publicado el 30 de mayo en La Jornada Morelos
Al analizar sucesos que alteran el avance de la sociedad mundial, por sencillez, tendemos a focalizarnos en un sólo problema: colapsos financieros, hambrunas, guerras étnicas, enfermedades epidémicas, cambio climático, deterioro ambiental, desastres nucleoeléctricos o fallas en internet. Sin embargo, las Mega Crisis Globales serán el resultado de la conjunción temporal de varios problemas.
William E. Halal y Michael Marien publicaron en la revista The Futurist, de mayo-junio de 2011, el artículo “Mega Crisis Global: cuatro escenarios y dos perspectivas”, donde analizan la convergencia de múltiples retos globales, con una visión optimista y otra pesimista, y la posibilidad de resolver dichos retos para convertirlos en plataformas para el progreso del mundo. W. E. Halal es profesor emérito de la Universidad George Washington y presidente de la compañía TechCast LLC (www.TechCast.org). M. Marien fundó y fue editor por 30 años de Future Survey, de la World Future Society, y ahora es director de GlobalForesightBooks.org.
Definen a una Mega Crisis Global como el colapso del ambiente y de la economía a nivel mundial, y que iría acompañado de incrementos en precios, protestas masivas, sufrimiento psicológico generalizado y ausencia de Ley. Este artículo ofrece una explicación de este problema complejo y describe cuatro escenarios posibles y cómo las instituciones podrían enfrentarlos. En la actualidad, señalan la existencia una serie de fuerzas destructivas que podrían llevar a nuestro sistema mundial al punto de rompimiento. Por ejemplo, la guerra de Irak demostró los límites del poder militar de los Estados Unidos y la crisis financiera mundial del 2008 enseñó el final de los mercados desregulados. Además, la eminente crisis debida al cambio climático, las esperadas crisis energéticas, los enormes déficits gubernamentales, el terrorismo y otros factores se unen para acelerar las tensiones globales. Imaginan a estos retos como un accidente de muchos coches en una supercarretera pero en cámara lenta.
Para dar una mejor idea de las Mega Crisis Globales, los autores presentan tendencias que apuntan hacia rupturas de nuestra forma de vida en el planeta: “Cambio Climático, a pesar de todo”, si todas las acciones propuestas se llevan a cabo, de todas formas, la temperatura aumentaría entre 1 y 2 grados centígrados, y es muy probable que aumente 6 grados en las próximas décadas, lo que causará un aumento del nivel del mar entre 30 y 150 centímetros en el año 2100; “No existe interés político para reducir el carbono”, al no tener acuerdos vinculantes entre los países para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y países como China, India y Estados Unidos están planeando construir carboeléctricas que emitirán cinco veces más de emisiones de las que se pretenden reducir en los borradores de los tratados actuales; “Las emisiones de metano podrán ser peores que las de bióxido de carbono”, porque es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero y hay nuevas fuentes naturales que lo emiten a la atmósfera; “Cada vez hay menos agua dulce”, ya que mil millones de personas no cuentan con agua limpia y 2 mil 600 millones no tienen buenas condiciones de sanidad, y para el año 2025 la mitad de la población mundial tendrá problemas de escasez de agua que causarán migraciones masivas, mayor precio de los alimentos, desnutrición y conflictos regionales de gran importancia; “Recesión económica que durará largo tiempo”, ya que se pronostican crecimientos económicos anuales de sólo 2 por ciento y tasas de desempleo del 10 por ciento por varios años para la mayoría de los países; “Fallas institucionales severas”, como lo mostró la crisis financiera mundial del 2008 y los colapsos de pago de varios países europeos; “Guerras/Terrorismo electrónico”, ya en la actualidad los hackers (violadores de seguridad en la internet) intentan todos los días penetrar con malas intenciones en las redes de computadoras de establecimientos militares, facilidades nucleares, sistemas de control de aeropuertos y redes de distribución de electricidad, entre otras, y “Armas de destrucción masivas”, existen nueve países que tienen armas nucleares y que probablemente no sólo las utilizarán como amenaza de posible contraataque, además de existir cientos de incidentes reportados en el tráfico ilegal de material nuclear.
