publicado el 29 de agosto en la Jornada Morelos
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó en agosto de este año sobre la disminución de la pobreza en Morelos, al pasar del 7.9 por ciento de morelenses en pobreza extrema en 2008, a sólo 6.2 por ciento en 2010. De acuerdo a los resultados de su última encuesta, había 137 mil personas en condición de pobreza extrema en 2008 y el año pasado el número de pobres extremos era de 109 mil. Según esta tendencia, tardaríamos más de quince años en erradicar la pobreza extrema en Morelos. Por la crítica situación social, económica y ambiental en que está Morelos, estoy seguro de que no podemos esperar tanto tiempo.
Kofi Annan, siendo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, promovió que esta organización estableciera, en 2005, su Proyecto Milenio, cuyos objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio son, entre otros, erradicar la extrema pobreza en el año 2015, asegurando la educación universal y el acceso a la salud básica. Para ello, organizó un panel de 250 expertos en desarrollo que deberían diseñar las estrategias que promoviesen un desarrollo rápido.
Jeffrey Sachs dirigió dicho Proyecto y simultáneamente el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, después de estudiar y trabajar durante 20 años en la Universidad de Harvard. En ese mismo año, Sachs publicó un libro titulado El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Editorial Debate. El propósito de este libro es presentar su estrategia para erradicar la pobreza extrema a nivel mundial en el año 2025. Debemos destacar que este libro también alcanzó fama mundial porque fue prologado y promovido por Bono, el líder de la famosa banda U2.
En el mundo había, en el 2005, 1,100 millones de personas en una situación de pobreza extrema, que viven con menos de un dólar diario y carecen de lo básico: comida, agua potable y atención médica, señala Sachs. A ellos hay que agregar otros 1,500 millones más que son considerados pobres y sobreviven con entre uno y dos dólares al día. En conjunto representan algo más del 40% de la población mundial. El autor se pregunta si tendremos el buen criterio de emplear sabiamente nuestra riqueza para sanear un planeta dividido, poner fin al sufrimiento de quienes todavía están atrapados por la pobreza y forjar un vínculo común de humanidad, seguridad y metas compartidas entre culturas y pueblos. Su idea es cómo facilitar que estas sociedades se sitúen en el primer escalón de la larga escalera hacia el desarrollo y considera que la ascensión posterior será más fácil.
Lo fundamental, según el autor, es evaluar todas las necesidades de esas economías y elaborar un plan integral de inversiones. La experiencia demuestra que un buen gobierno y unas reformas de mercado adecuadas no son suficientes para garantizar el crecimiento económico, si el país es presa de la trampa de la pobreza.
A diferencia de lo que antes se pensaba, Sachs opina que uno de los puntos débiles del pensamiento sobre el desarrollo es la incesante tendencia a creer en una solución mágica, en la que hay una única inversión decisiva que revierte la tendencia. Por desgracia, esto no es así. Todas y cada una de las necesidades de capital que define son necesarios para que la economía sea eficaz y funcione adecuadamente. Todas y cada una son necesarias para escapar de la trampa de la pobreza. Además, el éxito en materia de salud, educación o productividad agrícola, depende del conjunto de las inversiones realizadas. Sachs cree que las buenas inversiones van en paquetes.
Sus propuestas concretas para hacer frente estos planes se relacionan con los siguientes elementos: los países desarrollados deben elevar sus aportaciones en ayuda directa al 0.7 por ciento del PIB y adicionalmente los Estados Unidos deberían crear un impuesto del 5% sobre los ingresos de los contribuyentes con rentas superiores a los 200,000 dólares; habría que potenciar el desarrollo del comercio justo no sólo eliminando los subsidios, sino fomentando las infraestructuras de los países; es necesario que se condone la deuda externa de los países más atrasados, y se debería prestar atención a los problemas del cambio climático y al efecto invernadero.
Partiendo de las dificultades de estimar el monto total de las necesidades financieras que habría que satisfacer para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Sachs calculó que los recursos que habrían de necesitarse entre 2005 y 2015 se sitúan entre 135,000 y 190,000 millones de dólares, lo que, a su vez, representaría entre 0.4 y 0.5 por ciento del PIB anual del mundo industrializado, proporción bastante menor que la prometida desde hace más 30 años por los países industrializados. Asimismo, una verdadera estrategia de reducción de la pobreza basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio debería contar con cinco elementos: un diagnóstico específico, un plan de inversión, un plan económico, un plan de donantes, y un plan de gestión pública.
En Morelos, adaptando las estrategias y los cálculos anteriores, se necesitarían unos 2,000 millones de pesos o el 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de Morelos en 2010, aproximadamente, para erradicar la pobreza extrema de naturaleza multidimensional en el estado. Esta inversión debería canalizarse a actividades desempeñadas por el gobierno y el sector privado del estado. Así, las carencias de infraestructura, de capital natural (tierra cultivable, biodiversidad, ecosistemas, etc.) y de capital institucional público (instituciones, legislación, etc.) tendrán que ser atendidas por el estado; las de capital empresarial (maquinaria, instalaciones, redes de transportes, etc.) por la iniciativa privada, y las de capital humano (salud, educación y alimentación) y capital intelectual (saber práctico, científico, tecnológico, etc.) por ambos. Finalmente, nos recuerda Sachs, para que la ayuda llegue a su destino habrá que elaborar una estrategia de gestión pública que debería caracterizarse por: la descentralización de la inversión pública, el desarrollo de programas de formación o capacitación en todos los niveles del sector público, el uso de las tecnologías de la información, el establecimiento de puntos de referencia medibles, la elaboración de auditorías que permitan controlar el gasto, y la confección de planes de seguimiento y evaluación de las inversiones. ¿En cuántos años quiere el Gobierno Estatal erradicar la pobreza extrema en nuestro estado? No podemos esperar.
29 ago 2011
22 ago 2011
Eficiente uso de recursos.
publicado en La Jornada Morelos el 22 de agosto de 2011
La falta de financiamiento ha sido y será en los próximos años una barrera al desarrollo sustentable de México y al bienestar social de los mexicanos. La renta de los ingresos del país, estados o municipios ha sido aplicada solo con consideraciones economicistas, en el mejor de los casos, o ha sido dilapidada en acciones de corto plazo que beneficiaron a una minoría de la sociedad. Algunas personas proponen paliar nuestros problemas por medio del ahorro, desafortunadamente la mayoría de los mexicanos no tienen y con sus magros ingresos no podrán apoyar al fortalecimiento del mercado interno nacional. En estas condiciones es crucial que todos seamos más eficientes en el uso de nuestros recursos, debemos aumentar nuestra producción con los mismos insumos o mantener la producción con menores insumos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la colaboración técnica de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, publicó este año un Informe sobre “Eficiencia en el uso de recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones económicas”. Dicho informe se realizó desde una visión amplia que trasciende el análisis económico convencional para prestar debida atención al rol central que juegan los recursos en el desarrollo socioeconómico, el bienestar de la población y la inserción internacional de los países de la región.
Una de las preguntas clave en el Informe fue cómo puede contribuir a la mejora en la eficiencia de recursos la aplicación de herramientas de análisis y de recomendaciones de política realizadas desde una visión económica: análisis costo-beneficio, valoración económica de recursos e impactos ambientales, uso de incentivos y precios para reflejar la verdadera escasez y fomentar cambios de conducta.
Seleccionaron tres temáticas (cambios en el uso del suelo, energía y cambio climático y uso del agua); y seis países (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay) que fueron analizados en profundidad. A partir de un análisis de tendencias en materia económica y ambiental y de estudios de casos en estos seis países, construyeron escenarios posibles a futuro y se identificaron, lecciones, hallazgos y recomendaciones en relación al diseño de políticas orientadas a la eficiencia y sustentabilidad en el uso de los recursos en la región.
A efectos de identificar alternativas para el aprovechamiento del potencial de la región y en función de las tendencias observadas, construyeron escenarios prospectivos 2010-2030 para identificar estrategias y trayectorias que permitan pasar del escenario actual (“Statu quo: ni sustentabilidad ni eficiencia”) al escenario deseable (“Eficiencia, sustentabilidad y gobernabilidad para la inclusión”), e impedir el escenario menos deseable, que es que todo siga igual y la región no aproveche su potencial de forma eficiente y sustentable.
Los resultados generales obtenidos en el Informe son: el proceso de desarrollo de la economía de los países del Mercosur, Chile y México ha causado un creciente aumento de las presiones sobre algunos recursos (como agua y suelo); si bien ha mejorado la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos en ciertos sectores y países de América Latina, aún persiste un gran potencial de mejora sin aprovecharse; en algunos casos, el impacto ambiental de las actividades económicas es tan grande, que se requerirán mejoras sustantivas en la eficiencia en el uso de los recursos para lograr alcanzar la sustentabilidad; las políticas ambientales de América Latina tienen cierto retraso en adaptarse a su nueva realidad productiva y de integración al mundo, caracterizada por una alta intensidad en el uso de recursos naturales; la falta de iniciativas, políticas o programas orientados a prevenir los impactos ambientales del desarrollo productivo puede desincentivar la mejora ambiental con graves consecuencias económicas; el ahorro más la inversión física y en capital humano en los países de Mercosur, Chile y México no alcanzan a compensar la depreciación del capital físico y natural; la eficiencia en el uso de los recursos y la sustentabilidad pueden contribuir a la competitividad empresarial, y las regulaciones ambientales de los países desarrollados son un desafío para las políticas públicas de los países de América Latina.
Los resultados relativos a los temas específicos del Informe son: el principal problema en la región en lo que respecta al agua, es la presión sobre el recurso, tanto en términos de cantidad (extracción) como de calidad (contaminación); las emisiones del sector energía están fuertemente acopladas al crecimiento del PIB y de la población; los países de América Latina están sumándose a la tendencia mundial de promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables modernas, y el uso del suelo y el impacto ambiental de la producción agropecuaria son un tema clave en los países de Mercosur, Chile y México.
Las recomendaciones del Informe en materia de políticas y fortalecimiento institucional son: el mayor desafío es adaptar la institucionalidad disponible para ampliar la escala de las experiencias locales exitosas de promoción de la eficiencia en el uso de los recursos (pasando de una lógica de casos o prácticas locales a un enfoque de políticas); un uso más eficiente de los recursos que sea sostenible e inclusivo, implica un rol de liderazgo, articulación, regulación y control por parte del estado; las políticas públicas por sí solas no alcanzan, deben de implementarse promoviendo espacios de cooperación público-privada y acuerdos con actores múltiples; para integrar el enfoque de eficiencia de los recursos en el diseño de las políticas públicas es imprescindible fortalecer capacidades de investigación y la disponibilidad de estadísticas ambientales; los sistemas de regulación nacional y las estrategias productivas deben de considerar el uso eficiente y sustentable del suelo y el impacto socioambiental de la producción agropecuaria; mejoras en la ingeniería institucional y regulatoria y la introducción de incentivos al uso racional del agua son herramientas exitosas para un uso eficiente del recurso; la incorporación de la eficiencia energética y el aprovechamiento energético de la biomasa requieren de esfuerzos específicos adicionales, y es necesario revisar las estrategias nacionales de desarrollo incluyendo iniciativas de respuesta al cambio climático en los escenarios futuros.
En Morelos, el camino para un eficiente uso de recursos es la innovación, ya sea de bajo o de alto contenido tecnológico. Es necesario establecer programas estatales con financiamiento público para encontrar en nuestras empresas e industrias los elementos de gestión o tecnológicos que aumenten la productividad. ¿Cuáles serán las innovaciones que presentará el gobierno en el Presupuesto de Egresos del 2012 para que se puedan realizar muchas más acciones de beneficio socioeconómico en el estado?
La falta de financiamiento ha sido y será en los próximos años una barrera al desarrollo sustentable de México y al bienestar social de los mexicanos. La renta de los ingresos del país, estados o municipios ha sido aplicada solo con consideraciones economicistas, en el mejor de los casos, o ha sido dilapidada en acciones de corto plazo que beneficiaron a una minoría de la sociedad. Algunas personas proponen paliar nuestros problemas por medio del ahorro, desafortunadamente la mayoría de los mexicanos no tienen y con sus magros ingresos no podrán apoyar al fortalecimiento del mercado interno nacional. En estas condiciones es crucial que todos seamos más eficientes en el uso de nuestros recursos, debemos aumentar nuestra producción con los mismos insumos o mantener la producción con menores insumos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la colaboración técnica de la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, publicó este año un Informe sobre “Eficiencia en el uso de recursos en América Latina: Perspectivas e implicaciones económicas”. Dicho informe se realizó desde una visión amplia que trasciende el análisis económico convencional para prestar debida atención al rol central que juegan los recursos en el desarrollo socioeconómico, el bienestar de la población y la inserción internacional de los países de la región.
Una de las preguntas clave en el Informe fue cómo puede contribuir a la mejora en la eficiencia de recursos la aplicación de herramientas de análisis y de recomendaciones de política realizadas desde una visión económica: análisis costo-beneficio, valoración económica de recursos e impactos ambientales, uso de incentivos y precios para reflejar la verdadera escasez y fomentar cambios de conducta.
Seleccionaron tres temáticas (cambios en el uso del suelo, energía y cambio climático y uso del agua); y seis países (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay) que fueron analizados en profundidad. A partir de un análisis de tendencias en materia económica y ambiental y de estudios de casos en estos seis países, construyeron escenarios posibles a futuro y se identificaron, lecciones, hallazgos y recomendaciones en relación al diseño de políticas orientadas a la eficiencia y sustentabilidad en el uso de los recursos en la región.
A efectos de identificar alternativas para el aprovechamiento del potencial de la región y en función de las tendencias observadas, construyeron escenarios prospectivos 2010-2030 para identificar estrategias y trayectorias que permitan pasar del escenario actual (“Statu quo: ni sustentabilidad ni eficiencia”) al escenario deseable (“Eficiencia, sustentabilidad y gobernabilidad para la inclusión”), e impedir el escenario menos deseable, que es que todo siga igual y la región no aproveche su potencial de forma eficiente y sustentable.
Los resultados generales obtenidos en el Informe son: el proceso de desarrollo de la economía de los países del Mercosur, Chile y México ha causado un creciente aumento de las presiones sobre algunos recursos (como agua y suelo); si bien ha mejorado la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos en ciertos sectores y países de América Latina, aún persiste un gran potencial de mejora sin aprovecharse; en algunos casos, el impacto ambiental de las actividades económicas es tan grande, que se requerirán mejoras sustantivas en la eficiencia en el uso de los recursos para lograr alcanzar la sustentabilidad; las políticas ambientales de América Latina tienen cierto retraso en adaptarse a su nueva realidad productiva y de integración al mundo, caracterizada por una alta intensidad en el uso de recursos naturales; la falta de iniciativas, políticas o programas orientados a prevenir los impactos ambientales del desarrollo productivo puede desincentivar la mejora ambiental con graves consecuencias económicas; el ahorro más la inversión física y en capital humano en los países de Mercosur, Chile y México no alcanzan a compensar la depreciación del capital físico y natural; la eficiencia en el uso de los recursos y la sustentabilidad pueden contribuir a la competitividad empresarial, y las regulaciones ambientales de los países desarrollados son un desafío para las políticas públicas de los países de América Latina.
Los resultados relativos a los temas específicos del Informe son: el principal problema en la región en lo que respecta al agua, es la presión sobre el recurso, tanto en términos de cantidad (extracción) como de calidad (contaminación); las emisiones del sector energía están fuertemente acopladas al crecimiento del PIB y de la población; los países de América Latina están sumándose a la tendencia mundial de promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables modernas, y el uso del suelo y el impacto ambiental de la producción agropecuaria son un tema clave en los países de Mercosur, Chile y México.
Las recomendaciones del Informe en materia de políticas y fortalecimiento institucional son: el mayor desafío es adaptar la institucionalidad disponible para ampliar la escala de las experiencias locales exitosas de promoción de la eficiencia en el uso de los recursos (pasando de una lógica de casos o prácticas locales a un enfoque de políticas); un uso más eficiente de los recursos que sea sostenible e inclusivo, implica un rol de liderazgo, articulación, regulación y control por parte del estado; las políticas públicas por sí solas no alcanzan, deben de implementarse promoviendo espacios de cooperación público-privada y acuerdos con actores múltiples; para integrar el enfoque de eficiencia de los recursos en el diseño de las políticas públicas es imprescindible fortalecer capacidades de investigación y la disponibilidad de estadísticas ambientales; los sistemas de regulación nacional y las estrategias productivas deben de considerar el uso eficiente y sustentable del suelo y el impacto socioambiental de la producción agropecuaria; mejoras en la ingeniería institucional y regulatoria y la introducción de incentivos al uso racional del agua son herramientas exitosas para un uso eficiente del recurso; la incorporación de la eficiencia energética y el aprovechamiento energético de la biomasa requieren de esfuerzos específicos adicionales, y es necesario revisar las estrategias nacionales de desarrollo incluyendo iniciativas de respuesta al cambio climático en los escenarios futuros.
