25 ago. 2014

Ciencia de la Sustentabilidad.

publicado en la Jornada Morelos el 25 de agosto de 2014.

La estrecha vinculación de los problemas socioambientales que caracterizan la grave situación de emergencia planetaria reduce la efectividad de su tratamiento por separado realizado por distintas disciplinas, por lo que se precisa una nueva área de conocimientos, una Ciencia de la Sustentabilidad, que integre campos aparentemente tan alejados como, por ejemplo, el de la economía, el del estudio de la biodiversidad y el de la eficiencia energética, pero que tienen en común el referirse a acciones humanas que afectan a la naturaleza. Se hace evidente, pues, la necesidad de abordar globalmente, sin reduccionismos, el sistema cada vez más complejo constituido por las sociedades humanas y los sistemas naturales con los que interaccionan y de los que, en definitiva, forma parte.

            Amparo Vilches, Óscar Macías y Daniel Gil Pérez escribieron el documento “La transición a la sostenibilidad: un desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción ciudadana. Temas claves de reflexión y acción” (Documentos de trabajo de Iberciencia, No. 1, ISBN 978-84-7666-204-5). El objetivo del documento es hacer un llamado a los educadores de todas áreas y niveles, tanto de la educación formal (desde la Escuela Primaria a la Universidad) como no reglada (museos, medios de comunicación), para que se contribuya a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de los graves problemas socioambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad y prepararlos para participar en la toma de decisiones fundamentadas que hagan posible la transición a la sustentabilidad.

Análisis científicos han caracterizando a la situación actual del mundo por su insostenibilidad; es decir, por acercarse peligrosamente e incluso superar los límites del planeta, señalan los autores:

Es insostenible el actual ritmo de utilización de todo tipo de recursos esenciales, desde los energéticos a los bancos de pesca, los bosques, las reservas de agua dulce y el mismo suelo cultivable. Un ritmo muy superior al de su regeneración, cuando son renovables, o al de su sustitución por otros que sí lo sean.

Es insostenible el ritmo de producción de residuos contaminantes, muy superior al de la capacidad del planeta para digerirlos: una contaminación multiforme y sin fronteras que envenena suelos, ríos, mares y aire y afecta ya a todos los ecosistemas, contribuyendo a la destrucción de los recursos.

Es insostenible, en particular, el acelerado incremento de gases de efecto invernadero, que está provocando un desarreglo climático, visible ya, entre otras muchas consecuencias, en la rápida disminución de las llamadas nieves perpetuas (la más importante reserva de agua dulce con la que cuentan miles de millones de seres humanos) y en el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos atmosféricos extremos (huracanes, inundaciones, sequías e incendios); y el cambio climático contribuye así a un proceso de degradación generalizada que corre el riesgo de llegar a ser irreversible, haciendo inhabitable la Tierra para la especie humana.

Es insostenible el proceso de urbanización acelerada y desordenada que potencia los efectos de la contaminación (a causa del transporte, calefacción, acumulación de residuos, etc.) y el agotamiento de recursos con la destrucción de terrenos agrícolas, el aumento de los tiempos de desplazamiento y consiguiente mayor consumo de recursos energéticos.

Es insostenible el crecimiento explosivo de la población mundial, que puede estar ya cerca de sobrepasar la capacidad de carga del planeta: la especie humana acapara ya casi tanta producción fotosintética como la totalidad de las restantes especies, y su huella ecológica (es decir, el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada) ha superado ampliamente la biocapacidad del planeta.

Es insostenible la acelerada pérdida de biodiversidad, que obliga a hablar de una sexta gran extinción ya en marcha, que amenaza con romper los equilibrios de la biosfera y arrastrar a la propia especie humana, causante de esta extinción.

Es insostenible e inaceptable el desequilibrio entre una quinta parte de la humanidad impulsada al hiperconsumo y miles de millones de personas que sufren hambre y condiciones de vida insoportables. Baste señalar que los 20 países más ricos del mundo han consumido en el último siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y más recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria, mientras que para 1500 millones de seres humanos, que viven con menos de un dólar al día, aumentar su consumo es cuestión de vida o muerte y un derecho básico.

