mejora de los indicadores de desarrollo humano y reducir la pobreza, sino de enfocar la atención en la desigualdad misma.
            La tarea por realizar tiene tres elementos básicos, indica el autor: primero, creación de capacidades, en particular, dada la etapa actual de desarrollo de la región, en el acceso a la educación secundaria y superior y en la calidad de la educación que reciben los sectores de menores ingresos en todos los niveles; segundo, desarrollo de sistemas universales de protección social, cuya prioridad es, entre otras, la lucha contra la segmentación en la provisión de servicios, que implica en particular que la calidad de los servicios sea muy diferente para distintos sectores sociales, y tercero, realizar un mayor esfuerzo de redistribución fiscal, tanto por la vía del sistema tributario como del gasto público.
            Siguiendo las enseñanzas de la historia, propone el autor, los avances no serán duraderos si no se articulan con las necesarias transformaciones tecnológicas y productivas. El tema clave en este campo es la generación de empleos de calidad, en términos de calificación, estabilidad laboral y acceso a la protección social. Los retos son incluso mayores en términos de desarrollo productivo, esencial para superar el crecimiento económico, que ha sido frustrante para muchos países latinoamericanos durante la fase de reformas de mercado, especialmente en materia de productividad. El objetivo de alcanzar altas tasas de crecimiento no se logrará solo con una macroeconomía sana ni con la mera especialización acorde con las ventajas comparativas estáticas. Se requieren también políticas productivas activas, un tema que fue explícitamente excluido de la agenda de los gobiernos durante la fase de reformas de mercado libre. Más aún, se requiere un gran avance en la formulación de políticas tecnológicas activas.
            El lento dinamismo previsible del comercio internacional hace aún más necesario repensar la tarea de mejorar la competitividad y la calidad de la canasta exportadora, así como el equilibrio entre el mercado interno y el externo, asegura el autor. En tal sentido, podrían considerarse tres alternativas, que en realidad no son excluyentes: primera, recuperar la atención en el mercado interno por los efectos positivos en las tendencias sociales al dinamizar el consumo de la mayoría de la población; segunda, otorgar un peso creciente al mercado interno ampliado, revitalizando a fondo los procesos de integración regionales, y tercera, diversificar la canasta exportadora, incluyendo objetivos explícitos de mejora del contenido tecnológico y, al mismo tiempo, manteniendo la atención en ampliar el mercado con las economías asiáticas dinámicas.
            En Morelos es necesario reforzar la planificación, como sugiere el autor. En un contexto de alta incertidumbre, su función básica es contribuir a elaborar una visión y una orientación estratégicas, basadas en un análisis de los escenarios previsibles y en su impacto posible sobre los distintos mercados. Su propósito fundamental es ayudar a orientar las acciones de los agentes públicos y privados a través de un proceso en el que participen los distintos agentes sociales. Debe estar acompañada, además, de una capacidad de coordinar las actividades estatales orientadas a alcanzar los objetivos estratégicos y a evaluar las acciones de los organismos del Estado en tal sentido. Esas actividades, es decir, la prospectiva, la participación, la coordinación y la evaluación, constituyen lo que podríamos denominar las funciones básicas de la planificación. Todo ello debe formar parte de la tarea más amplia de fortalecer la institucionalidad estatal y, en especial, el desarrollo de un aparato administrativo capaz de ayudar a la sociedad a cumplir las funciones de provisión de bienes y servicios de interés colectivo, dentro de la particular combinación entre Estado y mercado que cada sociedad defina sobre la base de sus propios procesos democráticos.