En Morelos, el camino para un eficiente uso de recursos es la innovación, ya sea de bajo o de alto contenido tecnológico. Es necesario establecer programas estatales con financiamiento público para encontrar en nuestras empresas e industrias los elementos de gestión o tecnológicos que aumenten la productividad. ¿Cuáles serán las innovaciones que presentará el gobierno en el Presupuesto de Egresos del 2012 para que se puedan realizar muchas más acciones de beneficio socioeconómico en el estado?
15 ago 2011
Desigualdad y Poder
publicado en La Jornada Morelos el 15 de agosto de 2011
Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Sin embargo, existe un tipo de desigualdad fundamental –acumulativa de genera¬ción en generación– que se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recur¬sos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, bienes de capital y recursos financieros. Finalmente, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder, nos señala Clara Jusidman en su artículo sobre “Desigualdad y política social en México”, Nueva Sociedad N° 220, marzo-abril de 2009, ISSN: 0251-3552. Además, expone que la desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.
Los estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– han escogido alguna de esas tres opciones, señala Jusidman: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en las características asi¬métricas de las estructuras sociales. La desigualdad, ya muy alta en México, podría ser incluso más grave si se ajustaran las mediciones. En particular, la fuerte evasión en las declaraciones de ingresos de las grandes empresas y de la es¬peculación financiera, junto con la creciente participación de las actividades ilegales y criminales, hacen que los ingresos de los estratos más ricos de la población se encuentren subestimados.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, apunta Jusidman. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus de¬mandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el com¬bate a la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Plantea Jusidman que los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia re¬ciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de pre¬misas que han experimentado grandes modificaciones. El análisis de la evolución de las prioridades y estrategias de política social permite observar el cambio de paradigma: la idea de la política social como el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en ma¬teria de derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista de los servicios sociales, vistos como un campo de negocios para las empresas privadas, aun cuando se trate de micronegocios.
Una política social para el siglo XXI que apunte a abatir la desigualdad debería comenzar por la recuperación del concepto de Estado: el Estado además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía en un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones, sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes. Propone Jusidman que esa política tendría que partir del reconocimiento de la universalidad efec¬tiva de los derechos a la alimentación, la seguridad social, la salud, la edu¬cación, la vivienda y los servicios básicos de saneamiento, los derechos al trabajo y del trabajo y a un ingreso básico. Significaría definir con claridad en la legislación las garantías sociales en las que se traducen esos derechos y los planes y programas, así como los estándares básicos que deberán ir cubriéndose, de manera progresiva, hasta alcanzar la protección universal, a partir de la utilización del máximo de recursos disponibles.
En Morelos las políticas públicas contra la desigualdad deben contemplar la participación de la población en su diseño, eje¬cución y evaluación, incluir una estrategia paralela de desa¬rrollo de oportunidades de tipo productivo, construir ciudadanía, y desarrollar participación, responsabilidad y solidaridad. Se debe fortalecer el tejido social en las comunidades.
Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Sin embargo, existe un tipo de desigualdad fundamental –acumulativa de genera¬ción en generación– que se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recur¬sos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, bienes de capital y recursos financieros. Finalmente, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder, nos señala Clara Jusidman en su artículo sobre “Desigualdad y política social en México”, Nueva Sociedad N° 220, marzo-abril de 2009, ISSN: 0251-3552. Además, expone que la desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.
Los estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– han escogido alguna de esas tres opciones, señala Jusidman: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en las características asi¬métricas de las estructuras sociales. La desigualdad, ya muy alta en México, podría ser incluso más grave si se ajustaran las mediciones. En particular, la fuerte evasión en las declaraciones de ingresos de las grandes empresas y de la es¬peculación financiera, junto con la creciente participación de las actividades ilegales y criminales, hacen que los ingresos de los estratos más ricos de la población se encuentren subestimados.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, apunta Jusidman. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus de¬mandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el com¬bate a la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Plantea Jusidman que los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia re¬ciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de pre¬misas que han experimentado grandes modificaciones. El análisis de la evolución de las prioridades y estrategias de política social permite observar el cambio de paradigma: la idea de la política social como el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en ma¬teria de derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista de los servicios sociales, vistos como un campo de negocios para las empresas privadas, aun cuando se trate de micronegocios.
Una política social para el siglo XXI que apunte a abatir la desigualdad debería comenzar por la recuperación del concepto de Estado: el Estado además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía en un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones, sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes. Propone Jusidman que esa política tendría que partir del reconocimiento de la universalidad efec¬tiva de los derechos a la alimentación, la seguridad social, la salud, la edu¬cación, la vivienda y los servicios básicos de saneamiento, los derechos al trabajo y del trabajo y a un ingreso básico. Significaría definir con claridad en la legislación las garantías sociales en las que se traducen esos derechos y los planes y programas, así como los estándares básicos que deberán ir cubriéndose, de manera progresiva, hasta alcanzar la protección universal, a partir de la utilización del máximo de recursos disponibles.
En Morelos las políticas públicas contra la desigualdad deben contemplar la participación de la población en su diseño, eje¬cución y evaluación, incluir una estrategia paralela de desa¬rrollo de oportunidades de tipo productivo, construir ciudadanía, y desarrollar participación, responsabilidad y solidaridad. Se debe fortalecer el tejido social en las comunidades.
8 ago 2011
Entender los eventos extremos
publicado en La Jornada Morelos el 8 de agosto de 2011.
Todos los días estamos expuestos a sufrir un accidente, ya sea en la cocina, el coche, el trabajo, la escuela e incluso el hospital. Esperamos que éste sea menor y podamos continuar con nuestra rutina. Sin embargo, éste puede tan serio que cause una ruptura en nuestro patrón de vida y aún terminar con ella. Para disminuir la probabilidad de tenerlos hay que tomar precauciones bien conocidas; por ejemplo, fijarse antes de cruzar la calle, abrocharse el cinturón antes de que se mueva el vehículo o no dejar cuchillos desatendidos. Adicionalmente, existen eventos extremos que tienen dos características: son inusitados, fuera de nuestra experiencia diaria, y pueden cambiar drásticamente nuestra forma de vida. Ejemplos son, de origen natural, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas o asteroides chocando con la tierra, o de origen humano, pandemias, fugas de petróleo, ataques terroristas, crisis financieras o desabasto de alimentos.
John Casti, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, en Austria, escribió un documento sobre las “Cuatro Caras del Mañana”, como una contribución al proyecto que sobre “Futuros Shocks Globales” tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que fue publicado en febrero de este año. Presenta un panorama de los conceptos e ideas que definen a un evento extremo y explora varios métodos para anticipar y aún predecir algunas veces su ocurrencia. El énfasis en su documento es sobre eventos sociales más que sobre los naturales y la aportación principal es su método de análisis estructural para descomponer el problema en elementos que sí puedan ser atendidos.
Todo evento está caracterizado por dos periodos de tiempo, nos asegura Casti. El primero mide el tiempo en que se desarrolla, desde su inicio a su fin; por ejemplo, un terremoto pude durar segundos o minutos, y una crisis financiera puede durar meses o años. El segundo mide el tiempo en que se siente el impacto del evento; por ejemplo, en el choque de un asteroide su efecto puede sentirse por miles de años, y en un huracán puede sentirse por meses o años. También, el propio desarrollo de los eventos extremos tienen características para su seguimiento: estadísticas, cuando se tiene la suficiente información; dinámica, porque son procesos que siempre están fuera de equilibrio; evolución, ya que cambian drásticamente el sistema sobre el que actúan; más relevancia del efecto que de la causa, por la incidencia que tienen en el comportamiento de la vida humana; la sola posibilidad del evento, porque la magnitud y efecto del evento junto con la seguridad de no tener los elementos para solventar sus efectos puede impedir la acción, y los protocolos de reacción, que típicamente subestiman la posibilidad de su ocurrencia. Finalmente, los temas conceptuales que componen el esquema para analizar eventos extremos, listados por Casti, son: anticipación, predicción, tendencias, análisis de riesgos extremos y modelaje.
Entender cabalmente el concepto de riesgo es fundamental en este tema, señala Casti. Se define al riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento negativo y la severidad de las consecuencias si éste ocurre. En cada ocasión debemos definir con la mayor precisión posible los conceptos probabilidad, negativo y severidad.
Cualquier evento extremo, ya sea de tipo natural, económico o ambiental, influye negativamente en el comportamiento social de las personas. Casti define dos etapas fundamentales, se empieza con intranquilidad social y pueden seguir los disturbios sociales. Asimismo, los disturbios sociales tienen dos niveles estructurales: primero, la falta de confianza en la habilidad de las instituciones para resolver los problemas en cuestión y, segundo, el miedo a lo que depara el futuro. Por lo que cualquier método que pretenda proveer señales tempranas de posibles intranquilidades sociales debe considerar estos dos factores. Además, en la medida que crece la diferencia entre las expectativas de la sociedad y la realidad, el ánimo de la sociedad se deteriora hasta que brota la violencia e incluso las revoluciones. Cómo medir el crecimiento de esta diferencia es fundamental para evitar transitar de la intranquilidad a los disturbios civiles; en cada situación debemos encontrar un indicador que nos mida el deterioro social.
Considera Casti que, entonces, la pregunta fundamental es cómo identificar las señales tempranas de un evento catastrófico. Conceptualmente significa que es posible tener un procedimiento sistemático para predecir sorpresas, lo que es paradójico. Sin embargo, sabemos que muchas cosas pueden pasar en el futuro pero algunas son más posibles y distinguir sus diferencias es el trabajo a realizar.
El ánimo social es un indicador temprano de los eventos sociales de todo tipo, asevera Casti. Por lo que desarrollar herramientas para medir y calibrar el ánimo social es un área de investigación de gran importancia. Las encuestas son un primer esbozo del tipo de herramientas necesarias.
En Morelos es importante establecer un programa que considere los siguientes aspectos: identificar el ánimo social en función de indicadores sociales específicos, diseñar una base de datos de indicadores sociales a partir de la cultura popular y conocer si existe algún patrón fijo, conocer las condiciones que podrían iniciar un cambio en el ánimo social, y reconocer la importancia de la economía y de la inequidad en el ánimo social. De esta forma se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de un evento extremo en nuestra sociedad.
Todos los días estamos expuestos a sufrir un accidente, ya sea en la cocina, el coche, el trabajo, la escuela e incluso el hospital. Esperamos que éste sea menor y podamos continuar con nuestra rutina. Sin embargo, éste puede tan serio que cause una ruptura en nuestro patrón de vida y aún terminar con ella. Para disminuir la probabilidad de tenerlos hay que tomar precauciones bien conocidas; por ejemplo, fijarse antes de cruzar la calle, abrocharse el cinturón antes de que se mueva el vehículo o no dejar cuchillos desatendidos. Adicionalmente, existen eventos extremos que tienen dos características: son inusitados, fuera de nuestra experiencia diaria, y pueden cambiar drásticamente nuestra forma de vida. Ejemplos son, de origen natural, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas o asteroides chocando con la tierra, o de origen humano, pandemias, fugas de petróleo, ataques terroristas, crisis financieras o desabasto de alimentos.
John Casti, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, en Austria, escribió un documento sobre las “Cuatro Caras del Mañana”, como una contribución al proyecto que sobre “Futuros Shocks Globales” tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que fue publicado en febrero de este año. Presenta un panorama de los conceptos e ideas que definen a un evento extremo y explora varios métodos para anticipar y aún predecir algunas veces su ocurrencia. El énfasis en su documento es sobre eventos sociales más que sobre los naturales y la aportación principal es su método de análisis estructural para descomponer el problema en elementos que sí puedan ser atendidos.
Todo evento está caracterizado por dos periodos de tiempo, nos asegura Casti. El primero mide el tiempo en que se desarrolla, desde su inicio a su fin; por ejemplo, un terremoto pude durar segundos o minutos, y una crisis financiera puede durar meses o años. El segundo mide el tiempo en que se siente el impacto del evento; por ejemplo, en el choque de un asteroide su efecto puede sentirse por miles de años, y en un huracán puede sentirse por meses o años. También, el propio desarrollo de los eventos extremos tienen características para su seguimiento: estadísticas, cuando se tiene la suficiente información; dinámica, porque son procesos que siempre están fuera de equilibrio; evolución, ya que cambian drásticamente el sistema sobre el que actúan; más relevancia del efecto que de la causa, por la incidencia que tienen en el comportamiento de la vida humana; la sola posibilidad del evento, porque la magnitud y efecto del evento junto con la seguridad de no tener los elementos para solventar sus efectos puede impedir la acción, y los protocolos de reacción, que típicamente subestiman la posibilidad de su ocurrencia. Finalmente, los temas conceptuales que componen el esquema para analizar eventos extremos, listados por Casti, son: anticipación, predicción, tendencias, análisis de riesgos extremos y modelaje.
Entender cabalmente el concepto de riesgo es fundamental en este tema, señala Casti. Se define al riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento negativo y la severidad de las consecuencias si éste ocurre. En cada ocasión debemos definir con la mayor precisión posible los conceptos probabilidad, negativo y severidad.
Cualquier evento extremo, ya sea de tipo natural, económico o ambiental, influye negativamente en el comportamiento social de las personas. Casti define dos etapas fundamentales, se empieza con intranquilidad social y pueden seguir los disturbios sociales. Asimismo, los disturbios sociales tienen dos niveles estructurales: primero, la falta de confianza en la habilidad de las instituciones para resolver los problemas en cuestión y, segundo, el miedo a lo que depara el futuro. Por lo que cualquier método que pretenda proveer señales tempranas de posibles intranquilidades sociales debe considerar estos dos factores. Además, en la medida que crece la diferencia entre las expectativas de la sociedad y la realidad, el ánimo de la sociedad se deteriora hasta que brota la violencia e incluso las revoluciones. Cómo medir el crecimiento de esta diferencia es fundamental para evitar transitar de la intranquilidad a los disturbios civiles; en cada situación debemos encontrar un indicador que nos mida el deterioro social.
Considera Casti que, entonces, la pregunta fundamental es cómo identificar las señales tempranas de un evento catastrófico. Conceptualmente significa que es posible tener un procedimiento sistemático para predecir sorpresas, lo que es paradójico. Sin embargo, sabemos que muchas cosas pueden pasar en el futuro pero algunas son más posibles y distinguir sus diferencias es el trabajo a realizar.
El ánimo social es un indicador temprano de los eventos sociales de todo tipo, asevera Casti. Por lo que desarrollar herramientas para medir y calibrar el ánimo social es un área de investigación de gran importancia. Las encuestas son un primer esbozo del tipo de herramientas necesarias.
En Morelos es importante establecer un programa que considere los siguientes aspectos: identificar el ánimo social en función de indicadores sociales específicos, diseñar una base de datos de indicadores sociales a partir de la cultura popular y conocer si existe algún patrón fijo, conocer las condiciones que podrían iniciar un cambio en el ánimo social, y reconocer la importancia de la economía y de la inequidad en el ánimo social. De esta forma se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de un evento extremo en nuestra sociedad.
1 ago 2011
Promover la demanda de innovación
publicado en La Jornada Morelos el 1 de agosto de 2008
Los gobiernos de los países industrializados han seguido políticas que predominantemente se centran en aspectos macroeconómicos, como políticas monetarias y fiscales, y condiciones estructurales, como competencia y exenciones fiscales, para apoyar la demanda del mercado y evitar distorsiones. En este contexto, la demanda de innovación proviene de impulsar la entrada de empresas con mejores productos o servicios que provean necesidades no satisfechas o latentes. Sin embargo, algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como Finlandia y Australia, y de economía emergente, como China y Brasil, están empleando políticas públicas enfocadas a promover la demanda de innovación, como compras públicas, regulación, estándares e incentivos al usuario.
La OCDE publicó en mayo de este año el libro titulado “Políticas para Promover la Demanda de Innovación” (Demand-side Innovation Policies, ISBN 978-92-64-09887-9) que presenta cómo el uso de ciertas políticas públicas puede aumentar la demanda de innovaciones por las empresas y las sociedades. El interés en el tema surge al reconocer la importancia de los vínculos de retroalimentación entre la oferta y la demanda en los procesos de mejora de productos y servicios. El enfoque tradicional de establecer políticas que impulsen la oferta de innovaciones no ha logrado los niveles requeridos de productividad y competitividad.
