publicado en La Jornada Morelos el 29 de junio de 2015
En 2005, el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (antecesor del actual Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) identificó que “la
manera más efectiva de garantizar que las instituciones respondan más
eficientemente a los problemas de pobreza, de ecología, de discriminación, y,
en general, a las amplias inquietudes políticas, económicas y sociales de una
sociedad, consiste en favorecer la apertura de la información gubernamental y
en la promoción de la transparencia en la gestión pública”. También, asume que “a
partir de la activación de estos mecanismos, cualquier atropello, ilegalidad, o
favoritismo en el cual incurra la autoridad puede develarse y someterse a la evaluación
de la sociedad para que la opinión pública responda en consecuencia”. Sin
embargo, ahora se considera que la transparencia es necesaria pero no
suficiente para la rendición de cuentas o, aún más, para la solvencia
comprobada por las autoridades.
La
transparencia en las acciones personales están relacionadas con “saber qué hacemos”,
“saber por qué lo hacemos” y “saber qué consecuencias tiene lo que hacemos”.
Así, la transparencia en la autoridad es doble: por un lado, se convierte en
“saber qué hacen las autoridades” y, por el otro, “saber lo que causan sus
acciones en la población”, o “saber las consecuencias de las decisiones de las
autoridades en el desarrollo, o no, de la sociedad”.
La democracia debe permitir a los electores imponer
sus necesidades y exigencias a los gobernantes; es decir, que éstos actúen como agentes
representantes de los gobernados, en vez de que algunos se puedan dejar llevar
por sus propios intereses, ambiciones o por otros fines distintos de los que
desean los electores. Surge de inmediato la pregunta: ¿Cómo solucionar este
problema esencial de la democracia representativa? Y la respuesta es por medio
de la rendición de cuentas, que Jonathan Fox ha definido como (Sociedad Civil y Políticas de Rendición
de Cuentas, Perfiles Latinoamericanos,
Enero-Junio 2006) el “proceso de responsabilizar a los actores por sus
acciones. Esto implica estar obligados a dar respuestas con procesos formales
en los que las acciones se someten a juicio con base en estándares específicos
de conducta o funcionamiento. Otros prefieren que incluya correctivos y sanciones
por violaciones”.
En la actualidad, se propone que la
responsabilidad de las autoridades frente a sus comunidades sobrepase la
rendición de cuentas, considerada como control y castigo. Así, se ha propuesto
el concepto de solvencia comprobada (en inglés, accountability) donde un individuo u organización tiene la
obligación de informar sobre sus acciones, aceptar sus responsabilidades y
revelar sus resultados de manera transparente y satisfactoria, incluyendo su
responsabilidad económica (ver por ejemplo, http://www.businessdictionary.com/definition/accountability.html).
Según John Ackerman (Co-Governance
for Accountability: Beyond ‘‘Exit’’ and ‘‘Voice’’, World Development Vol. 32, No. 3, pp. 447–463, 2004) ahora se
acepta que la buena gobernanza y la solvencia comprobada son precondiciones
para un desarrollo económico exitoso, y establece que “el buen gobierno no emerge
espontáneamente o de manera natural de las buenas intenciones de cada burócrata
o político; es el resultado del diseño de un proceso institucional que conlleva
roces y conflictos”. También, recalca que “aunque alguna autoridad nunca
requerirá de estructuras institucionales para garantizar su compromiso con el
bien público, la mayoría sí la necesitará alguna vez”. Y concluye que “la única
forma de garantizar la buena gobernanza es la puesta en marcha de mecanismos
institucionales que garanticen la solvencia comprobada de cualquier persona en
un puesto de gobierno; obligando a que los servidores públicos sean
responsables de sus actos”.
La
solvencia comprobada puede ser entendida en una democracia como una forma de
restringir poder y hacer a los servidores públicos responsables de actos frente
a las personas que afectan. Jan Aart
Scholte (Global governance, accountability and civil society, Building
global democracy, 2011 - iisd.org)
ha descrito cuatro aspectos principales a considerar, independiente de si se
trata de gobiernos, corporaciones, partidos políticos, organizaciones no
gubernamentales o medios de comunicación: “transparencia, requiere que el actor
A siempre conozca lo que el actor B hace y como lo hace; consulta, requiere que
A explique sus posibles acciones a B y ajuste sus planes de acuerdo a la
información, análisis y preferencias de B; evaluación, requiere que el impacto
de las acciones de A sobre B sean siempre monitoreadas y analizadas de manera
independiente; y corrección, requiere que A compense a B en los casos que sus
acciones hayan tenido consecuencias dañinas y que aprendan de sus errores”.
En Morelos, debemos
implantar mecanismos para garantizar la solvencia comprobada de todas nuestras
autoridades, entendidos no como un balance entre el éxito de resultados finales
de gobierno y las soluciones basadas en protestas sociales o consultas insuficientes,
si no como una co-gobernanza, donde actores sociales participan directamente en
las actividades fundamentales de gobierno.
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