Es insostenible, en definitiva, un sistema socioeconómico que apuesta por el crecimiento económico indefinido en un planeta finito y que es responsable de estos y otros problemas igualmente graves, como la pérdida de diversidad cultural, garantía de la pluralidad de respuestas a los retos a que se enfrenta la humanidad (o los conflictos y violencias causados por la competitividad, por el afán de controlar los recursos energéticos y otras materias primas y, en definitiva, por la destructiva anteposición de intereses particulares a la cooperación en beneficio de todos.

            La estrecha vinculación de los problemas socioambientales que caracterizan la grave situación de emergencia planetaria reduce la efectividad de su tratamiento por separado realizado por distintas disciplinas, por lo que los autores consideran que se precisa una nueva área de conocimientos, una Ciencia de la Sustentabilidad, que integre campos aparentemente tan alejados como, por ejemplo, el de la economía, el del estudio de la biodiversidad y el de la eficiencia energética, pero que tienen en común el referirse a acciones humanas que afectan a la naturaleza.

            La Ciencia de la Sostenibilidad está experimentando un impresionante desarrollo en torno a un conjunto de preguntas clave, muchas de las cuales aparecen explícitamente formuladas en diversos documentos “fundacionales” de la nueva área. Los autores las sintetizan a continuación en un orden que, por supuesto, no responde a ninguna jerarquización: ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y cuáles son sus vinculaciones? ¿Por qué una Ciencia de la Sostenibilidad si de esta problemática ya se vienen ocupando distintas ciencias? ¿Qué se gana con ello? ¿En qué consiste la Ciencia de la Sustentabilidad? y ¿Cuáles son las interacciones naturaleza-sociedad que intentan clarificar la especificidad de la nueva ciencia?

La Ciencia de la Sustentabilidad es un campo definido por los problemas que aborda más que por las disciplinas que emplea, indican los autores y los trabajos de transición a la Sustentabilidad abordan cuestiones como las siguientes: Necesidad y posibilidad de la transición a la Sustentabilidad; Necesidad de una visión global de objetivos básicos para el Desarrollo Sustentable; Combatir los desequilibrios y discriminaciones; Regeneración ambiental; Transición a una economía sustentable; Transición energética; Consumo responsable; Transición demográfica; Transición educativa y cultural; Transición de la forma de investigación para incorporar la inter y transdisciplinariedad; Transición de la gobernanza y toma de decisiones; y Evaluación de la transición a la Sustentabilidad.
            En Morelos debemos reconocer que la esencia de la Ciencia de la Sustentabilidad reside en la exigencia de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y planteamientos glocales en una perspectiva amplia, que impregne el trabajo de los profesionales de cualquier área, la enseñanza de las diferentes disciplinas, la educación ciudadana y la acción política que ha de orientar el desarrollo social. Necesitamos un auténtico cambio de paradigma que afecte al conjunto de las actividades sociales. Solo así será posible avanzar en la transición a la sustentabilidad al ritmo que la gravedad de la situación lo requiere.

18 ago. 2014

Clientelismo y políticas públicas.

publicado el 18 de agosto de 2014.

En casi todas las ocasiones que se trata de importar directamente soluciones para los males económicos, sociales y ambientales de América Latina, éstas fracasan. Uno de los aspectos fundamentales que no se han considerado plenamente es la madurez de nuestras instituciones; tampoco se toma en cuenta el estado del desarrollo de la cultura de nuestros partidos políticos, ni de nuestras estructuras burocráticas. Es necesario enfocarse más en el análisis de las acciones necesarias para el éxito en el contexto de nuestras sociedades.