La evidencia recolectada por la OCDE en este libro sugiere que el éxito de las políticas para promover la demanda de innovación depende de dos factores principalmente: Primero, como el gobierno es sólo uno de los actores que influencian la demanda, la acción emprendida debe ser eficiente presupuestalmente y además mejorar el bienestar social; así como, considerar que la dinámica de la innovación depende directamente del sector económico considerado. Segundo, conocer las implicaciones que este tipo de políticas tienen en el sector público ya que se requieren las mejores prácticas gubernamentales y una coordinación ejemplar entre departamentos gubernamentales y organismos públicos. También, es esencial la alineación con las necesidades y prioridades de la industria y otros actores principales para compartir visiones y establecer planes de desarrollo comunes.
Implantar y operar estas políticas requiere que la administración pública asuma un rol primordial a través de las siguientes acciones, señala la OCDE:
La procuración de bienes y servicios innovadores por dependencias y organismos públicos es fundamental, ya que por su gran volumen de compras pueden jalar su demanda y dar una clara señal a otros usuarios y proveedores. Sin embargo, establecer adecuadamente esta acción es un gran reto por la actual fragmentación de las compras gubernamentales, por la falta de información sobre los mejores bienes y servicios innovadores y por la posible distorsión en la competencia entre empresas.
El establecimiento de una reglamentación apropiada favorecerá la emergencia de nuevas tecnologías que tendrán grandes consecuencias económicas, por lo que adicionalmente debe analizarse con cuidado los efectos, la oportunidad y la temporalidad de su puesta en marcha. También, requiere una coordinación adecuada entre los reguladores y los diferentes actores.
La puesta en operación de estándares puede ser utilizada para facilitar la entrada de una innovación en el mercado o la difusión de innovaciones en caso de fallas en el mercado. El establecimiento de estándares es principalmente la responsabilidad de organizaciones industriales y técnicas no lucrativas. Además, muchos estándares tecnológicos están impuestos a nivel internacional, lo que hace riesgoso fijarlos para facilitar compras nacionales dado el rápido cambio tecnológico y la dinámica del mercado global.
El precio es muy importante para la creación y para la difusión de innovaciones. El gobierno puede facilitar la difusión de innovaciones en los mercados a través de políticas específicas de competencia, reglamentos y estándares. También, el establecimiento de políticas en el consumo de innovaciones por los usuarios y en el desarrollo de innovaciones por los especialistas es de creciente importancia.
La OCDE recomienda las siguientes políticas para impulsar la demanda de innovación: conocer previamente las necesidades de los sectores económicos; determinar la escala, oportunidad y temporalidad de las intervenciones; combinar adecuadamente las políticas en la demanda y en la oferta de innovaciones; incrementar la capacidad de innovación para satisfacer demandas de la sociedad local y aún a nivel internacional; adecuar los incentivos y el marco regulatorio para fomentar la adquisición de innovaciones por el sector público, en línea con principios de buena gobernanza, transparencia y solvencia comprobada; evaluar la racionalidad y oportunidad de la intervención; movilizar a la administración pública a través de incentivos, reformas administrativas y capacitación y, finalmente, capacitar a los consumidores para involucrarlos en la creación y difusión de las innovaciones.
En Morelos es fundamental que el gobierno y la sociedad civil consideren con cuidado dichas políticas y promuevan la demanda de innovación para acceder a la sociedad del conocimiento.
Los gobiernos de los países industrializados han seguido políticas que predominantemente se centran en aspectos macroeconómicos, como políticas monetarias y fiscales, y condiciones estructurales, como competencia y exenciones fiscales, para apoyar la demanda del mercado y evitar distorsiones. En este contexto, la demanda de innovación proviene de impulsar la entrada de empresas con mejores productos o servicios que provean necesidades no satisfechas o latentes. Sin embargo, algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como Finlandia y Australia, y de economía emergente, como China y Brasil, están empleando políticas públicas enfocadas a promover la demanda de innovación, como compras públicas, regulación, estándares e incentivos al usuario.
La OCDE publicó en mayo de este año el libro titulado “Políticas para Promover la Demanda de Innovación” (Demand-side Innovation Policies, ISBN 978-92-64-09887-9) que presenta cómo el uso de ciertas políticas públicas puede aumentar la demanda de innovaciones por las empresas y las sociedades. El interés en el tema surge al reconocer la importancia de los vínculos de retroalimentación entre la oferta y la demanda en los procesos de mejora de productos y servicios. El enfoque tradicional de establecer políticas que impulsen la oferta de innovaciones no ha logrado los niveles requeridos de productividad y competitividad.
La evidencia recolectada por la OCDE en este libro sugiere que el éxito de las políticas para promover la demanda de innovación depende de dos factores principalmente: Primero, como el gobierno es sólo uno de los actores que influencian la demanda, la acción emprendida debe ser eficiente presupuestalmente y además mejorar el bienestar social; así como, considerar que la dinámica de la innovación depende directamente del sector económico considerado. Segundo, conocer las implicaciones que este tipo de políticas tienen en el sector público ya que se requieren las mejores prácticas gubernamentales y una coordinación ejemplar entre departamentos gubernamentales y organismos públicos. También, es esencial la alineación con las necesidades y prioridades de la industria y otros actores principales para compartir visiones y establecer planes de desarrollo comunes.
Implantar y operar estas políticas requiere que la administración pública asuma un rol primordial a través de las siguientes acciones, señala la OCDE:
La procuración de bienes y servicios innovadores por dependencias y organismos públicos es fundamental, ya que por su gran volumen de compras pueden jalar su demanda y dar una clara señal a otros usuarios y proveedores. Sin embargo, establecer adecuadamente esta acción es un gran reto por la actual fragmentación de las compras gubernamentales, por la falta de información sobre los mejores bienes y servicios innovadores y por la posible distorsión en la competencia entre empresas.
El establecimiento de una reglamentación apropiada favorecerá la emergencia de nuevas tecnologías que tendrán grandes consecuencias económicas, por lo que adicionalmente debe analizarse con cuidado los efectos, la oportunidad y la temporalidad de su puesta en marcha. También, requiere una coordinación adecuada entre los reguladores y los diferentes actores.
La puesta en operación de estándares puede ser utilizada para facilitar la entrada de una innovación en el mercado o la difusión de innovaciones en caso de fallas en el mercado. El establecimiento de estándares es principalmente la responsabilidad de organizaciones industriales y técnicas no lucrativas. Además, muchos estándares tecnológicos están impuestos a nivel internacional, lo que hace riesgoso fijarlos para facilitar compras nacionales dado el rápido cambio tecnológico y la dinámica del mercado global.
El precio es muy importante para la creación y para la difusión de innovaciones. El gobierno puede facilitar la difusión de innovaciones en los mercados a través de políticas específicas de competencia, reglamentos y estándares. También, el establecimiento de políticas en el consumo de innovaciones por los usuarios y en el desarrollo de innovaciones por los especialistas es de creciente importancia.
La OCDE recomienda las siguientes políticas para impulsar la demanda de innovación: conocer previamente las necesidades de los sectores económicos; determinar la escala, oportunidad y temporalidad de las intervenciones; combinar adecuadamente las políticas en la demanda y en la oferta de innovaciones; incrementar la capacidad de innovación para satisfacer demandas de la sociedad local y aún a nivel internacional; adecuar los incentivos y el marco regulatorio para fomentar la adquisición de innovaciones por el sector público, en línea con principios de buena gobernanza, transparencia y solvencia comprobada; evaluar la racionalidad y oportunidad de la intervención; movilizar a la administración pública a través de incentivos, reformas administrativas y capacitación y, finalmente, capacitar a los consumidores para involucrarlos en la creación y difusión de las innovaciones.
En Morelos es fundamental que el gobierno y la sociedad civil consideren con cuidado dichas políticas y promuevan la demanda de innovación para acceder a la sociedad del conocimiento.
25 jul 2011
Construcción Eco-lógica
Publicado en la Jornada Morelos el 25 de julio de 2011
El crecimiento demográfico y los patrones actuales de consumo y satisfacción de las demandas de la población hacen pensar a los urbanistas que se deberán construir en México decenas de ciudades del tamaño de Cuernavaca de aquí al año 2050. Cómo construir esta infraestructura con los menores costos económicos, sociales y ambientales es uno de los grandes retos de nuestro desarrollo nacional y, en particular, del quehacer de los ingenieros y de los arquitectos.
Hillary Brown, miembro del Instituto Americano de Arquitectos y profesora de la Escuela Spitzer de Arquitectura en el City College de Nueva York, publicó un artículo titulado “Principios Eco-lógicos para la Infraestructura de la Próxima Generación” (Eco-logical Principles for Next-Generation Infrastructure) en la revista The Bridge, volumen 41, número 1, 2011. Establece que no queda claro si la infraestructura actual puede soportar el funcionamiento orgánico de un mundo en urbanización creciente que enfrenta un clima desestabilizado por las emisiones de carbono. Si no lo es, entonces se deben desarrollar nuevas estrategias para la infraestructura civil que permitan movilidad, abastecimiento de energía, agua y materiales, y se encargue de los desechos.
Señala que, por lo menos en los Estados Unidos, deberán modificarse los paradigmas en que se sustenta la inversión en obra pública para construir y reconstruir sistemas de agua potable y desagüe, puentes, redes eléctricas, rellenos sanitarios, sistemas de transporte colectivo, puertos y presas, entre otros. Uno de los principales nuevos paradigmas es la Construcción Multipropósito que debe estar alineada con los sistemas naturales, integrada en el contexto social y diseñada contra el cambio climático.
La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en 2009, evaluó el estado de funcionamiento y seguridad de las centrales eléctricas, caminos, puentes, tránsito público, sistemas de trenes, presas, aeropuertos y sistemas de agua potable y desagüe en Estados Unidos. Según Brown, la calificación general fue de cinco sobre diez. Indica que esta Sociedad considera costaría 2.2 billones de dólares, en un periodo de cinco años, solo la restauración a buenas condiciones de la infraestructura existente.
Los sistemas básicos de distribución son necesariamente interdependientes, nos recuerda. Las centrales eléctricas requieren agua para su enfriamiento, el tratamiento del agua y el transporte público requieren electricidad. Además, todos estos sistemas necesitan de las tecnologías de información. Sin embargo, las administraciones actuales siguen desagregándolas física y jurisdiccionalmente en sectores diferentes y, desafortunadamente, la mayoría separa mentalmente a los sistemas públicos de los sistemas naturales de los que todos estos servicios provienen. El sistema de infraestructura es una extensión hecha por la humanidad de los flujos de petróleo, agua y desechos, así que su modelaje apropiado debe estar basado en la relación simbiótica de los ecosistemas naturales.
La propuesta de Brown consiste en colocar juntos y compartir usos de las facilidades y sus construcciones para ganar beneficios económicos y operacionales. Basados en una perspectiva holística, se debe reinventar una infraestructura posindustrial que esté sustentada con información ecológica. Por ejemplo, las zanjas que se caven y los túneles que se construyan deberán estar integrados y contener cables de electricidad con puntos de acceso compartidos para abasto de agua, gestión de desagües, ductos de gas, líneas telefónicas y servicios digitales. El uso masivo de estos sistemas unificados reducirá costos y además disminuirá interrupciones y ruido por la construcción continua de zanjas.
La autora presenta ejemplos puntuales de construcciones integradas. De particular interés es la “terminal de transporte” que está construyendo la Ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y consta de cinco pisos que albergará autobuses regionales y líneas de trenes entre ciudades y de alta velocidad. También, tendrá en el techo un parque público de 2 hectáreas con conjuntos comerciales y habitacionales que esperan propicie el desarrollo de los espacios urbanos a su alrededor. El costo del proyecto es de 4,500 millones de dólares. Los “techos vivos” son diseños sustentables que combinan las funciones de los sistemas hechos por la humanidad y de los sistemas naturales en beneficio de ambos, asegura Brown: aíslan bien, colectan y tratan agua de lluvia, proveen enfriamiento local y espacio recreacional, y extienden la vida útil del techo.
Sin embargo, el paso fundamental es transitar de un pensamiento segmentado a uno que promueva la “eco-lógica” y el “produce más con menos”, y la colaboración de desarrollos en obras públicas entre las regiones, los municipios y las localidades. También, se deben reorganizar las agencias federales, estatales y municipales para garantizar que el desarrollo se planee y ejecute entre los sectores involucrados.
En Morelos necesitamos establecer políticas públicas que financien prioritariamente proyectos de transporte y de servicios públicos que sean multipropósito, contextualizados socialmente, con capacidad de recuperación económica y ambiental. La entidad financiadora debería ofrecer préstamos o créditos en impuestos que estén basados en criterios económicos, sociales y ambientales. Sería indispensable garantizar la coordinación dentro y entre los sectores involucrados. Hay que modificar nuestra actitud para avanzar.
El crecimiento demográfico y los patrones actuales de consumo y satisfacción de las demandas de la población hacen pensar a los urbanistas que se deberán construir en México decenas de ciudades del tamaño de Cuernavaca de aquí al año 2050. Cómo construir esta infraestructura con los menores costos económicos, sociales y ambientales es uno de los grandes retos de nuestro desarrollo nacional y, en particular, del quehacer de los ingenieros y de los arquitectos.
Hillary Brown, miembro del Instituto Americano de Arquitectos y profesora de la Escuela Spitzer de Arquitectura en el City College de Nueva York, publicó un artículo titulado “Principios Eco-lógicos para la Infraestructura de la Próxima Generación” (Eco-logical Principles for Next-Generation Infrastructure) en la revista The Bridge, volumen 41, número 1, 2011. Establece que no queda claro si la infraestructura actual puede soportar el funcionamiento orgánico de un mundo en urbanización creciente que enfrenta un clima desestabilizado por las emisiones de carbono. Si no lo es, entonces se deben desarrollar nuevas estrategias para la infraestructura civil que permitan movilidad, abastecimiento de energía, agua y materiales, y se encargue de los desechos.
Señala que, por lo menos en los Estados Unidos, deberán modificarse los paradigmas en que se sustenta la inversión en obra pública para construir y reconstruir sistemas de agua potable y desagüe, puentes, redes eléctricas, rellenos sanitarios, sistemas de transporte colectivo, puertos y presas, entre otros. Uno de los principales nuevos paradigmas es la Construcción Multipropósito que debe estar alineada con los sistemas naturales, integrada en el contexto social y diseñada contra el cambio climático.
La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en 2009, evaluó el estado de funcionamiento y seguridad de las centrales eléctricas, caminos, puentes, tránsito público, sistemas de trenes, presas, aeropuertos y sistemas de agua potable y desagüe en Estados Unidos. Según Brown, la calificación general fue de cinco sobre diez. Indica que esta Sociedad considera costaría 2.2 billones de dólares, en un periodo de cinco años, solo la restauración a buenas condiciones de la infraestructura existente.
Los sistemas básicos de distribución son necesariamente interdependientes, nos recuerda. Las centrales eléctricas requieren agua para su enfriamiento, el tratamiento del agua y el transporte público requieren electricidad. Además, todos estos sistemas necesitan de las tecnologías de información. Sin embargo, las administraciones actuales siguen desagregándolas física y jurisdiccionalmente en sectores diferentes y, desafortunadamente, la mayoría separa mentalmente a los sistemas públicos de los sistemas naturales de los que todos estos servicios provienen. El sistema de infraestructura es una extensión hecha por la humanidad de los flujos de petróleo, agua y desechos, así que su modelaje apropiado debe estar basado en la relación simbiótica de los ecosistemas naturales.
La propuesta de Brown consiste en colocar juntos y compartir usos de las facilidades y sus construcciones para ganar beneficios económicos y operacionales. Basados en una perspectiva holística, se debe reinventar una infraestructura posindustrial que esté sustentada con información ecológica. Por ejemplo, las zanjas que se caven y los túneles que se construyan deberán estar integrados y contener cables de electricidad con puntos de acceso compartidos para abasto de agua, gestión de desagües, ductos de gas, líneas telefónicas y servicios digitales. El uso masivo de estos sistemas unificados reducirá costos y además disminuirá interrupciones y ruido por la construcción continua de zanjas.
La autora presenta ejemplos puntuales de construcciones integradas. De particular interés es la “terminal de transporte” que está construyendo la Ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y consta de cinco pisos que albergará autobuses regionales y líneas de trenes entre ciudades y de alta velocidad. También, tendrá en el techo un parque público de 2 hectáreas con conjuntos comerciales y habitacionales que esperan propicie el desarrollo de los espacios urbanos a su alrededor. El costo del proyecto es de 4,500 millones de dólares. Los “techos vivos” son diseños sustentables que combinan las funciones de los sistemas hechos por la humanidad y de los sistemas naturales en beneficio de ambos, asegura Brown: aíslan bien, colectan y tratan agua de lluvia, proveen enfriamiento local y espacio recreacional, y extienden la vida útil del techo.