Con base en estas tendencias y como ya mencionamos, los autores han establecido cuatro posibles escenarios futuros: “Alcanzando el Desastre”, donde existe una depresión económica global, racionamientos de energía que rompen el desarrollo, colapso ecológico, guerras locales y regionales, terrorismo generalizado, crímenes y corrupción; “Deslizamiento hacia abajo”, donde existe una época negra de alta tecnología, con ignorancia general sobre la complejidad de los problemas, políticos empantanados en su discursos, modestos cambios en los sistemas financieros, gobernanza, energía y educación, aumenta el número de estados fallidos, persiste el desempleo alto y la calidad de vida disminuye para la mayoría de la población; “Deslizamiento hacia arriba”, donde los gobiernos y las empresas han actuado lentamente pero con mayor conocimiento para resolver los problemas, la tecnología de información y la inteligencia artificial avanzadas ayudan a contender múltiples retos, y no existen crisis catastróficas para regiones enteras o a nivel mundial, y “Alcanzando la madurez”, donde los gobiernos y las empresas actúan de manera inteligente y decidida con el apoyo de la mayoría de las personas, se hace una transición apropiada al uso de energías renovables, y muchos países avanzan hacia el desarrollo sustentable.
El siguiente paso en el análisis de los autores es establecer la probabilidad y fecha de ocurrencia de cada escenario. Halal propone que a pesar de los enormes retos hay razones para tener esperanza y considera que las Mega Crisis Globales identificadas podrán ser casi resueltas en el año 2025 y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 10 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 25 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 60 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 5 por ciento. Por otro lado, Marien propone que los sistemas sociales complejos se están adaptando en la dirección equivocada, no se están adaptando o sólo lo hacen de manera parcial por lo que lo inapropiado está creciendo y las Mega Crisis Globales identificadas no se resolverán y su probabilidad de ocurrencia es: “Alcanzando el desastre”, 20 por ciento; “Deslizamiento hacia abajo”, 60 por ciento; “Deslizamiento hacia arriba”, 20 por ciento, y “Alcanzando la madurez”, 0 por ciento.
Finalmente, los autores consideran que es el turno de los lectores para pensar y dar respuestas. Los invitan a leer más sobre estos temas y llenar la encuesta en www.TechCast.org. Decídase a entender mejor los problemas que están conformando las Mega Crisis Globales, así como sus posibles soluciones, y actuemos para romper las tendencias y lograr un mundo mejor para nuestras nietas y nuestros nietos.
30 may 2011
23 may 2011
Impostergable transición a una Economía Verde
publicado en La Jornada de Morelos el 23 de mayo de 2011
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.
16 may 2011
Políticas Públicas Abiertas, cambio en gobernanza
publicada en La Jornada de Morelos el 16 de mayo de 2011
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
La política se encarga, en términos básicos, de los medios por los que el poder es utilizado para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca del poder: quien lo tiene, como lo obtuvo y que hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno; en particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Todas las sociedades modernas son estados-nación y tienen tres características: soberanía, ciudadanía y nacionalismo. (Anthony Guiddens, Sociology, Sixth Edition, Polity Press, 2009)
Un gobierno, federal, estatal o municipal, considera los asuntos públicos por medio de políticas públicas al desarrollar leyes, reglamentos, decisiones y acciones. La elaboración de políticas pública comprende tres partes: los problemas, los actores y las políticas. El problema es el asunto que necesita atención, los actores son el grupo que tiene la influencia suficiente para hacer un plan que atienda el problema específico, y las políticas son el plan de acción final que seguirá el gobierno. El modelo usual para establecer políticas públicas se divide en tres partes: identificación de la agenda, donde los miembros del gobierno y sus asesores analizan el problema en cuestión; formulación de opciones, donde se comparan diferentes opciones y una es seleccionada, e implementación, donde el gobierno realiza cada una de las acciones seleccionadas. (J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, pp. 280, Longman Pub. Group, 2002)
En el modelo anterior está implícito que satisfacer las necesidades de la sociedad es una prioridad de todos los actores involucrados, que las decisiones se toman sin considerar intereses particulares, que el gobierno llevará a cabo todas las acciones establecidas, que se obtuvieron los consensos con la parte de la sociedad afectada, que se tuvieron todos los conocimientos relevantes, que se cuenta con todos los instrumentos administrativos y jurídicos para su ejecución, y que hay los medios económicos para llevar a cabo las acciones. Como bien sabemos, en Morelos y en México la mayoría de estos supuestos no son considerados plenamente para llevar a cabo la elaboración de políticas públicas. Además y desafortunadamente, existen sectores con poder económico, político y social que siempre pretenden llevar agua para su molino, sin considerar las necesidades de la sociedad.