Rita Funaro y Steven Ambrus, del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), escribieron el artículo “Clientelismo: veneno para las políticas públicas” en la revista IDEA (Ideas para el Desarrollo en las Américas, Volumen 33, Enero – Abril, Agosto 2014). Los autores analizan cómo el clientelismo puede perjudicar a los pobres, de qué manera la vigilancia ciudadana puede mejorar el desempeño gubernamental y de qué modo los factores políticos e institucionales pueden ser fundamentales para solucionar este problema.

No existe una cura universal para América Latina. Es más importante fijar indicadores fundamentales sólidos que, según los autores, deberían garantizar que la gestión estatal sea coherente en el tiempo, adaptable, bien coordinada, eficiente, que se aplique con eficacia y que se haga cumplir, además de orientarse hacia el bienestar público general. Desafortunadamente, los autores señalan, que la calidad de la gestión gubernamental en América Latina y el Caribe está rezagada en comparación con la de países de altos ingresos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como las regiones de Asia del Este y el Pacífico, Europa, Asia Central y Asia del Sur, y ligeramente por debajo de las regiones del Medio Oriente y el Norte de África y África subsahariana. En América Latina, Chile, Uruguay y Costa Rica son los países con la mejor gestión gubernamental, mientras que Haití, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela son los más débiles, llevando a que el promedio latinoamericano se encuentre a un nivel equiparable al de la mayoría de los países de la zona subsahariana y África .

            ¿A qué se deben estas deficiencias? Los autores indican que una buena gestión gubernamental depende de una serie de factores claves que incluyen un número reducido de partidos políticos maduros con programas de largo plazo y un poder legislativo profesional, con la capacidad de negociar y hacer cumplir acuerdos. También exige un poder judicial independiente y una administración pública técnicamente competente que actúe no en pro de intereses privados, sino de los de la sociedad como un todo.

            Los autores determinaron que América Latina y el Caribe presenta deficiencias en la mayoría de esas categorías. Los partidos de la región obtuvieron puntajes más altos que los de cualquier otra región del mundo, en términos de su desarrollo institucional. Sin embargo, la capacidad de sus congresos se ubicó en el último lugar entre todas las regiones del mundo, y el grado de independencia de sus poderes judiciales superó únicamente al del Medio Oriente y el África septentrional y subsahariana. La capacidad de su servicio civil o burocracia, aquejada desde hace mucho tiempo por el clientelismo, la corrupción y la incompetencia técnica, a duras penas es mejor, ubicándose en el penúltimo lugar entre todas las regiones del mundo.

            En la mayoría de América Latina, el clientelismo es tan generalizado en la administración pública que los burócratas a los que se ha confiado aspectos críticos de la vida nacional, como la salud, la educación y los asuntos económicos, a menudo son contratados más por su valor político que por su competencia profesional, plantean los autores. Un partido político victorioso exige el derecho de llenar las secretarías con simpatizantes. Un presidente ordena una expansión de la burocracia para hacer aumentar el número de empleados del estado que votarán y harán campaña por quien designe llegadas las elecciones. Los funcionarios públicos aceptan sobornos y roban del erario, sabiendo que contarán con la protección de clientes ubicados en posiciones más altas. Estos casos de clientelismo están profundamente arraigados en América Latina y han entorpecido gravemente el desarrollo.

            Aún así, ir hacia sistemas en los que la contratación, el despido y el ascenso del personal dependan del mérito requiere algo más que la promulgación de leyes sobre la administración pública, apuntan los autores. Más importantes son los incentivos que obliguen a los actores claves a emprender el camino de la reforma. Si los políticos rara vez actúan por puro altruismo, pueden ser obligados a tomar las decisiones correctas. Específicamente, pueden sanear sistemas corruptos cuando se ven privados de su capacidad de usar esos mismos sistemas para fines electorales. Las iniciativas exitosas toman esto en cuenta. Los autores ofrecen ejemplos. En Chile, las reformas promulgadas en enero de 2004 han reducido el número de cargos de nombramiento en la administración pública en casi un 70%. También han creado un consejo que presenta al presidente una lista de candidatos calificados para ocupar cargos importantes, de la que el mandatario puede escoger, lo que le quita la potestad de designar a los líderes de los organismos públicos puramente en función de consideraciones políticas. En especial Chile, junto con Uruguay y Costa Rica, se destacan en América Latina, con sus administraciones públicas de alto desempeño con una burocracia más profesional, con empleados permanentes y autónomos que se sienten en libertad de dar sus opiniones y actuar en pro del bienestar general. Otros países latinoamericanos pueden tomar en cuenta qué funcionó en esos países y, también, conocer y aplicar los incentivos que se requirieron para esta transformación.

