publicado el 30 de mayo en La Jornada Morelos
Al analizar sucesos que alteran el avance de la sociedad mundial, por sencillez, tendemos a focalizarnos en un sólo problema: colapsos financieros, hambrunas, guerras étnicas, enfermedades epidémicas, cambio climático, deterioro ambiental, desastres nucleoeléctricos o fallas en internet. Sin embargo, las Mega Crisis Globales serán el resultado de la conjunción temporal de varios problemas.
William E. Halal y Michael Marien publicaron en la revista The Futurist, de mayo-junio de 2011, el artículo “Mega Crisis Global: cuatro escenarios y dos perspectivas”, donde analizan la convergencia de múltiples retos globales, con una visión optimista y otra pesimista, y la posibilidad de resolver dichos retos para convertirlos en plataformas para el progreso del mundo. W. E. Halal es profesor emérito de la Universidad George Washington y presidente de la compañía TechCast LLC (www.TechCast.org). M. Marien fundó y fue editor por 30 años de Future Survey, de la World Future Society, y ahora es director de GlobalForesightBooks.org.
Definen a una Mega Crisis Global como el colapso del ambiente y de la economía a nivel mundial, y que iría acompañado de incrementos en precios, protestas masivas, sufrimiento psicológico generalizado y ausencia de Ley. Este artículo ofrece una explicación de este problema complejo y describe cuatro escenarios posibles y cómo las instituciones podrían enfrentarlos. En la actualidad, señalan la existencia una serie de fuerzas destructivas que podrían llevar a nuestro sistema mundial al punto de rompimiento. Por ejemplo, la guerra de Irak demostró los límites del poder militar de los Estados Unidos y la crisis financiera mundial del 2008 enseñó el final de los mercados desregulados. Además, la eminente crisis debida al cambio climático, las esperadas crisis energéticas, los enormes déficits gubernamentales, el terrorismo y otros factores se unen para acelerar las tensiones globales. Imaginan a estos retos como un accidente de muchos coches en una supercarretera pero en cámara lenta.
Para dar una mejor idea de las Mega Crisis Globales, los autores presentan tendencias que apuntan hacia rupturas de nuestra forma de vida en el planeta: “Cambio Climático, a pesar de todo”, si todas las acciones propuestas se llevan a cabo, de todas formas, la temperatura aumentaría entre 1 y 2 grados centígrados, y es muy probable que aumente 6 grados en las próximas décadas, lo que causará un aumento del nivel del mar entre 30 y 150 centímetros en el año 2100; “No existe interés político para reducir el carbono”, al no tener acuerdos vinculantes entre los países para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y países como China, India y Estados Unidos están planeando construir carboeléctricas que emitirán cinco veces más de emisiones de las que se pretenden reducir en los borradores de los tratados actuales; “Las emisiones de metano podrán ser peores que las de bióxido de carbono”, porque es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero y hay nuevas fuentes naturales que lo emiten a la atmósfera; “Cada vez hay menos agua dulce”, ya que mil millones de personas no cuentan con agua limpia y 2 mil 600 millones no tienen buenas condiciones de sanidad, y para el año 2025 la mitad de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua que causarán migraciones masivas, mayor precio de los alimentos, desnutrición y conflictos regionales de gran importancia; “Recesión económica que durará largo tiempo”, ya que se pronostican crecimientos económicos anuales de sólo 2 por ciento y tasas de desempleo del 10 por ciento por varios años para la mayoría de los países; “Fallas institucionales severas”, como lo mostró la crisis financiera mundial del 2008 y los colapsos de pago de varios países europeos; “Guerras/Terrorismo electrónico”, ya en la actualidad los hackers (violadores de seguridad en la internet) intentan todos los días penetrar con malas intenciones en las redes de computadoras de establecimientos militares, facilidades nucleares, sistemas de control de aeropuertos y redes de distribución de electricidad, entre otras, y “Armas de destrucción masivas”, existen nueve países que tienen armas nucleares y que probablemente no sólo las utilizarán como amenaza de posible contraataque, además de existir cientos de incidentes reportados en el tráfico ilegal de material nuclear.
Con base en estas tendencias y como ya mencionamos, los autores han establecido cuatro posibles escenarios futuros: “Alcanzando el Desastre”, donde existe una depresión económica global, racionamientos de energía que rompen el desarrollo, colapso ecológico, guerras locales y regionales, terrorismo generalizado, crímenes y corrupción; “Deslizamiento hacia abajo”, donde existe una época negra de alta tecnología, con ignorancia general sobre la complejidad de los problemas, políticos empantanados en su discursos, modestos cambios en los sistemas financieros, gobernanza, energía y educación, aumenta el número de estados fallidos, persiste el desempleo alto y la calidad de vida disminuye para la mayoría de la población; “Deslizamiento hacia arriba”, donde los gobiernos y las empresas han actuado lentamente pero con mayor conocimiento para resolver los problemas, la tecnología de información y la inteligencia artificial avanzadas ayudan a contender múltiples retos, y no existen crisis catastróficas para regiones enteras o a nivel mundial, y “Alcanzando la madurez”, donde los gobiernos y las empresas actúan de manera inteligente y decidida con el apoyo de la mayoría de las personas, se hace una transición apropiada al uso de energías renovables, y muchos países avanzan hacia el desarrollo sustentable.
El siguiente paso en el análisis de los autores es establecer la probabilidad y fecha de ocurrencia de cada escenario. Halal propone que a pesar de los enormes retos hay razones para tener esperanza y considera que las Mega Crisis Globales identificadas podrán ser casi resueltas en el año 2025 y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 10 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 25 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 60 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 5 por ciento. Por otro lado, Marien propone que los sistemas sociales complejos se están adaptando en la dirección equivocada, no se están adaptando o sólo lo hacen de manera parcial por lo que lo inapropiado está creciendo y las Mega Crisis Globales identificadas no se resolverán y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 20 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 60 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 20 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 0 por ciento.
Finalmente, los autores consideran que es el turno de los lectores para pensar y dar respuestas. Los invitan a leer más sobre estos temas y llenar la encuesta en www.TechCast.org. Decídase a entender mejor los problemas que están conformando las Mega Crisis Globales, así como sus posibles soluciones, y actuemos para romper las tendencias y lograr un mundo mejor para nuestras nietas y nuestros nietos.
30 may 2011
23 may 2011
Impostergable transición a una Economía Verde
publicado en La Jornada de Morelos el 23 de mayo de 2011
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
16 may 2011
Políticas Públicas Abiertas, cambio en gobernanza
publicada en La Jornada de Morelos el 16 de mayo de 2011
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
9 may 2011
Metas educativas para el 2021
La educación en México y Morelos se enfrenta a dos retos de enorme magnitud. Por un lado, debe recuperar la educación del retraso acumulado en el siglo XX y, por el otro, ha de enfrentarse a los retos del siglo XXI para que al incorporar los cambios científicos y tecnológicos pueda lograr desarrollo económico y reducir la pobreza, la desigualdad y la falta de cohesión social.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
2 may 2011
Chernóbil y Fukushima, qué aprendimos
Debemos analizar todos los accidentes que nos ocurren y obtener lecciones y conclusiones que permitan evitar o, por lo menos, minimizar la probabilidad de su repetición; aunque decimos que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Existe una herramienta conocida como análisis de riesgo que es muy utilizada por los ingenieros, los médicos y, en particular, los actuarios que pretende identificar de la manera más precisa la probabilidad de ocurrencia de un evento, el daño que causaría y el costo que implicaría su arreglo; tema fundamental para la ingeniería industrial y para las compañías de seguros. También, es imprescindible señalar que diferentes sociedades aceptan distintos riesgos para alcanzar un mismo beneficio y que en una misma sociedad la aceptación de un riesgo varía con el tiempo. ¿Qué podemos aprender de los dos desastres nucleoeléctricos más graves en la historia?
A 25 años del accidente en la central nucleoeléctrica de Chernóbil, William Sweet publicó en la revista Spectrum, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) de la que es uno de los editores, el 26 de abril de 2011, una análisis comparativo entre los accidentes de las centrales nucleoeléctricas de Chernóbil y de Fukushima.
Señala Sweet que ahora se considera que el accidente en Chernóbil fue causado porque este tipo de reactor, donde la reacción nuclear es moderada por grafito, tenía dos defectos de diseño: Cuando operaba a ciertos niveles de potencia y había una pérdida de enfriamiento, la reactividad de la planta se incrementaba abrupta y rápidamente y, adicionalmente, la estructura del contenedor interno, en lugar de ser un recipiente de acero presurizado como en la mayoría de los reactores, era una caja con una tapa débilmente unida en la que estaban insertadas todas las varillas de combustible y de control para que, si había un incremento repentino de presión, ésta se levantara y rompiera todas las varillas.
Es imposible de imaginar por qué los ingenieros soviéticos no se dieron cuenta de que diseñaron un reactor con esos defectos y, todavía más, imaginar por qué los operarios pusieron y mantuvieron al reactor en las condiciones más probables para que hubiera una explosión, señala Sweet.
Además, M. V. Ramana, investigador de la Universidad de Princeton, publicó en el Boletín del Científico Atómico, el 19 de abril de 2011, sobre el grave error de enfocarse en componentes individuales y no en el sistema completo al llevar a cabo un análisis de riesgos. Dicha revista fue creada en 1946 por científicos, ingenieros y otros expertos que crearon la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan y cuya misión es informar al público de los peligros impuestos a la sobrevivencia y desarrollo de la humanidad por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías emergentes en el campo de las ciencias de la vida.
Por lo anterior, algunos expertos nucleares, señala Ramana, tienen un razonamiento aparentemente coherente pero muy equivocado: para cada sistema de seguridad, existe una pequeña probabilidad de que falle en un momento determinado, así que será extremadamente improbable que más de un sistema de seguridad fallen al mismo tiempo; por lo que un accidente severo no puede ocurrir a menos que múltiples sistemas de seguridad fallen simultáneamente o de manera secuencial y, por lo tanto, un accidente severo tiene una probabilidad bajísima de ocurrencia.
El reciente desastre en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos enfrentó nuevamente al riesgo real que presentan las fallas comunes, nos señala Ramana: Un solo evento, el tsunami, causó la pérdida de electricidad en el complejo de los reactores, la pérdida del combustible para los generadores diesel auxiliares, la inundación de los interruptores eléctricos y, probablemente, el daño de las tomas de agua de mar para enfriamiento. Así, debemos aceptar la posibilidad de que todo pudiera ir drásticamente mal al mismo tiempo por una sola causa.
También, en Fukushima se repetirá trágicamente como en Chernóbil que los daños invisibles de largo plazo de los accidentes serán mucho peores que los visibles de corto plazo. Tomará décadas restaurar el ecosistema alrededor de la central de Fukushima, lo que aún no se ha logrado en Chernóbil.
Asimismo, habrá un número creciente de muertes en las décadas que vienen por cánceres inducidos por radiación. ¿Qué tantas? Es una pregunta vital en el ámbito de la seguridad industrial. En general, estas víctimas no serán identificadas porque es imposible determinar si un cáncer en particular fue producto de esta radiación y porque se espera, aún sin los accidentes nucleares, que en el futuro el número de muertes por cáncer aumente drásticamente. Sweet cita un estudio realizado por la epidemióloga Elisabeth Cardis, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, en Barcelona, que presenta estimaciones sobre el impacto en la salud de los europeos por el accidente en Chernóbil: las proyecciones de riesgo sugieren que se han causado 1000 casos de cáncer de tiroides y 4000 casos de otros cánceres, lo que representa el 0.01 por ciento de todos los incidentes de cáncer en Europa.
Chernóbil es el accidente nucleoeléctrico más importante en términos estrictamente físicos, ya que el reactor explotó y se quemó por días, enviando una gran cantidad de emisiones radiactivas a las capas altas de la atmósfera desde una localidad que era poco poblada. Sweet señala que Fukushima muestra que en términos de daños a la salud hay accidentes más graves que el de Chernóbil, donde un accidente menos severo en términos físicos puede emitir radiactividad más concentrada a una localidad más poblada.
Las conclusiones más importantes son, según Sweet: que los accidentes severos en reactores nucleares han ocurrido con mucha mayor frecuencia que los modelos de análisis de riesgo predecían, que el método probabilístico de análisis de riesgos no funciona bien en casos donde un solo evento causa fallas en múltiples sistemas de seguridad y que, en el futuro cercano, los accidentes catastróficos nucleoeléctricos son inevitables.
La lección más importante de Chernóbil y probablemente de Fukushima, nos propone Sweet, es que debemos esperar lo inesperado en la operación de una nucleoeléctrica.
El reto principal que presentan estos desastres es cómo establecer una política pública que considere los riesgos reales, los costos y el valor de la vida humana desde una perspectiva que no sólo evalúe una tecnología por sí misma sino al sistema complejo total, en un contexto amplio de la sociedad donde se implantará y con la participación de la sociedad civil.
A 25 años del accidente en la central nucleoeléctrica de Chernóbil, William Sweet publicó en la revista Spectrum, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) de la que es uno de los editores, el 26 de abril de 2011, una análisis comparativo entre los accidentes de las centrales nucleoeléctricas de Chernóbil y de Fukushima.
Señala Sweet que ahora se considera que el accidente en Chernóbil fue causado porque este tipo de reactor, donde la reacción nuclear es moderada por grafito, tenía dos defectos de diseño: Cuando operaba a ciertos niveles de potencia y había una pérdida de enfriamiento, la reactividad de la planta se incrementaba abrupta y rápidamente y, adicionalmente, la estructura del contenedor interno, en lugar de ser un recipiente de acero presurizado como en la mayoría de los reactores, era una caja con una tapa débilmente unida en la que estaban insertadas todas las varillas de combustible y de control para que, si había un incremento repentino de presión, ésta se levantara y rompiera todas las varillas.
Es imposible de imaginar por qué los ingenieros soviéticos no se dieron cuenta de que diseñaron un reactor con esos defectos y, todavía más, imaginar por qué los operarios pusieron y mantuvieron al reactor en las condiciones más probables para que hubiera una explosión, señala Sweet.
