18 mar. 2013

Fukushima, a dos años

publicado en La Jornada Morelos el 18 de marzo de 2013

El 11 de marzo de 2011 ocurrieron los devastadores terremoto y tsunami que causaron la pérdida de miles de vidas y afectaron a la sociedad, la economía y el ambiente en Japón. En particular, los gravísimos accidentes en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos forzaron a revisar nuestras hipótesis y criterios para el desarrollo del sector energético en México y en el Mundo. No estamos en contra de la investigación, el desarrollo y la innovación de la ciencia y la ingeniería nuclear, ya que son de gran beneficio para conocer el mundo que habitamos y de gran utilidad para aplicaciones en salud o geociencias. De lo que estamos seguros es que para México la generación de electricidad por métodos nucleares es un riesgo inaceptable, tanto económico, como ambiental, político y social. La industria nucleoeléctrica internacional (ya que no hay nacional), la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y la Secretaría de Energía tendrán que responder a muchas dudas y cuestionamientos de la sociedad civil antes de aprobar un programa de expansión de generación eléctrica con centrales nucleares, como se esboza la posibilidad en la Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2027.
            Junichi Sato, ED Greenpeace Japan, escribió en su blog (March 11, 2013 at 0:17) sobre la “Esperanza en Fukushima”. Describe que muchas de las personas que tuvieron que evacuar zonas de desastre por el terremoto y tsunami ya han regresado a sus comunidades y están reconstruyendo sus vidas y sus localidades lo mejor que pueden. Sin embargo, la tragedia continúa para aquellos que sufrieron el impacto de la contaminación radioactiva por el accidente en Fukushima. Muchas áreas permanecen inhabitables y estima que alrededor de 160,000 personas siguen imposibilitadas de regresar a casa y sin poder reconstruir sus vidas por falta de apoyo y de compensación apropiados.
            Sato describe que el costo del desastre de Fukushima se ha estimado en 250,000 millones de dólares, llevando a la bancarrota a la compañía TEPCO y forzando a que el gobierno japonés la nacionalizara y así pasara la cuenta a las japonesas y a los japoneses que pagan impuestos. Peor todavía, indica, es la protección gubernamental a compañías como General Electric, Hitachi y Toshiba que construyeron esta central nucleoeléctrica basada en diseños equivocados; las regulaciones les permiten no pagar nada a las víctimas y tampoco han mostrado arrepentimientos morales por sus responsabilidades.
            Antony Froggatt, David McNeill, Stephen Thomas y Rianne Teule escribieron un reporte (Fukushima Fallout. Nuclear business makes people pay and suffer. Greenpeace. International.
February 2013) sobre el estado actual de las compensaciones a las víctimas del desastre de Fukushima, presentándolo como un problema muy serio por la falta solvencia institucional frente a accidentes nucleares. Señalan que la industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidades que protege a la industria y fuerza a las personas a pagar la cuenta de sus errores y desastres. Para salvaguardar al público de riesgos nucleares, el sistema necesita de una reforma fundamental que haga completamente responsable a toda la industria nuclear de sus acciones y fallas.
            El esquema de compensaciones, apuntan los autores, establece que los primeros pagos en un accidente nuclear serán con financiamiento de la empresa pero respaldado por el gobierno. Sin embargo, la nacionalización de TEPCO, en junio de 2012, deja en claro que la cuenta del desastre en Fukushima será pagada por el japonés promedio. Al fin de 2012, el gobierno japonés había transferido a esta compañía un monto aproximado de 40,000 millones de dólares. El reporte de la comisión de investigación independiente del Congreso Nacional de Japón establece que el reactor de la Unidad 1 de la planta de Fukushima fue comprada por TEPCO bajo un acuerdo de construcción tipo “llave en mano”, donde General Electric se encargaba totalmente de los trabajos y era responsable de los mismos. En los años de 1970, este reactor fue el primero del tipo Mark I que se puso en operación y que experimentó numerosas dificultades. El reporte del Congreso añade que el edificio de contención de radiación de este reactor fue reforzado en los 1980, pero que General Electric no se hacía responsable si ocurría un accidente de la magnitud del sufrido en 2011. Este reporte concluye que durante el accidente la presión dentro de este edificio de contención de radiación llegó a dos veces la presión de diseño. También, en septiembre de 1989, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos recomendó a los propietarios de reactores del tipo Mark I que instalaran ventilas mejoradas para prevenir fallas catastróficas en el edificio de contención en caso de un accidente. Durante el accidente de Fukushima estas ventilas mejoradas no fueron efectivas y la ausencia de filtros exacerbó la salida de radioactividad.
            Para crear un sistema que considera primero a las personas que a las empresas en un accidente nuclear, los autores proponen que: no debe haber límites al monto total de la compensación; se debe hacer responsable a toda la industria nuclear, incluyendo a las empresas abastecedoras; las compañías eléctricas garanticen una cobertura financiera adecuada; las personas se puedan recuperar plenamente de los daños causados por cualquier accidente, y se informe de manera puntual y transparente de los costos en la industria nuclear, incluyendo las primas de los seguros por responsabilidad en caso de accidente.

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