27 mar. 2013

Retos del desarrollo social


publicado en La Jornada Morelos el 25 de marzo de 2013
Una de las formas más efectivas para mejorar la política pública, como se ha mencionado ya en esta columna, es evaluar y medir con objetividad qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. La identificación de temas, subtemas, indicadores e índices para un área específica de desarrollo es fundamental, después sigue la tarea difícil de establecer bases de datos temporales que sean confiables y estén validadas, continúa la interpretación de la información y la obtención de conclusiones, y finalmente el establecimiento de acciones gubernamentales que ataquen las causas de los problemas detectados; sin olvidar poner en marcha mecanismos de retroalimentación que permitan conocer a los gobiernos si están alcanzando las metas que se plantearon.
            El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó a mediados del año pasado un reporte titulado “Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012” (www.coneval.gob.mx). A pesar del avance en diversos renglones sociales en las últimas décadas, señala el documento, los retos en materia de desarrollo social son apremiantes en México. Este reporte busca concentrar los hallazgos más relevantes que el CONEVAL ha tenido sobre la situación de la política de desarrollo social y hacer un diagnóstico general, con el objeto de que las nuevas autoridades del Ejecutivo Federal, el nuevo Congreso, los nuevos encargados de los poderes a nivel local en 2012 tengan información precisa de la situación de la población del país.
            A pesar de que ahora se cuenta con un sistema de protección social más amplio que el de hace algunos años, debido a la mayor cobertura de programas sociales, especialmente para la población más pobre, indica el reporte que el sistema actual tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan aún en su cobertura limitada, disociación con los derechos sociales, fragmentación (institucional y financiera), descoordinación entre programas (tanto federales como estatales), desigualdades horizontal y vertical, así como financiamiento y entrega de paquetes de beneficios desiguales. Entre las consecuencias de estos problemas se encuentra la inequidad y poca efectividad en el ejercicio de los derechos sociales, insostenibilidad financiera en el mediano plazo y la ausencia de instrumentos de política pública efectivos para enfrentar crisis asociadas con el cambiante escenario contemporáneo. Es necesario considerar que si los instrumentos de protección social que se implementan actualmente no son los más eficaces y eficientes para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso de los hogares, es momento de pensar en nuevas políticas y programas que logren proteger integralmente a los individuos y sus hogares, garantizando el acceso efectivo, su sostenibilidad financiera y coordinación de tal forma que exista una red que impulse la capacidad de recuperación del nivel de consumo.
            Por lo anterior, subraya el reporte, es importante que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debiera provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre otras variables. Los programas de desarrollo social son más efectivos para proteger a la población ante adversidades coyunturales que para la generación de empleos permanentes. La política de desarrollo social cuenta con algunos programas de protección social, pero son insuficientes para fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país en 2008-2010.
            Problemáticas identificadas en el reporte dentro del ámbito educativo son la desigualdad en la calidad de la educación básica, en la educación media superior y educación superior; la insuficiente cobertura; desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza; las desventajas para acceder a la educación de los grupos vulnerables, así como la falta de un apoyo decidido a la investigación básica y aplicada. Dentro del ámbito de la salud, México se encuentra en una situación en la que existen simultáneamente grupos de población con malnutrición, sobrepeso y obesidad; esto impone retos adicionales a la atención de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en términos de acceso como de educación para la salud.
            Entre 2008 y 2010, apunta el reporte, se observaron mejoras importantes en la calidad y los servicios básicos en las viviendas. Se amplió la cobertura de pisos firmes, electricidad, drenaje, agua potable en las viviendas y también se ha reducido el hacinamiento. A pesar de estos avances, todavía se observan retos en materia de hacinamiento y agua potable en varias entidades federativas. El alto porcentaje de viviendas deshabitadas es también un reto muy importante del sector vivienda; esta problemática invita a la reflexión sobre el posible impacto de la falta de planeación urbana y la violencia.
            Hay un gran número de programas y acciones de desarrollo social en el gobierno federal y el reporte identifica una gran dispersión y potencial falta de coordinación entre instancias federales. Si se incluyen programas de gobiernos locales, el problema podría ser aún mayor (no es fácil tener información sobre la política de desarrollo social en los gobiernos locales). No siempre queda clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Unos son creados por el poder ejecutivo, otros por el Congreso y otros por las entidades federativas, a través del legislativo local. Posiblemente muchos de ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de un uso político es inevitable.
            En Morelos, la erradicación de la pobreza es una meta prioritaria para el desarrollo social y al establecer políticas públicas es imprescindible no confundir entre las causas y los síntomas. Las causas o determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, insuficiente inversión pública y privada, y desigualdad de oportunidades. Que no haya un morelense en situación de pobreza.