Además, M. V. Ramana, investigador de la Universidad de Princeton, publicó en el Boletín del Científico Atómico, el 19 de abril de 2011, sobre el grave error de enfocarse en componentes individuales y no en el sistema completo al llevar a cabo un análisis de riesgos. Dicha revista fue creada en 1946 por científicos, ingenieros y otros expertos que crearon la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan y cuya misión es informar al público de los peligros impuestos a la sobrevivencia y desarrollo de la humanidad por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías emergentes en el campo de las ciencias de la vida.
Por lo anterior, algunos expertos nucleares, señala Ramana, tienen un razonamiento aparentemente coherente pero muy equivocado: para cada sistema de seguridad, existe una pequeña probabilidad de que falle en un momento determinado, así que será extremadamente improbable que más de un sistema de seguridad fallen al mismo tiempo; por lo que un accidente severo no puede ocurrir a menos que múltiples sistemas de seguridad fallen simultáneamente o de manera secuencial y, por lo tanto, un accidente severo tiene una probabilidad bajísima de ocurrencia.
El reciente desastre en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos enfrentó nuevamente al riesgo real que presentan las fallas comunes, nos señala Ramana: Un solo evento, el tsunami, causó la pérdida de electricidad en el complejo de los reactores, la pérdida del combustible para los generadores diesel auxiliares, la inundación de los interruptores eléctricos y, probablemente, el daño de las tomas de agua de mar para enfriamiento. Así, debemos aceptar la posibilidad de que todo pudiera ir drásticamente mal al mismo tiempo por una sola causa.
También, en Fukushima se repetirá trágicamente como en Chernóbil que los daños invisibles de largo plazo de los accidentes serán mucho peores que los visibles de corto plazo. Tomará décadas restaurar el ecosistema alrededor de la central de Fukushima, lo que aún no se ha logrado en Chernóbil.
Asimismo, habrá un número creciente de muertes en las décadas que vienen por cánceres inducidos por radiación. ¿Qué tantas? Es una pregunta vital en el ámbito de la seguridad industrial. En general, estas víctimas no serán identificadas porque es imposible determinar si un cáncer en particular fue producto de esta radiación y porque se espera, aún sin los accidentes nucleares, que en el futuro el número de muertes por cáncer aumente drásticamente. Sweet cita un estudio realizado por la epidemióloga Elisabeth Cardis, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, en Barcelona, que presenta estimaciones sobre el impacto en la salud de los europeos por el accidente en Chernóbil: las proyecciones de riesgo sugieren que se han causado 1000 casos de cáncer de tiroides y 4000 casos de otros cánceres, lo que representa el 0.01 por ciento de todos los incidentes de cáncer en Europa.
Chernóbil es el accidente nucleoeléctrico más importante en términos estrictamente físicos, ya que el reactor explotó y se quemó por días, enviando una gran cantidad de emisiones radiactivas a las capas altas de la atmósfera desde una localidad que era poco poblada. Sweet señala que Fukushima muestra que en términos de daños a la salud hay accidentes más graves que el de Chernóbil, donde un accidente menos severo en términos físicos puede emitir radiactividad más concentrada a una localidad más poblada.
Las conclusiones más importantes son, según Sweet: que los accidentes severos en reactores nucleares han ocurrido con mucha mayor frecuencia que los modelos de análisis de riesgo predecían, que el método probabilístico de análisis de riesgos no funciona bien en casos donde un solo evento causa fallas en múltiples sistemas de seguridad y que, en el futuro cercano, los accidentes catastróficos nucleoeléctricos son inevitables.
La lección más importante de Chernóbil y probablemente de Fukushima, nos propone Sweet, es que debemos esperar lo inesperado en la operación de una nucleoeléctrica.
El reto principal que presentan estos desastres es cómo establecer una política pública que considere los riesgos reales, los costos y el valor de la vida humana desde una perspectiva que no sólo evalúe una tecnología por sí misma sino al sistema complejo total, en un contexto amplio de la sociedad donde se implantará y con la participación de la sociedad civil.
25 abr 2011
Energía en Estados Unidos 2035
Los Estados Unidos tienen, por un lado, el record mundial en consumo de energía per cápita, así como de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a este consumo pero también, por el otro, tienen un excelente desempeño en consumir menos energía por dólar generado internamente. En general, dar seguimiento a las preocupaciones y esperanzas de su sector energético es de gran importancia para todos los países pero para México es fundamental por su dependencia económica y por los grandes volúmenes de petróleo que les exportamos y los grandes volúmenes de gas natural y gasolinas que les importamos.
La Agencia de Información de la Energía del gobierno de los Estados Unidos, publica cada año un reporte con una visión de 25 años sobre la situación energética de su país. Ésta es la instancia encargada de la información estadística del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por ley, su información, análisis y predicciones son independientes de cualquier organismo gubernamental (www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/).
Señala que el mercado de la energía en Estados Unidos sigue deprimido de acuerdo con la crisis económica de 2007, 2008 y 2009. La generación de electricidad disminuyó 1 por ciento en 2008 y otro 3 por ciento en 2009. Aunque afectaron otros factores como un clima benigno, es la primera vez en 60 años que la generación de electricidad disminuyó dos años consecutivos.
Considera que los factores más influyentes en los mercados energéticos de los Estados Unidos serán el ritmo de la recuperación económica, los impactos remanentes en proyectos energéticos intensivos en capital y la posible aprobación de leyes ambientales que afecten el uso de la energía. La Agencia presenta principalmente un caso de referencia, donde las fuerzas predominantes en los últimos años continúan igual en el futuro cercano. Sin embargo, explora los impactos de incertidumbres económicas importantes en áreas de mercado, de tecnologías y de políticas.
Los resultados más importantes que presenta son un crecimiento moderado en el consumo de energía, un fuerte aumento en el uso de energías renovables, una disminución en el uso de combustibles líquidos de importación, un muy fuerte aumento en la producción nacional de gas seco y un lento crecimiento en las emisiones de CO2 por el consumo de hidrocarburos ante la ausencia de nuevas políticas específicas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, realiza un análisis de sensibilidad sobre el caso de referencia en temas de relevancia: continuo avance en las leyes y regulaciones federales y estatales, mejoras en la eficiencia del uso final de la energía, diferentes supuestos sobre el desarrollo de la producción nacional del gas natural seco, retiro de plantas nucleoeléctricas a los 60 años de operación, la relación entre los precios del gas natural y del petróleo en sus mercados locales, y las tendencias en los precios mundiales del petróleo.
Concluye que, según la tendencia, el consumo de energía primaria en los Estados Unidos se incrementará en 14 por ciento entre 2008 y 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 0.5 por ciento y equivale a sólo una quinta parte de la tasa de crecimiento económico anual esperada del 2.4 por ciento. La diferencia entre las dos tasas se debe a la esperada continua mejora en la intensidad energética, medida como el consumo de energía por unidad de producto interno bruto. También, proyecta que aumentará significativamente la producción de combustibles renovables para la generación de electricidad y para la producción de combustibles para el sector transporte, debido a los incentivos ya establecidos en programas federales y estatales y a los continuados altos precios de los combustibles fósiles. Sin embargo, indica que los combustibles fósiles seguirán abasteciendo la mayoría de los requerimientos en los Estados Unidos; su participación pasará del 84 por ciento en 2008 al 78 por ciento en 2035.
Señala que la participación de las energías renovables podría incrementar si continúa un decidido apoyo a su desarrollo y podría alcanzar entre 61 o 65 por ciento del aumento de la generación de energía entre 2008 y 2035, en lugar del tendencial 45 por ciento. El papel de los combustibles fósiles podría disminuir todavía más si los autos eléctricos o que utilizan gas natural penetran significativamente el mercado, si los precios del petróleo se incrementan aún más, y si se ponen en marcha acciones al crecer las preocupaciones sobre el cambio climático o sobre la seguridad energética.
El crecimiento en la producción doméstica de gas natural seco es uno de los más dinámicos en la historia de los mercados energéticos de los Estados Unidos, señala. La regasificación de gas natural licuado proveniente del exterior ha dejado de ser un tema de interés y de inversiones. Ahora, las incógnitas importantes son si las reservas nacionales de gas natural seco son grandes o muy grandes, si el nivel de precio requerido para sostener su desarrollo será mantenido, y si aparecerán factores técnicos o ambientales que frenen su desarrollo.
En el caso de referencia, las emisiones de CO2 por el consumo de energía aumentarán un 0.3 por ciento anual del 2008 al 2035, o un total de 9 por ciento.
En conclusión, los Estados Unidos han aumentado expectativa de crecimiento económico, al pasar de una tasa anual esperada del 2.0 por ciento para el PIB, al 2.4 por ciento. Confían que incrementarán su eficiencia en el consumo de energía y, así, el aumento en las emisiones de CO2 a la atmósfera será pequeño. Por lo tanto, anuncian su nulo interés en alcanzar un acuerdo vinculante para reducir los efectos del Cambio Climático.
Actuemos para que México no tome este camino y siga impulsando acciones contra este fenómeno catastrófico para la humanidad.
La Agencia de Información de la Energía del gobierno de los Estados Unidos, publica cada año un reporte con una visión de 25 años sobre la situación energética de su país. Ésta es la instancia encargada de la información estadística del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por ley, su información, análisis y predicciones son independientes de cualquier organismo gubernamental (www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/).
Señala que el mercado de la energía en Estados Unidos sigue deprimido de acuerdo con la crisis económica de 2007, 2008 y 2009. La generación de electricidad disminuyó 1 por ciento en 2008 y otro 3 por ciento en 2009. Aunque afectaron otros factores como un clima benigno, es la primera vez en 60 años que la generación de electricidad disminuyó dos años consecutivos.
Considera que los factores más influyentes en los mercados energéticos de los Estados Unidos serán el ritmo de la recuperación económica, los impactos remanentes en proyectos energéticos intensivos en capital y la posible aprobación de leyes ambientales que afecten el uso de la energía. La Agencia presenta principalmente un caso de referencia, donde las fuerzas predominantes en los últimos años continúan igual en el futuro cercano. Sin embargo, explora los impactos de incertidumbres económicas importantes en áreas de mercado, de tecnologías y de políticas.
Los resultados más importantes que presenta son un crecimiento moderado en el consumo de energía, un fuerte aumento en el uso de energías renovables, una disminución en el uso de combustibles líquidos de importación, un muy fuerte aumento en la producción nacional de gas seco y un lento crecimiento en las emisiones de CO2 por el consumo de hidrocarburos ante la ausencia de nuevas políticas específicas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, realiza un análisis de sensibilidad sobre el caso de referencia en temas de relevancia: continuo avance en las leyes y regulaciones federales y estatales, mejoras en la eficiencia del uso final de la energía, diferentes supuestos sobre el desarrollo de la producción nacional del gas natural seco, retiro de plantas nucleoeléctricas a los 60 años de operación, la relación entre los precios del gas natural y del petróleo en sus mercados locales, y las tendencias en los precios mundiales del petróleo.
Concluye que, según la tendencia, el consumo de energía primaria en los Estados Unidos se incrementará en 14 por ciento entre 2008 y 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 0.5 por ciento y equivale a sólo una quinta parte de la tasa de crecimiento económico anual esperada del 2.4 por ciento. La diferencia entre las dos tasas se debe a la esperada continua mejora en la intensidad energética, medida como el consumo de energía por unidad de producto interno bruto. También, proyecta que aumentará significativamente la producción de combustibles renovables para la generación de electricidad y para la producción de combustibles para el sector transporte, debido a los incentivos ya establecidos en programas federales y estatales y a los continuados altos precios de los combustibles fósiles. Sin embargo, indica que los combustibles fósiles seguirán abasteciendo la mayoría de los requerimientos en los Estados Unidos; su participación pasará del 84 por ciento en 2008 al 78 por ciento en 2035.
Señala que la participación de las energías renovables podría incrementar si continúa un decidido apoyo a su desarrollo y podría alcanzar entre 61 o 65 por ciento del aumento de la generación de energía entre 2008 y 2035, en lugar del tendencial 45 por ciento. El papel de los combustibles fósiles podría disminuir todavía más si los autos eléctricos o que utilizan gas natural penetran significativamente el mercado, si los precios del petróleo se incrementan aún más, y si se ponen en marcha acciones al crecer las preocupaciones sobre el cambio climático o sobre la seguridad energética.
El crecimiento en la producción doméstica de gas natural seco es uno de los más dinámicos en la historia de los mercados energéticos de los Estados Unidos, señala. La regasificación de gas natural licuado proveniente del exterior ha dejado de ser un tema de interés y de inversiones. Ahora, las incógnitas importantes son si las reservas nacionales de gas natural seco son grandes o muy grandes, si el nivel de precio requerido para sostener su desarrollo será mantenido, y si aparecerán factores técnicos o ambientales que frenen su desarrollo.
En el caso de referencia, las emisiones de CO2 por el consumo de energía aumentarán un 0.3 por ciento anual del 2008 al 2035, o un total de 9 por ciento.
En conclusión, los Estados Unidos han aumentado expectativa de crecimiento económico, al pasar de una tasa anual esperada del 2.0 por ciento para el PIB, al 2.4 por ciento. Confían que incrementarán su eficiencia en el consumo de energía y, así, el aumento en las emisiones de CO2 a la atmósfera será pequeño. Por lo tanto, anuncian su nulo interés en alcanzar un acuerdo vinculante para reducir los efectos del Cambio Climático.
Actuemos para que México no tome este camino y siga impulsando acciones contra este fenómeno catastrófico para la humanidad.
18 abr 2011
Estrategias en Salud
Hace dos meses terminamos esta columna planteando interrogantes sobre la situación real de la cobertura universal de salud en México y Morelos. No se conoce públicamente y con amplitud el avance en tres dimensiones: ¿Quién está cubierto?, ¿qué servicios están cubiertos? y ¿cuál es la proporción de gastos cubiertos? Con relación a la cobertura, el Censo de Población y Vivienda 2010 nos informa sobre la condición de derechohabiencia a servicios de salud.