Sin embargo, el paso fundamental es transitar de un pensamiento segmentado a uno que promueva la “eco-lógica” y el “produce más con menos”, y la colaboración de desarrollos en obras públicas entre las regiones, los municipios y las localidades. También, se deben reorganizar las agencias federales, estatales y municipales para garantizar que el desarrollo se planee y ejecute entre los sectores involucrados.
En Morelos necesitamos establecer políticas públicas que financien prioritariamente proyectos de transporte y de servicios públicos que sean multipropósito, contextualizados socialmente, con capacidad de recuperación económica y ambiental. La entidad financiadora debería ofrecer préstamos o créditos en impuestos que estén basados en criterios económicos, sociales y ambientales. Sería indispensable garantizar la coordinación dentro y entre los sectores involucrados. Hay que modificar nuestra actitud para avanzar.
18 jul 2011
Transformar la industria azucarera
publicada en La Jornada Morelos el 18 de julio de 2011
La industria del azúcar y el alcohol en Brasil ha crecido enormemente en las últimas décadas. Este país es uno de los mayores productores de etanol del mundo con 17,500 millones de litros en 2006 (cerca del 34% de la producción mundial de 51,000 millones de litros de etanol ese año), y ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos, que produce 18,500 millones de litros, equivalentes al 36% de la producción mundial. Sin embargo, el etanol brasileño presenta ventajas con respecto al estadounidense en competitividad y precio debido a la diferencia energética de la materia prima utilizada y a las tecnologías aplicadas en ambos países. También, Brasil es el mayor exportador de etanol del mundo. Los principales destinos de sus exportaciones son: la Unión Europea (29.3%), los Estados Unidos (25%), el Japón (10.3%) y Jamaica (8.3%). Si bien la participación del Brasil en el mercado mundial de etanol es grande, se trata de un mercado todavía en desarrollo que ofrece muchas posibilidades hasta su consolidación.
La revista de la Comisión Económica para América Latina, en su número 103, de abril de 2011, presenta un artículo de Eduardo Strachman y Gustavo Milan Pupin, ambos de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” en Brasil, titulado “El sector brasileño del azúcar y el alcohol: evolución, cadena productiva e innovaciones”, donde examinan cómo Brasil y en particular el estado de São Paulo se convirtieron en importantes actores en ese sector y exponen una teoría sobre la relevancia de las innovaciones en el aumento de la competitividad, la productividad y el número de productos derivados. También, analizan la cadena de valor global del sector del azúcar y el alcohol y muestran que está bajo el control nacional, algo poco frecuente en otras cadenas de las que el país forma parte. Finalmente, destacan las innovaciones más recientes en el sector, que reflejan la preocupación por el incremento de la competitividad.
Empiezan señalando que muchos especialistas se preocupan por la posibilidad de que el cultivo de caña de azúcar sustituya a las plantaciones que antes proporcionaban alimentos a la población brasileña y mundial. Otros temen que la expansión de ese cultivo alcance a la selva amazónica, agudizando la deforestación y en consecuencia el impacto ambiental de esta industria. Indican que ante el crecimiento del sector azucarero y la necesidad de combinarlo con la sustentabilidad socioambiental de la agroindustria, surge la necesidad de nuevas tecnologías que garanticen, entre otras cosas, el aumento de la productividad, la eliminación de las quemas que anteceden a la cosecha, el adecuado descarte o utilización de los residuos productivos y una mayor eficiencia en la generación de energía.
Consideran que entre las principales causas del crecimiento del mercado del etanol se cuentan la ampliación de la flota de vehículos que utilizan indistintamente varias proporciones de etanol y gasolina, que en la actualidad se limita sobre todo al mercado brasileño y corresponde al 81% de sus ventas de autos nuevos en 2007, y también el incremento o el inicio, dependiendo del país, de la política de mezcla o adición de alcohol a la gasolina. Otro factor importante para el crecimiento de la demanda de alcohol proviene de su posible uso para la generación de nuevos subproductos en el ramo de la química. Eso sería posible mediante la transformación de los ingenios en biorrefinerias; es decir, complejos de equipos, instalaciones y procesos para convertir la biomasa en biocombustibles, productos químicos (alcohol etílico, butanol, acetona, entre otros) y energía eléctrica por cogeneración.
La cadena productiva de la caña de azúcar en Brasil está completamente estructurada. El país domina todo el proceso productivo y de distribución y posee las mejores tecnologías para la producción de alcohol y azúcar del mundo.
Existen sin embargo, según los autores, algunos aspectos que podrían promover aún más el desarrollo de este sector en Brasil: Crecimiento vertical de la producción de caña de azúcar (más producción en la misma área plantada debido a la investigación y desarrollo sobre conversión de la lignocelulosa principalmente) y mecanismos de almacenamiento estratégico de alcohol, para evitar la fluctuación de los precios y la escasez de la oferta. Garantizar e incentivar el registro de patentes nacionales e internacionales con respecto a las tecnologías brasileñas de producción del alcohol, garantizando la apropiación de eventuales regalías. Divulgar la imagen de Brasil como proveedor mundial de vanguardia en agroenergía y soluciones ambientales (alcohol combustible, biodiesel, créditos de carbono, tecnologías limpias, entre otras) beneficiaria al país y favorecería la comercialización de sus productos y servicios.
Estos esfuerzos garantizarían que el etanol de caña no se confundiera con el proveniente de otras fuentes agrícolas que compiten con los alimentos (como el maíz o la remolacha), y eventualmente aminoraría las restricciones para ingresar en algunos mercados internacionales, señalan. También, los responsables de los ingenios podrían diversificar sus actividades e invertir conjuntamente en canales de distribución que garanticen un flujo de etanol mayor y más rápido hacia el mercado interno y externo.
En Morelos tenemos los conocimientos y las capacidades para transformar nuestros ingenios azucareros en centros industriales viables económicamente, que generen empleos, no compitan con la producción de alimentos y respeten al ambiente. Se debe identificar en primer lugar nuestra inserción en toda la cadena productiva internacional y entonces establecer los nichos de oportunidad socioeconómica.
La industria del azúcar y el alcohol en Brasil ha crecido enormemente en las últimas décadas. Este país es uno de los mayores productores de etanol del mundo con 17,500 millones de litros en 2006 (cerca del 34% de la producción mundial de 51,000 millones de litros de etanol ese año), y ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos, que produce 18,500 millones de litros, equivalentes al 36% de la producción mundial. Sin embargo, el etanol brasileño presenta ventajas con respecto al estadounidense en competitividad y precio debido a la diferencia energética de la materia prima utilizada y a las tecnologías aplicadas en ambos países. También, Brasil es el mayor exportador de etanol del mundo. Los principales destinos de sus exportaciones son: la Unión Europea (29.3%), los Estados Unidos (25%), el Japón (10.3%) y Jamaica (8.3%). Si bien la participación del Brasil en el mercado mundial de etanol es grande, se trata de un mercado todavía en desarrollo que ofrece muchas posibilidades hasta su consolidación.
La revista de la Comisión Económica para América Latina, en su número 103, de abril de 2011, presenta un artículo de Eduardo Strachman y Gustavo Milan Pupin, ambos de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” en Brasil, titulado “El sector brasileño del azúcar y el alcohol: evolución, cadena productiva e innovaciones”, donde examinan cómo Brasil y en particular el estado de São Paulo se convirtieron en importantes actores en ese sector y exponen una teoría sobre la relevancia de las innovaciones en el aumento de la competitividad, la productividad y el número de productos derivados. También, analizan la cadena de valor global del sector del azúcar y el alcohol y muestran que está bajo el control nacional, algo poco frecuente en otras cadenas de las que el país forma parte. Finalmente, destacan las innovaciones más recientes en el sector, que reflejan la preocupación por el incremento de la competitividad.
Empiezan señalando que muchos especialistas se preocupan por la posibilidad de que el cultivo de caña de azúcar sustituya a las plantaciones que antes proporcionaban alimentos a la población brasileña y mundial. Otros temen que la expansión de ese cultivo alcance a la selva amazónica, agudizando la deforestación y en consecuencia el impacto ambiental de esta industria. Indican que ante el crecimiento del sector azucarero y la necesidad de combinarlo con la sustentabilidad socioambiental de la agroindustria, surge la necesidad de nuevas tecnologías que garanticen, entre otras cosas, el aumento de la productividad, la eliminación de las quemas que anteceden a la cosecha, el adecuado descarte o utilización de los residuos productivos y una mayor eficiencia en la generación de energía.
Consideran que entre las principales causas del crecimiento del mercado del etanol se cuentan la ampliación de la flota de vehículos que utilizan indistintamente varias proporciones de etanol y gasolina, que en la actualidad se limita sobre todo al mercado brasileño y corresponde al 81% de sus ventas de autos nuevos en 2007, y también el incremento o el inicio, dependiendo del país, de la política de mezcla o adición de alcohol a la gasolina. Otro factor importante para el crecimiento de la demanda de alcohol proviene de su posible uso para la generación de nuevos subproductos en el ramo de la química. Eso sería posible mediante la transformación de los ingenios en biorrefinerias; es decir, complejos de equipos, instalaciones y procesos para convertir la biomasa en biocombustibles, productos químicos (alcohol etílico, butanol, acetona, entre otros) y energía eléctrica por cogeneración.
La cadena productiva de la caña de azúcar en Brasil está completamente estructurada. El país domina todo el proceso productivo y de distribución y posee las mejores tecnologías para la producción de alcohol y azúcar del mundo.
Existen sin embargo, según los autores, algunos aspectos que podrían promover aún más el desarrollo de este sector en Brasil: Crecimiento vertical de la producción de caña de azúcar (más producción en la misma área plantada debido a la investigación y desarrollo sobre conversión de la lignocelulosa principalmente) y mecanismos de almacenamiento estratégico de alcohol, para evitar la fluctuación de los precios y la escasez de la oferta. Garantizar e incentivar el registro de patentes nacionales e internacionales con respecto a las tecnologías brasileñas de producción del alcohol, garantizando la apropiación de eventuales regalías. Divulgar la imagen de Brasil como proveedor mundial de vanguardia en agroenergía y soluciones ambientales (alcohol combustible, biodiesel, créditos de carbono, tecnologías limpias, entre otras) beneficiaria al país y favorecería la comercialización de sus productos y servicios.
Estos esfuerzos garantizarían que el etanol de caña no se confundiera con el proveniente de otras fuentes agrícolas que compiten con los alimentos (como el maíz o la remolacha), y eventualmente aminoraría las restricciones para ingresar en algunos mercados internacionales, señalan. También, los responsables de los ingenios podrían diversificar sus actividades e invertir conjuntamente en canales de distribución que garanticen un flujo de etanol mayor y más rápido hacia el mercado interno y externo.
En Morelos tenemos los conocimientos y las capacidades para transformar nuestros ingenios azucareros en centros industriales viables económicamente, que generen empleos, no compitan con la producción de alimentos y respeten al ambiente. Se debe identificar en primer lugar nuestra inserción en toda la cadena productiva internacional y entonces establecer los nichos de oportunidad socioeconómica.
11 jul 2011
Morelos Merece Felicidad
publicado en la Jornada Morelos el 11 de julio de 2011
Los problemas que aquejan a nuestra sociedad son muchos y de gran complejidad, por lo que es necesario definir aquellos que se consideran prioritarios y posibles de solucionar. Las políticas públicas que se presenten en el futuro inmediato deberán contar con objetivos y metas que sean claros y medibles. Es imprescindible conocer los esfuerzos que se pretendan realizar para mejorar a la sociedad morelense, así como de las posibles fuentes de financiamiento. ¿Cómo evaluar el progreso, el bienestar, la calidad de vida o la felicidad? Esta pregunta es fundamental para conocer el avance de los individuos y de la sociedad y, también, debe ser aspecto medular en cualquier programa de gobierno.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. (FCCYT) publicó en mayo de este año un libro titulado “La medición del progreso y del bienestar: propuesta desde América Latina”, que fue coordinado por Mariano Rojas, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y es vicepresidente de la Sociedad Internacional para Estudios sobre la Calidad de Vida. El libro tiene como objetivo desarrollar indicadores económicos, sociales y ambientales con los que se pueda tener una apreciación correcta de cuál es y cómo evoluciona el bienestar en nuestras sociedades.
Uno de los artículos del libro fue escrito por George Zarur, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Brasil, titulado “Progreso, la producción social de la felicidad”, que tiene los siguientes objetivos: demostrar que la felicidad se produce socialmente; demostrar que la comunidad es la unidad social para la producción de la felicidad; explorar la posibilidad de la existencia de comunidades como unidades productoras de felicidad en las sociedades contemporáneas complejas; y explorar el papel de los indicadores económicos de la riqueza, bienestar material y felicidad al igual que algunas consecuencias de su uso.
Los conceptos son instrumentos culturales diseñados en contextos políticos e históricos, señala Zarur. El concepto de progreso expresa hipótesis implícitas con respecto a la naturaleza humana y el papel que desempeña el Estado. El bienestar de una persona ordinaria no solía ser una prioridad mientras que el Estado nacional se percibía como una entidad sagrada. La riqueza y el poder nacional eran considerados el objetivo principal de las sociedades, al mismo tiempo que el bienestar de los individuos era una preocupación secundaria. El Producto Interno Bruto (PIB) mide la riqueza y el potencial de poder del Estado nacional sin considerar el bienestar del ciudadano promedio. Por lo tanto, desde la perspectiva del Estado nacional sagrado, el hecho de medir el progreso únicamente mediante el PIB era lo más evidente.
El Estado nacional cambió su papel en la segunda mitad del siglo XX. Los avances en la democracia invirtieron la relación entre los individuos y el Estado, propone Zarur. Los ciudadanos ya no tenían que sacrificarse ciegamente en nombre de la nación abstracta. Hoy día, es el Estado quien tiene que justificar su existencia ante los ciudadanos. Por lo tanto, los indicadores de bienestar se convirtieron en una necesidad política.
El sentido común nos hará inferir que no puede existir bienestar sin un nivel mínimo de riqueza para distribuir. Esto sólo es verdad en parte, dado que la dimensión de la economía no es directamente proporcional al nivel de bienestar. Lo que hace la diferencia no es la dimensión del PIB aislado, sino las decisiones políticas con respecto a la cantidad del presupuesto que se designa a los gastos sociales, apunta Zarur. Los incrementos en el PIB influyen, pero no son cruciales.
El siglo XX fue testigo de un avance en el concepto de progreso evaluado desde el punto de vista del compromiso del Estado con el bienestar de su gente, establece Zarur. Sin embargo, esto no es suficiente para el concepto de progreso del siglo XXI debido a la creciente conciencia de que la economía y la sociedad existen para proporcionar felicidad a la humanidad. No es nada sencillo definir la felicidad dado que el concepto tiene relación con los individuos, las culturas y las diferentes posiciones sociales en las diferentes culturas. El hecho de preguntarles a los individuos si son felices, esto es, mediante un indicador subjetivo producto de encuestas, proporcionaría resultados engañosos debido a la distinta percepción de la felicidad entre las sociedades e incluso dentro de una sociedad determinada.
Según Zarur, la felicidad se produce socialmente, esto es, no surge de la relación entre los hombres y las cosas. Más bien depende de la relación entre los seres humanos. La relación entre el hombre y las cosas contribuye a la felicidad solamente cuando su resultado es una relación satisfactoria entre los hombres. Sin embargo, es necesario identificar el tipo de organización humana que proporciona la distribución más generalizada de felicidad en la actualidad.
La evaluación del progreso debe considerar tres aspectos principales, propone Zarur: el crecimiento económico, el bienestar material y la felicidad.
Crecimiento económico. Las economías desarrolladas y de gran tamaño establecen las condiciones para que los Estados protejan a su población en contra del mercado y en contra de otros Estados. El PIB es el medio para medir la dimensión y la fortaleza de la economía así como el poder putativo del Estado, a pesar del hecho de que el poder del Estado con frecuencia se ha aplicado para oprimir al pueblo. Sin embargo, la peor condición es la de los países coloniales sin Estado o con un seudo-Estado.
Bienestar material. Es el objetivo básico y evidente de todas las economías. Los índices de desarrollo humano (en particular en sus más recientes versiones) representan una forma justa de combinar la evaluación del ingreso y los indicadores del bienestar social.