18 mar. 2013

Fukushima, a dos años

publicado en La Jornada Morelos el 18 de marzo de 2013

El 11 de marzo de 2011 ocurrieron los devastadores terremoto y tsunami que causaron la pérdida de miles de vidas y afectaron a la sociedad, la economía y el ambiente en Japón. En particular, los gravísimos accidentes en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos forzaron a revisar nuestras hipótesis y criterios para el desarrollo del sector energético en México y en el Mundo. No estamos en contra de la investigación, el desarrollo y la innovación de la ciencia y la ingeniería nuclear, ya que son de gran beneficio para conocer el mundo que habitamos y de gran utilidad para aplicaciones en salud o geociencias. De lo que estamos seguros es que para México la generación de electricidad por métodos nucleares es un riesgo inaceptable, tanto económico, como ambiental, político y social. La industria nucleoeléctrica internacional (ya que no hay nacional), la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y la Secretaría de Energía tendrán que responder a muchas dudas y cuestionamientos de la sociedad civil antes de aprobar un programa de expansión de generación eléctrica con centrales nucleares, como se esboza la posibilidad en la Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2027.
            Junichi Sato, ED Greenpeace Japan, escribió en su blog (March 11, 2013 at 0:17) sobre la “Esperanza en Fukushima”. Describe que muchas de las personas que tuvieron que evacuar zonas de desastre por el terremoto y tsunami ya han regresado a sus comunidades y están reconstruyendo sus vidas y sus localidades lo mejor que pueden. Sin embargo, la tragedia continúa para aquellos que sufrieron el impacto de la contaminación radioactiva por el accidente en Fukushima. Muchas áreas permanecen inhabitables y estima que alrededor de 160,000 personas siguen imposibilitadas de regresar a casa y sin poder reconstruir sus vidas por falta de apoyo y de compensación apropiados.
            Sato describe que el costo del desastre de Fukushima se ha estimado en 250,000 millones de dólares, llevando a la bancarrota a la compañía TEPCO y forzando a que el gobierno japonés la nacionalizara y así pasara la cuenta a las japonesas y a los japoneses que pagan impuestos. Peor todavía, indica, es la protección gubernamental a compañías como General Electric, Hitachi y Toshiba que construyeron esta central nucleoeléctrica basada en diseños equivocados; las regulaciones les permiten no pagar nada a las víctimas y tampoco han mostrado arrepentimientos morales por sus responsabilidades.
            Antony Froggatt, David McNeill, Stephen Thomas y Rianne Teule escribieron un reporte (Fukushima Fallout. Nuclear business makes people pay and suffer. Greenpeace. International.
February 2013) sobre el estado actual de las compensaciones a las víctimas del desastre de Fukushima, presentándolo como un problema muy serio por la falta solvencia institucional frente a accidentes nucleares. Señalan que la industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidades que protege a la industria y fuerza a las personas a pagar la cuenta de sus errores y desastres. Para salvaguardar al público de riesgos nucleares, el sistema necesita de una reforma fundamental que haga completamente responsable a toda la industria nuclear de sus acciones y fallas.
            El esquema de compensaciones, apuntan los autores, establece que los primeros pagos en un accidente nuclear serán con financiamiento de la empresa pero respaldado por el gobierno. Sin embargo, la nacionalización de TEPCO, en junio de 2012, deja en claro que la cuenta del desastre en Fukushima será pagada por el japonés promedio. Al fin de 2012, el gobierno japonés había transferido a esta compañía un monto aproximado de 40,000 millones de dólares. El reporte de la comisión de investigación independiente del Congreso Nacional de Japón establece que el reactor de la Unidad 1 de la planta de Fukushima fue comprada por TEPCO bajo un acuerdo de construcción tipo “llave en mano”, donde General Electric se encargaba totalmente de los trabajos y era responsable de los mismos. En los años de 1970, este reactor fue el primero del tipo Mark I que se puso en operación y que experimentó numerosas dificultades. El reporte del Congreso añade que el edificio de contención de radiación de este reactor fue reforzado en los 1980, pero que General Electric no se hacía responsable si ocurría un accidente de la magnitud del sufrido en 2011. Este reporte concluye que durante el accidente la presión dentro de este edificio de contención de radiación llegó a dos veces la presión de diseño. También, en septiembre de 1989, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos recomendó a los propietarios de reactores del tipo Mark I que instalaran ventilas mejoradas para prevenir fallas catastróficas en el edificio de contención en caso de un accidente. Durante el accidente de Fukushima estas ventilas mejoradas no fueron efectivas y la ausencia de filtros exacerbó la salida de radioactividad.
            Para crear un sistema que considera primero a las personas que a las empresas en un accidente nuclear, los autores proponen que: no debe haber límites al monto total de la compensación; se debe hacer responsable a toda la industria nuclear, incluyendo a las empresas abastecedoras; las compañías eléctricas garanticen una cobertura financiera adecuada; las personas se puedan recuperar plenamente de los daños causados por cualquier accidente, y se informe de manera puntual y transparente de los costos en la industria nuclear, incluyendo las primas de los seguros por responsabilidad en caso de accidente.