En total somos 112 millones 336 mil 538 personas en México, de los cuales el 65 por ciento es derechohabiente, el 33 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 48 por ciento está en el IMSS, el 35 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 8 por ciento en el ISSSTE, el 3 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, el 3 por ciento en Instituciones Privadas, el 2 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, y el 1 por ciento en el ISSSTE Estatal. Las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
En el caso de Morelos, residimos 1 millón 777 mil 227 personas, de los cuales el 63 por ciento es derechohabiente, el 35 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 44 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 41 por ciento está en el IMSS, el 11 por ciento en el ISSSTE, el 2 por ciento en Instituciones Privadas, el 1 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, el 0.7 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, y el 0.3 por ciento en el ISSSTE Estatal. También, las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
Además de la dificultad en entender las diferencias entre los tipos de instituciones, podemos concluir que en Morelos la calidad de la derechohabiencia es inferior al promedio nacional, ya que la mayoría de los morelenses dependen del Seguro Popular, el Seguro para una Nueva Generación o el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud; cuyos servicios y financiamiento son inferiores al IMSS o al ISSSTE.
Sin duda, uno de los retos fundamentales para el avance de la sociedad mexicana es comprender y mejorar al Sistema Nacional de Salud. Un esfuerzo significativo es el realizado por Enrique Ruelas Barajas y Antonio Alonso Concheiro, en su libro “Los Futuros de la Salud en México 2025”, publicado por el Consejo de Salubridad General en 2010. El contenido de este libro deriva, en gran parte, de los resultados de un proyecto que desarrolló la Subsecretaría de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Salud, denominado “Prospectiva del Sistema Nacional de Salud al año 2050”. En dicho estudio participaron 900 expertos de diferentes profesiones relacionadas con la atención a la salud.
En una próxima entrega analizaremos el método utilizado y los escenarios obtenidos del estado de la salud en México del presente al año 2050. Hoy nos enfocaremos a las recomendaciones estratégicas que Ruelas y Alonso plantean para superar el presente y acercarnos a un mejor futuro en materia de salud para los mexicanos: tanto por razones económicas como por sentido común, el Sistema Nacional de Salud deberá transitar en el futuro de un sistema predominantemente curativo a otro esencialmente preventivo y enfocado en la promoción de la salud; alcanzar un sistema integrado “sin costuras”, donde los usuarios no se encuentren en cajones heterogéneos de los que difícilmente pueden escaparse; ser equitativo geográficamente, por niveles de ingreso, por condiciones laborales e institucionalmente; incrementar el financiamiento y al mismo tiempo contener los costos del sector salud, ya que los gastos en salud per cápita en México son relativamente bajos pero las necesidades sin duda aumentarán; contar con información veraz, confiable, oportuna y de fácil acceso para su operación en el futuro; rediseñar el sistema, a uno abierto y orientado a la innovación, para adaptarse a las futuras necesidades de atención y a la respuesta social; adaptar los modelos de prestación de salud a la descentralización de la atención hacia los estados e incluso hacia los municipios; contender con el envejecimiento de la población y garantizar un retiro digno; reorientar el sistema hacia los usuarios y no como ahora que está basado en las necesidades del personal de salud y de las instituciones; enfocar a servicios con calidad y efectividad más que a ampliar la cobertura; propiciar la investigación y el desarrollo de conocimientos y tecnologías propias para evitar la franca dependencia que se tiene del exterior; encontrar mecanismos ágiles que permitan adaptar con rapidez la legislación y las regulación vigentes a la era de los cambios acelerados en tecnologías de información y del propio sector, y convertir el actual sistema fundamentalmente reactivo a uno proactivo que esté acoplado a la sociedad del conocimiento.
Apliquemos estas trece estrategias en Morelos para aumentar la cobertura, mejorar los servicios y reducir los gastos en salud.
En total somos 112 millones 336 mil 538 personas en México, de los cuales el 65 por ciento es derechohabiente, el 33 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 48 por ciento está en el IMSS, el 35 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 8 por ciento en el ISSSTE, el 3 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, el 3 por ciento en Instituciones Privadas, el 2 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, y el 1 por ciento en el ISSSTE Estatal. Las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
En el caso de Morelos, residimos 1 millón 777 mil 227 personas, de los cuales el 63 por ciento es derechohabiente, el 35 por ciento no lo es y el 2 por ciento no especificó. De los derechohabientes, el 44 por ciento está en el Seguro Popular, en el Seguro para una Nueva Generación o en el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud, el 41 por ciento está en el IMSS, el 11 por ciento en el ISSSTE, el 2 por ciento en Instituciones Privadas, el 1 por ciento en Otras Instituciones privadas o públicas, el 0.7 por ciento en Pemex, Defensa o Marina, y el 0.3 por ciento en el ISSSTE Estatal. También, las cifras son aproximadas ya que existe población con derecho de servicio en más de una institución.
Además de la dificultad en entender las diferencias entre los tipos de instituciones, podemos concluir que en Morelos la calidad de la derechohabiencia es inferior al promedio nacional, ya que la mayoría de los morelenses dependen del Seguro Popular, el Seguro para una Nueva Generación o el Sistema de Protección Social en Salud que coordina la Secretaría de Salud; cuyos servicios y financiamiento son inferiores al IMSS o al ISSSTE.
Sin duda, uno de los retos fundamentales para el avance de la sociedad mexicana es comprender y mejorar al Sistema Nacional de Salud. Un esfuerzo significativo es el realizado por Enrique Ruelas Barajas y Antonio Alonso Concheiro, en su libro “Los Futuros de la Salud en México 2025”, publicado por el Consejo de Salubridad General en 2010. El contenido de este libro deriva, en gran parte, de los resultados de un proyecto que desarrolló la Subsecretaría de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Salud, denominado “Prospectiva del Sistema Nacional de Salud al año 2050”. En dicho estudio participaron 900 expertos de diferentes profesiones relacionadas con la atención a la salud.
En una próxima entrega analizaremos el método utilizado y los escenarios obtenidos del estado de la salud en México del presente al año 2050. Hoy nos enfocaremos a las recomendaciones estratégicas que Ruelas y Alonso plantean para superar el presente y acercarnos a un mejor futuro en materia de salud para los mexicanos: tanto por razones económicas como por sentido común, el Sistema Nacional de Salud deberá transitar en el futuro de un sistema predominantemente curativo a otro esencialmente preventivo y enfocado en la promoción de la salud; alcanzar un sistema integrado “sin costuras”, donde los usuarios no se encuentren en cajones heterogéneos de los que difícilmente pueden escaparse; ser equitativo geográficamente, por niveles de ingreso, por condiciones laborales e institucionalmente; incrementar el financiamiento y al mismo tiempo contener los costos del sector salud, ya que los gastos en salud per cápita en México son relativamente bajos pero las necesidades sin duda aumentarán; contar con información veraz, confiable, oportuna y de fácil acceso para su operación en el futuro; rediseñar el sistema, a uno abierto y orientado a la innovación, para adaptarse a las futuras necesidades de atención y a la respuesta social; adaptar los modelos de prestación de salud a la descentralización de la atención hacia los estados e incluso hacia los municipios; contender con el envejecimiento de la población y garantizar un retiro digno; reorientar el sistema hacia los usuarios y no como ahora que está basado en las necesidades del personal de salud y de las instituciones; enfocar a servicios con calidad y efectividad más que a ampliar la cobertura; propiciar la investigación y el desarrollo de conocimientos y tecnologías propias para evitar la franca dependencia que se tiene del exterior; encontrar mecanismos ágiles que permitan adaptar con rapidez la legislación y las regulación vigentes a la era de los cambios acelerados en tecnologías de información y del propio sector, y convertir el actual sistema fundamentalmente reactivo a uno proactivo que esté acoplado a la sociedad del conocimiento.
Apliquemos estas trece estrategias en Morelos para aumentar la cobertura, mejorar los servicios y reducir los gastos en salud.
11 abr 2011
Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos
Nunca tantas personas habíamos percibido una separación tan amplia entre el gobierno y los ciudadanos. El desarrollo económico lento, el incremento brutal de la violencia, la toma de decisiones públicas con visión exclusiva de partido político, la incipiente capacidad de gestión de nuestras instituciones y el bajo nivel educativo promedio, entre otros, no permiten que alcancemos una sociedad pacífica, solidaria, tolerante, digna y dialogante. Por eso el actual éxito en todo el país de la frase de Javier Sicilia: “…estamos hasta la madre…”
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.
4 abr 2011
Política pública en salud.
La salud es elemento fundamental en el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Implantar políticas públicas que permitan conocer el estado de salud de las personas y establecer programas, objetivos y metas para alcanzar una sociedad más saludable es una obligación gubernamental ineludible. Como ya hemos analizado en esta columna, el tema de salud es multifactorial y se debe actuar en paralelo en temas como cobertura, calidad, prevención, abasto de medicinas, educación y presupuesto suficiente, entre otros. Dichas políticas públicas no deben ser un ejercicio sólo del gobierno sino que deben ser elaboradas con la sociedad civil. Además, una mejora en la salud general de la población sólo se puede alcanzar en el mediano y largo plazos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSD por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, durante las tres últimas décadas, ha publicado una agenda nacional para mejorar la salud de los estadounidenses en términos de 10 años. Hace un año, publicaron la propuesta llamada “Personas Saludables 2020” que establece una guía que permitirá: identificar las prioridades en salud a nivel nacional; aumentar el interés y la comprensión públicos de los determinantes de la salud, enfermedades, discapacidades y oportunidades de progreso; proveer de objetivos y metas medibles aplicables a niveles nacional, estatal y municipal; involucrar a múltiples sectores para tomar acciones que refuercen políticas y mejoren prácticas que estén soportadas en la mejor evidencia y conocimiento disponibles, e identificar las necesidades críticas de investigación y recolección de información. También, las metas generales incluyen alcanzar la equidad en salud y la eliminación de disparidades; crear ambientes sociales y físicos que promuevan la salud, y promover la calidad de vida, el desarrollo saludable y los hábitos saludables durante cada etapa de la vida.
Sin embargo, la agenda “Personas Saludables 2020” tenía 42 temas y cerca de 600 objetivos particulares, por lo que el HHSD le solicitó al Instituto de Medicina de los Estados Unidos (institución equivalente a la Academia Nacional de Medicina en México) que revisara los objetivos y recomendara indicadores líderes que focalizaran las acciones de dicha agenda. Así, el mes pasado, publicaron el reporte “Indicadores Principales de Salud para Personas Saludables 2020” que establece tan sólo 12 temas con 12 indicadores claves y selecciona exclusivamente 24 objetivos que son críticos para las necesidades en salud y permiten guiar a la política pública.
En el tema de acceso a la atención, el indicador es la proporción de la población con acceso a los servicios de salud y tiene tres objetivos: incrementar la proporción de personas con seguro, incrementar la proporción de personas con un proveedor de cuidado primario regular e incrementar la proporción de personas que reciben servicios preventivos de salud apropiados.
En el tema de comportamientos saludables, el indicador es la proporción de la población que está comprometida con comportamientos saludables y tiene cuatro objetivos: incrementar la proporción de adultos que cumplen con los lineamientos federales de actividad física, reducir la proporción de niños y adolescentes que son obesos, reducir el consumo de calorías de grasas sólidas y azúcares añadidos en la población de dos años y mayores e incrementar la proporción de adultos que duermen lo suficiente.
En el tema de enfermedades crónicas, el índice es la prevalencia y mortalidad de enfermedades crónicas y tiene tres objetivos: reducir el número de muertes por enfermedades coronarias, reducir la proporción de personas en la población con hipertensión y reducir la tasa general de muertes por cáncer.
En el tema de determinantes ambientales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente físico saludable y tiene un objetivo: reducir el número de días que el índice de calidad del aire excede el valor satisfactorio.
En el tema de determinantes sociales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente social sano y tiene tres objetivos: mejorar la cultura en salud de la población, incrementar la proporción de niños que tienen un desarrollo en salud apropiado para ir a la escuela e incrementar los logros educativos de adolescentes y adultos jóvenes.
En el tema de accidentes, el índice es la proporción de la población que sufre accidentes y tiene un objetivo: reducir el número de accidentes fatales y no fatales.
En el tema de salud mental, el índice es la proporción de la población que goza de salud mental positiva y tiene un objetivo: reducir la proporción de personas que sufren episodios depresivos mayores.
En el tema de salud infantil y materna, el índice es la proporción de nacimientos saludables y tiene un objetivo: reducir los nacimientos de niños con bajo y muy bajo peso.
En el tema de comportamiento sexual responsable, el índice es la proporción de la población involucrada en comportamiento sexual responsable y tiene dos objetivos: reducir la tasa de embarazo de adolescentes e incrementar la proporción de personas sexualmente activas que utilizan condón.
En el tema de abuso de sustancias tóxicas, el índice es la proporción de la población que consume sustancias tóxicas y tiene dos objetivos: reducir el uso en el mes anterior de sustancias ilícitas y reducir la proporción de personas que consumen bebidas alcohólicas.
En el tema del tabaco, el índice es la proporción de personas que consumen tabaco y tiene dos objetivos: reducir el consumo de tabaco por adultos y reducir el inicio del consumo de tabaco entre niños y jóvenes.
En el tema de calidad en la atención, el índice es la proporción de la población que recibe servicios de salud de calidad y tiene un objetivo: reducir el número de infecciones transmitidas en los servicios.
El HHSD concluyó que los indicadores y los objetivos seleccionados deben contribuir a despertar el interés y la atención del público en general; motivar a diversos grupos de la población a involucrarse en actividades que mejoren ciertos indicadores y, también, a mejorar la salud global de la nación, y proveer retroalimentación para mejorar el estado de los indicadores específicos.