La elaboración de políticas públicas, sin embargo, continúa como un proceso clave para atender problemas sociales. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Consideremos algunas ideas importantes de los nuevos procesos de innovación tecnológica que mejoran la economía con base en principios de la sociedad del conocimiento.
El modelo tradicional o cerrado de innovación tecnológica considera que las empresas generan, desarrollan y comercializan sus propias ideas, provenientes de sus laboratorios internos de investigación y desarrollo. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto por la movilidad de los trabajadores, mejor educación, mayor presencia de capitales de riesgo, reducción en los ciclos de vida de los productos, creciente competencia y, sobretodo, amplia disponibilidad de conocimientos de múltiples fuentes.
Henry Chesbrough publicó, en 2003, el concepto de Innovación Abierta (Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press), que definió como el uso propositivo de flujos de conocimiento tanto internos como externos para acelerar la innovación de una empresa y para expandir el uso externo de la innovación. El modelo de Innovación Abierta implica que las empresas pueden y deben utilizar ideas y conocimientos, generados al interior y al exterior de la misma, para mejorar sus procesos de innovación. También implica que las ideas internas pueden llegar a los mercados a través de canales externos como creación de empresas tecnológicas o licenciamiento de propiedad intelectual a terceros para generar valor agregado. (Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke & J. West, Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006).
En adición, Jeroen P.J. de Jong, Wim Vanhaverbeke, Tarmo Kalvet y Henry Chesbrough, financiados por VISION Era-Net que es una red colaborativa de organizaciones nacionales líderes en el campo de políticas para la innovación, publicaron un reporte titulado “Políticas para la Innovación Abierta: Teoría, Esquemas y Casos” donde plantean cómo llevar este proceso utilizado en las empresas al campo de las políticas gubernamentales para impulsar la innovación tecnológica (www.visioneranet.org). Presentan cuatro conclusiones principales sobre el modelo de innovación abierto y la elaboración de políticas públicas: se incorpora adecuadamente a los procesos de toma de decisiones tradicionales; amplía inevitablemente el ámbito de la innovación tecnológica, de la ciencia y la tecnología a la educación y la economía; requiere de más financiamiento pero existe un número mayor de fuentes, y requiere de la adecuación de políticas en otras áreas como la laboral, la educativa y la de infraestructura, entre otras.
Por la obsolescencia a que han llegado los procesos para la elaboración de políticas públicas y el éxito de crear bases de conocimiento abiertas para impulsar políticas nacionales de innovación tecnológica, Manuel Martínez Fernández, Karla Cedano Villavicencio y Antonio Del Río Portilla elaboramos un nuevo modelo de gobernanza para construir planes, programas y proyectos de gobierno que nombramos Políticas Públicas Abiertas.
Este modelo de Políticas Públicas Abiertas tiene como objetivo crear una base enorme de conocimiento libre que pueda ser adaptado y utilizado por cualquier actor interesado en elaborar políticas públicas para resolver problemas de la sociedad considerando su propio sesgo ideológico y programático. El modelo tiene las siguientes características: actores que representen al gobierno, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresariales, las universidades y los centros de investigación; dimensión temporal que considere la situación pasada, la condición actual y los futuros tendencial, deseable y posibles; identificación de la problemática en los contextos sociales, económicos y ambientales; operación que favorezca el funcionamiento en redes; colaboración para generar ideas y resolver problemas; gestión proactiva de la propiedad intelectual, y tolerancia hacia las visiones no compartidas.
