3 sept. 2013

Reforma energética posible


publicado en La Jornada Morelos el 2 de septiembre de 2013
La reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal plantea cambios en los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución. Los aspectos clave son: permitir que el Estado suscriba contratos de utilidad compartida (en principio, sin cesión de propiedad de las reservas) con el sector privado en la exploración y producción de hidrocarburos; eliminar el monopolio estatal en materia de hidrocarburos y electricidad; otorgar permisos al sector privado para que participe en refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados; permitir la venta de electricidad entre particulares y, finalmente, mantener el control del Estado sobre la transmisión y distribución de electricidad y de su venta al sector doméstico.
            El PAN presentó una propuesta de reforma energética, más bien de reforma de hidrocarburos, que abre a la competencia todos los tramos de la industria bajo el régimen de concesiones (con cesión de propiedad de reservas) en donde participarían PEMEX (empresa pública con autonomía presupuestal y de gestión), empresas privadas y empresas público-privadas. Sería necesario modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El esquema fiscal planteado corresponde a derecho de extracción más impuestos sobre la renta.
            El PRD rechaza tajantemente cualquier cambio constitucional. Presentó modificaciones a 12 Leyes y la creación de otra que, sin transferir recursos de la Nación, o sus rentas, a particulares y sin privatizar, busca que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fortalezcan su aporte al desarrollo nacional, para detonar la inversión, el desarrollo industrial y la creación de empleo.
            Todas las propuestas aseguran que mantendrán la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos; favorecerán y alentarán el bienestar de las familias mexicanas mejorando el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios de energía, públicos o privados, e impulsarán el crecimiento económico nacional al garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores precios de los energéticos. También que mejorarán a PEMEX y CFE, con el propósito de que su presupuesto, operación financiera, gestión de recursos humanos y materiales, pero sobretodo la planeación de su operación productiva se coloque en una dimensión de mayor funcionalidad y eficiencia, con procesos de rendición de cuentas transparentes, sin corrupción y un sistema de financiamiento sano y autosostenible. Además, pretenden que PEMEX, como empresa pública, sea uno de los ejes contra el cambio climático y promueva el desarrollo de proveedores nacionales.
            Con relación a las Energías Renovables, las propuestas plantean en general un impulso decidido a su aprovechamiento; lo que queda en un vago enunciado, como analizaremos en la próxima entrega.
            La propuesta del Ejecutivo ha sido definida, por miembros del PAN y de empresas petroleras transnacionales, como tibia y que no atraerá los niveles de inversión extranjera directa que ellos consideran son necesarios. También, ha sido descrita, por actores de la izquierda mexicana como una iniciativa trunca, incoherente, errada, falaz, corrupta y vergonzante que no se atreve a enunciar su razón y su esencia verdaderas.
            Es indispensable analizar la eventual reforma energética en tres vertientes: la política, la financiera y la técnica.
            Desde el punto de vista político, argumenta la mayoría de la izquierda mexicana que la propuesta del Ejecutivo traiciona los planteamientos históricos de salvaguardar a los hidrocarburos que pertenecen al pueblo mexicano de los gobiernos y empresas extranjeros: debemos hoy seguir el ejemplo de Madero, Carranza, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Sin embargo, existen temas fundamentales por analizar: ¿por qué las izquierdas en países como España, Brasil o Francia sí negocian con empresas transnacionales e incluso apoyan a sus empresas nacionales a ser competitivas a nivel mundial?, ¿por qué la mayoría de la izquierda mexicana asegura que no se tiene la capacidad técnica y no se puede lograr la correcta voluntad política para aumentar la requerida producción de hidrocarburos con convenios de utilidad compartida?, ¿por qué se acepta que los gobiernos federal y estatales puedan realizar alianzas público – privadas para mejorar la infraestructura en cualquier área excepto en el petróleo y la electricidad? y ¿la abundancia de hidrocarburos que tenemos ha sido palanca, ancla o irrelevante para el desarrollo social, económico y ambiental del país?
            Desde el punto de vista financiero, todas las propuestas consideran que mejorar a PEMEX y CFE implica menores ingresos federales. El elemento crucial es cómo se logrará la recuperación de este déficit para elaborar los programas de ingresos y egresos de la federación. No hay propuestas concretas definitivas en las tres alternativas. Algunas ideas son a través de las utilidades compartidas, del aumento en IVA en alimentos y medicinas, del aumento del impuesto sobre la renta a las empresas y personas con mayores ingresos o del incremento en los costos de transacciones como herencias. Lo que sí es un hecho, es que ningún actor político propone una disminución mayor a cinco puntos porcentuales en el corto plazo, del 35 por ciento de los ingresos que ahora recibe la Secretaría de Hacienda por venta de hidrocarburos. Tampoco las propuestas han explicitado las reformas a las instituciones regulatorias mexicanas, que si ya era indispensable fortalecer bajo las circunstancias actuales, serán claves para vigilar y controlar la operación normal y en situaciones de siniestro de todas las empresas.