En Morelos, debemos autoridades, academias y sociedad civil establecer nuestros temas, indicadores y objetivos para definir las políticas públicas en salud y determinar las prioridades que deben tener todos los programas y agencias de salud, y usarlas para recolectar la información y reportar las actividades realizadas. Sólo así sabremos realmente cómo estamos avanzando en el mejoramiento de la salud de la población.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSD por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, durante las tres últimas décadas, ha publicado una agenda nacional para mejorar la salud de los estadounidenses en términos de 10 años. Hace un año, publicaron la propuesta llamada “Personas Saludables 2020” que establece una guía que permitirá: identificar las prioridades en salud a nivel nacional; aumentar el interés y la comprensión públicos de los determinantes de la salud, enfermedades, discapacidades y oportunidades de progreso; proveer de objetivos y metas medibles aplicables a niveles nacional, estatal y municipal; involucrar a múltiples sectores para tomar acciones que refuercen políticas y mejoren prácticas que estén soportadas en la mejor evidencia y conocimiento disponibles, e identificar las necesidades críticas de investigación y recolección de información. También, las metas generales incluyen alcanzar la equidad en salud y la eliminación de disparidades; crear ambientes sociales y físicos que promuevan la salud, y promover la calidad de vida, el desarrollo saludable y los hábitos saludables durante cada etapa de la vida.
Sin embargo, la agenda “Personas Saludables 2020” tenía 42 temas y cerca de 600 objetivos particulares, por lo que el HHSD le solicitó al Instituto de Medicina de los Estados Unidos (institución equivalente a la Academia Nacional de Medicina en México) que revisara los objetivos y recomendara indicadores líderes que focalizaran las acciones de dicha agenda. Así, el mes pasado, publicaron el reporte “Indicadores Principales de Salud para Personas Saludables 2020” que establece tan sólo 12 temas con 12 indicadores claves y selecciona exclusivamente 24 objetivos que son críticos para las necesidades en salud y permiten guiar a la política pública.
En el tema de acceso a la atención, el indicador es la proporción de la población con acceso a los servicios de salud y tiene tres objetivos: incrementar la proporción de personas con seguro, incrementar la proporción de personas con un proveedor de cuidado primario regular e incrementar la proporción de personas que reciben servicios preventivos de salud apropiados.
En el tema de comportamientos saludables, el indicador es la proporción de la población que está comprometida con comportamientos saludables y tiene cuatro objetivos: incrementar la proporción de adultos que cumplen con los lineamientos federales de actividad física, reducir la proporción de niños y adolescentes que son obesos, reducir el consumo de calorías de grasas sólidas y azúcares añadidos en la población de dos años y mayores e incrementar la proporción de adultos que duermen lo suficiente.
En el tema de enfermedades crónicas, el índice es la prevalencia y mortalidad de enfermedades crónicas y tiene tres objetivos: reducir el número de muertes por enfermedades coronarias, reducir la proporción de personas en la población con hipertensión y reducir la tasa general de muertes por cáncer.
En el tema de determinantes ambientales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente físico saludable y tiene un objetivo: reducir el número de días que el índice de calidad del aire excede el valor satisfactorio.
En el tema de determinantes sociales, el índice es la proporción de la población que disfruta de un ambiente social sano y tiene tres objetivos: mejorar la cultura en salud de la población, incrementar la proporción de niños que tienen un desarrollo en salud apropiado para ir a la escuela e incrementar los logros educativos de adolescentes y adultos jóvenes.
En el tema de accidentes, el índice es la proporción de la población que sufre accidentes y tiene un objetivo: reducir el número de accidentes fatales y no fatales.
En el tema de salud mental, el índice es la proporción de la población que goza de salud mental positiva y tiene un objetivo: reducir la proporción de personas que sufren episodios depresivos mayores.
En el tema de salud infantil y materna, el índice es la proporción de nacimientos saludables y tiene un objetivo: reducir los nacimientos de niños con bajo y muy bajo peso.
En el tema de comportamiento sexual responsable, el índice es la proporción de la población involucrada en comportamiento sexual responsable y tiene dos objetivos: reducir la tasa de embarazo de adolescentes e incrementar la proporción de personas sexualmente activas que utilizan condón.
En el tema de abuso de sustancias tóxicas, el índice es la proporción de la población que consume sustancias tóxicas y tiene dos objetivos: reducir el uso en el mes anterior de sustancias ilícitas y reducir la proporción de personas que consumen bebidas alcohólicas.
En el tema del tabaco, el índice es la proporción de personas que consumen tabaco y tiene dos objetivos: reducir el consumo de tabaco por adultos y reducir el inicio del consumo de tabaco entre niños y jóvenes.
En el tema de calidad en la atención, el índice es la proporción de la población que recibe servicios de salud de calidad y tiene un objetivo: reducir el número de infecciones transmitidas en los servicios.
El HHSD concluyó que los indicadores y los objetivos seleccionados deben contribuir a despertar el interés y la atención del público en general; motivar a diversos grupos de la población a involucrarse en actividades que mejoren ciertos indicadores y, también, a mejorar la salud global de la nación, y proveer retroalimentación para mejorar el estado de los indicadores específicos.
En Morelos, debemos autoridades, academias y sociedad civil establecer nuestros temas, indicadores y objetivos para definir las políticas públicas en salud y determinar las prioridades que deben tener todos los programas y agencias de salud, y usarlas para recolectar la información y reportar las actividades realizadas. Sólo así sabremos realmente cómo estamos avanzando en el mejoramiento de la salud de la población.
28 mar 2011
Cerrar Laguna Verde, una conclusión de Fukushima
La tragedia causada al pueblo japonés por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo sigue su marcha. Las soluciones a cada uno de los muy diversos problemas empezarán a sentirse en semanas. Todavía el desabasto de agua, medicinas, alimentos y electricidad es enorme. La recuperación de los edificios y de la infraestructura urbana tomará años. Además, el calibre del desastre nucleoeléctrico se conocerá plenamente en semanas y sus consecuencias serán de mediano y largo plazos.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de México (CNSNS) reporta en su página web la situación en la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi a quince días del desastre, con base en la información publicada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Nuclear and Industrial Safety Agency, de Japón, y el Nuclear Energy Institute, de USA.
Unidad 1: Se estima que el núcleo presenta daños debido a la falta de enfriamiento y se encuentra parcialmente descubierto. La temperatura del fondo de la vasija y de la boquilla de agua de alimentación ha disminuido a menos de la mitad con relación a la temperatura de 400 °C que se reportó el día 23 de marzo. La alberca de combustible gastado no cuenta con enfriamiento suficiente y no se tienen datos de su temperatura.
Unidad 2: El último reporte informaba de un posible daño al núcleo de 5% y el nivel de la vasija indica que el núcleo está parcialmente descubierto. Se estima que la cámara de supresión de la contención primaria presenta daños. La temperatura de la alberca de combustible gastado es casi normal. En los últimos días se han reportado emanaciones de humo blanco.
Unidad 3: Se estima que esta unidad también presenta daño en el núcleo del reactor y éste se encuentra parcialmente descubierto. La temperatura del fondo de la vasija ha disminuido pero es tres veces la normal. La temperatura de la alberca de combustible gastado no se ha reportado. Se ha suspendido intermitentemente la inyección de agua a la alberca de combustible gastado debido a los altos niveles de radiación.
Unidad 4: Esta unidad no tenía combustible en el reactor debido a que estaban en recarga. Todo el combustible se encuentra en la alberca de combustible gastado la cual se ha enfriado a través de carro-tanques y helicópteros. La unidad carece de techo debido a la explosión de hidrógeno. Una bomba para inyectar concreto proporcionaba enfriamiento a la alberca de combustible gastado a razón de 50 toneladas por hora. No se cuenta con lecturas de la temperatura en la alberca de combustible gastado. Hay indicaciones de que posiblemente la alberca de combustible gastado presente alguna falla. Se reportó la emanación de humo blanco de manera intermitente.
Unidades 5 y 6: Ambas unidades están en apagado en frío, en condición estable y segura. La temperatura de la alberca de combustible gastado es inferior a 43 °C en ambas unidades.
La CNSNS se preocupa por establecer el nivel del accidente en Fukushima según la Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) y asegura que se mantiene la graduación del accidente en el nivel 5 para las unidades 1,2 y 3, y el nivel 3 para la unidad 4. Dicha escala señala que el nivel 5 es cuando hay emisiones radiactivas al ambiente porque se incendió el núcleo del reactor, como en Windscale Pile, UK, 1957, y en Three Mile Island, USA, 1979. El nivel 6 es cuando hay una significante emisión de material radiactivo al ambiente por la explosión en un tanque de almacenamiento de combustible ya utilizado, como en Kyshtym Rusia, 1957. Finalmente, el nivel 7 es cuando hay efectos a la salud y al ambiente por emisiones al ambiente de una fracción significativa del núcleo del reactor, como en Chernobyl, 1986. Sin embargo, según CNN y la Agencia EFE, otros expertos y otras organizaciones ya clasifican al desastre en Fukushima como nivel 6 e incluso 7.
Informa la CNSNS que las acciones de protección no han cambiado, los habitantes dentro del radio de 20 kilómetros han sido desplazados y permanecen en albergues y de 20 a 30 km permanecen en sus hogares o en sitios cubiertos como lugares de trabajo o escuelas; sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra han recomendado a sus ciudadanos permanecer alejados a más de 80 kilómetros. Añaden que las autoridades japonesas han reportado radiactividad de iodo-131 y cesio-137 y han ordenado la ingesta de yodo estable, como una medida preventiva de protección a la población de 12 sitios que están siendo monitoreados. Asimismo, el monitoreo de alimentos reporta la presencia de material radiactivo en cebolla, leche, agua, pimiento verde, tomate, espinaca, col, pepino, fresa y algunos vegetales de hoja ancha, en varias zonas de Japón. En el corto plazo, el iodo es el problema más relevante si se consideran las dosis pero al cesio-137 será posible rastrearlo en tierra y mar por años.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia de México, a pesar de todo, nos presenta frases tranquilizadoras sobre el desastre en esta nucleoeléctrica, por ejemplo: …una persona que en Fukushima permaneciera continuamente en el suelo contaminado durante un año sin moverse sólo tendría una dosis, en promedio, del 25 por ciento de la dosis permitida en México para público en general… y también nos dan como referencia …que el valor promedio de la dosis ambiental en la central nuclear de Fukushima Daiichi es igual a la que se mide en las centrales nucleoeléctricas de Fukushima Daini y de Onagawa y que son valores normales…
Me pregunto, ¿cómo es posible que insistan en ver el vaso ya no medio sino totalmente lleno? También que aseguren enfáticamente que Laguna Verde funciona perfectamente, sin mencionar que la CFE compró los dos reactores a mediados de los setentas y que son del mismo tipo que los de Fukushima. Éstos fueron diseñados para un terremoto de 8.2 grados y un tsunami de 6.5 metros, la realidad los enfrentó con un terremoto de 9.0 grados y un tsunami de 10 metros. ¿Contra qué se diseñó Laguna Verde?
Insisto en que debemos cerrar temporalmente la central nuclear de Laguna Verde y analizar la necesidad y la viabilidad de un programa nucleoeléctrico en México, al considerar en conjunto los aspectos científicos, tecnológicos, ambientales, económicos y sociales; y además las repercusiones en la seguridad energética y en la soberanía nacionales.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de México (CNSNS) reporta en su página web la situación en la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi a quince días del desastre, con base en la información publicada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Nuclear and Industrial Safety Agency, de Japón, y el Nuclear Energy Institute, de USA.
Unidad 1: Se estima que el núcleo presenta daños debido a la falta de enfriamiento y se encuentra parcialmente descubierto. La temperatura del fondo de la vasija y de la boquilla de agua de alimentación ha disminuido a menos de la mitad con relación a la temperatura de 400 °C que se reportó el día 23 de marzo. La alberca de combustible gastado no cuenta con enfriamiento suficiente y no se tienen datos de su temperatura.
Unidad 2: El último reporte informaba de un posible daño al núcleo de 5% y el nivel de la vasija indica que el núcleo está parcialmente descubierto. Se estima que la cámara de supresión de la contención primaria presenta daños. La temperatura de la alberca de combustible gastado es casi normal. En los últimos días se han reportado emanaciones de humo blanco.
Unidad 3: Se estima que esta unidad también presenta daño en el núcleo del reactor y éste se encuentra parcialmente descubierto. La temperatura del fondo de la vasija ha disminuido pero es tres veces la normal. La temperatura de la alberca de combustible gastado no se ha reportado. Se ha suspendido intermitentemente la inyección de agua a la alberca de combustible gastado debido a los altos niveles de radiación.
Unidad 4: Esta unidad no tenía combustible en el reactor debido a que estaban en recarga. Todo el combustible se encuentra en la alberca de combustible gastado la cual se ha enfriado a través de carro-tanques y helicópteros. La unidad carece de techo debido a la explosión de hidrógeno. Una bomba para inyectar concreto proporcionaba enfriamiento a la alberca de combustible gastado a razón de 50 toneladas por hora. No se cuenta con lecturas de la temperatura en la alberca de combustible gastado. Hay indicaciones de que posiblemente la alberca de combustible gastado presente alguna falla. Se reportó la emanación de humo blanco de manera intermitente.
Unidades 5 y 6: Ambas unidades están en apagado en frío, en condición estable y segura. La temperatura de la alberca de combustible gastado es inferior a 43 °C en ambas unidades.
La CNSNS se preocupa por establecer el nivel del accidente en Fukushima según la Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés) y asegura que se mantiene la graduación del accidente en el nivel 5 para las unidades 1,2 y 3, y el nivel 3 para la unidad 4. Dicha escala señala que el nivel 5 es cuando hay emisiones radiactivas al ambiente porque se incendió el núcleo del reactor, como en Windscale Pile, UK, 1957, y en Three Mile Island, USA, 1979. El nivel 6 es cuando hay una significante emisión de material radiactivo al ambiente por la explosión en un tanque de almacenamiento de combustible ya utilizado, como en Kyshtym Rusia, 1957. Finalmente, el nivel 7 es cuando hay efectos a la salud y al ambiente por emisiones al ambiente de una fracción significativa del núcleo del reactor, como en Chernobyl, 1986. Sin embargo, según CNN y la Agencia EFE, otros expertos y otras organizaciones ya clasifican al desastre en Fukushima como nivel 6 e incluso 7.
