Financiamiento innovador para el desarrollo.

publicado en La Jornada Morelos el 23 de marzo de 2015.

La Organización de las Naciones Unidas plantea que la agenda para el desarrollo después de 2015 supondrá una profunda transformación para encaminarnos hacia el desarrollo sustentable; lo que requiere un compromiso con enfoque universal que debe tener en cuenta todos los grupos de ingreso de los distintos países, considerar la sostenibilidad en todas las actividades y abordar las causas del cambio climático, además de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones, de conformidad con los estándares internacionales. (“El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 (A/69/700), Nueva York, 2014).

También, han sido identificados 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, para ser alcanzados antes de 2030, por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General en 2014: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas; Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos; Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; Reducir la desigualdad en y entre los países; Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sustentable; Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sustentable.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, y Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, ambos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), coordinaron la elaboración del documento “Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media” (LC/L.3968, Copyright © Naciones Unidas, marzo de 2015). En éste, plantean la necesidad de un gran esfuerzo internacional, donde es fundamental el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países deben asumir una mayor responsabilidad con respecto a su propio desarrollo y tomar el timón de su propia agenda para el desarrollo. También, identifican las herramientas requeridas en la implementación de una agenda para el desarrollo después de 2015, con el apoyo de un entorno externo favorable que corrija las asimetrías financieras, políticas y sociales del actual orden internacional.

A medida que los flujos concesionarios y oficiales han disminuido, el capital privado en todas sus formas y las remesas de los trabajadores, han ganado protagonismo como fuentes de financiamiento y representan la mayor parte de los flujos financieros hacia las economías emergentes, plantea el documento. En América Latina, la inversión extranjera directa (IED) ha sido el componente más importante de los flujos financieros, señala el documento: rondaron en promedio los 6,200 millones de dólares en la década de 1980, los 37,000 millones de dólares en los años noventa y los 65,000 millones de dólares en la década de 2000. En 2013, la IED alcanzó un máximo histórico de 155,000 millones de dólares. En relación con el total, los flujos de inversión extranjera directa pasaron de un 36 por ciento en los años ochenta a un 44 por ciento en los noventa, y llegaron al 54 por ciento en la década de 2000.  En 2013, la IED representó un 63 por ciento de todos los flujos.

Adicionalmente, las remesas han aumentado significativamente en las últimas décadas, representando el 16.4 por ciento del total en los años ochenta, el 19.6 por ciento en los noventa y el 34 por ciento en la década de 2000, identifica el documento. En 2013 las remesas a los países de la región ascendieron a 63,000 millones de dólares (lo que equivale al 1.1 por ciento del PIB regional). Dada la importancia de las remesas para el ingreso nacional, el principal desafío es la canalización de esos recursos hacia actividades productivas, aunque las remesas destinadas al consumo también contribuyen a mejorar el nivel de vida de la población receptora. Para movilizar eficazmente los recursos procedentes de remesas hacia objetivos de desarrollo también es necesario reducir el costo medio de las transferencias, lo que exige más información, transparencia, competencia y cooperación.

La movilización de más recursos externos debe ir acompañada de una promoción de instrumentos y mecanismos nuevos e innovadores para financiar el desarrollo social y productivo, propone el documento. Se considera que los mecanismos de financiamiento innovadores complementan los flujos de recursos internacionales (asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y remesas), movilizan recursos adicionales para el desarrollo y permiten salvar algunas deficiencias del mercado y barreras institucionales.

El financiamiento innovador para el desarrollo abarca una gran diversidad de mecanismos e instrumentos, algunos de los cuales ya se están utilizando, mientras que otros todavía se encuentran en fase de planificación, considera el documento. Este financiamiento se divide en cuatro grandes categorías: i) los mecanismos que generan nuevos flujos de ingresos públicos, como los impuestos globales y las asignaciones de derechos especiales; ii) los instrumentos basados en la deuda y el adelanto de recursos, como los canjes de deuda y los servicios financieros internacionales; iii) los incentivos público-privados, las garantías y los seguros, como los compromisos anticipados de mercado y los fondos de seguros soberanos; y iv) las contribuciones voluntarias por canales públicos o público-privados, como las donaciones entre personas.

En Morelos, debemos definir una arquitectura del financiamiento para el desarrollo que pueda movilizar una gran cantidad de recursos y cambiar la manera en que se obtienen, organizan y asignan. Los recursos privados y públicos deben combinarse para lograr el apalancamiento necesario para maximizar el impacto del financiamiento para el desarrollo. Los flujos privados están motivados principalmente por el beneficio económico, más que por preocupaciones relativas al desarrollo. Así, el sector público desempeña un papel cada vez más relevante en la inclusión de criterios de rentabilidad social en el análisis costo-beneficio, al crear un entorno favorable y los incentivos adecuados para que el capital privado se dirija hacia los objetivos de desarrollo.