Felicidad. La distribución del tiempo es la clave para construir una metodología cuantitativa intercultural para medir la felicidad. La experiencia obtenida a partir de las sociedades tradicionales nos enseña que la felicidad depende de la cantidad diaria de tiempo que se asigna a las actividades sociales y creativas. Entre más tiempo se asigne a las tareas repetitivas y no creativas, menor será el nivel de felicidad. Por el contrario, entre mayor sea el tiempo de “esparcimiento” que asignamos a realizar actividades comunitarias en donde se ejercite la creatividad, mayor será el nivel de felicidad. El trabajo creativo, tal como la ciencia, las artes y las manualidades, se puede realizar de manera individual, pero siempre debe ser reconocido y valorado por una comunidad adyacente. Además, la cantidad diaria de tiempo que pasamos intercambiando información personal y sentimientos en las redes de la comunidad es esencial para la felicidad. La intensidad y frecuencia de las actividades colectivas de rutina, tales como las fiestas y los rituales, son otro indicador de la felicidad.
Con la finalidad de fomentar la felicidad, la sociedad debe garantizar el derecho a la diversidad y a múltiples identidades. Las identidades definen a los miembros de una comunidad. Las comunidades son asociaciones y a su vez unidades de producción de felicidad. Por lo tanto, el derecho de libre asociación, esto es, el derecho a unirse o a crear una comunidad, es uno de los requisitos para la felicidad. Las instituciones estatales eran bien conocidas por la gente indígena de los Andes, México y América Central mucho antes de que llegaran los europeos. El Estado y la comunidad se complementaban. La contradicción entre el Estado y la comunidad se presenta cuando el Estado no desempeña su papel protector.
En Morelos debemos trascender la acción política que se basa en frases ingeniosas que pueden tener o no una propuesta concreta y dado que el progreso se identifica por un incremento en la felicidad en general, las comunidades merecen una atención particular, ya que son las unidades de organización humanas que proporcionan cuidado, afecto y paz de manera continua y que representan la tranquilidad del orden para los individuos que participan en ellas.
Los problemas que aquejan a nuestra sociedad son muchos y de gran complejidad, por lo que es necesario definir aquellos que se consideran prioritarios y posibles de solucionar. Las políticas públicas que se presenten en el futuro inmediato deberán contar con objetivos y metas que sean claros y medibles. Es imprescindible conocer los esfuerzos que se pretendan realizar para mejorar a la sociedad morelense, así como de las posibles fuentes de financiamiento. ¿Cómo evaluar el progreso, el bienestar, la calidad de vida o la felicidad? Esta pregunta es fundamental para conocer el avance de los individuos y de la sociedad y, también, debe ser aspecto medular en cualquier programa de gobierno.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. (FCCYT) publicó en mayo de este año un libro titulado “La medición del progreso y del bienestar: propuesta desde América Latina”, que fue coordinado por Mariano Rojas, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y es vicepresidente de la Sociedad Internacional para Estudios sobre la Calidad de Vida. El libro tiene como objetivo desarrollar indicadores económicos, sociales y ambientales con los que se pueda tener una apreciación correcta de cuál es y cómo evoluciona el bienestar en nuestras sociedades.
Uno de los artículos del libro fue escrito por George Zarur, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Brasil, titulado “Progreso, la producción social de la felicidad”, que tiene los siguientes objetivos: demostrar que la felicidad se produce socialmente; demostrar que la comunidad es la unidad social para la producción de la felicidad; explorar la posibilidad de la existencia de comunidades como unidades productoras de felicidad en las sociedades contemporáneas complejas; y explorar el papel de los indicadores económicos de la riqueza, bienestar material y felicidad al igual que algunas consecuencias de su uso.
Los conceptos son instrumentos culturales diseñados en contextos políticos e históricos, señala Zarur. El concepto de progreso expresa hipótesis implícitas con respecto a la naturaleza humana y el papel que desempeña el Estado. El bienestar de una persona ordinaria no solía ser una prioridad mientras que el Estado nacional se percibía como una entidad sagrada. La riqueza y el poder nacional eran considerados el objetivo principal de las sociedades, al mismo tiempo que el bienestar de los individuos era una preocupación secundaria. El Producto Interno Bruto (PIB) mide la riqueza y el potencial de poder del Estado nacional sin considerar el bienestar del ciudadano promedio. Por lo tanto, desde la perspectiva del Estado nacional sagrado, el hecho de medir el progreso únicamente mediante el PIB era lo más evidente.
El Estado nacional cambió su papel en la segunda mitad del siglo XX. Los avances en la democracia invirtieron la relación entre los individuos y el Estado, propone Zarur. Los ciudadanos ya no tenían que sacrificarse ciegamente en nombre de la nación abstracta. Hoy día, es el Estado quien tiene que justificar su existencia ante los ciudadanos. Por lo tanto, los indicadores de bienestar se convirtieron en una necesidad política.
El sentido común nos hará inferir que no puede existir bienestar sin un nivel mínimo de riqueza para distribuir. Esto sólo es verdad en parte, dado que la dimensión de la economía no es directamente proporcional al nivel de bienestar. Lo que hace la diferencia no es la dimensión del PIB aislado, sino las decisiones políticas con respecto a la cantidad del presupuesto que se designa a los gastos sociales, apunta Zarur. Los incrementos en el PIB influyen, pero no son cruciales.
El siglo XX fue testigo de un avance en el concepto de progreso evaluado desde el punto de vista del compromiso del Estado con el bienestar de su gente, establece Zarur. Sin embargo, esto no es suficiente para el concepto de progreso del siglo XXI debido a la creciente conciencia de que la economía y la sociedad existen para proporcionar felicidad a la humanidad. No es nada sencillo definir la felicidad dado que el concepto tiene relación con los individuos, las culturas y las diferentes posiciones sociales en las diferentes culturas. El hecho de preguntarles a los individuos si son felices, esto es, mediante un indicador subjetivo producto de encuestas, proporcionaría resultados engañosos debido a la distinta percepción de la felicidad entre las sociedades e incluso dentro de una sociedad determinada.
Según Zarur, la felicidad se produce socialmente, esto es, no surge de la relación entre los hombres y las cosas. Más bien depende de la relación entre los seres humanos. La relación entre el hombre y las cosas contribuye a la felicidad solamente cuando su resultado es una relación satisfactoria entre los hombres. Sin embargo, es necesario identificar el tipo de organización humana que proporciona la distribución más generalizada de felicidad en la actualidad.
La evaluación del progreso debe considerar tres aspectos principales, propone Zarur: el crecimiento económico, el bienestar material y la felicidad.
Crecimiento económico. Las economías desarrolladas y de gran tamaño establecen las condiciones para que los Estados protejan a su población en contra del mercado y en contra de otros Estados. El PIB es el medio para medir la dimensión y la fortaleza de la economía así como el poder putativo del Estado, a pesar del hecho de que el poder del Estado con frecuencia se ha aplicado para oprimir al pueblo. Sin embargo, la peor condición es la de los países coloniales sin Estado o con un seudo-Estado.
Bienestar material. Es el objetivo básico y evidente de todas las economías. Los índices de desarrollo humano (en particular en sus más recientes versiones) representan una forma justa de combinar la evaluación del ingreso y los indicadores del bienestar social.
Felicidad. La distribución del tiempo es la clave para construir una metodología cuantitativa intercultural para medir la felicidad. La experiencia obtenida a partir de las sociedades tradicionales nos enseña que la felicidad depende de la cantidad diaria de tiempo que se asigna a las actividades sociales y creativas. Entre más tiempo se asigne a las tareas repetitivas y no creativas, menor será el nivel de felicidad. Por el contrario, entre mayor sea el tiempo de “esparcimiento” que asignamos a realizar actividades comunitarias en donde se ejercite la creatividad, mayor será el nivel de felicidad. El trabajo creativo, tal como la ciencia, las artes y las manualidades, se puede realizar de manera individual, pero siempre debe ser reconocido y valorado por una comunidad adyacente. Además, la cantidad diaria de tiempo que pasamos intercambiando información personal y sentimientos en las redes de la comunidad es esencial para la felicidad. La intensidad y frecuencia de las actividades colectivas de rutina, tales como las fiestas y los rituales, son otro indicador de la felicidad.
Con la finalidad de fomentar la felicidad, la sociedad debe garantizar el derecho a la diversidad y a múltiples identidades. Las identidades definen a los miembros de una comunidad. Las comunidades son asociaciones y a su vez unidades de producción de felicidad. Por lo tanto, el derecho de libre asociación, esto es, el derecho a unirse o a crear una comunidad, es uno de los requisitos para la felicidad. Las instituciones estatales eran bien conocidas por la gente indígena de los Andes, México y América Central mucho antes de que llegaran los europeos. El Estado y la comunidad se complementaban. La contradicción entre el Estado y la comunidad se presenta cuando el Estado no desempeña su papel protector.
En Morelos debemos trascender la acción política que se basa en frases ingeniosas que pueden tener o no una propuesta concreta y dado que el progreso se identifica por un incremento en la felicidad en general, las comunidades merecen una atención particular, ya que son las unidades de organización humanas que proporcionan cuidado, afecto y paz de manera continua y que representan la tranquilidad del orden para los individuos que participan en ellas.
4 jul 2011
Fomento a Energías Renovables en Municipios
publicado en La Jornada Morelos el 4 de julio de 2011
El aprovechamiento de las fuentes renovables de energía para satisfacer necesidades específicas ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a la investigación y el desarrollo tecnológico que se ha realizado en las últimas décadas. Existe un sinnúmero de aplicaciones donde el uso de estas tecnologías ya es económicamente viable pero el retorno de la inversión económica tarda algunos años. De esta forma, la última barrera para su utilización masiva es el problema del financiamiento.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoce este problema y, en febrero de este año, publicó una “Guía de Programas de Fomento de Energías Renovables para los Municipios de la República Mexicana”. Reconoce que México cuenta con un gran potencial en cuestión de recursos energéticos renovables, cuyo desarrollo permitirá al país contar con una mayor diversificación de fuentes de energía, ampliar la base industrial en un área que puede tener valor estratégico en el futuro, y atenuar los impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las formas de energía convencionales. Por los grandes beneficios ambientales que representa el uso de la energía renovable han decidido promover y fomentar su utilización.
(http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/GuiadeProgramasdeFomentodeEnergíasRenovables.pdf)
El documento señala que el uso de las energías renovables en aplicaciones de importancia para los Municipios tiene las siguientes características: considerables beneficios ambientales; son económica y tecnológicamente viables, incluyendo una reducción en mantenimiento; programas de fácil adopción; y mayor eficiencia energética. Asimismo, recomienda la participación económica de los beneficiarios, para involucrarlos en la pertenencia de la tecnología; y la conjunción del trinomio institución, beneficiario y proveedor, con el fin de compartir esfuerzos y beneficios.
El propósito de este documento es, precisamente, orientar a los Ayuntamientos Municipales sobre el acceso a fondos, tanto nacionales como internacionales; conocer donde existen programas, proyectos, ayudas de organismos internacionales, o las condiciones crediticias más apropiadas para cada caso dependiendo de las características de la región o de la comunidad.
También, el documento proporciona orientación para determinar la fuente renovable más adecuada en cada caso para la generación de energía eléctrica, y acerca al Ayuntamiento Municipal con consultores capacitados para realizar este tipo de proyectos de acuerdo a sus planes de negocios, así como a algunos desarrolladores que puedan llevar a cabo las obras y finalmente a las instituciones que pueden autorizar las solicitudes.
Hoy en día, indica el documento, el principal problema económico de los Ayuntamientos Municipales es el pago de la nómina, y en segundo lugar, generalmente, aparece el pago de la electricidad. Con el uso de energías renovables se obtienen ahorros sustanciales en el pago por consumo de energía eléctrica, lo que permitirá una mejoría en las finanzas públicas de los Ayuntamientos Municipales.
Destaca el documento que la situación actual, mediante las modificaciones al contrato de interconexión, permite generar electricidad para autoconsumo, y en su caso vender el excedente; la tecnología con la que hoy se cuenta, a su vez, permite generar electricidad de diferentes fuentes y a costos muchos menores que hace apenas algunos años.
Las fuentes de energía, dependiendo de las características de cada población, pudieran ser entre otras, de acuerdo al documento: biogás de tiraderos municipales, en poblaciones de medianas a grandes; desarrollo del potencial de plantas mini hidráulicas; mayor uso de residuos agropecuarios para generación de electricidad; instalación de celdas fotovoltaicas; y energía eólica.
Presentan decenas de programas de fomento tanto del gobierno federal como privados o mixtos y también internacionales. En cada caso se describe la institución, su dirección, origen del recurso, actividades que apoyan, monto a otorgar, requerimientos financieros, duración del trámite, combinación de apoyos y requisitos generales. Desafortunadamente dichos requisitos generales son muchos y bastante complicados.
En Morelos, sin embargo, hay empresas e instituciones educativas (estas últimas no incluidas en el documento) que saben cómo diseñar estos proyectos y también cómo apoyar en la gestión administrativa para la realización de los trámites. Impulsar el desarrollo de nuestros Municipios es una actividad prioritaria.
El aprovechamiento de las fuentes renovables de energía para satisfacer necesidades específicas ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a la investigación y el desarrollo tecnológico que se ha realizado en las últimas décadas. Existe un sinnúmero de aplicaciones donde el uso de estas tecnologías ya es económicamente viable pero el retorno de la inversión económica tarda algunos años. De esta forma, la última barrera para su utilización masiva es el problema del financiamiento.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoce este problema y, en febrero de este año, publicó una “Guía de Programas de Fomento de Energías Renovables para los Municipios de la República Mexicana”. Reconoce que México cuenta con un gran potencial en cuestión de recursos energéticos renovables, cuyo desarrollo permitirá al país contar con una mayor diversificación de fuentes de energía, ampliar la base industrial en un área que puede tener valor estratégico en el futuro, y atenuar los impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las formas de energía convencionales. Por los grandes beneficios ambientales que representa el uso de la energía renovable han decidido promover y fomentar su utilización.
(http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/GuiadeProgramasdeFomentodeEnergíasRenovables.pdf)
El documento señala que el uso de las energías renovables en aplicaciones de importancia para los Municipios tiene las siguientes características: considerables beneficios ambientales; son económica y tecnológicamente viables, incluyendo una reducción en mantenimiento; programas de fácil adopción; y mayor eficiencia energética. Asimismo, recomienda la participación económica de los beneficiarios, para involucrarlos en la pertenencia de la tecnología; y la conjunción del trinomio institución, beneficiario y proveedor, con el fin de compartir esfuerzos y beneficios.
El propósito de este documento es, precisamente, orientar a los Ayuntamientos Municipales sobre el acceso a fondos, tanto nacionales como internacionales; conocer donde existen programas, proyectos, ayudas de organismos internacionales, o las condiciones crediticias más apropiadas para cada caso dependiendo de las características de la región o de la comunidad.
También, el documento proporciona orientación para determinar la fuente renovable más adecuada en cada caso para la generación de energía eléctrica, y acerca al Ayuntamiento Municipal con consultores capacitados para realizar este tipo de proyectos de acuerdo a sus planes de negocios, así como a algunos desarrolladores que puedan llevar a cabo las obras y finalmente a las instituciones que pueden autorizar las solicitudes.
Hoy en día, indica el documento, el principal problema económico de los Ayuntamientos Municipales es el pago de la nómina, y en segundo lugar, generalmente, aparece el pago de la electricidad. Con el uso de energías renovables se obtienen ahorros sustanciales en el pago por consumo de energía eléctrica, lo que permitirá una mejoría en las finanzas públicas de los Ayuntamientos Municipales.
Destaca el documento que la situación actual, mediante las modificaciones al contrato de interconexión, permite generar electricidad para autoconsumo, y en su caso vender el excedente; la tecnología con la que hoy se cuenta, a su vez, permite generar electricidad de diferentes fuentes y a costos muchos menores que hace apenas algunos años.
Las fuentes de energía, dependiendo de las características de cada población, pudieran ser entre otras, de acuerdo al documento: biogás de tiraderos municipales, en poblaciones de medianas a grandes; desarrollo del potencial de plantas mini hidráulicas; mayor uso de residuos agropecuarios para generación de electricidad; instalación de celdas fotovoltaicas; y energía eólica.
Presentan decenas de programas de fomento tanto del gobierno federal como privados o mixtos y también internacionales. En cada caso se describe la institución, su dirección, origen del recurso, actividades que apoyan, monto a otorgar, requerimientos financieros, duración del trámite, combinación de apoyos y requisitos generales. Desafortunadamente dichos requisitos generales son muchos y bastante complicados.
En Morelos, sin embargo, hay empresas e instituciones educativas (estas últimas no incluidas en el documento) que saben cómo diseñar estos proyectos y también cómo apoyar en la gestión administrativa para la realización de los trámites. Impulsar el desarrollo de nuestros Municipios es una actividad prioritaria.