Informa la CNSNS que las acciones de protección no han cambiado, los habitantes dentro del radio de 20 kilómetros han sido desplazados y permanecen en albergues y de 20 a 30 km permanecen en sus hogares o en sitios cubiertos como lugares de trabajo o escuelas; sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra han recomendado a sus ciudadanos permanecer alejados a más de 80 kilómetros. Añaden que las autoridades japonesas han reportado radiactividad de iodo-131 y cesio-137 y han ordenado la ingesta de yodo estable, como una medida preventiva de protección a la población de 12 sitios que están siendo monitoreados. Asimismo, el monitoreo de alimentos reporta la presencia de material radiactivo en cebolla, leche, agua, pimiento verde, tomate, espinaca, col, pepino, fresa y algunos vegetales de hoja ancha, en varias zonas de Japón. En el corto plazo, el iodo es el problema más relevante si se consideran las dosis pero al cesio-137 será posible rastrearlo en tierra y mar por años.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia de México, a pesar de todo, nos presenta frases tranquilizadoras sobre el desastre en esta nucleoeléctrica, por ejemplo: …una persona que en Fukushima permaneciera continuamente en el suelo contaminado durante un año sin moverse sólo tendría una dosis, en promedio, del 25 por ciento de la dosis permitida en México para público en general… y también nos dan como referencia …que el valor promedio de la dosis ambiental en la central nuclear de Fukushima Daiichi es igual a la que se mide en las centrales nucleoeléctricas de Fukushima Daini y de Onagawa y que son valores normales…
Me pregunto, ¿cómo es posible que insistan en ver el vaso ya no medio sino totalmente lleno? También que aseguren enfáticamente que Laguna Verde funciona perfectamente, sin mencionar que la CFE compró los dos reactores a mediados de los setentas y que son del mismo tipo que los de Fukushima. Éstos fueron diseñados para un terremoto de 8.2 grados y un tsunami de 6.5 metros, la realidad los enfrentó con un terremoto de 9.0 grados y un tsunami de 10 metros. ¿Contra qué se diseñó Laguna Verde?
Insisto en que debemos cerrar temporalmente la central nuclear de Laguna Verde y analizar la necesidad y la viabilidad de un programa nucleoeléctrico en México, al considerar en conjunto los aspectos científicos, tecnológicos, ambientales, económicos y sociales; y además las repercusiones en la seguridad energética y en la soberanía nacionales.
21 mar 2011
Fukushima, lo que nunca pasaría en una nucleoeléctrica
El terremoto y posterior tsunami que golpearon a Japón el viernes 11 de marzo pasado han tenido consecuencias devastadoras para la población japonesa. Una semana después, el gobierno japonés ha reconocido más de siete mil quinientos muertos, casi doce mil personas desaparecidas y cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares con desabasto grave de agua potable, alimentos y combustibles. Es imprescindible iniciar este artículo expresando nuestro más sincero pésame y solidaridad al pueblo de Japón.
Una de las más serias consecuencias ha sido el grave accidente ocurrido en la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi, al noreste de Japón, cuatro de los seis reactores nucleoeléctricos han sufrido daños muy severos con consecuencias al ambiente y a los seres humanos aún por definir. Esta central nunca volverá a funcionar. La información que se ha presentado al mundo no ha sido muy confiable, ya que se han contradicho diversas fuentes y se han corregido los datos varias veces al pasar de los días. Esto es normal al considerar la terrible situación en que se encontraba y todavía encuentra el heroico personal que está luchando para controlar la situación en dichos reactores. He consultado diariamente los reportes de las comisiones reguladoras de energía nuclear de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, así como de la Agencia Internacional de Energía Atómica, según artículos publicados en Scientific American, IEEE Spectrum, CNN, The New York Times, y The Economist, entre otros.
Los eventos terribles que sucedieron en esta central nucleoeléctrica han invalidado cinco aspectos claves de seguridad que siempre nos habían reiterado los expertos en esta materia que nunca pasarían.
Primer nunca, un terremoto no afectaría la integridad de una planta nucleoeléctrica. Éste sí dañó al sistema eléctrico y no hubo electricidad para operar los sistemas y equipos internos, lo que inutilizó el sistema de enfriamiento de cuatro reactores.
Segundo nunca, un tsunami no afectaría la operación de una planta nucleoeléctrica. Éste sí daño el sistema eléctrico de emergencia que operaba con diesel y debía entrar en operación automática si no había corriente eléctrica, lo que impidió hubiera la cantidad de agua necesaria en los sistemas de enfriamiento en cuatro reactores.
Tercer nunca, la sólida construcción del edificio externo de una unidad nucleoeléctrica evitaría que las posibles emisiones de radiación que se produjeran en el interior del reactor salieran al exterior, ya que el reactor está dentro de un edificio interior; es decir, el reactor está aislado de su entorno por dos edificios sólidamente construidos. Resulta que sí hubo explosiones que dañaron seriamente las paredes y la estructura en cuatro reactores, lo que permitió que radiación y partículas nucleares producidas por el combustible nuclear fueran liberadas al medio ambiente. Dichas explosiones ocurrieron por la acumulación de hidrógeno entre el edificio interno y el externo; no se sabe bien porqué se produjo ese hidrógeno ni porque explotó. Debemos señalar que a este edificio externo lo señalaban como una de la más importantes diferencias de seguridad entre la tecnología nucleoeléctrica soviética y la tecnología con que se construían las nucleoeléctricas en el mundo occidental; esto para justificar que la mayor catástrofe nucleoeléctrica ocurrida en el mundo, en la central nucleoeléctrica de “Chernobyl”, en Ucrania, nunca podría ocurrir fuera de la extinta Unión Soviética.
Cuarto nunca, existen medidas de seguridad automáticas que evitan la emisión al ambiente de radiactividad del combustible que está siendo utilizado durante la operación de una central nucleoeléctrica. Sí se comprobó la existencia de radiación y material nucleares al exterior de la central producidos por el combustible nuclear parcialmente expuesto a la atmósfera en el interior de varios reactores.
Quinto nunca, los restos del combustible nuclear que ya fue utilizado son almacenados de manera completamente segura en albercas dentro de las propias instalaciones y no contaminarán al ambiente. También, se comprobó que en una de las unidades el nivel de agua de dicha alberca había disminuido y material con uranio y plutonio había sido expuesto directamente a la atmósfera, emitiendo radiación y material nuclear al ambiente.
La cantidad e intensidad de las emisiones de radiactividad producidas por los reactores de la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi varía minuto a minuto, depende del sitio donde se mida y de la dirección e intensidad del viento en la región. Se asegura que los vientos predominantes han llevado la radiación hacia el mar y no hacia las ciudades del interior de Japón. Sin embargo, se han medido ocasionalmente radiaciones 10 mil veces mayores a las normales en las inmediaciones de la central y 50 veces mayores en ciudades alejadas 80 kilómetros.
El nivel de un accidente nuclear se mide en una escala del 1 al 7, siendo el 1 el de menor importancia. De los accidentes reportados, los dos más serios son el que ocurrió en “Three Mile Island”, Estados Unidos, en 1979, que fue catalogado como nivel 5, y el de “Chernobyl”, Ucrania, en 1986,que fue catalogado como nivel 7. La mayoría de los expertos catalogan como nivel 6 al ocurrido en Fukushima Daiichi.
La respuesta internacional al accidente en Fukushima Daiichi es variada. Francia, que depende en más del 73 por ciento en la nucleoelectricidad, dijo que todas sus centrales estaban bien, punto. Alemania, España, Estados Unidos y China, que dependen entre 20 y 35 por ciento, establecieron sendos programas para que expertos evalúen la situación de cada una de sus centrales nucleoeléctricas y presenten sus resultados al análisis del Gobierno. Además, algunos consideran retirar ya aquellas cuyo tipo de reactor sea tan antiguo como los de Fukushima Daiichi. En México se organizó una visita oficial a la única central nucleoeléctrica “Laguna Verde”, en Veracruz, donde sólo asistieron funcionarios de alto nivel.
Consideramos que el Gobierno de México debe cerrar temporalmente a “Laguna Verde” por múltiples motivos, entre otros: Sus dos unidades son del tipo que hay en Fukushima Daiichi y son muy antiguas ya que se compraron a mediados de los años setenta aunque entraron en operación hasta 1990. Si ocurrieran dos o más de los cinco nunca antes descritos tendrían que venir inmediatamente expertos de Estados Unidos a ayudarnos. Sólo genera alrededor del 3 por ciento de la electricidad que necesita el país, cuando tenemos una reserva de capacidad en la generación de electricidad del 40 por ciento.
También consideramos que el Gobierno de México debe posponer cualquier programa nucleoeléctrico, a pesar de que esta tecnología tiene una muy pequeña contribución al Cambio Climático, hasta que podamos responder cuestionamientos fundamentales, entre otros: La falta de seguridad en la operación de centrales nucleoeléctricas, ya que siempre hay un accidente que supera las normas de diseño de estas instalaciones. Los verdaderos costos de la nucleoelectricidad al incorporar no sólo los aspectos técnicos, sino los ambientales y sociales. El comprometido abasto energético al depender de otros países en la entrega y disposición del combustible nuclear ya que no tenemos uranio ni la capacidad para convertirlo en combustible nuclear. La necesaria construcción de una industria nuclear nacional que debería estar basada en la investigación y desarrollo nacionales. El efecto en la soberanía nacional por la dependencia cada vez mayor de nuestro sector energético.
Podemos generar la electricidad que demanda el país sin la necesidad de “Laguna Verde” y de otras centrales nucleoeléctricas. Debemos cambiar nuestra manera de hacer planeación energética y actuar sobre la demanda eléctrica. En el corto y mediano plazos, nos debemos de apoyar en el ahorro y uso eficiente de la energía, en la geotermia, en la hidroelectricidad y en la energía eólica. En el largo plazo, la energía solar puede cubrir todas las necesidades del país y del mundo.
Debemos aprovechar esta crisis y cambiar nuestro sistema energético para avanzar hacia el desarrollo sustentable del país.
Una de las más serias consecuencias ha sido el grave accidente ocurrido en la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi, al noreste de Japón, cuatro de los seis reactores nucleoeléctricos han sufrido daños muy severos con consecuencias al ambiente y a los seres humanos aún por definir. Esta central nunca volverá a funcionar. La información que se ha presentado al mundo no ha sido muy confiable, ya que se han contradicho diversas fuentes y se han corregido los datos varias veces al pasar de los días. Esto es normal al considerar la terrible situación en que se encontraba y todavía encuentra el heroico personal que está luchando para controlar la situación en dichos reactores. He consultado diariamente los reportes de las comisiones reguladoras de energía nuclear de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, así como de la Agencia Internacional de Energía Atómica, según artículos publicados en Scientific American, IEEE Spectrum, CNN, The New York Times, y The Economist, entre otros.
Los eventos terribles que sucedieron en esta central nucleoeléctrica han invalidado cinco aspectos claves de seguridad que siempre nos habían reiterado los expertos en esta materia que nunca pasarían.
Primer nunca, un terremoto no afectaría la integridad de una planta nucleoeléctrica. Éste sí dañó al sistema eléctrico y no hubo electricidad para operar los sistemas y equipos internos, lo que inutilizó el sistema de enfriamiento de cuatro reactores.
Segundo nunca, un tsunami no afectaría la operación de una planta nucleoeléctrica. Éste sí daño el sistema eléctrico de emergencia que operaba con diesel y debía entrar en operación automática si no había corriente eléctrica, lo que impidió hubiera la cantidad de agua necesaria en los sistemas de enfriamiento en cuatro reactores.
Tercer nunca, la sólida construcción del edificio externo de una unidad nucleoeléctrica evitaría que las posibles emisiones de radiación que se produjeran en el interior del reactor salieran al exterior, ya que el reactor está dentro de un edificio interior; es decir, el reactor está aislado de su entorno por dos edificios sólidamente construidos. Resulta que sí hubo explosiones que dañaron seriamente las paredes y la estructura en cuatro reactores, lo que permitió que radiación y partículas nucleares producidas por el combustible nuclear fueran liberadas al medio ambiente. Dichas explosiones ocurrieron por la acumulación de hidrógeno entre el edificio interno y el externo; no se sabe bien porqué se produjo ese hidrógeno ni porque explotó. Debemos señalar que a este edificio externo lo señalaban como una de la más importantes diferencias de seguridad entre la tecnología nucleoeléctrica soviética y la tecnología con que se construían las nucleoeléctricas en el mundo occidental; esto para justificar que la mayor catástrofe nucleoeléctrica ocurrida en el mundo, en la central nucleoeléctrica de “Chernobyl”, en Ucrania, nunca podría ocurrir fuera de la extinta Unión Soviética.
Cuarto nunca, existen medidas de seguridad automáticas que evitan la emisión al ambiente de radiactividad del combustible que está siendo utilizado durante la operación de una central nucleoeléctrica. Sí se comprobó la existencia de radiación y material nucleares al exterior de la central producidos por el combustible nuclear parcialmente expuesto a la atmósfera en el interior de varios reactores.
Quinto nunca, los restos del combustible nuclear que ya fue utilizado son almacenados de manera completamente segura en albercas dentro de las propias instalaciones y no contaminarán al ambiente. También, se comprobó que en una de las unidades el nivel de agua de dicha alberca había disminuido y material con uranio y plutonio había sido expuesto directamente a la atmósfera, emitiendo radiación y material nuclear al ambiente.
La cantidad e intensidad de las emisiones de radiactividad producidas por los reactores de la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi varía minuto a minuto, depende del sitio donde se mida y de la dirección e intensidad del viento en la región. Se asegura que los vientos predominantes han llevado la radiación hacia el mar y no hacia las ciudades del interior de Japón. Sin embargo, se han medido ocasionalmente radiaciones 10 mil veces mayores a las normales en las inmediaciones de la central y 50 veces mayores en ciudades alejadas 80 kilómetros.