            Desde el punto de vista técnico, es inevitable reconocer el magro apoyo que todos los gobiernos federales y estatales han otorgado a la educación, la ciencia, tecnología e innovación. Claro que no tenemos la capacidad para extraer eficientemente petróleo y gas, convencionales o no, bajo ciertas circunstancias geográficas. Sin embargo, si el gobierno establece compromisos de transferencia de conocimiento en cada contrato que firme, en el mediano plazo se alcanzaría un nivel de competencia mundial.
            El país que recibió el presidente Peña no muestra una relación directa entre la producción de hidrocarburos, el consumo final de energía per cápita y el desarrollo económico, social y ambiental. Algunas cifras aproximadas que sustentan esta aseveración son, desde hace tres décadas: la producción de hidrocarburos se ha mantenido en 8,500 Peta Joules (PJ) por año, con un claro descenso en los últimos años; las exportaciones de energía se han mantenido en 4,000 PJ; las importaciones de energía se incrementaron de prácticamente cero a 1,900 PJ; el consumo final de energía per cápita se ha mantenido en sólo 0.045 PJ, por debajo de otras economías equivalentes; el país está en el lugar 14, si está medido por su Producto Interno Bruto (PIB), pero si es por PIB per cápita ya nos rebasaron Brasil, Argentina y, peor, el promedio mundial; si además, incluimos no sólo la variable de generación de riqueza sino el estado de la educación y la salud, con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), México se encuentra en el lugar 61 del mundo; si evaluamos la desigualdad entre la población, México tiene un índice de Gini de 47, donde cero sería igualdad completa, lo que nos sitúa a media tabla mundial, y finalmente, emitimos más CO2 de lo que prometimos. La conclusión es que tuvimos petróleo pero no se aprovechó en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Sabemos que el “hubiera” no existe pero algunos dicen que estaríamos peor sin él y otros dicen que el ingenio y las capacidades de los mexicanos, sin corrupción y con transparencia, sería suficiente.
            El Morelos que recibió Graco también tiene graves deficiencias, nos encontramos a la mitad del listado de los estados en casi todas las variables económicas y sociales. Dos datos reveladores, de acuerdo a la tendencia del IDH en 2013, Morelos se encuentra un año arriba del promedio nacional y a 80 años de alcanzar al DF. Con relación a nuestros municipios y medidos con el IDH, sólo Cuernavaca está en la clasificación muy buena y Jiutepec, Tepoztlán, Zacatepec y Cuautla están en buena; los demás están en mala y muy mala.
            Considero que todos estamos de acuerdo que si en México se siguiera haciendo lo mismo que hasta ahora, entonces el escenario tendencial sería: violencia y corrupción en aumento; inequidad social y de género sin mejorar; transparencia reducida; economía informal mayor al 50 por ciento, y la mitad de la población en pobreza; ingresos públicos ligados a la venta de hidrocarburos; economía dependiente del exterior, en particular del consumo de Estados Unidos; educación de baja calidad en general; ciencia y tecnología, siempre incipiente, e innovación, sólo por adquisición de equipos y sistemas.
            Para que México y Morelos avancen más rápidamente, además de los esfuerzos planteados en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, es fundamental consensar qué queremos en el largo plazo y cómo lo queremos alcanzar. Por ejemplo, la OCDE presentó, a finales del año pasado, una visión del mundo al año 2060. Indican que en los próximos 50 años se presentarán cambios enormes. En la participación de los países en el PIB global, China sobrepasará a Europa en menos de un año y a los Estados Unidos en unos cuantos más, para convertirse en la mayor economía del mundo, e India está próxima a sobrepasar a Japón y lo hará con Europa en unos 20 años. Desafortunadamente, los niveles de bienestar no aumentarán al nivel deseado para las economías emergentes: el PIB per cápita expresado en porcentaje del de Estados Unidos sólo pasaría, entre 2011 y 2060, de: en India, 8 a 30 por ciento; China, 15 a 60; Argentina, 35 a 45; Brasil, 20 a 40, y en México, 30 a 50 por ciento. ¿Queremos estar así en 50 años?
            Para alcanzar un mejor estadío en nuestro desarrollo y con relación a una reforma energética posible, por lo menos debemos hacer que la planeación energética se enfoque a avanzar en el desarrollo sustentable y no ser considerada, como hasta ahora, una sub-área de la economía. También, asegurar el acceso a la información de los individuos, no sólo por motivos de derechos humanos, si no por beneficios económicos y sociales, a través de la creación de un sistema de Datos Gubernamentales Abiertos, como hemos planteado en esta columna.
            En brevísima conclusión, debemos reconocer que la mayoría de los mexicanos está retrocediendo en la posibilidad de elegir su futuro y que disminuye su nivel y calidad de vida. Para llevar a cabo una reforma energética que permita avanzar en el camino del desarrollo social, económico y ambiental, no podemos sólo mejorar marginalmente el funcionamiento de PEMEX y CFE, debemos romper la tendencia con reformas estructurales apropiadas al momento actual, en particular: garantizar legalmente la rectoría del Estado sobre los mercados y reglamentar la actuación de las empresas; transparentar la gestión del gobierno y tener acceso a la información para beneficio económico y social de los individuos; establecer al conocimiento como meta social prioritaria; movernos hacia organizaciones empresariales horizontales y flexibles, sin monopolios; llevar a cabo una transición acelerada al uso eficiente de la energía y a las energías renovables, y canalizar los excedentes por venta de hidrocarburos a disminuir la desigualdad social y la pobreza, e impulsar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.
            En Morelos, aprovechemos la oportunidad creada por el análisis de una reforma energética y redoblemos esfuerzos para avanzar en un desarrollo sustentable viable, rompamos con la terrible tendencia.

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