12 mar. 2013

Investigación educativa y práctica docente

publicado en La Jornada Morelos el 11 de marzo de 2013

En la educación secundaria obligatoria se deben formar ciudadanos con capacidad de resolver problemas cotidianos relacionados con la ciencia y la tecnología, de tomar decisiones fundamentadas y de participar en temas sociales basados en conocimientos científico-tecnológicos. No obstante, en ocasiones los profesores olvidan esta finalidad de alfabetización científica y se inclinan por preparar a los alumnos para estudios superiores únicamente, con una gran carga de academicismo y una muy pequeña de funcionalidad. Es imperioso que se enseñe a utilizar contenidos científicos fundamentales para explicar situaciones cotidianas, actuales y futuras.
            María Jesús Martín-Díaz, María Sagrario Gutiérrez Julián y Miguel Ángel Gómez Crespo, catedráticos de física y química en Instituciones de Educación Superior en España, escribieron el artículo titulado “¿Por qué existe una falla entre la innovación e investigación educativas y la práctica docente?” que fue publicado en la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Revista CTS, nº 22, vol. 8, Enero de 2013, pág. 11-31) y cuya finalidad es la búsqueda de las causas que expliquen por qué las innovaciones e investigaciones educativas no salen de un círculo restringido y no alcanzan a la práctica docente. El paradigma de la alfabetización científica lleva décadas presente en los artículos de las revistas especializadas, pero apenas se deja ver en las aulas. ¿Dónde reside el problema: en la difusión del mismo o en su propia definición? Y profundizando más en estas causas, es: en el profesor, el sistema educativo, los currículos, entre otras.
            Existen problemas tanto en la formación inicial como en la formación permanente de los maestros en ciencias y son las principales causas que dificultan la aceptación y puesta en práctica de las innovaciones, consideran los autores. La formación inicial, en general, no responde a una profesión de docente, en la que se necesitan otros tipos de conocimientos además de los puramente disciplinarios y porque todos tendemos a reproducir el modelo de profesor que hemos observado durante nuestra larga experiencia como alumnos universitarios, que se encuentra muy alejado del profesor innovador. La formación permanente porque se considera dispersa y voluntaria, imbricada en unas condiciones de trabajo del profesorado, que no potencian el trabajo en equipo, ni estimulan el intercambio.
            Los autores distinguen tres niveles claramente diferenciados en la alfabetización científica: un nivel centrado en lo conceptual, en la comprensión del mundo y de la sociedad en que vivimos, para tener opiniones fundamentadas sobre temas sociales e individuales en los que están presentes o latentes la ciencia y de la tecnología y “sobrevivir en el mundo actual”; un nivel centrado en la participación y actuación social, donde el fin no es sólo tener espíritu crítico y opiniones argumentadas sino también “participar en la toma de decisiones y actuar en la sociedad”, y un nivel centrado en la construcción de conocimiento, para seguir aprendiendo durante toda la vida. Así, se puede definir la alfabetización científica como la capacidad de hacerse preguntas y buscar la información necesaria para darles respuesta.
            En consecuencia, mejorar la formación de los profesores, tanto en su versión inicial como permanente, es una necesidad señalada por todos los analistas en el tema. Con relación a la formación inicial, es necesario reformarla de manera que, además de servir de vehículo para introducir las innovaciones e investigaciones didácticas, sea un elemento que cree nuevos referentes para la “identidad profesional” del profesor. El dilema surge en el momento de dar soluciones al problema y las opiniones se dividen entre los que consideran que debería formar parte de los cursos de licenciatura, dando lugar a una nueva especialidad, o los que consideran que debería concebirse como una formación de posgrado. Con relación a la formación permanente, se distinguen dos posturas, aunque no necesariamente incompatibles: los que conciben la formación como un proceso con la presencia de asesores externos y los que la enfocan hacia la integración del profesor en equipos de investigación e innovación vinculados a los departamentos universitarios de didáctica.
            Existen otras modificaciones que deberían venir de las instituciones educativas, apuntan los autores. En primer lugar, la consideración de la evaluación como aspecto fundamental de la enseñanza, mediante la inclusión en los currículos de criterios de evaluación normativos que hagan referencia a las innovaciones que se quieren introducir y la aplicación de una evaluación externa que recoja las innovaciones y principales retos, con un carácter estrictamente formativo y no acreditativo de los alumnos, y cuyos resultados sirvieran de base y punta de lanza para organizar los planes y programas con ayuda de asesores externos. En segundo lugar, la conveniencia de implicar al mayor número posible de profesores en la elaboración de las reformas educativas y un mayor apoyo en la innovación en el aula y mayor incidencia en el sistema de inspección y asesoramiento de los equipos docentes, estimulando activamente los esfuerzos de renovación, creando espacios educativos alternativos y consolidando la formación de equipos y el compromiso con la función escolar.
            En Morelos, debemos enfatizar la absoluta necesidad de que la educación recupere el valor social que le corresponde en la formación de la sociedad y en la reivindicación del papel fundamental que le corresponde al profesorado, junto con las familias, en dicha tarea. Ser capaz de educar en secundaria necesita de una formación específica y no basta sólo con un conocimiento disciplinario.