El nivel de un accidente nuclear se mide en una escala del 1 al 7, siendo el 1 el de menor importancia. De los accidentes reportados, los dos más serios son el que ocurrió en “Three Mile Island”, Estados Unidos, en 1979, que fue catalogado como nivel 5, y el de “Chernobyl”, Ucrania, en 1986,que fue catalogado como nivel 7. La mayoría de los expertos catalogan como nivel 6 al ocurrido en Fukushima Daiichi.
La respuesta internacional al accidente en Fukushima Daiichi es variada. Francia, que depende en más del 73 por ciento en la nucleoelectricidad, dijo que todas sus centrales estaban bien, punto. Alemania, España, Estados Unidos y China, que dependen entre 20 y 35 por ciento, establecieron sendos programas para que expertos evalúen la situación de cada una de sus centrales nucleoeléctricas y presenten sus resultados al análisis del Gobierno. Además, algunos consideran retirar ya aquellas cuyo tipo de reactor sea tan antiguo como los de Fukushima Daiichi. En México se organizó una visita oficial a la única central nucleoeléctrica “Laguna Verde”, en Veracruz, donde sólo asistieron funcionarios de alto nivel.
Consideramos que el Gobierno de México debe cerrar temporalmente a “Laguna Verde” por múltiples motivos, entre otros: Sus dos unidades son del tipo que hay en Fukushima Daiichi y son muy antiguas ya que se compraron a mediados de los años setenta aunque entraron en operación hasta 1990. Si ocurrieran dos o más de los cinco nunca antes descritos tendrían que venir inmediatamente expertos de Estados Unidos a ayudarnos. Sólo genera alrededor del 3 por ciento de la electricidad que necesita el país, cuando tenemos una reserva de capacidad en la generación de electricidad del 40 por ciento.
También consideramos que el Gobierno de México debe posponer cualquier programa nucleoeléctrico, a pesar de que esta tecnología tiene una muy pequeña contribución al Cambio Climático, hasta que podamos responder cuestionamientos fundamentales, entre otros: La falta de seguridad en la operación de centrales nucleoeléctricas, ya que siempre hay un accidente que supera las normas de diseño de estas instalaciones. Los verdaderos costos de la nucleoelectricidad al incorporar no sólo los aspectos técnicos, sino los ambientales y sociales. El comprometido abasto energético al depender de otros países en la entrega y disposición del combustible nuclear ya que no tenemos uranio ni la capacidad para convertirlo en combustible nuclear. La necesaria construcción de una industria nuclear nacional que debería estar basada en la investigación y desarrollo nacionales. El efecto en la soberanía nacional por la dependencia cada vez mayor de nuestro sector energético.
Podemos generar la electricidad que demanda el país sin la necesidad de “Laguna Verde” y de otras centrales nucleoeléctricas. Debemos cambiar nuestra manera de hacer planeación energética y actuar sobre la demanda eléctrica. En el corto y mediano plazos, nos debemos de apoyar en el ahorro y uso eficiente de la energía, en la geotermia, en la hidroelectricidad y en la energía eólica. En el largo plazo, la energía solar puede cubrir todas las necesidades del país y del mundo.
Debemos aprovechar esta crisis y cambiar nuestro sistema energético para avanzar hacia el desarrollo sustentable del país.
14 mar 2011
Educación para el Desarrollo Sustentable
La educación es el proceso primordial para transmitir conocimientos, valores, costumbres, habilidades y formas de actuar. Además propicia que las personas actúen como ciudadanos responsables y que no sean tratadas exclusivamente como consumidores. También, la educación permite la existencia de una vida social plena al establecer un compromiso del individuo con su comunidad para alcanzar los mayores beneficios colectivos, que asuma su responsabilidad con la problemática que enfrenta la sociedad donde vive e incluso adquiera el compromiso de modificar su modo de vida. Los patrones de comportamiento sociales se han modificado drásticamente en los últimos doscientos años; por el avance tecnológico e industrial, se han modificado los estilos de vida, los medios de comunicación, los sistemas de producción y los mecanismos de consumo, entre muchos otros. Uno de los retos principales de la educación es lograr que la humanidad utilice el paradigma del desarrollo sustentable para alcanzar simultáneamente mayores beneficios sociales, económicos, ambientales e institucionales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) inauguró un portal electrónico el 11 de marzo pasado dedicado a la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) donde expone las prioridades de la UNESCO para el resto del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014). Presenta el enfoque y los objetivos del Decenio y pone de relieve su labor realizada en relación a los temas importantes del desarrollo sustentable como el cambio climático, el estilo de consumo y la biodiversidad. Asimismo, explica cómo la educación puede aportar los cambios sociales que se necesitan para construir comunidades sustentables (http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unescos_launches_new_web_portal_on_education_for_sustainable_development/).
La UNESCO se pregunta: ¿qué pasaría si cada persona se beneficiase de una educación que promoviera un desarrollo ambiental sano, socialmente equitativo, sensible a las particularidades culturales y económicamente justo?, ¿qué pasaría si el aprendizaje se centrara no sólo en el conocimiento sino también en hacer, ser, interactuar con los demás y cambiar el mundo?, ¿qué pasaría si el aprendizaje formal fuera placentero, práctico y adecuado a la vida fuera de la escuela al mismo tiempo que abordara los problemas de nuestro mundo?, ¿qué pasaría si cada persona se beneficiase de verdaderas oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida, en su lugar de trabajo y en su comunidad?, y ¿qué pasaría si los sistemas educativos prepararan a los educandos para incorporarse al mundo del trabajo así como para manejar una crisis, para ser capaces de recuperarse, para ser ciudadanos responsables, para adaptarse al cambio, para identificar y resolver problemas locales de raíz mundial, para relacionarse con otras culturas de manera respetuosa y para crear una sociedad pacífica y sustentable? Entonces, estaríamos educando para un futuro más sustentable.
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), según la UNESCO, trata fundamental del respeto a las diferencias sociales, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a los recursos naturales. También, enfatiza el civismo, la paz, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y el consumo racional. La EDS debe ser un proceso multidisciplinario y multisectorial para aprender cómo tomar decisiones de largo plazo que integren a la economía, la ecología y la igualdad en todas las comunidades. Cómo crear la capacidad para pensar con esa orientación de futuro es un elemento clave de la educación.
Para evaluar en Morelos qué tan cerca estamos de un modelo educativo que nos permita avanzar hacia el desarrollo sustentable, existen mecanismos establecidos por la UNESCO. Debemos responder a las siguientes preguntas: ¿se prepara adecuadamente a los educandos para el futuro?, ¿se enseña para saber vivir en comunidad, para saber cómo, para saber hacer, para saber ser y para saber transformarse a uno mismo y a la sociedad?, ¿son valores principales el respeto y el cuidado de la vida comunitaria, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz?, y finalmente ¿qué tanto está integrada la EDS en la educación general, en la capacitación, en la cultura cívica y en el proceso de educación durante toda la vida? Cierto, falta mucho por hacer.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) inauguró un portal electrónico el 11 de marzo pasado dedicado a la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) donde expone las prioridades de la UNESCO para el resto del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014). Presenta el enfoque y los objetivos del Decenio y pone de relieve su labor realizada en relación a los temas importantes del desarrollo sustentable como el cambio climático, el estilo de consumo y la biodiversidad. Asimismo, explica cómo la educación puede aportar los cambios sociales que se necesitan para construir comunidades sustentables (http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unescos_launches_new_web_portal_on_education_for_sustainable_development/).
La UNESCO se pregunta: ¿qué pasaría si cada persona se beneficiase de una educación que promoviera un desarrollo ambiental sano, socialmente equitativo, sensible a las particularidades culturales y económicamente justo?, ¿qué pasaría si el aprendizaje se centrara no sólo en el conocimiento sino también en hacer, ser, interactuar con los demás y cambiar el mundo?, ¿qué pasaría si el aprendizaje formal fuera placentero, práctico y adecuado a la vida fuera de la escuela al mismo tiempo que abordara los problemas de nuestro mundo?, ¿qué pasaría si cada persona se beneficiase de verdaderas oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida, en su lugar de trabajo y en su comunidad?, y ¿qué pasaría si los sistemas educativos prepararan a los educandos para incorporarse al mundo del trabajo así como para manejar una crisis, para ser capaces de recuperarse, para ser ciudadanos responsables, para adaptarse al cambio, para identificar y resolver problemas locales de raíz mundial, para relacionarse con otras culturas de manera respetuosa y para crear una sociedad pacífica y sustentable? Entonces, estaríamos educando para un futuro más sustentable.
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), según la UNESCO, trata fundamental del respeto a las diferencias sociales, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a los recursos naturales. También, enfatiza el civismo, la paz, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y el consumo racional. La EDS debe ser un proceso multidisciplinario y multisectorial para aprender cómo tomar decisiones de largo plazo que integren a la economía, la ecología y la igualdad en todas las comunidades. Cómo crear la capacidad para pensar con esa orientación de futuro es un elemento clave de la educación.
Para evaluar en Morelos qué tan cerca estamos de un modelo educativo que nos permita avanzar hacia el desarrollo sustentable, existen mecanismos establecidos por la UNESCO. Debemos responder a las siguientes preguntas: ¿se prepara adecuadamente a los educandos para el futuro?, ¿se enseña para saber vivir en comunidad, para saber cómo, para saber hacer, para saber ser y para saber transformarse a uno mismo y a la sociedad?, ¿son valores principales el respeto y el cuidado de la vida comunitaria, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz?, y finalmente ¿qué tanto está integrada la EDS en la educación general, en la capacitación, en la cultura cívica y en el proceso de educación durante toda la vida? Cierto, falta mucho por hacer.
10 mar 2011
Crear Futuros: Cinco retos para la sustentabilidad global.
La sociedad necesita conocer qué le permitirá reducir los riesgos globales a los que se enfrenta y, al mismo tiempo, poder avanzar en su desarrollo. ¿Cómo podemos avanzar en el conocimiento científico y tecnológico, modificar el comportamiento humano e influir en los objetivos políticos para que las sociedades del mundo puedan alcanzar los objetivos de la reducción de gases de efecto invernadero y evitar los cambios catastróficos debidos al cambio climático? Y simultáneamente ¿cómo podemos satisfacer nuestras necesidades de alimento, agua, salud, seguridad y energía? Responder a las preguntas anteriores requiere una reorientación de la ciencia y de la sociedad que permita, por un lado, establecer estrategias para responder al cambio climático que ya está en marcha y al mismo tiempo alcanzar las metas del desarrollo y, por el otro, mejorar nuestro conocimiento del funcionamiento de nuestro sistema Tierra y sus límites críticos de autorregulación.
El Consejo Internacional de las Ciencias Sociales (ISSC por sus siglas en inglés) y otras instituciones pusieron en marcha un proceso de consulta para repensar la visión que debe tener la investigación sobre el sistema Tierra. W. V. Reid y colaboradores publicaron un artículo en la revista Science, del 12 de noviembre del año pasado (DOI: 10.1126/science.1196263) sobre los grandes retos que enfrenta la ciencia que estudia al sistema Tierra para avanzar en la sustentabilidad global (Earth System Science for Global Sustainability: Grand Challenges). Dichos grandes retos debían cumplir con cuatro criterios: importancia científica, coordinación global obligatoria, relevancia para los tomadores de decisiones y abarcaran múltiples problemas simultáneamente. Por consenso, este proceso dio como resultando cinco grandes retos para la ciencia del sistema Tierra que permitirían saltar las barreras que impiden avanzar hacia el desarrollo sustentable.
Primero, mejorar la utilidad de las predicciones sobre el futuro de las condiciones ambientales y sus consecuencias para la población. Debemos incrementar nuestra habilidad para anticipar por varias décadas los impactos que una serie de actividades humanas tendrán a niveles global y regional.
Segundo, desarrollar, ampliar e integrar sistemas de observación para administrar cambios ambientales globales y regionales. Aunque ya se está invirtiendo en sistemas de observación globales para detectar cambios geofísicos y climáticos en la tierra, éstos no están diseñados para incorporar información económica y social que haga posible una interconexión entre los sistemas naturales y sociales.
Tercero, determinar cómo anticipar, evitar y administrar cambios ambientales globales de naturaleza disruptiva. Las acciones humanas están disparando cambios que son altamente no lineales en el ambiente global y que alterarán las características propias de los sistemas que soportan la vida en el planeta, pudiendo ser los efectos irreversibles a escalas de tiempo humanas. También habrán cambios sociales disruptivos a consecuencia de los eventos anteriores, incluso de cambios ambientales graduales.
Cuarto, determinar cambios institucionales, económicos y de comportamiento que permitan avanzar hacia la sustentabilidad global. Los cambios globales han mostrado que nuestras instituciones sociales no son buenas para gestionar estos problemas emergentes. Los sistemas actuales de gobernanza han mostrado que son más efectivos para enfrentar problemas locales y regionales, en periodos de años o décadas, que para enfrentar problemas globales que afecten a generaciones futuras.
Quinto, fomentar la innovación (y sus mecanismos de evaluación) en las respuestas tecnológicas, políticas y sociales para alcanzar la sustentabilidad global. Necesitamos mejorar nuestra habilidad para incentivar la innovación institucional para responder al cambio climático global.
Los autores consideran que estos grandes retos proveen un amplio marco de referencia para movilizar a la comunidad internacional alrededor de un proyecto de investigación, de largo plazo, que apoye al desarrollo sustentable en el contexto del cambio ambiental global. Dicho proyecto requiere de nuevas capacidades de investigación que permitan una transición de la investigación dominada por las ciencias naturales a una investigación que también involucre a las ciencias sociales y las humanidades. Una investigación más balanceada en disciplinas y que involucre activamente a todos los afectados y, en particular, a los tomadores de decisiones.
En Morelos, debemos apoyar la consolidación de una ciencia, tecnología e innovación en desarrollo sustentable que, con financiamiento apropiado, investigue estos cinco grandes retos, genere conocimiento para que la sociedad responda a los retos globales mientras alcanza sus metas económicas y sociales, y forme a una nueva generación de investigadores integrados alrededor de las ciencias naturales, sociales y de salud y de las ingenierías y la economía.
