publicado en La Jornada de Morelos el 23 de mayo de 2011
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
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