27 jun 2011
Medir el desempeño de las ciudades
publicado en La Jornada Morelos el 27 de junio de 2011.
El crecimiento de las ciudades por la migración de las personas del campo es un fenómeno mundial. La concentración poblacional está impactando al planeta de manera muy importante por la densidad y magnitud de las necesidades de servicios que genera. En México, las tres cuartas partes de la población ya habitan en zonas urbanas, mientras que a nivel global pronto serán las dos terceras partes. Transitar de una sociedad rural a una urbana presenta nuevos y gigantescos retos sociales y ambientales.
Varias ciudades alrededor del mundo se han unido para intercambiar información, acciones y casos de éxito, alrededor del proyecto ”Indicadores Globales para Ciudades” que administra la Universidad de Toronto y es financiado por el Banco Mundial y el Japan Consultant Fund Trust (www.cityindicators.org). El año pasado publicaron un reporte que presenta un enfoque integrado de medición y monitoreo del desempeño de ciudades.
El Informe señala que los grandes retos de hoy en día, como la reducción de la pobreza, el cambio climático y la creación y el mantenimiento de una sociedad que sea inclusiva y pacífica, se podrán enfrentar a través de las respuestas que brinden las ciudades. También resolverán los diarios desafíos de recoger la basura, contar con sistemas contra incendios u otros desastres mayores en casa, y facilitar el suministro de agua, electricidad, educación, cuidado de la salud y muchos otros servicios que hacen la vida más productiva y disfrutable.
Cuando uno se encuentra en la cabina de un avión, apuntan, se siente apabullado con la cantidad de manómetros, indicadores de velocidad del aire, combustible, dispositivos de aterrizaje, etc. Un piloto experimentado usa todos estos indicadores para mantener el curso en óptimas condiciones. Y claro, una ciudad es bastante más complicada que un aeroplano, pero lo mismo tienen que hacer los capitanes de las ciudades y usar con eficiencia la información para poder mantener el rumbo de éstas hacia el mejor sendero de desarrollo.
Su diagnóstico muestra que si bien los indicadores para medir el desempeño de las ciudades son usados por varios niveles del gobierno, el mundo académico y las agencias internacionales, éstos todavía no están estandarizados, son congruentes o comparables en el tiempo, o entre las diversas ciudades. Esta ausencia de estandarización limita la capacidad de las ciudades para observar las tendencias o compartir las mejores prácticas para aprender unas de otras. Existe una urgente necesidad de contar con un sistema integral único para medir y monitorear el desempeño de las ciudades y la calidad de la vida urbana que: permita a las autoridades electas, los administradores de las ciudades y la población monitorear el desempeño de estas en el tiempo; facilite la comparación entre las ciudades, y haga que los gobiernos ofrezcan esa mayor responsabilidad demandada por los encargados de definir las políticas y la población.
En este informe presentan un programa que pretende ayudar a las ciudades en el monitoreo de su desempeño, proporcionando un marco para facilitar la recolección consistente y comparativa de los indicadores de ciudad. Se concentra principalmente en ciudades con poblaciones por sobre los 100,000 habitantes y lo han estructurado en 22 “temas” organizados en dos amplias categorías. La primera es servicios urbanos, compuesta por educación, energía, finanzas, respuesta a incendios y emergencias, gobernanza, salud, recreación, seguridad, servicios sociales, residuos sólidos, transporte, planificación urbana, agua y aguas residuales. La segunda es calidad de vida, compuesta por participación cívica, cultura, economía, medio ambiente, refugio, equidad social, bienestar subjetivo, tecnología e información.
El desempeño de las ciudades respecto de cada uno de estos temas se mide a través de un grupo de indicadores e índices que, colectivamente, cuentan una historia. El informe considera que el proceso de selección de estos indicadores para ciudades fue riguroso y se llevó a cabo sobre la base de los siguientes criterios: objetividad, relevancia, medibles y reproducibles, efectividad, consistente e incluyente. Propone que los propios indicadores deben ser: disponibles, comparables, relevantes, vinculados, económicos, significativos, entendibles y claros en sus implicaciones. En general, propone 53 indicadores en forma transversal a los temas arriba citados, que se dividen en 27 indicadores “centrales” sobre los que todas las ciudades que participan en el proyecto deberían presentar informes, y 26 indicadores “de apoyo” sobre los que se recomienda a las ciudades efectuar un reporte, pero no están obligadas a ello. Considera que el Programa de Indicadores Globales para Ciudades ha sido establecido exitosamente.
En Morelos, la ciudad de Cuernavaca y otras deberían aprovechar el nuevo enfoque de este programa que está dirigido a facilitar y fomentar de manera efectiva la participación de las ciudades de todo el orbe. Es imprescindible que ya midamos seriamente el desempeño de nuestras ciudades y de los responsables de su gestión.
El crecimiento de las ciudades por la migración de las personas del campo es un fenómeno mundial. La concentración poblacional está impactando al planeta de manera muy importante por la densidad y magnitud de las necesidades de servicios que genera. En México, las tres cuartas partes de la población ya habitan en zonas urbanas, mientras que a nivel global pronto serán las dos terceras partes. Transitar de una sociedad rural a una urbana presenta nuevos y gigantescos retos sociales y ambientales.
Varias ciudades alrededor del mundo se han unido para intercambiar información, acciones y casos de éxito, alrededor del proyecto ”Indicadores Globales para Ciudades” que administra la Universidad de Toronto y es financiado por el Banco Mundial y el Japan Consultant Fund Trust (www.cityindicators.org). El año pasado publicaron un reporte que presenta un enfoque integrado de medición y monitoreo del desempeño de ciudades.
El Informe señala que los grandes retos de hoy en día, como la reducción de la pobreza, el cambio climático y la creación y el mantenimiento de una sociedad que sea inclusiva y pacífica, se podrán enfrentar a través de las respuestas que brinden las ciudades. También resolverán los diarios desafíos de recoger la basura, contar con sistemas contra incendios u otros desastres mayores en casa, y facilitar el suministro de agua, electricidad, educación, cuidado de la salud y muchos otros servicios que hacen la vida más productiva y disfrutable.
Cuando uno se encuentra en la cabina de un avión, apuntan, se siente apabullado con la cantidad de manómetros, indicadores de velocidad del aire, combustible, dispositivos de aterrizaje, etc. Un piloto experimentado usa todos estos indicadores para mantener el curso en óptimas condiciones. Y claro, una ciudad es bastante más complicada que un aeroplano, pero lo mismo tienen que hacer los capitanes de las ciudades y usar con eficiencia la información para poder mantener el rumbo de éstas hacia el mejor sendero de desarrollo.
Su diagnóstico muestra que si bien los indicadores para medir el desempeño de las ciudades son usados por varios niveles del gobierno, el mundo académico y las agencias internacionales, éstos todavía no están estandarizados, son congruentes o comparables en el tiempo, o entre las diversas ciudades. Esta ausencia de estandarización limita la capacidad de las ciudades para observar las tendencias o compartir las mejores prácticas para aprender unas de otras. Existe una urgente necesidad de contar con un sistema integral único para medir y monitorear el desempeño de las ciudades y la calidad de la vida urbana que: permita a las autoridades electas, los administradores de las ciudades y la población monitorear el desempeño de estas en el tiempo; facilite la comparación entre las ciudades, y haga que los gobiernos ofrezcan esa mayor responsabilidad demandada por los encargados de definir las políticas y la población.
En este informe presentan un programa que pretende ayudar a las ciudades en el monitoreo de su desempeño, proporcionando un marco para facilitar la recolección consistente y comparativa de los indicadores de ciudad. Se concentra principalmente en ciudades con poblaciones por sobre los 100,000 habitantes y lo han estructurado en 22 “temas” organizados en dos amplias categorías. La primera es servicios urbanos, compuesta por educación, energía, finanzas, respuesta a incendios y emergencias, gobernanza, salud, recreación, seguridad, servicios sociales, residuos sólidos, transporte, planificación urbana, agua y aguas residuales. La segunda es calidad de vida, compuesta por participación cívica, cultura, economía, medio ambiente, refugio, equidad social, bienestar subjetivo, tecnología e información.
El desempeño de las ciudades respecto de cada uno de estos temas se mide a través de un grupo de indicadores e índices que, colectivamente, cuentan una historia. El informe considera que el proceso de selección de estos indicadores para ciudades fue riguroso y se llevó a cabo sobre la base de los siguientes criterios: objetividad, relevancia, medibles y reproducibles, efectividad, consistente e incluyente. Propone que los propios indicadores deben ser: disponibles, comparables, relevantes, vinculados, económicos, significativos, entendibles y claros en sus implicaciones. En general, propone 53 indicadores en forma transversal a los temas arriba citados, que se dividen en 27 indicadores “centrales” sobre los que todas las ciudades que participan en el proyecto deberían presentar informes, y 26 indicadores “de apoyo” sobre los que se recomienda a las ciudades efectuar un reporte, pero no están obligadas a ello. Considera que el Programa de Indicadores Globales para Ciudades ha sido establecido exitosamente.
En Morelos, la ciudad de Cuernavaca y otras deberían aprovechar el nuevo enfoque de este programa que está dirigido a facilitar y fomentar de manera efectiva la participación de las ciudades de todo el orbe. Es imprescindible que ya midamos seriamente el desempeño de nuestras ciudades y de los responsables de su gestión.
20 jun 2011
Retroceso en el Desarrollo Humano de México
publicado en La Jornada Morelos el 20 de junio de 2011
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 2010 su vigésima edición del Informe sobre el Desarrollo Humano. Señala que mucho ha avanzado la humanidad y, sin embargo, existen numerosos retos por superar. Algunos provienen de las políticas públicas: las políticas de desarro¬llo deben basarse en los contextos locales y en principios generales sólidos. Además, en algu¬nos de estos contextos, muchos problemas superan la capacidad de los Estados y su reso¬lución demanda que primero existan institu¬ciones democráticas y responsables. También surgen desafíos desde el frente teórico: es nece¬sario analizar en profundidad la aparente falta de correlación entre crecimiento económico y avances en salud y educación. También se debe estudiar en detalle la multidimensionalidad de los objetivos de desarrollo y cómo influyen en la manera en que los concebimos.
Amartya Sen, en su prólogo al Informe 2010, señala que la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano en 1990 sensibilizó al público sobre las implicancias reales del desarrollo y también tuvo un profundo efecto en la manera de considerar el progreso social por parte de autoridades, fun¬cionarios públicos, medios de comunicación, economistas y otros científicos sociales. En lugar de concentrarse en unos pocos indicadores tradicionales del progreso económico (como el producto interno bruto per cápita), el concepto de “desarrollo humano” proponía examinar sistemática¬mente una gran cantidad de información sobre cómo vive el ser humano en cada sociedad y cuáles son las libertades básicas de las que disfruta.
Sin embargo, continúa Sen, el problema de sustituir una simple cifra como el PIB por un torrente de cuadros (y un enorme conjunto de análisis relacionados) radica en las dificultades que implica el manejo de mayor cantidad de información. Por tal motivo y como alternativa explícita al PIB, se creó un índice sencillo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que consiguió bastante popularidad en el debate público, pero carece de cierto “refinamiento” que en alguna medida lo ase¬meje al PIB. Sin embargo, la enorme amplitud del enfoque del desarrollo humano no debe confundirse, como sucede a veces, con el estrecho rango del IDH.
En general, según los datos del Informe 2010, las personas hoy son más saludables, más educadas y más ricas que nunca antes en la historia, y tienen más capacidad para elegir a sus líderes y exigirles responsabilidad por sus actos. El IDH mundial promedio ha aumentado 18% en los últimos 10 años (y 41% desde 1970). Esto refleja el progreso obtenido en cuanto a espe¬ranza de vida, matriculación escolar, alfabetiza¬ción e ingresos. Sin embargo, la variabilidad y la volatilidad son muy agudas en algunos casos. Este avance ha beneficiado a casi todos los países. De 135 países de la muestra de 1970-2010, donde vive el 92% de la población mun¬dial, sólo en 3, la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue, el IDH es menor hoy que en 1970.
Los datos que presenta el Informe 2010 sobre México son muy desalentadores. Para el año 2010, nuestro país se encontraba a nivel mundial en el lugar 56 si es evaluado con el IDH y del año 2005 al 2010 bajamos dos lugares. Si el IDH es ajustado por desigualdad entonces bajamos nueve lugares y si el IDH es ajustado por desigualdad de género entonces bajamos 12 lugares. Por lo que descenderíamos de tener un IDH alto a un IDH medio. Confirmamos nuevamente que el gobierno mexicano ciertamente no está teniendo resultados satisfactorios si comparamos nuestro desarrollo con el del resto de los países.
¿Cómo podemos contribuir a la formulación de políticas que hagan avanzar nuestro desarrollo? se pregunta el Informe 2010. Nos recuerda que en todo el mundo se diseñan e implementan políticas públicas cada día y las instituciones de desarrollo y los inves¬tigadores son los llamados a prestar la asesoría necesaria. Para ello, retomemos dos ideas básicas del Informe 2010:
Pensar primero en los principios generales, pregun¬tarse si una política en particular es buena para el desarrollo humano no es lo más adecuado, ya que muchas políticas pueden funcionar en algunos contextos pero no en otros. En este sentido, es mejor preguntar qué principios podemos utilizar para eva¬luar distintas opciones de políticas. Algu¬nos ejemplos incluyen poner la equidad y el combate a la pobreza en primer lugar, y
Tomar el contexto local en serio, la capacidad del Estado y las limitaciones políticas son dos ejemplos de cómo y por qué el contexto no debe ignorarse. Con frecuencia, el fracaso de una política se debe a que se ha dado por hecho la existencia de un Estado o un sis¬tema regulatorio que funciona bien o que puede ser creado o trasplantado fácilmente. De forma similar, las medidas naciona¬les que ignoran la economía política más general corren riesgo de fallar. Los dise¬ños que no se basan en un entendimiento de la realidad institucional pierden toda aplicabilidad.
En Morelos, definamos nuestros principios e identifiquemos nuestro contexto con realismo, hay los conocimientos para mejorar la calidad y elevar el nivel de vida de cada persona.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 2010 su vigésima edición del Informe sobre el Desarrollo Humano. Señala que mucho ha avanzado la humanidad y, sin embargo, existen numerosos retos por superar. Algunos provienen de las políticas públicas: las políticas de desarro¬llo deben basarse en los contextos locales y en principios generales sólidos. Además, en algu¬nos de estos contextos, muchos problemas superan la capacidad de los Estados y su reso¬lución demanda que primero existan institu¬ciones democráticas y responsables. También surgen desafíos desde el frente teórico: es nece¬sario analizar en profundidad la aparente falta de correlación entre crecimiento económico y avances en salud y educación. También se debe estudiar en detalle la multidimensionalidad de los objetivos de desarrollo y cómo influyen en la manera en que los concebimos.
Amartya Sen, en su prólogo al Informe 2010, señala que la publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano en 1990 sensibilizó al público sobre las implicancias reales del desarrollo y también tuvo un profundo efecto en la manera de considerar el progreso social por parte de autoridades, fun¬cionarios públicos, medios de comunicación, economistas y otros científicos sociales. En lugar de concentrarse en unos pocos indicadores tradicionales del progreso económico (como el producto interno bruto per cápita), el concepto de “desarrollo humano” proponía examinar sistemática¬mente una gran cantidad de información sobre cómo vive el ser humano en cada sociedad y cuáles son las libertades básicas de las que disfruta.
Sin embargo, continúa Sen, el problema de sustituir una simple cifra como el PIB por un torrente de cuadros (y un enorme conjunto de análisis relacionados) radica en las dificultades que implica el manejo de mayor cantidad de información. Por tal motivo y como alternativa explícita al PIB, se creó un índice sencillo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que consiguió bastante popularidad en el debate público, pero carece de cierto “refinamiento” que en alguna medida lo ase¬meje al PIB. Sin embargo, la enorme amplitud del enfoque del desarrollo humano no debe confundirse, como sucede a veces, con el estrecho rango del IDH.
En general, según los datos del Informe 2010, las personas hoy son más saludables, más educadas y más ricas que nunca antes en la historia, y tienen más capacidad para elegir a sus líderes y exigirles responsabilidad por sus actos. El IDH mundial promedio ha aumentado 18% en los últimos 10 años (y 41% desde 1970). Esto refleja el progreso obtenido en cuanto a espe¬ranza de vida, matriculación escolar, alfabetiza¬ción e ingresos. Sin embargo, la variabilidad y la volatilidad son muy agudas en algunos casos. Este avance ha beneficiado a casi todos los países. De 135 países de la muestra de 1970-2010, donde vive el 92% de la población mun¬dial, sólo en 3, la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue, el IDH es menor hoy que en 1970.