4 mar. 2013

Estrategias de innovación

publicado en La Jornada Morelos el 4 de marzo de 2013

El concepto de innovación, en términos generales, se asocia sólo con productos de la tecnología y la industria, lo cierto es que debe relacionarse también con cambios estructurales que incluyan toda la cadena de valor y con modificaciones en procesos o prácticas existentes. Estos cambios pueden realizarse de manera gradual o disruptiva. Todas las reformas que han presentado y seguirán presentando los Gobiernos Federal y Estatal en los próximos meses deberían tienen un elemento fundamental en común, la innovación. No tendrán éxito las reformas en pobreza, seguridad alimentaria, energía y salud, si no existe un cambio en la forma en que se han venido planteando los objetivos y realizando las tareas en esas áreas.
            La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un trabajo titulado “La Estrategia de Innovación de la OCDE: Empezar hoy el mañana” (© OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012, en su versión en español). En este informe la OCDE pone a disposición su análisis y orientación en materia de política pública sobre una amplia gama de asuntos que va desde la educación y la capacitación hasta el medio ambiente, la infraestructura y las acciones de negocios efectuadas para promover la creación y difusión del conocimiento. Tales elementos apoyan a los gobiernos en el desarrollo de estrategias de innovación efectivas para alcanzar los objetivos clave económicos y sociales. Se promueve un enfoque que considera la interacción entre diversas esferas de política pública y las vincula a través de mecanismos de apoyo al gobierno a nivel local, regional, nacional e internacional.
            Para ser efectiva, la política de innovación debe considerar la manera en la que ésta se desarrolla hoy en día, plantea el informe. La innovación engloba una amplia gama de actividades. Incluye investigación y desarrollo, cambios organizacionales, capacitación a nivel de empresas, pruebas, comercialización y diseño. También, la innovación ocurre rara vez de manera aislada; es un proceso altamente interactivo que involucra una red creciente y cada vez más diversa de participantes, instituciones y usuarios en todo el mundo. Se mencionan cuatro prioridades que pueden fortalecer el desarrollo de las estrategias nacionales y colectivas para hacer que la innovación funcione para las personas y ayude a responder los retos más importantes del siglo XXI.
            Uno, empoderamiento de las personas para innovar: los sistemas de educación y capacitación deben preparar a las personas con las bases para el aprendizaje y el desarrollo de un amplio rango de habilidades que se requieren para la innovación en todas sus formas, y con la flexibilidad para actualizar las habilidades y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, para fomentar un lugar de trabajo innovador y asegurar que las políticas de empleo faciliten el cambio organizacional eficiente; asegurar que los consumidores sean participantes activos en el proceso de innovación; y fomentar una cultura empresarial al inculcar las habilidades y actitudes necesarias para llevar a cabo una empresa creativa.
