18 ago. 2014

Clientelismo y políticas públicas.

publicado el 18 de agosto de 2014.

En casi todas las ocasiones que se trata de importar directamente soluciones para los males económicos, sociales y ambientales de América Latina, éstas fracasan. Uno de los aspectos fundamentales que no se han considerado plenamente es la madurez de nuestras instituciones; tampoco se toma en cuenta el estado del desarrollo de la cultura de nuestros partidos políticos, ni de nuestras estructuras burocráticas. Es necesario enfocarse más en el análisis de las acciones necesarias para el éxito en el contexto de nuestras sociedades.

Rita Funaro y Steven Ambrus, del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), escribieron el artículo “Clientelismo: veneno para las políticas públicas” en la revista IDEA (Ideas para el Desarrollo en las Américas, Volumen 33, Enero – Abril, Agosto 2014). Los autores analizan cómo el clientelismo puede perjudicar a los pobres, de qué manera la vigilancia ciudadana puede mejorar el desempeño gubernamental y de qué modo los factores políticos e institucionales pueden ser fundamentales para solucionar este problema.

No existe una cura universal para América Latina. Es más importante fijar indicadores fundamentales sólidos que, según los autores, deberían garantizar que la gestión estatal sea coherente en el tiempo, adaptable, bien coordinada, eficiente, que se aplique con eficacia y que se haga cumplir, además de orientarse hacia el bienestar público general. Desafortunadamente, los autores señalan, que la calidad de la gestión gubernamental en América Latina y el Caribe está rezagada en comparación con la de países de altos ingresos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como las regiones de Asia del Este y el Pacífico, Europa, Asia Central y Asia del Sur, y ligeramente por debajo de las regiones del Medio Oriente y el Norte de África y África subsahariana. En América Latina, Chile, Uruguay y Costa Rica son los países con la mejor gestión gubernamental, mientras que Haití, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela son los más débiles, llevando a que el promedio latinoamericano se encuentre a un nivel equiparable al de la mayoría de los países de la zona subsahariana y África .

            ¿A qué se deben estas deficiencias? Los autores indican que una buena gestión gubernamental depende de una serie de factores claves que incluyen un número reducido de partidos políticos maduros con programas de largo plazo y un poder legislativo profesional, con la capacidad de negociar y hacer cumplir acuerdos. También exige un poder judicial independiente y una administración pública técnicamente competente que actúe no en pro de intereses privados, sino de los de la sociedad como un todo.

            Los autores determinaron que América Latina y el Caribe presenta deficiencias en la mayoría de esas categorías. Los partidos de la región obtuvieron puntajes más altos que los de cualquier otra región del mundo, en términos de su desarrollo institucional. Sin embargo, la capacidad de sus congresos se ubicó en el último lugar entre todas las regiones del mundo, y el grado de independencia de sus poderes judiciales superó únicamente al del Medio Oriente y el África septentrional y subsahariana. La capacidad de su servicio civil o burocracia, aquejada desde hace mucho tiempo por el clientelismo, la corrupción y la incompetencia técnica, a duras penas es mejor, ubicándose en el penúltimo lugar entre todas las regiones del mundo.

            En la mayoría de América Latina, el clientelismo es tan generalizado en la administración pública que los burócratas a los que se ha confiado aspectos críticos de la vida nacional, como la salud, la educación y los asuntos económicos, a menudo son contratados más por su valor político que por su competencia profesional, plantean los autores. Un partido político victorioso exige el derecho de llenar las secretarías con simpatizantes. Un presidente ordena una expansión de la burocracia para hacer aumentar el número de empleados del estado que votarán y harán campaña por quien designe llegadas las elecciones. Los funcionarios públicos aceptan sobornos y roban del erario, sabiendo que contarán con la protección de clientes ubicados en posiciones más altas. Estos casos de clientelismo están profundamente arraigados en América Latina y han entorpecido gravemente el desarrollo.

            Aún así, ir hacia sistemas en los que la contratación, el despido y el ascenso del personal dependan del mérito requiere algo más que la promulgación de leyes sobre la administración pública, apuntan los autores. Más importantes son los incentivos que obliguen a los actores claves a emprender el camino de la reforma. Si los políticos rara vez actúan por puro altruismo, pueden ser obligados a tomar las decisiones correctas. Específicamente, pueden sanear sistemas corruptos cuando se ven privados de su capacidad de usar esos mismos sistemas para fines electorales. Las iniciativas exitosas toman esto en cuenta. Los autores ofrecen ejemplos. En Chile, las reformas promulgadas en enero de 2004 han reducido el número de cargos de nombramiento en la administración pública en casi un 70%. También han creado un consejo que presenta al presidente una lista de candidatos calificados para ocupar cargos importantes, de la que el mandatario puede escoger, lo que le quita la potestad de designar a los líderes de los organismos públicos puramente en función de consideraciones políticas. En especial Chile, junto con Uruguay y Costa Rica, se destacan en América Latina, con sus administraciones públicas de alto desempeño con una burocracia más profesional, con empleados permanentes y autónomos que se sienten en libertad de dar sus opiniones y actuar en pro del bienestar general. Otros países latinoamericanos pueden tomar en cuenta qué funcionó en esos países y, también, conocer y aplicar los incentivos que se requirieron para esta transformación.

            En Morelos, debemos erradicar el clientelismo partidista y sindical que frena nuestros desarrollo. Creemos tres consejos ciudadanos profesionales que apoye cada uno a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la selección de candidatos calificados para ocupar cargos importantes y también establezcamos el servicio civil de carrera.

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