Los datos que presenta el Informe 2010 sobre México son muy desalentadores. Para el año 2010, nuestro país se encontraba a nivel mundial en el lugar 56 si es evaluado con el IDH y del año 2005 al 2010 bajamos dos lugares. Si el IDH es ajustado por desigualdad entonces bajamos nueve lugares y si el IDH es ajustado por desigualdad de género entonces bajamos 12 lugares. Por lo que descenderíamos de tener un IDH alto a un IDH medio. Confirmamos nuevamente que el gobierno mexicano ciertamente no está teniendo resultados satisfactorios si comparamos nuestro desarrollo con el del resto de los países.
¿Cómo podemos contribuir a la formulación de políticas que hagan avanzar nuestro desarrollo? se pregunta el Informe 2010. Nos recuerda que en todo el mundo se diseñan e implementan políticas públicas cada día y las instituciones de desarrollo y los inves¬tigadores son los llamados a prestar la asesoría necesaria. Para ello, retomemos dos ideas básicas del Informe 2010:
Pensar primero en los principios generales, pregun¬tarse si una política en particular es buena para el desarrollo humano no es lo más adecuado, ya que muchas políticas pueden funcionar en algunos contextos pero no en otros. En este sentido, es mejor preguntar qué principios podemos utilizar para eva¬luar distintas opciones de políticas. Algu¬nos ejemplos incluyen poner la equidad y el combate a la pobreza en primer lugar, y
Tomar el contexto local en serio, la capacidad del Estado y las limitaciones políticas son dos ejemplos de cómo y por qué el contexto no debe ignorarse. Con frecuencia, el fracaso de una política se debe a que se ha dado por hecho la existencia de un Estado o un sis¬tema regulatorio que funciona bien o que puede ser creado o trasplantado fácilmente. De forma similar, las medidas naciona¬les que ignoran la economía política más general corren riesgo de fallar. Los dise¬ños que no se basan en un entendimiento de la realidad institucional pierden toda aplicabilidad.
En Morelos, definamos nuestros principios e identifiquemos nuestro contexto con realismo, hay los conocimientos para mejorar la calidad y elevar el nivel de vida de cada persona.
13 jun 2011
Electrificación del transporte
publicado en La Jornada Morelos el 13 de junio de 2011
El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE por sus siglas en inglés) organizó una reunión en Hong Kong, del 1 al 3 de este mes, que llamaron la “Máquina del Tiempo Tecnológica” y cuyo propósito fue reunir a personas que trabajan en compañías dedicadas a estudiar los futuros deseados y posibles, para que señalaran posibles avances de tecnologías claves en diez, quince o veinte años. Los resultados del evento se publicarán en varios meses. Sin embargo, expertos presentaron documentos de discusión en diferentes temas: edificios inteligentes, transporte vehicular inteligente, líneas inteligentes de transmisión de electricidad, vehículos eléctricos, computación en la nube y arquitectura verde, entre otros
Michael Austin, vicepresidente de BYD America, y Russ Lefevre, líder de investigación y desarrollo en Technology Service Corp., presentaron el documento sobre la electrificación de los vehículos. Consideran que los cambios en el transporte serán motivados por el incremento en el costo de los combustibles fósiles, ya que estiman que la gasolina tendrá un precio internacional mínimo de 17 pesos por litro en el año 2015 y que seguirá subiendo en los años siguientes. Además, la adquisición de vehículos por las clases medias de China e India incrementará muy significativamente la demanda mundial de gasolinas. Si cada familia de clase media en China logra comprar un vehículo, entonces se habrán vendido 100 millones, lo que equivale a la proyección actual de ventas de 10 años en Estados Unidos. Ya en 2010 se vendieron 18 millones de autos en China, comparado con 11.5 millones en Estados Unidos, y esperan aumentar su capacidad anual de producción a 25 millones de autos en el 2015.
Estiman que no habrá suficiente combustibles a nivel global para satisfacer la demanda y que los gobiernos en todo el mundo ya ponen en marcha programas para promover la fabricación de vehículos más eficientes y acelerar su conversión a vehículos eléctricos o híbridos. Señalan varios ejemplos: la Comisión Europea ha implantado la “Iniciativa de Autos Verdes”, con participación pública y privada y un financiamiento de casi 100 mil millones de pesos; la administración de Obama presupuestó, en 2009, 30 mil millones de pesos para impulsar la electrificación de los automóviles y para desarrollar mejores baterías, y también estableció como meta tener 1 millón de autos eléctricos rodando en el 2015, y China estableció las normas mundiales más exigentes sobre eficiencia de consumo de combustibles para coches.
Cuantifican que la eficiencia energética medida desde el tanque de gasolina o la batería hasta el movimiento de las ruedas es tres veces mayor en un coche eléctrico que en uno de combustión interna. A un precio de 10 pesos por litro de gasolina y 1.20 pesos por kilowatt hora, el costo de operación de un coche eléctrico es cuatro veces menor que uno de gasolina. Sin embargo, señalan, que las razones inmediatas para impulsar esta conversión son la reducción en los costos de importación de petróleo o gasolina, la indispensable consolidación de la nueva industria automotriz y el aseguramiento de la soberanía nacional. Adicionalmente, las razones de largo plazo son disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública.
La incógnita principal, al considerar las dos próximas décadas, señalan que es la rapidez con que se electrificará el parque vehicular. Los factores principales a considerar son el avance en el desarrollo de las baterías u otros dispositivos de almacenamiento, la capacidad de producir la propia electricidad con baja o cero emisión de carbono, la construcción de la infraestructura para cargar las baterías y la modificación a las redes eléctricas para cargarlos en la casa o la oficina.
Las baterías que se utilizan en los coches de hoy están casi en la frontera de hacer económicamente viable a los coches híbridos o eléctricos. Nos describen que para un viaje diario de 100 kilómetros se requeriría una energía equivalente a 12 o 14 kilowatts hora y ya hay baterías en Estados Unidos que pueden almacenar 60, que si fueran cargadas con sistemas rápidos ya producidos en China podrían estar listas en 30 minutos.
El problema principal es el costo de la energía almacenada en una batería. Indican que sería necesario reducir a la mitad el costo actual de 10 mil pesos por kilowatt hora, lo que esperan sea en el 2015. Alrededor del mundo ya están construyendo estaciones de carga eléctrica; en general a 110-120 volts y hasta 30 amperios, pero en China han adoptado un sistema muy ambicioso de carga rápida, menos de 20 minutos a 480 volts y hasta 600 amperios. En Beijing se ha programado una inversión de 180 mil millones de pesos en infraestructura para vehículos eléctricos y en Shenzhen, la metrópolis tecnológica creada ex profeso, se tiene planeado tener 22 mil de estas estaciones en el 2012.
En Morelos, las políticas públicas en transporte se deberían de enfocar en lograr una rápida transición hacia la electrificación del transporte público y privado, en asegurar una participación relevante en la futura industria automotriz y en la generación de electricidad con sistemas que utilicen energías renovables, como el sol, el viento y la biomasa.
El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE por sus siglas en inglés) organizó una reunión en Hong Kong, del 1 al 3 de este mes, que llamaron la “Máquina del Tiempo Tecnológica” y cuyo propósito fue reunir a personas que trabajan en compañías dedicadas a estudiar los futuros deseados y posibles, para que señalaran posibles avances de tecnologías claves en diez, quince o veinte años. Los resultados del evento se publicarán en varios meses. Sin embargo, expertos presentaron documentos de discusión en diferentes temas: edificios inteligentes, transporte vehicular inteligente, líneas inteligentes de transmisión de electricidad, vehículos eléctricos, computación en la nube y arquitectura verde, entre otros
Michael Austin, vicepresidente de BYD America, y Russ Lefevre, líder de investigación y desarrollo en Technology Service Corp., presentaron el documento sobre la electrificación de los vehículos. Consideran que los cambios en el transporte serán motivados por el incremento en el costo de los combustibles fósiles, ya que estiman que la gasolina tendrá un precio internacional mínimo de 17 pesos por litro en el año 2015 y que seguirá subiendo en los años siguientes. Además, la adquisición de vehículos por las clases medias de China e India incrementará muy significativamente la demanda mundial de gasolinas. Si cada familia de clase media en China logra comprar un vehículo, entonces se habrán vendido 100 millones, lo que equivale a la proyección actual de ventas de 10 años en Estados Unidos. Ya en 2010 se vendieron 18 millones de autos en China, comparado con 11.5 millones en Estados Unidos, y esperan aumentar su capacidad anual de producción a 25 millones de autos en el 2015.
Estiman que no habrá suficiente combustibles a nivel global para satisfacer la demanda y que los gobiernos en todo el mundo ya ponen en marcha programas para promover la fabricación de vehículos más eficientes y acelerar su conversión a vehículos eléctricos o híbridos. Señalan varios ejemplos: la Comisión Europea ha implantado la “Iniciativa de Autos Verdes”, con participación pública y privada y un financiamiento de casi 100 mil millones de pesos; la administración de Obama presupuestó, en 2009, 30 mil millones de pesos para impulsar la electrificación de los automóviles y para desarrollar mejores baterías, y también estableció como meta tener 1 millón de autos eléctricos rodando en el 2015, y China estableció las normas mundiales más exigentes sobre eficiencia de consumo de combustibles para coches.
Cuantifican que la eficiencia energética medida desde el tanque de gasolina o la batería hasta el movimiento de las ruedas es tres veces mayor en un coche eléctrico que en uno de combustión interna. A un precio de 10 pesos por litro de gasolina y 1.20 pesos por kilowatt hora, el costo de operación de un coche eléctrico es cuatro veces menor que uno de gasolina. Sin embargo, señalan, que las razones inmediatas para impulsar esta conversión son la reducción en los costos de importación de petróleo o gasolina, la indispensable consolidación de la nueva industria automotriz y el aseguramiento de la soberanía nacional. Adicionalmente, las razones de largo plazo son disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública.
La incógnita principal, al considerar las dos próximas décadas, señalan que es la rapidez con que se electrificará el parque vehicular. Los factores principales a considerar son el avance en el desarrollo de las baterías u otros dispositivos de almacenamiento, la capacidad de producir la propia electricidad con baja o cero emisión de carbono, la construcción de la infraestructura para cargar las baterías y la modificación a las redes eléctricas para cargarlos en la casa o la oficina.
Las baterías que se utilizan en los coches de hoy están casi en la frontera de hacer económicamente viable a los coches híbridos o eléctricos. Nos describen que para un viaje diario de 100 kilómetros se requeriría una energía equivalente a 12 o 14 kilowatts hora y ya hay baterías en Estados Unidos que pueden almacenar 60, que si fueran cargadas con sistemas rápidos ya producidos en China podrían estar listas en 30 minutos.
El problema principal es el costo de la energía almacenada en una batería. Indican que sería necesario reducir a la mitad el costo actual de 10 mil pesos por kilowatt hora, lo que esperan sea en el 2015. Alrededor del mundo ya están construyendo estaciones de carga eléctrica; en general a 110-120 volts y hasta 30 amperios, pero en China han adoptado un sistema muy ambicioso de carga rápida, menos de 20 minutos a 480 volts y hasta 600 amperios. En Beijing se ha programado una inversión de 180 mil millones de pesos en infraestructura para vehículos eléctricos y en Shenzhen, la metrópolis tecnológica creada ex profeso, se tiene planeado tener 22 mil de estas estaciones en el 2012.
En Morelos, las políticas públicas en transporte se deberían de enfocar en lograr una rápida transición hacia la electrificación del transporte público y privado, en asegurar una participación relevante en la futura industria automotriz y en la generación de electricidad con sistemas que utilicen energías renovables, como el sol, el viento y la biomasa.
6 jun 2011
Educación contra desigualdad y exclusión
publicado en La Jornada Morelos el 6 de junio de 2011
La educación es uno de los principales instrumentos de política pública para disminuir las desigualdades y promover la movilidad social en términos de bienestar. Es tarea prioritaria transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades. A las desventajas socioculturales con que llegan al sistema educativo los estudiantes de menores recursos se suma su acceso a servicios de enseñanza de menor calidad relativa respecto de los estudiantes de mayores recursos, lo que refuerza la desigualdad de las trayectorias de aprendizaje.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su Informe sobre el Panorama Social de América Latina 2010 que enfocó al análisis de la población infantil y juvenil y la forma en que se generan y consolidan diferenciaciones que refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Con una perspectiva de ciclo de vida examina la situación educativa según sus distintas etapas. Así, la educación preescolar ha adquirido relevancia como política pública en la región, dada la evidencia de su impacto positivo en las trayectorias a lo largo de los ciclos posteriores. Si bien las desigualdades socioeconómicas no parecen muy relevantes en la asistencia hacia el final del ciclo preescolar (3 a 5 años), existe alguna evidencia proveniente de encuestas de hogares de que éstas son más amplias en edades más tempranas. A nivel de enseñanza primaria el acceso es prácticamente universal, pero es necesario concentrar los esfuerzos en la progresión oportuna y la conclusión del ciclo por parte de los grupos sociales más postergados. Al enfrentar el ciclo de secundaria, los jóvenes ya tienen oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo, lo que desincentiva su retención, sobre todo si enfrentan condiciones adversas de carácter económico, académico, de integración o formación de identidad. En general, el acceso al último ciclo educativo de educación postsecundaria está reservado a una porción relativamente pequeña de los jóvenes de la región. En el grupo de 25 a 29 años de edad, solo menos del diez por ciento ha logrado concluir al menos cinco años de educación postsecundaria, con una estratificación muy marcada, ya que por cada 27 jóvenes de estratos de altos ingresos solo uno de bajos ingresos logra concluir cinco años de estudios.
En cuanto a los factores de desigualdad, las condiciones socioeconómicas de los hogares, así como también la educación formal alcanzada por los jefes y jefas de hogar, resultan determinantes de las diferencias en los resultados del aprendizaje y la progresión en el sistema educativo, lo que muestra que el sistema educativo no logra cumplir una de sus principales funciones: disociar los logros de los niños y jóvenes de las condiciones diferenciales de origen con que llegan a dicho sistema, asevera la CEPAL.
De lo anterior, infiere la necesidad de un enfoque integral, tanto en las estructuras e instituciones como en el ciclo de vida. Por eso la importancia, también, de la educación, en tanto prepara para participar más plenamente en todas las esferas de la sociedad a lo largo de la vida adulta. Una de estas esferas, pero no la única, es el mundo del trabajo. La CEPAL ha documentado de manera contundente que en las condiciones actuales de la mayoría de los países de la región, quienes no concluyen la educación secundaria completa quedan expuestos a un alto nivel de vulnerabilidad social y tendrán un elevado riesgo de ser pobres y de transformarse en los “prescindibles”, los excluidos, si tienen que desenvolverse en mercados laborales autorregulados, sin garantías mínimas ni derechos laborales. Para revertir la reproducción intergeneracional de oportunidades educacionales, la política educativa tiene que vincularse con otras medidas de promoción y protección social.
En Morelos debemos poner especial atención al mensaje de CEPAL: la posición que ocupan los individuos en la escala social no es el mero resultado de las circunstancias, los esfuerzos y las decisiones personales; por el contrario, existe una estructura de oportunidades proporcionadas por los Estados, los mercados, las familias y las comunidades que escapan, en buena medida, al control del individuo y condicionan sus perspectivas de movilidad social y acceso al bienestar. El papel del Estado, y de sus mecanismos de transferencias y regulaciones, es fundamental para enfrentar las desigualdades de origen. La ausencia de robustos sistemas de transferencias dirigidas a las familias con hijos, la limitación de la cobertura, el cuidado y la protección de la primera infancia por parte del Estado, la baja penetración de los sistemas preescolares, la poca extensión horaria del ciclo escolar, la incapacidad del sistema para retener a los estudiantes en la educación media y la ausencia de apoyo a los jóvenes y jóvenes adultos para iniciar una vida autónoma restringen de manera extraordinaria las perspectivas de movilidad social futura de los niños nacidos en los sectores de menores ingresos.