            En Morelos, debemos erradicar el clientelismo partidista y sindical que frena nuestros desarrollo. Creemos tres consejos ciudadanos profesionales que apoye cada uno a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la selección de candidatos calificados para ocupar cargos importantes y también establezcamos el servicio civil de carrera.

11 ago. 2014

Los planes de beneficio en salud.

publicado en la Jornada Morelos el 11 de agosto de 2014.

Ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida, sostiene la Organización Mundial para la Salud. Las brechas crecientes entre los recursos financieros disponibles y lo que costaría a los gobiernos garantizar la provisión de los servicios de salud para toda la población y con todas las tecnologías sanitarias existentes son uno de los mayores desafíos de política pública de este siglo.

            Ursula Giedion, Ricardo Bitrán, e Ignez Tristao, economistas en salud y protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), editaron el documento “Planes de beneficios en salud de América Latina: una comparación regional” (ISBN 978-1-59782-174-2, IDB-BK-122, Copyright © 2014 BID). Este documento analiza el concepto de planes de beneficios en salud (PBS), así como su adopción en siete países latinoamericanos como forma de priorizar el gasto en salud ante recursos públicos limitados.

            El rápido crecimiento del gasto en salud ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los actores del sector de salud y ha pasado a preocupar también a los responsables de asegurar la estabilidad económica y fiscal de los países. Una resolución reciente de la Organización Panamericana para la Salud indica que las tecnologías sanitarias son decisivas para la calidad de la atención y, por
otro lado, representan un impacto presupuestario cada vez mayor que puede amenazar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Además, el documento señala que las tecnologías nuevas no siempre ofrecen una ventaja terapéutica clara frente a las que ya existen en el mercado, lo que indica a su vez
la importancia de que los gobiernos las sometan a un escrutinio detallado antes de financiarlas.

Así, la pregunta ya no es si los gobiernos deben o no tomar decisiones acerca de qué financiar sino de cómo hacerlo. El documento plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo orientar los limitados recursos públicos hacia los servicios de salud que más benefician a la población en un mundo en donde la tecnología sanitaria evoluciona a gran velocidad y las posibilidades y necesidades médicas parecen infinitas? y ¿Qué servicios de salud deberían cubrirse, bajo qué circunstancias y para quiénes, con los recursos que se tiene a disposición? Responder a estas preguntas es especialmente difícil en los países de ingresos bajos y medios, ya que el acceso de la comunidad médica a la información sobre innovaciones tecnológicas en el sector de salud  no depende de la capacidad financiera de los sistemas de salud en el que operan y, a la vez, los recursos disponibles para financiar esas tecnologías varían ampliamente. Se crean así unas tensiones muy difíciles de gestionar entre lo médicamente posible y lo financieramente factible.

            Cuando las necesidades son mayores que los recursos disponibles, existe inevitablemente algún tipo de racionamiento. Según el documento, muchos países dentro y fuera de la región siguen operando sólo con mecanismos de racionamiento implícito (listas de espera, trámites de autorización engorrosos, negación de los servicios en el punto de atención, etc.) y, sin embargo, un número cada vez mayor ha adoptado herramientas de priorización explícita. Esos países toman decisiones explícitas acerca de cuáles tecnologías sanitarias se deben financiar o no con recursos públicos. Existen dos tipos

de mecanismos para hacerlo, que en muchos países se aplican de manera complementaria, apunta el documento: la institucionalización de los procesos para la priorización explícita, por ejemplo con la ayuda de instituciones dedicadas a la evaluación de los beneficios y costos de nuevas tecnologías médicas, y/o la adopción de un plan de beneficios de salud que define explícitamente qué servicios se van a financiar con recursos públicos.