El Consejo Internacional de las Ciencias Sociales (ISSC por sus siglas en inglés) y otras instituciones pusieron en marcha un proceso de consulta para repensar la visión que debe tener la investigación sobre el sistema Tierra. W. V. Reid y colaboradores publicaron un artículo en la revista Science, del 12 de noviembre del año pasado (DOI: 10.1126/science.1196263) sobre los grandes retos que enfrenta la ciencia que estudia al sistema Tierra para avanzar en la sustentabilidad global (Earth System Science for Global Sustainability: Grand Challenges). Dichos grandes retos debían cumplir con cuatro criterios: importancia científica, coordinación global obligatoria, relevancia para los tomadores de decisiones y abarcaran múltiples problemas simultáneamente. Por consenso, este proceso dio como resultando cinco grandes retos para la ciencia del sistema Tierra que permitirían saltar las barreras que impiden avanzar hacia el desarrollo sustentable.
Primero, mejorar la utilidad de las predicciones sobre el futuro de las condiciones ambientales y sus consecuencias para la población. Debemos incrementar nuestra habilidad para anticipar por varias décadas los impactos que una serie de actividades humanas tendrán a niveles global y regional.
Segundo, desarrollar, ampliar e integrar sistemas de observación para administrar cambios ambientales globales y regionales. Aunque ya se está invirtiendo en sistemas de observación globales para detectar cambios geofísicos y climáticos en la tierra, éstos no están diseñados para incorporar información económica y social que haga posible una interconexión entre los sistemas naturales y sociales.
Tercero, determinar cómo anticipar, evitar y administrar cambios ambientales globales de naturaleza disruptiva. Las acciones humanas están disparando cambios que son altamente no lineales en el ambiente global y que alterarán las características propias de los sistemas que soportan la vida en el planeta, pudiendo ser los efectos irreversibles a escalas de tiempo humanas. También habrán cambios sociales disruptivos a consecuencia de los eventos anteriores, incluso de cambios ambientales graduales.
Cuarto, determinar cambios institucionales, económicos y de comportamiento que permitan avanzar hacia la sustentabilidad global. Los cambios globales han mostrado que nuestras instituciones sociales no son buenas para gestionar estos problemas emergentes. Los sistemas actuales de gobernanza han mostrado que son más efectivos para enfrentar problemas locales y regionales, en periodos de años o décadas, que para enfrentar problemas globales que afecten a generaciones futuras.
Quinto, fomentar la innovación (y sus mecanismos de evaluación) en las respuestas tecnológicas, políticas y sociales para alcanzar la sustentabilidad global. Necesitamos mejorar nuestra habilidad para incentivar la innovación institucional para responder al cambio climático global.
Los autores consideran que estos grandes retos proveen un amplio marco de referencia para movilizar a la comunidad internacional alrededor de un proyecto de investigación, de largo plazo, que apoye al desarrollo sustentable en el contexto del cambio ambiental global. Dicho proyecto requiere de nuevas capacidades de investigación que permitan una transición de la investigación dominada por las ciencias naturales a una investigación que también involucre a las ciencias sociales y las humanidades. Una investigación más balanceada en disciplinas y que involucre activamente a todos los afectados y, en particular, a los tomadores de decisiones.
En Morelos, debemos apoyar la consolidación de una ciencia, tecnología e innovación en desarrollo sustentable que, con financiamiento apropiado, investigue estos cinco grandes retos, genere conocimiento para que la sociedad responda a los retos globales mientras alcanza sus metas económicas y sociales, y forme a una nueva generación de investigadores integrados alrededor de las ciencias naturales, sociales y de salud y de las ingenierías y la economía.
28 feb 2011
Crear Futuros: Cobertura universal de salud
La salud es considerada como la máxima prioridad por la sociedad; sin ella, a la persona ya no le importa hablar de empleo, alimentación, educación, vivienda, seguridad, o equidad. Así, la consecución de la cobertura universal de salud se vuelve un tema toral en las agendas pública y política, ya que los gobiernos intentan satisfacer las expectativas de la población. Es imprescindible que nadie que necesite asistencia sanitaria, ya sea terapéutica o preventiva, deba arriesgarse a la ruina financiera por ello. Los países necesitan fondos estables y suficientes para la salud, pero la riqueza nacional no es un requisito previo para avanzar hacia la cobertura universal. Países con niveles similares de gasto en salud alcanzan resultados sorprendentemente dispares en comparación con sus inversiones. Las decisiones políticas ayudan a explicar en gran medida esta diferencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2010 un reporte titulado La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal, cuyo objetivo es identificar una lista de opciones para la obtención de recursos suficientes y para la eliminación de las barreras económicas al acceso a los servicios de salud, especialmente en el caso de los pobres. Hay muchas maneras de promover y preservar la salud. La educación, la vivienda, la alimentación y el empleo, todos ellos, tienen un impacto sobre la salud. Corregir las desigualdades en estos aspectos disminuirá las desigualdades que se producen en la salud. No obstante, el acceso oportuno a los servicios de salud también es crítico: una combinación de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Un sistema de financiamiento de salud que funcione correctamente determina si las personas pueden permitirse el uso de los servicios sanitarios cuando los necesitan y, por supuesto, la existencia de los propios servicios.
Este informe señala que en algunos países, hasta el 11% de la población sufre, por crisis de salud, de dificultad financiera grave cada año y hasta el 5% se ve arrastrada a la pobreza. A nivel mundial, alrededor de 150 millones de personas sufren catástrofes financieras anualmente y 100 millones se ven obligadas a vivir por debajo del umbral de pobreza. Otro castigo financiero impuesto a los enfermos (y frecuentemente a quienes están a cargo de su cuidado) es la pérdida de ingresos. En la mayoría de los países, los familiares pueden ofrecer algún tipo de ayuda económica, aunque sea pequeña, a otros miembros de la familia cuando estos están enfermos. Las transferencias financieras más formales para proteger a quienes están demasiado enfermos como para trabajar son menos habituales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo una de cada cinco personas en todo el mundo está cubierta con una seguridad social amplia que también incluya la pérdida salarial en caso de enfermedad, y más de la mitad de la población del mundo carece de todo tipo de protección social formal.
La OMS señala que los gobiernos se enfrentan a tres barreras fundamentales en su lucha por alcanzar dicha cobertura: ¿cómo se tiene que financiar dicho sistema de salud?, ¿cómo pueden proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y del pago de los servicios de salud? y ¿cómo pueden fomentar el uso óptimo de los recursos disponibles? Con relación a la primera barrera, ningún país, independientemente de su riqueza, ha sido capaz de garantizar a todas las personas el acceso inmediato a todas las tecnologías o intervenciones que puedan mejorar la salud o prolongar la vida. La segunda barrera para la cobertura universal es la dependencia excesiva de los pagos directos en el momento en que la gente necesita asistencia. Esto incluye los pagos de medicamentos y las cuotas de las consultas y los procedimientos. Aun disponiendo de algún tipo de seguro médico, puede ser obligatorio contribuir en forma de copagos, coaseguros o deducibles. El tercer obstáculo para avanzar más rápido hacia la cobertura universal es el uso ineficiente y no equitativo de los recursos. Se malgasta del 20 al 40 por ciento de los recursos destinados a la salud, siendo ésta una estimación conservadora. Reducir este despilfarro mejoraría en gran medida la capacidad de los sistemas sanitarios para prestar servicios de calidad y mejorar la salud.
Con relación a la cobertura universal de salud en Morelos, debemos conocer el avance en tres dimensiones. Población ¿quién está cubierto?, servicios ¿qué servicios están cubiertos? y gastos directos ¿cuál es la proporción de gastos cubiertos? Reconozcamos que el diseño y la estrategia de aplicación de la financiación sanitaria es un proceso de adaptación continua, más que un progreso lineal hacia una perfección teórica. Se debe empezar por una exposición clara de lo que se entiende por cobertura universal y de los principios y mecanismos que conducen a su sistema de financiamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2010 un reporte titulado La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal, cuyo objetivo es identificar una lista de opciones para la obtención de recursos suficientes y para la eliminación de las barreras económicas al acceso a los servicios de salud, especialmente en el caso de los pobres. Hay muchas maneras de promover y preservar la salud. La educación, la vivienda, la alimentación y el empleo, todos ellos, tienen un impacto sobre la salud. Corregir las desigualdades en estos aspectos disminuirá las desigualdades que se producen en la salud. No obstante, el acceso oportuno a los servicios de salud también es crítico: una combinación de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Un sistema de financiamiento de salud que funcione correctamente determina si las personas pueden permitirse el uso de los servicios sanitarios cuando los necesitan y, por supuesto, la existencia de los propios servicios.
Este informe señala que en algunos países, hasta el 11% de la población sufre, por crisis de salud, de dificultad financiera grave cada año y hasta el 5% se ve arrastrada a la pobreza. A nivel mundial, alrededor de 150 millones de personas sufren catástrofes financieras anualmente y 100 millones se ven obligadas a vivir por debajo del umbral de pobreza. Otro castigo financiero impuesto a los enfermos (y frecuentemente a quienes están a cargo de su cuidado) es la pérdida de ingresos. En la mayoría de los países, los familiares pueden ofrecer algún tipo de ayuda económica, aunque sea pequeña, a otros miembros de la familia cuando estos están enfermos. Las transferencias financieras más formales para proteger a quienes están demasiado enfermos como para trabajar son menos habituales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo una de cada cinco personas en todo el mundo está cubierta con una seguridad social amplia que también incluya la pérdida salarial en caso de enfermedad, y más de la mitad de la población del mundo carece de todo tipo de protección social formal.
La OMS señala que los gobiernos se enfrentan a tres barreras fundamentales en su lucha por alcanzar dicha cobertura: ¿cómo se tiene que financiar dicho sistema de salud?, ¿cómo pueden proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y del pago de los servicios de salud? y ¿cómo pueden fomentar el uso óptimo de los recursos disponibles? Con relación a la primera barrera, ningún país, independientemente de su riqueza, ha sido capaz de garantizar a todas las personas el acceso inmediato a todas las tecnologías o intervenciones que puedan mejorar la salud o prolongar la vida. La segunda barrera para la cobertura universal es la dependencia excesiva de los pagos directos en el momento en que la gente necesita asistencia. Esto incluye los pagos de medicamentos y las cuotas de las consultas y los procedimientos. Aun disponiendo de algún tipo de seguro médico, puede ser obligatorio contribuir en forma de copagos, coaseguros o deducibles. El tercer obstáculo para avanzar más rápido hacia la cobertura universal es el uso ineficiente y no equitativo de los recursos. Se malgasta del 20 al 40 por ciento de los recursos destinados a la salud, siendo ésta una estimación conservadora. Reducir este despilfarro mejoraría en gran medida la capacidad de los sistemas sanitarios para prestar servicios de calidad y mejorar la salud.
Con relación a la cobertura universal de salud en Morelos, debemos conocer el avance en tres dimensiones. Población ¿quién está cubierto?, servicios ¿qué servicios están cubiertos? y gastos directos ¿cuál es la proporción de gastos cubiertos? Reconozcamos que el diseño y la estrategia de aplicación de la financiación sanitaria es un proceso de adaptación continua, más que un progreso lineal hacia una perfección teórica. Se debe empezar por una exposición clara de lo que se entiende por cobertura universal y de los principios y mecanismos que conducen a su sistema de financiamiento.
21 feb 2011
América Latina y México rumbo al 2015
En septiembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una nueva forma de cooperación internacional al definir los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), en donde se fijaron metas de progreso para las personas más desprotegidas del planeta. Todos los países se comprometieron a realizar su mayor esfuerzo y además los países desarrollados prometieron financiar a los países más vulnerables para que alcanzaran las metas establecidas. A diez años, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó un reporte titulado El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. Además de la CEPAL colaboraron otras 17 agencias internacionales.
El reporte establece que América Latina sigue siendo la región con la mayor desigualdad de ingresos del mundo y señala la necesidad de avanzar hacia el cierre de las brechas resultantes de las desigualdades efectivas que existen en varias dimensiones en todos los países de la región y que se expresan en la exclusión de los pueblos indígenas, las segregaciones territoriales, la desigualdad entre los sexos y las desigualdades socioeconómicas en general, que no son solo una consecuencia sino también el principal mecanismo a través del cual éstas se reproducen entre una generación y otra.
La CEPAL y las otras agencias presentan los resultados alcanzados hasta 2008, que se deben tomar con cautela ya que no incluyen los efectos de la crisis de 2008 y 2009. Las conclusiones principales y orientaciones de política a partir del examen de las tendencias registradas, con sus logros y rezagos, en los distintos ODM en los países de América Latina y el Caribe son las siguientes. La importancia de una superación sostenida de la pobreza sobre la base de estrategias y políticas que apunten a la efectiva inclusión social de los grupos excluidos y vulnerables, más allá de la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades básicas. Dada su relevancia para superar de manera sostenida la pobreza y dar acceso a las redes de protección y seguridad social a la población, el empleo productivo y decente posee un lugar central en la promoción de una agenda de desarrollo con igualdad. Los países de la región deben desarrollar políticas y programas que permitan revertir, en los plazos más breves posibles, la pérdida de recursos del medio ambiente y el deterioro de los ecosistemas. La eliminación de las desigualdades basadas en el género posee especial relevancia para una agenda del desarrollo capaz de incorporar, además del principio de igualdad, el valor de la diferencia que permite establecer medidas de acción positiva para eliminar las inequidades y discriminaciones de género. El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones constituye un nuevo ámbito en que se manifiestan las desigualdades entre países y dentro de ellos. Por último, la importancia de la articulación de un pacto social en los países de la región para avanzar en esta nueva agenda de desarrollo y en el logro de los ODM con igualdad.
Cuantificaremos aquí sólo dos metas del milenio: primera, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”, que busca dar cuenta de las privaciones extremas que afectan la capacidad básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, y segunda “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre” que no sólo es parte de los ODM, sino que también ha sido reiterada en varios foros internacionales, consagrando así la importancia que tiene este problema para los países y la urgencia que demanda su solución.