La educación es uno de los principales instrumentos de política pública para disminuir las desigualdades y promover la movilidad social en términos de bienestar. Es tarea prioritaria transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades. A las desventajas socioculturales con que llegan al sistema educativo los estudiantes de menores recursos se suma su acceso a servicios de enseñanza de menor calidad relativa respecto de los estudiantes de mayores recursos, lo que refuerza la desigualdad de las trayectorias de aprendizaje.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su Informe sobre el Panorama Social de América Latina 2010 que enfocó al análisis de la población infantil y juvenil y la forma en que se generan y consolidan diferenciaciones que refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Con una perspectiva de ciclo de vida examina la situación educativa según sus distintas etapas. Así, la educación preescolar ha adquirido relevancia como política pública en la región, dada la evidencia de su impacto positivo en las trayectorias a lo largo de los ciclos posteriores. Si bien las desigualdades socioeconómicas no parecen muy relevantes en la asistencia hacia el final del ciclo preescolar (3 a 5 años), existe alguna evidencia proveniente de encuestas de hogares de que éstas son más amplias en edades más tempranas. A nivel de enseñanza primaria el acceso es prácticamente universal, pero es necesario concentrar los esfuerzos en la progresión oportuna y la conclusión del ciclo por parte de los grupos sociales más postergados. Al enfrentar el ciclo de secundaria, los jóvenes ya tienen oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo, lo que desincentiva su retención, sobre todo si enfrentan condiciones adversas de carácter económico, académico, de integración o formación de identidad. En general, el acceso al último ciclo educativo de educación postsecundaria está reservado a una porción relativamente pequeña de los jóvenes de la región. En el grupo de 25 a 29 años de edad, solo menos del diez por ciento ha logrado concluir al menos cinco años de educación postsecundaria, con una estratificación muy marcada, ya que por cada 27 jóvenes de estratos de altos ingresos solo uno de bajos ingresos logra concluir cinco años de estudios.
En cuanto a los factores de desigualdad, las condiciones socioeconómicas de los hogares, así como también la educación formal alcanzada por los jefes y jefas de hogar, resultan determinantes de las diferencias en los resultados del aprendizaje y la progresión en el sistema educativo, lo que muestra que el sistema educativo no logra cumplir una de sus principales funciones: disociar los logros de los niños y jóvenes de las condiciones diferenciales de origen con que llegan a dicho sistema, asevera la CEPAL.
De lo anterior, infiere la necesidad de un enfoque integral, tanto en las estructuras e instituciones como en el ciclo de vida. Por eso la importancia, también, de la educación, en tanto prepara para participar más plenamente en todas las esferas de la sociedad a lo largo de la vida adulta. Una de estas esferas, pero no la única, es el mundo del trabajo. La CEPAL ha documentado de manera contundente que en las condiciones actuales de la mayoría de los países de la región, quienes no concluyen la educación secundaria completa quedan expuestos a un alto nivel de vulnerabilidad social y tendrán un elevado riesgo de ser pobres y de transformarse en los “prescindibles”, los excluidos, si tienen que desenvolverse en mercados laborales autorregulados, sin garantías mínimas ni derechos laborales. Para revertir la reproducción intergeneracional de oportunidades educacionales, la política educativa tiene que vincularse con otras medidas de promoción y protección social.
En Morelos debemos poner especial atención al mensaje de CEPAL: la posición que ocupan los individuos en la escala social no es el mero resultado de las circunstancias, los esfuerzos y las decisiones personales; por el contrario, existe una estructura de oportunidades proporcionadas por los Estados, los mercados, las familias y las comunidades que escapan, en buena medida, al control del individuo y condicionan sus perspectivas de movilidad social y acceso al bienestar. El papel del Estado, y de sus mecanismos de transferencias y regulaciones, es fundamental para enfrentar las desigualdades de origen. La ausencia de robustos sistemas de transferencias dirigidas a las familias con hijos, la limitación de la cobertura, el cuidado y la protección de la primera infancia por parte del Estado, la baja penetración de los sistemas preescolares, la poca extensión horaria del ciclo escolar, la incapacidad del sistema para retener a los estudiantes en la educación media y la ausencia de apoyo a los jóvenes y jóvenes adultos para iniciar una vida autónoma restringen de manera extraordinaria las perspectivas de movilidad social futura de los niños nacidos en los sectores de menores ingresos.
30 may 2011
Mega Crisis Globales
publicado el 30 de mayo en La Jornada Morelos
Al analizar sucesos que alteran el avance de la sociedad mundial, por sencillez, tendemos a focalizarnos en un sólo problema: colapsos financieros, hambrunas, guerras étnicas, enfermedades epidémicas, cambio climático, deterioro ambiental, desastres nucleoeléctricos o fallas en internet. Sin embargo, las Mega Crisis Globales serán el resultado de la conjunción temporal de varios problemas.
William E. Halal y Michael Marien publicaron en la revista The Futurist, de mayo-junio de 2011, el artículo “Mega Crisis Global: cuatro escenarios y dos perspectivas”, donde analizan la convergencia de múltiples retos globales, con una visión optimista y otra pesimista, y la posibilidad de resolver dichos retos para convertirlos en plataformas para el progreso del mundo. W. E. Halal es profesor emérito de la Universidad George Washington y presidente de la compañía TechCast LLC (www.TechCast.org). M. Marien fundó y fue editor por 30 años de Future Survey, de la World Future Society, y ahora es director de GlobalForesightBooks.org.
Definen a una Mega Crisis Global como el colapso del ambiente y de la economía a nivel mundial, y que iría acompañado de incrementos en precios, protestas masivas, sufrimiento psicológico generalizado y ausencia de Ley. Este artículo ofrece una explicación de este problema complejo y describe cuatro escenarios posibles y cómo las instituciones podrían enfrentarlos. En la actualidad, señalan la existencia una serie de fuerzas destructivas que podrían llevar a nuestro sistema mundial al punto de rompimiento. Por ejemplo, la guerra de Irak demostró los límites del poder militar de los Estados Unidos y la crisis financiera mundial del 2008 enseñó el final de los mercados desregulados. Además, la eminente crisis debida al cambio climático, las esperadas crisis energéticas, los enormes déficits gubernamentales, el terrorismo y otros factores se unen para acelerar las tensiones globales. Imaginan a estos retos como un accidente de muchos coches en una supercarretera pero en cámara lenta.
Para dar una mejor idea de las Mega Crisis Globales, los autores presentan tendencias que apuntan hacia rupturas de nuestra forma de vida en el planeta: “Cambio Climático, a pesar de todo”, si todas las acciones propuestas se llevan a cabo, de todas formas, la temperatura aumentaría entre 1 y 2 grados centígrados, y es muy probable que aumente 6 grados en las próximas décadas, lo que causará un aumento del nivel del mar entre 30 y 150 centímetros en el año 2100; “No existe interés político para reducir el carbono”, al no tener acuerdos vinculantes entre los países para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y países como China, India y Estados Unidos están planeando construir carboeléctricas que emitirán cinco veces más de emisiones de las que se pretenden reducir en los borradores de los tratados actuales; “Las emisiones de metano podrán ser peores que las de bióxido de carbono”, porque es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero y hay nuevas fuentes naturales que lo emiten a la atmósfera; “Cada vez hay menos agua dulce”, ya que mil millones de personas no cuentan con agua limpia y 2 mil 600 millones no tienen buenas condiciones de sanidad, y para el año 2025 la mitad de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua que causarán migraciones masivas, mayor precio de los alimentos, desnutrición y conflictos regionales de gran importancia; “Recesión económica que durará largo tiempo”, ya que se pronostican crecimientos económicos anuales de sólo 2 por ciento y tasas de desempleo del 10 por ciento por varios años para la mayoría de los países; “Fallas institucionales severas”, como lo mostró la crisis financiera mundial del 2008 y los colapsos de pago de varios países europeos; “Guerras/Terrorismo electrónico”, ya en la actualidad los hackers (violadores de seguridad en la internet) intentan todos los días penetrar con malas intenciones en las redes de computadoras de establecimientos militares, facilidades nucleares, sistemas de control de aeropuertos y redes de distribución de electricidad, entre otras, y “Armas de destrucción masivas”, existen nueve países que tienen armas nucleares y que probablemente no sólo las utilizarán como amenaza de posible contraataque, además de existir cientos de incidentes reportados en el tráfico ilegal de material nuclear.
Con base en estas tendencias y como ya mencionamos, los autores han establecido cuatro posibles escenarios futuros: “Alcanzando el Desastre”, donde existe una depresión económica global, racionamientos de energía que rompen el desarrollo, colapso ecológico, guerras locales y regionales, terrorismo generalizado, crímenes y corrupción; “Deslizamiento hacia abajo”, donde existe una época negra de alta tecnología, con ignorancia general sobre la complejidad de los problemas, políticos empantanados en su discursos, modestos cambios en los sistemas financieros, gobernanza, energía y educación, aumenta el número de estados fallidos, persiste el desempleo alto y la calidad de vida disminuye para la mayoría de la población; “Deslizamiento hacia arriba”, donde los gobiernos y las empresas han actuado lentamente pero con mayor conocimiento para resolver los problemas, la tecnología de información y la inteligencia artificial avanzadas ayudan a contender múltiples retos, y no existen crisis catastróficas para regiones enteras o a nivel mundial, y “Alcanzando la madurez”, donde los gobiernos y las empresas actúan de manera inteligente y decidida con el apoyo de la mayoría de las personas, se hace una transición apropiada al uso de energías renovables, y muchos países avanzan hacia el desarrollo sustentable.
El siguiente paso en el análisis de los autores es establecer la probabilidad y fecha de ocurrencia de cada escenario. Halal propone que a pesar de los enormes retos hay razones para tener esperanza y considera que las Mega Crisis Globales identificadas podrán ser casi resueltas en el año 2025 y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 10 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 25 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 60 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 5 por ciento. Por otro lado, Marien propone que los sistemas sociales complejos se están adaptando en la dirección equivocada, no se están adaptando o sólo lo hacen de manera parcial por lo que lo inapropiado está creciendo y las Mega Crisis Globales identificadas no se resolverán y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 20 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 60 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 20 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 0 por ciento.
Finalmente, los autores consideran que es el turno de los lectores para pensar y dar respuestas. Los invitan a leer más sobre estos temas y llenar la encuesta en www.TechCast.org. Decídase a entender mejor los problemas que están conformando las Mega Crisis Globales, así como sus posibles soluciones, y actuemos para romper las tendencias y lograr un mundo mejor para nuestras nietas y nuestros nietos.
Al analizar sucesos que alteran el avance de la sociedad mundial, por sencillez, tendemos a focalizarnos en un sólo problema: colapsos financieros, hambrunas, guerras étnicas, enfermedades epidémicas, cambio climático, deterioro ambiental, desastres nucleoeléctricos o fallas en internet. Sin embargo, las Mega Crisis Globales serán el resultado de la conjunción temporal de varios problemas.
William E. Halal y Michael Marien publicaron en la revista The Futurist, de mayo-junio de 2011, el artículo “Mega Crisis Global: cuatro escenarios y dos perspectivas”, donde analizan la convergencia de múltiples retos globales, con una visión optimista y otra pesimista, y la posibilidad de resolver dichos retos para convertirlos en plataformas para el progreso del mundo. W. E. Halal es profesor emérito de la Universidad George Washington y presidente de la compañía TechCast LLC (www.TechCast.org). M. Marien fundó y fue editor por 30 años de Future Survey, de la World Future Society, y ahora es director de GlobalForesightBooks.org.
Definen a una Mega Crisis Global como el colapso del ambiente y de la economía a nivel mundial, y que iría acompañado de incrementos en precios, protestas masivas, sufrimiento psicológico generalizado y ausencia de Ley. Este artículo ofrece una explicación de este problema complejo y describe cuatro escenarios posibles y cómo las instituciones podrían enfrentarlos. En la actualidad, señalan la existencia una serie de fuerzas destructivas que podrían llevar a nuestro sistema mundial al punto de rompimiento. Por ejemplo, la guerra de Irak demostró los límites del poder militar de los Estados Unidos y la crisis financiera mundial del 2008 enseñó el final de los mercados desregulados. Además, la eminente crisis debida al cambio climático, las esperadas crisis energéticas, los enormes déficits gubernamentales, el terrorismo y otros factores se unen para acelerar las tensiones globales. Imaginan a estos retos como un accidente de muchos coches en una supercarretera pero en cámara lenta.
Para dar una mejor idea de las Mega Crisis Globales, los autores presentan tendencias que apuntan hacia rupturas de nuestra forma de vida en el planeta: “Cambio Climático, a pesar de todo”, si todas las acciones propuestas se llevan a cabo, de todas formas, la temperatura aumentaría entre 1 y 2 grados centígrados, y es muy probable que aumente 6 grados en las próximas décadas, lo que causará un aumento del nivel del mar entre 30 y 150 centímetros en el año 2100; “No existe interés político para reducir el carbono”, al no tener acuerdos vinculantes entre los países para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y países como China, India y Estados Unidos están planeando construir carboeléctricas que emitirán cinco veces más de emisiones de las que se pretenden reducir en los borradores de los tratados actuales; “Las emisiones de metano podrán ser peores que las de bióxido de carbono”, porque es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero y hay nuevas fuentes naturales que lo emiten a la atmósfera; “Cada vez hay menos agua dulce”, ya que mil millones de personas no cuentan con agua limpia y 2 mil 600 millones no tienen buenas condiciones de sanidad, y para el año 2025 la mitad de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua que causarán migraciones masivas, mayor precio de los alimentos, desnutrición y conflictos regionales de gran importancia; “Recesión económica que durará largo tiempo”, ya que se pronostican crecimientos económicos anuales de sólo 2 por ciento y tasas de desempleo del 10 por ciento por varios años para la mayoría de los países; “Fallas institucionales severas”, como lo mostró la crisis financiera mundial del 2008 y los colapsos de pago de varios países europeos; “Guerras/Terrorismo electrónico”, ya en la actualidad los hackers (violadores de seguridad en la internet) intentan todos los días penetrar con malas intenciones en las redes de computadoras de establecimientos militares, facilidades nucleares, sistemas de control de aeropuertos y redes de distribución de electricidad, entre otras, y “Armas de destrucción masivas”, existen nueve países que tienen armas nucleares y que probablemente no sólo las utilizarán como amenaza de posible contraataque, además de existir cientos de incidentes reportados en el tráfico ilegal de material nuclear.
Con base en estas tendencias y como ya mencionamos, los autores han establecido cuatro posibles escenarios futuros: “Alcanzando el Desastre”, donde existe una depresión económica global, racionamientos de energía que rompen el desarrollo, colapso ecológico, guerras locales y regionales, terrorismo generalizado, crímenes y corrupción; “Deslizamiento hacia abajo”, donde existe una época negra de alta tecnología, con ignorancia general sobre la complejidad de los problemas, políticos empantanados en su discursos, modestos cambios en los sistemas financieros, gobernanza, energía y educación, aumenta el número de estados fallidos, persiste el desempleo alto y la calidad de vida disminuye para la mayoría de la población; “Deslizamiento hacia arriba”, donde los gobiernos y las empresas han actuado lentamente pero con mayor conocimiento para resolver los problemas, la tecnología de información y la inteligencia artificial avanzadas ayudan a contender múltiples retos, y no existen crisis catastróficas para regiones enteras o a nivel mundial, y “Alcanzando la madurez”, donde los gobiernos y las empresas actúan de manera inteligente y decidida con el apoyo de la mayoría de las personas, se hace una transición apropiada al uso de energías renovables, y muchos países avanzan hacia el desarrollo sustentable.
El siguiente paso en el análisis de los autores es establecer la probabilidad y fecha de ocurrencia de cada escenario. Halal propone que a pesar de los enormes retos hay razones para tener esperanza y considera que las Mega Crisis Globales identificadas podrán ser casi resueltas en el año 2025 y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 10 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 25 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 60 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 5 por ciento. Por otro lado, Marien propone que los sistemas sociales complejos se están adaptando en la dirección equivocada, no se están adaptando o sólo lo hacen de manera parcial por lo que lo inapropiado está creciendo y las Mega Crisis Globales identificadas no se resolverán y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 20 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 60 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 20 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 0 por ciento.
Finalmente, los autores consideran que es el turno de los lectores para pensar y dar respuestas. Los invitan a leer más sobre estos temas y llenar la encuesta en www.TechCast.org. Decídase a entender mejor los problemas que están conformando las Mega Crisis Globales, así como sus posibles soluciones, y actuemos para romper las tendencias y lograr un mundo mejor para nuestras nietas y nuestros nietos.
23 may 2011
Impostergable transición a una Economía Verde
publicado en La Jornada de Morelos el 23 de mayo de 2011
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
16 may 2011
Políticas Públicas Abiertas, cambio en gobernanza
publicada en La Jornada de Morelos el 16 de mayo de 2011
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
9 may 2011
Metas educativas para el 2021
La educación en México y Morelos se enfrenta a dos retos de enorme magnitud. Por un lado, debe recuperar la educación del retraso acumulado en el siglo XX y, por el otro, ha de enfrentarse a los retos del siglo XXI para que al incorporar los cambios científicos y tecnológicos pueda lograr desarrollo económico y reducir la pobreza, la desigualdad y la falta de cohesión social.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)