            Dos, desencadenamiento de innovaciones: asegurar que las condiciones de competitividad sean confiables y apoyen la competencia, conducentes a la innovación, y mutuamente fortalecedoras; movilizar el financiamiento privado para la innovación, fomentando mercados financieros que funcionen correctamente y facilitando el acceso al financiamiento para las empresas nuevas, especialmente en las etapas iniciales de innovación, y promover la difusión de las mejores prácticas en el informe de inversiones intangibles, y desarrollar enfoques afines al mercado para el apoyo de la innovación; fomentar los mercados abiertos y un sector empresarial competitivo y dinámico y una cultura de toma de riesgos calculados y actividad creativa; y fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas, especialmente las empresas nuevas y jóvenes.
            Tres, creación y aplicación de conocimientos: proveer suficiente inversión en un sistema de investigación pública efectivo, mejorar la gobernanza de las instituciones de investigación, y asegurar la coherencia entre las fuentes de niveles múltiples y el financiamiento para investigación y el desarrollo; asegurar que esté en operación una estructura de conocimiento moderna y confiable que apoye la innovación, acompañada de marcos reglamentarios que apoyen el acceso abierto a las redes y la competencia en el mercado, y crear una política adecuada y un ambiente regulatorio que permita el desarrollo responsable de las tecnologías; facilitar los flujos eficientes de conocimiento y promover el desarrollo de las redes y los mercados que faciliten la creación, circulación y difusión del conocimiento, junto con un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual; y promover la innovación en el sector público, en todos los niveles de gobierno, para mejorar la entrega de servicios públicos, la eficiencia, la cobertura y la igualdad.
            Cuatro, mejorar la gobernanza y la medición de las políticas de innovación: asegurar la coherencia de las políticas públicas al tratar la innovación como un componente central de la política del gobierno, con un fuerte liderazgo en los niveles políticos más altos; facilitar que los actores regionales y locales fomenten la innovación, mientras se asegura la coordinación entre regiones y con esfuerzos nacionales; y fomentar la toma de decisiones basada en la evidencia y la rendición de cuentas de las políticas al reconocer la medición como un factor central de la agenda de innovación.
            El enfoque más amplio de la innovación, que se describe en el presente trabajo, resalta especialmente la importancia del equilibrio entre las políticas dirigidas hacia la creación de nuevos conocimientos e innovaciones y aquéllas dirigidas a la promoción para su absorción y difusión en la economía. La innovación sólo se puede mejorar de manera continua y optimizada para cumplir con las necesidades de la sociedad a través de un enfoque integral y coherente, que empareje la oferta de conocimientos e innovación con la demanda de las empresas y los individuos.
            En Morelos, debemos tener ya un enfoque más estratégico del papel de las políticas públicas para la innovación, con la finalidad de: proporcionar un crecimiento más fuerte, más limpio y más justo; reconocer que la innovación involucra un amplio rango de inversiones de activos intangibles y de actores; empoderar a las personas de toda la sociedad a ser creativas; crear innovaciones de vanguardia con nuevos empleos; fomentar la difusión y aplicación del conocimiento; enfrentar los retos globales y repartir los costos y los riesgos, y establecer marcos para la medición de un concepto de innovación más amplio.