Los lineamientos principales de este modelo son generación y adaptación de conocimiento; interacción entre las personas con problemas, los proponentes de soluciones y los tomadores de decisiones; consolidación de actividades empresariales; creación de empleos bien remunerados; prevención en salud; eliminación de la pobreza; gestión apropiada de los recursos naturales; preservación de las culturas, y protección del medio ambiente.
Concluimos que los beneficios principales de aplicar el modelo de Políticas Públicas Abiertas son democratización de los procesos, sustento intelectual, comparación de diversas visiones, mejor competencia, amplitud de acciones y robusta toma de decisiones.
En poco más de un año debemos elegir Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y estatales y Presidente Municipal. ¿Nos presentarán los candidatos planes y programas de gobierno apropiadamente elaborados con objetivos y metas medibles? ¿Votaremos por su capacidad y la de sus colaboradores para resolver problemas críticos de la sociedad? Confiamos que utilicen este modelo de Políticas Públicas Abiertas en beneficio de la sociedad morelense.
9 may 2011
Metas educativas para el 2021
La educación en México y Morelos se enfrenta a dos retos de enorme magnitud. Por un lado, debe recuperar la educación del retraso acumulado en el siglo XX y, por el otro, ha de enfrentarse a los retos del siglo XXI para que al incorporar los cambios científicos y tecnológicos pueda lograr desarrollo económico y reducir la pobreza, la desigualdad y la falta de cohesión social.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apoyados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicaron en agosto de 2010, una propuesta sobre el desarrollo de la educación en Iberoamérica, titulada “2021 Metas Educativas”. El proyecto no se reduce a la formulación de metas, ni siquiera a su concreción por cada uno de los países, por importante que esto fuera, sino que incorpora otras dimensiones clave que le otorgan su pleno significado: la participación social, los programas de acción compartidos, la financiación, y el seguimiento y la evaluación de su desarrollo y ejecución.
A pesar de los progresos en el acceso a la educación, persiste una calidad educativa deficiente al tiempo que se mantienen profundas desigualdades, señala la OEI. Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas se ha avanzado. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que es necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Se trata de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Se debe hacer con la voluntad de enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, y desarrollo de la investigación y la ciencia.
El objetivo de conseguir escuelas inclusivas se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación, asevera la OEI. Las escuelas para todos, sin exclusiones, en las que convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales, de diferentes culturas y con distintas capacidades e intereses, desde los más capaces hasta los que tienen alguna discapacidad, es un modelo ideal que motiva a muchas personas comprometidas con el cambio educativo.
La OEI propone las siguientes 28 metas específicas: 1, elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural; 2, garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la permanencia de sus hijos en la escuela; 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales, para lograr la igualdad en la educación; 4, garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios; 5, apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante las adaptaciones y las ayudas precisas; 6, aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años; 7, potenciar el carácter educativo de esta etapa temprana y garantizar una formación suficiente de los educadores que se responsabilizan de ella; 8, asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias; 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior; 10, mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos; 11, potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas; 12, ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los alumnos; 13, mejorar la dotación de bibliotecas y de computadoras en las escuelas; 14, ampliar el número de las escuelas de tiempo completo en primaria; 15, extender la evaluación integral de los centros escolares; 16, mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con las demandas laborales; 17, aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes egresados de la educación técnico-profesional; 18, garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas y necesidades; 19, incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua presenciales y a distancia; 20, mejorar la formación inicial del profesorado de primaria y de secundaria; 21, favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente; 22, apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región; 23, reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; 24, aumentar el esfuerzo económico de cada país para el logro de las Metas Educativas 2021; 25, incrementar la solidaridad internacional con los países que manifiestan mayores dificultades; 26, fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países; 27, asegurar el seguimiento y la evaluación de este proyecto, y 28, fortalecer la participación de los distintos sectores sociales en el desarrollo y en la supervisión de este proyecto. Debemos señalar que cada meta tiene por los menos un indicador y un nivel de logro cuantitativo, que por espacio no podemos tratar.
También, la OEI calculó los costos de avanzar y cumplir con los compromisos educacionales (programas regulares, de alfabetización y educación básica para adultos, calidad e infraestructura educativa) asociados al proyecto Metas Educativas 2021. Para el conjunto de Iberoamérica, el costo de iniciar con el compromiso en 2011 no supera los 8 mil millones de dólares, lo que representa solo el 0,18% del PIB regional, y los aumentos posteriores equivalen en promedio a poco más del 0,12% del PIB.
