21 abr. 2014

Agricultura familiar y desarrollo rural

publicado en La Jornada Morelos el 21 de abril de 2014.

En todos los países de América Latina, la agricultura familiar es el área pre­dominante en el medio rural. La persisten­cia de esta área como forma peculiar de organización económica que coexiste con las medianas y grandes empresas agrícolas capitalistas es una característica que cruza la región. Esta actividad tiene gran potencial para mejorar los índi­ces de seguridad y soberanía alimentaria, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, sus contribuciones no han sido suficientemente valoradas por los gobiernos y la sociedad.
En un esfuerzo conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), publicaron un documento titulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe: 2014” (CEPAL, FAO, IICA. -- San José, C.R.: IICA, 2013. ISBN 978-92-9248-504-7), cuya elaboración estuvo a cargo de un grupo interinstitucional compuesto por Adrián Rodríguez, Mônica Rodrigues y Octavio Sotomayor de la CEPAL; Byron Jara y Salomón Salcedo de la FAO; y Joaquín Arias, Rafael Trejos, Ileana Ávalos y Hugo Chavarría del IICA. En él, analizan las tendencias y perspectivas de la agricultura y su contexto (macroeconómico y sectorial), y dedican una sección para examinar en detalle las características, retos y potencialidades de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. También, presentan recomendaciones de políticas que consideran necesarias para devolver dinamismo a la agricultura regional y para potenciar el desarrollo de los territorios rurales.
            El desarrollo del potencial de la agricultura familiar (AF) requiere necesariamente del compromiso de los go­biernos para generar una institucionalidad específica para el sector, que permita impul­sar su desarrollo de forma sostenible, señala el documento. Ello demanda contar con información del sector, que constituya la base que sustente el dise­ño de las herramientas de políticas de acuer­do con sus necesidades, que debe contar con la efectiva participación de los agricultores familiares en su concepción e implementación.
La institucionalidad debe ser suficiente­mente sólida para asegurar el logro de su propósito; es decir, debe contar, por lo me­nos, con recursos humanos y presupues­tarios suficientes, con sistemas de evalua­ción y retroalimentación, con políticas de largo plazo y diferenciadas por segmentos, asegura el documento. Diversos países de la región cuentan con institucionalidad orientada a esta área, cuya responsabilidad recae mayoritaria­mente en la cartera de agricultura, con re­sultados disímiles. La implementación de estas políticas debe enmarcarse en procesos de desarrollo rural en los territorios, que impliquen la cons­trucción e implementación de estrategias y acciones intersectoriales que generen si­nergia para el avance de la AF y, por tan­to, hagan más coherente y efectiva la labor pública en las localidades. Las característi­cas estructurales de la AF determinan que estas estrategias adopten un carácter mul­tidimensional, donde las políticas agrícolas se complementen con la incorporación de políticas públicas extra sectoriales, que en conjunto mejoren la calidad de vida de los habitantes rurales. Será decisión de los go­biernos implementar estas estrategias, lo cual determinará el futuro de la AF de la re­gión y las posibilidades de aplacar el hambre y la pobreza que han caracterizado a algu­nos territorios en los últimos decenios.
En muchos países, la migra­ción de la juventud hacia zonas que ofrezcan mejores oportunidades constituye un impor­tante factor de riesgo para la continuidad de la AF, constata el documento. La sostenibilidad de los sistemas pro­ductivos de la AF depende de que los jóvenes continúen en el campo, lo cual demanda que los estados formulen estrategias integrales para estimular a los jóvenes y sus familias a hacer de las labores agrícolas su medio de vida. La tendencia de reducción y envejeci­miento de la población rural que se evidencia en la región permite concluir que si no se toman acciones inmediatas, la generación de reemplazo de la AF no tendría grandes in­centivos para continuar con la actividad. Se debe reconocer que el ingreso no agrícola en las economías de los agriculto­res familiares ha crecido en importancia en la última década, lo cual evidencia la fragi­lidad de sus sistemas productivos, especial­mente de los segmentos más vulnerables.
En toda la región, el escaso acceso a tie­rras y recursos hídricos por parte de la AF constituye una de las principales limitan­tes que condiciona el desarrollo sostenible de la AF, indica el documento. Hasta la fecha, muchos países de la región no cuentan con políticas o me­didas que apoyen el acceso a la tierra de los agricultores familiares. Superar dicha situación de inequidad que experimenta este segmento constituye un desafío prio­ritario para los estados. Sin estos recursos productivos, no hay agricultura.
Sin duda, la inserción a los mercados cons­tituye una de las principales limitantes para el desarrollo de la AF, propone el documento. Algunos países han trabajado en la supresión o mitigación de asimetrías e inequidades de mercado que impactan negativamente al sector. Ejem­plos como los de Brasil, a través de la in­clusión de la AF en el sistema de compras públicas. La estrategia de vincular a la AF como proveedor de programas de alimentación constituye una buena práctica que debiera ser replicada en la región.
En los últimos años, se ha observado un trabajo mancomunado entre grupos de países para el desarrollo de la AF que in­crementa la participación de los agriculto­res familiares, establece el documento. Ello generará una serie de retos, como mejorar productividad, superar problemas de cali­dad e inocuidad, establecer protocolos es­pecíficos o generar sellos de diferenciación, entre otros, los que sin duda pueden ser abordados de forma conjunta. La conjun­ción de esfuerzos permitiría avanzar hacia el desarrollo de una AF latinoamericana sólida y a sociedades más justas, equitativas y con mayores grados de bienestar.
            En Morelos, debemos establecer alianzas público – privadas que fomenten la competitividad de la agricultura familiar, al reconocer el papel del mercado agrícola en la reducción de la pobreza. También, es imprescindible crear un sistema de innovación que te­nga como punto de partida la gestión del co­nocimiento e intercambio de saberes ancestra­les, así como el establecimiento de conexiones apropiadas con la tecnología moderna.

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