            Las ventajas potenciales de un PBS son muchas, indica el documento: mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación del gasto; servir como una herramienta de articulación; organizar las principales funciones de todo sistema de salud, incluidos el financiamiento, la compra y el pago a los prestadores, la organización de la provisión, la regulación de aseguradores y prestadores, y la persuasión de consumidores, aseguradores y prestadores de servicios de salud; y facilitar la función de compra y pago a prestadores (porque la formulación explícita de los contenidos de un PBS contribuye a la simplificación y transparencia de los contratos de compra de servicios entre el financiador y los prestadores). También, un PBS puede convertirse en una piedra angular para la organización de los prestadores: la definición explícita de un plan y de cada una de sus prestaciones permite dimensionar los requerimientos de recursos humanos y físicos para prestar los servicios cubiertos. Además, en algunos casos, cada prestación del PBS está acompañada de un protocolo de atención, que precisa las condiciones en que se debe ofrecer cada atención médica y cómo debe hacerse. Por último, un PBS explícito, acompañado de garantías para la población beneficiaria, aumenta la rendición de cuentas, al difundir los derechos y deberes de los beneficiarios en materia de salud, de manera que se promueva que los ciudadanos los exijan.

            En Morelos, debemos implementar un PBS aunque presente desafíos importantes tanto a nivel técnico como político. En lo técnico, es imprescindible identificar los recursos necesarios: económicos para elaborar el plan; humanos calificados para los distintos estudios técnicos que sustentan el plan; informáticos, y temporales ya que deben consumarse en un período ejecutivo. A nivel político, el gran desafío es defender la legitimidad de no financiar la prestación de algunas tecnologías disponibles.

 

4 ago. 2014

Cambio climático y sociedad.

publicado en la Jornada Morelos el 4 de agosto de 2014.

Atender los problemas sociales que crea y creará el Cambio Climático requiere la transformación de las prácticas de producción y consumo actuales y debemos utilizar tecnologías que desacoplen el crecimiento económico de la emisión de gases que acentúan el efecto invernadero y de los recursos naturales no renovables. Aunque el desafío de moverse hacia un régimen de crecimiento económico “des—carbonizado” es acuciante, no parece sencillo promover una reorganización de las prácticas de las sociedades modernas de la envergadura que requiere este desafío. Para ello, es necesario la construcción de un nuevo sistema conceptual y un nuevo sistema de indicadores que permitan evaluar no sólo la sustentabilidad del sistema, sino también las propias políticas propuestas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

            Rubén Lo Vuolo, consultor de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), escribió el documento “Cambio climático, políticas ambientales y regímenes de protección social. Visiones para América Latina” (CEPAL. LC/W.607, Copyright © Naciones Unidas, mayo de 2014). Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre cambio climático, crecimiento económico y política social, la transición hacia una economía más verde, los efectos distributivos del cambio climático, una visión alternativa del cambio climático como un nuevo tipo de riesgo social estructural, el concepto de vulnerabilidad social, y la necesidad de una “integración” de las políticas que aborden conjuntamente las decisiones ambientales, económicas y sociales.

            Uno de los aspectos más relegados y controvertidos en torno al tema del cambio climático, refiere a sus impactos sociales. Estos impactos incluyen no sólo a los efectos directos sobre el bienestar de las personas sino también a los efectos de las políticas aplicadas para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático (como los impuestos “verdes”, los límites al uso de ciertos combustibles, etc.). El autor establece los problemas más destacados sobre esta cuestión: ¿Cómo atender a los productores rurales afectados por el cambio climático?, ¿A los asentamientos en zonas costeras bajo amenaza de inundaciones?, ¿A los trabajadores empleados en aquellos sectores que han de declinar como resultado de las medidas que buscan mitigar y adaptarse al cambio climático?, ¿Cómo se han de balancear las economías en tanto las responsabilidades por la emisión son diferentes a la distribución de los impactos nocivos?, ¿Cómo se compensarán los mayores costos de insumos energéticos, en familias con diferentes ingresos y diferentes consumos?