Es imprescindible que en Morelos ajustemos nuestros planes educativos para cumplir plenamente con estas 28 metas educativas para el 2021, las generaciones futuras nos lo demandan.
2 may 2011
Chernóbil y Fukushima, qué aprendimos
Debemos analizar todos los accidentes que nos ocurren y obtener lecciones y conclusiones que permitan evitar o, por lo menos, minimizar la probabilidad de su repetición; aunque decimos que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Existe una herramienta conocida como análisis de riesgo que es muy utilizada por los ingenieros, los médicos y, en particular, los actuarios que pretende identificar de la manera más precisa la probabilidad de ocurrencia de un evento, el daño que causaría y el costo que implicaría su arreglo; tema fundamental para la ingeniería industrial y para las compañías de seguros. También, es imprescindible señalar que diferentes sociedades aceptan distintos riesgos para alcanzar un mismo beneficio y que en una misma sociedad la aceptación de un riesgo varía con el tiempo. ¿Qué podemos aprender de los dos desastres nucleoeléctricos más graves en la historia?
A 25 años del accidente en la central nucleoeléctrica de Chernóbil, William Sweet publicó en la revista Spectrum, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) de la que es uno de los editores, el 26 de abril de 2011, una análisis comparativo entre los accidentes de las centrales nucleoeléctricas de Chernóbil y de Fukushima.
Señala Sweet que ahora se considera que el accidente en Chernóbil fue causado porque este tipo de reactor, donde la reacción nuclear es moderada por grafito, tenía dos defectos de diseño: Cuando operaba a ciertos niveles de potencia y había una pérdida de enfriamiento, la reactividad de la planta se incrementaba abrupta y rápidamente y, adicionalmente, la estructura del contenedor interno, en lugar de ser un recipiente de acero presurizado como en la mayoría de los reactores, era una caja con una tapa débilmente unida en la que estaban insertadas todas las varillas de combustible y de control para que, si había un incremento repentino de presión, ésta se levantara y rompiera todas las varillas.
Es imposible de imaginar por qué los ingenieros soviéticos no se dieron cuenta de que diseñaron un reactor con esos defectos y, todavía más, imaginar por qué los operarios pusieron y mantuvieron al reactor en las condiciones más probables para que hubiera una explosión, señala Sweet.
Además, M. V. Ramana, investigador de la Universidad de Princeton, publicó en el Boletín del Científico Atómico, el 19 de abril de 2011, sobre el grave error de enfocarse en componentes individuales y no en el sistema completo al llevar a cabo un análisis de riesgos. Dicha revista fue creada en 1946 por científicos, ingenieros y otros expertos que crearon la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan y cuya misión es informar al público de los peligros impuestos a la sobrevivencia y desarrollo de la humanidad por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías emergentes en el campo de las ciencias de la vida.
Por lo anterior, algunos expertos nucleares, señala Ramana, tienen un razonamiento aparentemente coherente pero muy equivocado: para cada sistema de seguridad, existe una pequeña probabilidad de que falle en un momento determinado, así que será extremadamente improbable que más de un sistema de seguridad fallen al mismo tiempo; por lo que un accidente severo no puede ocurrir a menos que múltiples sistemas de seguridad fallen simultáneamente o de manera secuencial y, por lo tanto, un accidente severo tiene una probabilidad bajísima de ocurrencia.
El reciente desastre en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos enfrentó nuevamente al riesgo real que presentan las fallas comunes, nos señala Ramana: Un solo evento, el tsunami, causó la pérdida de electricidad en el complejo de los reactores, la pérdida del combustible para los generadores diesel auxiliares, la inundación de los interruptores eléctricos y, probablemente, el daño de las tomas de agua de mar para enfriamiento. Así, debemos aceptar la posibilidad de que todo pudiera ir drásticamente mal al mismo tiempo por una sola causa.