CEPAL y las otras agencias estiman que la pobreza extrema en América Latina abarcaba al 2008 a un 12.9 por ciento de la población, cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto alimentos como no-alimentos, y que representa al 33.0 por ciento de la población de la región, es decir, 180 millones de personas. Con relación a las metas del 2015, México se encontraba en el 2008 ya 8 puntos porcentuales arriba de lo esperado en pobreza extrema pero todavía 18 puntos porcentuales debajo de lo esperado en pobreza total. Además, México sólo reduce su pobreza a una tasa de 3 por ciento anual.
En materia de hambre, América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar una alta heterogeneidad entre países y fuertes desigualdades entre grupos poblacionales en su interior. Hasta 2005, México tuvo un avance nulo en la reducción de la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, que corresponde a la cantidad de energía que contienen los alimentos, por lo que debe avanzar el 100 por ciento para alcanzar la meta al 2015. En América Latina, el avance promedio al 2005 fue de 54 por ciento.
México avanza, en general, a un ritmo equivalente al promedio de América Latina para reducir la pobreza total y el hambre. Este resultado es altamente insatisfactorio si consideramos que nuestro país está dentro de las quince potencias industriales a nivel mundial. Debemos adoptar otras políticas públicas, como las propuestas, para ya cambiar de rumbo.
El reporte establece que América Latina sigue siendo la región con la mayor desigualdad de ingresos del mundo y señala la necesidad de avanzar hacia el cierre de las brechas resultantes de las desigualdades efectivas que existen en varias dimensiones en todos los países de la región y que se expresan en la exclusión de los pueblos indígenas, las segregaciones territoriales, la desigualdad entre los sexos y las desigualdades socioeconómicas en general, que no son solo una consecuencia sino también el principal mecanismo a través del cual éstas se reproducen entre una generación y otra.
La CEPAL y las otras agencias presentan los resultados alcanzados hasta 2008, que se deben tomar con cautela ya que no incluyen los efectos de la crisis de 2008 y 2009. Las conclusiones principales y orientaciones de política a partir del examen de las tendencias registradas, con sus logros y rezagos, en los distintos ODM en los países de América Latina y el Caribe son las siguientes. La importancia de una superación sostenida de la pobreza sobre la base de estrategias y políticas que apunten a la efectiva inclusión social de los grupos excluidos y vulnerables, más allá de la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades básicas. Dada su relevancia para superar de manera sostenida la pobreza y dar acceso a las redes de protección y seguridad social a la población, el empleo productivo y decente posee un lugar central en la promoción de una agenda de desarrollo con igualdad. Los países de la región deben desarrollar políticas y programas que permitan revertir, en los plazos más breves posibles, la pérdida de recursos del medio ambiente y el deterioro de los ecosistemas. La eliminación de las desigualdades basadas en el género posee especial relevancia para una agenda del desarrollo capaz de incorporar, además del principio de igualdad, el valor de la diferencia que permite establecer medidas de acción positiva para eliminar las inequidades y discriminaciones de género. El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones constituye un nuevo ámbito en que se manifiestan las desigualdades entre países y dentro de ellos. Por último, la importancia de la articulación de un pacto social en los países de la región para avanzar en esta nueva agenda de desarrollo y en el logro de los ODM con igualdad.
Cuantificaremos aquí sólo dos metas del milenio: primera, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”, que busca dar cuenta de las privaciones extremas que afectan la capacidad básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, y segunda “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre” que no sólo es parte de los ODM, sino que también ha sido reiterada en varios foros internacionales, consagrando así la importancia que tiene este problema para los países y la urgencia que demanda su solución.
CEPAL y las otras agencias estiman que la pobreza extrema en América Latina abarcaba al 2008 a un 12.9 por ciento de la población, cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto alimentos como no-alimentos, y que representa al 33.0 por ciento de la población de la región, es decir, 180 millones de personas. Con relación a las metas del 2015, México se encontraba en el 2008 ya 8 puntos porcentuales arriba de lo esperado en pobreza extrema pero todavía 18 puntos porcentuales debajo de lo esperado en pobreza total. Además, México sólo reduce su pobreza a una tasa de 3 por ciento anual.
En materia de hambre, América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar una alta heterogeneidad entre países y fuertes desigualdades entre grupos poblacionales en su interior. Hasta 2005, México tuvo un avance nulo en la reducción de la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, que corresponde a la cantidad de energía que contienen los alimentos, por lo que debe avanzar el 100 por ciento para alcanzar la meta al 2015. En América Latina, el avance promedio al 2005 fue de 54 por ciento.
México avanza, en general, a un ritmo equivalente al promedio de América Latina para reducir la pobreza total y el hambre. Este resultado es altamente insatisfactorio si consideramos que nuestro país está dentro de las quince potencias industriales a nivel mundial. Debemos adoptar otras políticas públicas, como las propuestas, para ya cambiar de rumbo.
14 feb 2011
Una economía basada en la innovación
La sociedad de conocimiento requiere una nueva gobernanza. Es imprescindible que el gobierno, los empresarios, la academia y la sociedad civil trabajen de manera coordinada para tomar las mejores decisiones que impulsen el desarrollo sustentable de Morelos. La competitividad del país, del estado y de las empresas requiere que se implante una sólida economía sostenida en la innovación. Tenemos los elementos esenciales pero no hay una política pública que defina las estrategias e impulse las acciones necesarias para alcanzar una economía pujante de clase mundial.
El presidente de la Academia de Ingeniería del Reino Unido, Lord Browne of Madingley publicó en el número 44, septiembre 2010, de Ingenia, la revista mensual de dicha Academia, un artículo titulado “Plan de siete puntos – Una estrategia industrial para la competitividad del Reino Unido”, con el objetivo de crear una economía de la innovación. Asegura que la salud de largo plazo de la economía del Reino Unido depende de la habilidad de competir exitosamente contra sociedades que sean tecnológicamente avanzadas y emprendedoras; en particular, en las industrias del futuro que sean de alta tecnología y bajas en emisiones de carbón.
Su trabajo trata sobre cómo puede reorganizarse la economía inglesa para crecer con base en la ciencia y la tecnología. Considera que ellos tienen muchas ventajas al liderar en el mundo en áreas como satélites pequeños, aeroespacial, ciencias de la vida y diseño creativo. También, tienen laboratorios y empresas de clase mundial, tanto pequeñas como grandes. Sin embargo, señala que no es muy exitoso su récord en traducir ideas de ingleses en grandes éxitos comerciales. En general, las ideas generadas en el Reino Unido terminan siendo explotadas comercialmente por otros países. Mejorar en este récord debe ser una prioridad si se quiere construir una economía balanceada. Se trata de mejorar las habilidades comerciales y emprendedoras y, al mismo tiempo, inventar nuevas tecnologías. Es más, las compañías británicas deben ahora competir con un conjunto creciente de jugadores globales, ya no sólo Estados Unidos y Europa, sino también China e India. Las decisiones deben ser tomadas con una visión clara de futuro, nos asegura.
Los encargados de las políticas públicas coinciden en que una economía diversificada y basada en el conocimiento es la mejor plataforma para competir empresarialmente en el futuro. También, coinciden en que las empresas permanecen como la instancia esencial para crear riqueza y el gobierno debe establecer el clima adecuado para el éxito de las empresas y las industrias, impulsando el diseño y uso de nuevas tecnologías. Asegura que es necesaria una estrategia industrial que alinee las políticas, la inversión, los esfuerzos y la cultura innovadora en todos los departamentos del gobierno y, sobretodo, que incorpore a los negocios en los procesos de toma de decisiones.
Mejorar la competitividad no se trata de seleccionar ganadores, ya sean tecnologías, compañías o productos; sino de apoyar los sectores estratégicos donde el país tenga una ventaja competitiva. El autor le propone al gobierno inglés a enfocarse en siete áreas.
Primera, el gobierno apoye a las empresas al asegurar que hay el número suficiente de personas con las habilidades apropiadas. En una competencia global por talentos, los negocios más innovadores están definidos por la calidad y diversidad de su fuerza de trabajo.
Segunda, es necesario mantener el flujo de ideas al financiar a los mejores investigadores e investigaciones en ciencia e ingeniería. Es imprescindible un debate serio sobre las investigaciones que se deben financiar.
Tercera, aún la mejor investigación necesita apoyo para llevar las ideas del laboratorio a los mercados. El gobierno juega un papel primordial en construir los sistemas apropiados para acortar esta brecha.
Cuarta, sólo unas políticas claras y estables le darán la confianza a las empresas para invertir en el largo plazo. También se debe tener un marco regulatorio que impulse a los empresarios a que experimenten y sean innovadores.
Quinta, se requieren incentivos directos para todas las compañías, ya sean por impuestos, préstamos de capital, dinero semilla o una combinación de los tres. Por supuesto que éstos deben ser transparentes y de acceso a empresas grandes y pequeñas.
Sexta, el gobierno debe utilizar su poder de compra y apoyar a compañías con nuevas tecnologías y también de reciente creación. Las compras públicas deben impulsar la innovación y además ayudar a bajar los costos.
Séptima, todo lo anterior debe integrarse en un marco de políticas coherentes y debe ser administrado, evaluado y refinado de manera permanente.
Finalmente, nos recuerda que el gobierno se debe apoyar en las personas que se encuentran en las cámaras comerciales e industriales, en las asociaciones profesionales y en las academias. También, se deben redoblar los esfuerzos de divulgación y difusión de la ciencia y tecnología para involucrar a la sociedad y, en particular, a los estudiantes.
En Morelos se han tomado acciones para vincular a nuestros importantes centros de investigación con el sector empresarial e industrial. También, se han creado empresas de base tecnológica. El gobierno, involucrando a todos los actores, debe establecer un marco integral de políticas públicas para crear una economía basada en la innovación. Analicemos estas siete propuestas.
El presidente de la Academia de Ingeniería del Reino Unido, Lord Browne of Madingley publicó en el número 44, septiembre 2010, de Ingenia, la revista mensual de dicha Academia, un artículo titulado “Plan de siete puntos – Una estrategia industrial para la competitividad del Reino Unido”, con el objetivo de crear una economía de la innovación. Asegura que la salud de largo plazo de la economía del Reino Unido depende de la habilidad de competir exitosamente contra sociedades que sean tecnológicamente avanzadas y emprendedoras; en particular, en las industrias del futuro que sean de alta tecnología y bajas en emisiones de carbón.
Su trabajo trata sobre cómo puede reorganizarse la economía inglesa para crecer con base en la ciencia y la tecnología. Considera que ellos tienen muchas ventajas al liderar en el mundo en áreas como satélites pequeños, aeroespacial, ciencias de la vida y diseño creativo. También, tienen laboratorios y empresas de clase mundial, tanto pequeñas como grandes. Sin embargo, señala que no es muy exitoso su récord en traducir ideas de ingleses en grandes éxitos comerciales. En general, las ideas generadas en el Reino Unido terminan siendo explotadas comercialmente por otros países. Mejorar en este récord debe ser una prioridad si se quiere construir una economía balanceada. Se trata de mejorar las habilidades comerciales y emprendedoras y, al mismo tiempo, inventar nuevas tecnologías. Es más, las compañías británicas deben ahora competir con un conjunto creciente de jugadores globales, ya no sólo Estados Unidos y Europa, sino también China e India. Las decisiones deben ser tomadas con una visión clara de futuro, nos asegura.
Los encargados de las políticas públicas coinciden en que una economía diversificada y basada en el conocimiento es la mejor plataforma para competir empresarialmente en el futuro. También, coinciden en que las empresas permanecen como la instancia esencial para crear riqueza y el gobierno debe establecer el clima adecuado para el éxito de las empresas y las industrias, impulsando el diseño y uso de nuevas tecnologías. Asegura que es necesaria una estrategia industrial que alinee las políticas, la inversión, los esfuerzos y la cultura innovadora en todos los departamentos del gobierno y, sobretodo, que incorpore a los negocios en los procesos de toma de decisiones.
Mejorar la competitividad no se trata de seleccionar ganadores, ya sean tecnologías, compañías o productos; sino de apoyar los sectores estratégicos donde el país tenga una ventaja competitiva. El autor le propone al gobierno inglés a enfocarse en siete áreas.
Primera, el gobierno apoye a las empresas al asegurar que hay el número suficiente de personas con las habilidades apropiadas. En una competencia global por talentos, los negocios más innovadores están definidos por la calidad y diversidad de su fuerza de trabajo.
Segunda, es necesario mantener el flujo de ideas al financiar a los mejores investigadores e investigaciones en ciencia e ingeniería. Es imprescindible un debate serio sobre las investigaciones que se deben financiar.
Tercera, aún la mejor investigación necesita apoyo para llevar las ideas del laboratorio a los mercados. El gobierno juega un papel primordial en construir los sistemas apropiados para acortar esta brecha.
Cuarta, sólo unas políticas claras y estables le darán la confianza a las empresas para invertir en el largo plazo. También se debe tener un marco regulatorio que impulse a los empresarios a que experimenten y sean innovadores.
Quinta, se requieren incentivos directos para todas las compañías, ya sean por impuestos, préstamos de capital, dinero semilla o una combinación de los tres. Por supuesto que éstos deben ser transparentes y de acceso a empresas grandes y pequeñas.
Sexta, el gobierno debe utilizar su poder de compra y apoyar a compañías con nuevas tecnologías y también de reciente creación. Las compras públicas deben impulsar la innovación y además ayudar a bajar los costos.
Séptima, todo lo anterior debe integrarse en un marco de políticas coherentes y debe ser administrado, evaluado y refinado de manera permanente.
Finalmente, nos recuerda que el gobierno se debe apoyar en las personas que se encuentran en las cámaras comerciales e industriales, en las asociaciones profesionales y en las academias. También, se deben redoblar los esfuerzos de divulgación y difusión de la ciencia y tecnología para involucrar a la sociedad y, en particular, a los estudiantes.
En Morelos se han tomado acciones para vincular a nuestros importantes centros de investigación con el sector empresarial e industrial. También, se han creado empresas de base tecnológica. El gobierno, involucrando a todos los actores, debe establecer un marco integral de políticas públicas para crear una economía basada en la innovación. Analicemos estas siete propuestas.
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