            Estas y otras cuestiones no sólo interesan por el daño sobre los afectados, sino porque son relevantes para analizar la propia legitimidad de la construcción de una agenda política que coloque el tema del cambio climático como cuestión de interés público y de los Estados, asegura el autor. ¿En qué medida y qué tipo de políticas vinculadas al cambio climático han de ser aceptadas y legitimadas por los distintos grupos sociales? ¿En qué medida depende ésta aceptación del tipo de “área de emisión” (por ejemplo, hogares o transporte público)? ¿Cómo prevenir los efectos más dañinos del cambio climático sobre el bienestar de la población? ¿Es necesario y en su caso qué tipo de políticas son las más adecuadas para prevenir y compensar distributivamente los impactos tanto del cambio climático como de las políticas que se aplican para mitigarlo?

            Los riesgos sociales son un tipo particular de riesgos individualmente impredecibles, pero colectivamente predecibles. Por ello a la manifestación de esos riesgos se la suele denominar como “contingencias” sociales. Las llamadas “políticas sociales” son, sintéticamente, aquellas aplicadas para prevenir y gestionar las contingencias sociales y para distribuir sus efectos dañinos tanto en el tiempo como entre la población. El autor considera que no existe mucha literatura ni investigación académica sistematizada que estudie la relación entre el cambio climático y los riesgos sociales que justifican la estructura institucional de los sistemas de protección social de los estados modernos. Sin embargo, es evidente la conexión entre los riesgos sociales que atienden estas políticas y los riesgos sociales derivados de cambio climático.

            Los conceptos de riesgo social y vulnerabilidad social indican que los problemas sociales derivados del cambio climático no pueden circunscribirse a unos pocos grupos sobre los cuales focalizar asistencia compensatoria, sino que debe verse con una perspectiva más sistémica y dinámica, plantea el autor. Por otra parte, los daños son tan amplios, y muchas veces irreparables, que deben ser prevenidos potenciando la capacidad autónoma de adaptación y respuesta de los sujetos. Las fragilidades de la población vulnerable al cambio climático son pre-existentes y permiten formular ciertas certezas con respecto a sus impactos. Particularmente en América Latina donde la zona de vulnerabilidad social abarca a la gran mayoría de la población.

            Los estudios disponibles sobre el tema indican que no sólo los efectos del cambio climático tienen impactos distributivamente regresivos, sino que además las políticas que apuntan a mitigar esos efectos pueden también tener impactos distributivamente regresivos en ausencia de otras políticas, asevera el autor. Las excepciones son pocas y se reducen a aquellas políticas que apuntan al transporte personal que suelen indicarse como más progresivas. Los resultados de los estudios dependen de las condiciones climáticas de cada país, de la eficiencia energética del conjunto de vivienda disponible, de la cantidad y la propiedad de los automóviles, de la infraestructura de transporte público y de los propios niveles de distribución de ingresos y pobreza, entre otros. También los resultados dependen de las metodologías aplicadas en los estudios y del modo en que se considera los comportamientos de los agentes en reacción a las políticas.

            En Morelos, debemos rediseñar nuevas políticas atentas a los desafíos del cambio climático: integrar los objetivos ambientales sostenibles en objetivos básicos de la política social; incorporar las incertidumbres y complejidades asociadas con el cambio climático en el análisis de las políticas sociales; asegurar que las políticas económicas estén diseñadas para satisfacer al núcleo social y ambiental, y no simplemente los objetivos de crecimiento; crear empleo y facilitar la adopción de empleos de la economía verde en los grupos desfavorecidos; y reducir las desigualdades y desventajas arraigadas a través de políticas sociales redistributivas.