También, en Fukushima se repetirá trágicamente como en Chernóbil que los daños invisibles de largo plazo de los accidentes serán mucho peores que los visibles de corto plazo. Tomará décadas restaurar el ecosistema alrededor de la central de Fukushima, lo que aún no se ha logrado en Chernóbil.
Asimismo, habrá un número creciente de muertes en las décadas que vienen por cánceres inducidos por radiación. ¿Qué tantas? Es una pregunta vital en el ámbito de la seguridad industrial. En general, estas víctimas no serán identificadas porque es imposible determinar si un cáncer en particular fue producto de esta radiación y porque se espera, aún sin los accidentes nucleares, que en el futuro el número de muertes por cáncer aumente drásticamente. Sweet cita un estudio realizado por la epidemióloga Elisabeth Cardis, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, en Barcelona, que presenta estimaciones sobre el impacto en la salud de los europeos por el accidente en Chernóbil: las proyecciones de riesgo sugieren que se han causado 1000 casos de cáncer de tiroides y 4000 casos de otros cánceres, lo que representa el 0.01 por ciento de todos los incidentes de cáncer en Europa.
Chernóbil es el accidente nucleoeléctrico más importante en términos estrictamente físicos, ya que el reactor explotó y se quemó por días, enviando una gran cantidad de emisiones radiactivas a las capas altas de la atmósfera desde una localidad que era poco poblada. Sweet señala que Fukushima muestra que en términos de daños a la salud hay accidentes más graves que el de Chernóbil, donde un accidente menos severo en términos físicos puede emitir radiactividad más concentrada a una localidad más poblada.
Las conclusiones más importantes son, según Sweet: que los accidentes severos en reactores nucleares han ocurrido con mucha mayor frecuencia que los modelos de análisis de riesgo predecían, que el método probabilístico de análisis de riesgos no funciona bien en casos donde un solo evento causa fallas en múltiples sistemas de seguridad y que, en el futuro cercano, los accidentes catastróficos nucleoeléctricos son inevitables.
La lección más importante de Chernóbil y probablemente de Fukushima, nos propone Sweet, es que debemos esperar lo inesperado en la operación de una nucleoeléctrica.
El reto principal que presentan estos desastres es cómo establecer una política pública que considere los riesgos reales, los costos y el valor de la vida humana desde una perspectiva que no sólo evalúe una tecnología por sí misma sino al sistema complejo total, en un contexto amplio de la sociedad donde se implantará y con la participación de la sociedad civil.
A 25 años del accidente en la central nucleoeléctrica de Chernóbil, William Sweet publicó en la revista Spectrum, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) de la que es uno de los editores, el 26 de abril de 2011, una análisis comparativo entre los accidentes de las centrales nucleoeléctricas de Chernóbil y de Fukushima.
Señala Sweet que ahora se considera que el accidente en Chernóbil fue causado porque este tipo de reactor, donde la reacción nuclear es moderada por grafito, tenía dos defectos de diseño: Cuando operaba a ciertos niveles de potencia y había una pérdida de enfriamiento, la reactividad de la planta se incrementaba abrupta y rápidamente y, adicionalmente, la estructura del contenedor interno, en lugar de ser un recipiente de acero presurizado como en la mayoría de los reactores, era una caja con una tapa débilmente unida en la que estaban insertadas todas las varillas de combustible y de control para que, si había un incremento repentino de presión, ésta se levantara y rompiera todas las varillas.
Es imposible de imaginar por qué los ingenieros soviéticos no se dieron cuenta de que diseñaron un reactor con esos defectos y, todavía más, imaginar por qué los operarios pusieron y mantuvieron al reactor en las condiciones más probables para que hubiera una explosión, señala Sweet.
Además, M. V. Ramana, investigador de la Universidad de Princeton, publicó en el Boletín del Científico Atómico, el 19 de abril de 2011, sobre el grave error de enfocarse en componentes individuales y no en el sistema completo al llevar a cabo un análisis de riesgos. Dicha revista fue creada en 1946 por científicos, ingenieros y otros expertos que crearon la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan y cuya misión es informar al público de los peligros impuestos a la sobrevivencia y desarrollo de la humanidad por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías emergentes en el campo de las ciencias de la vida.
Por lo anterior, algunos expertos nucleares, señala Ramana, tienen un razonamiento aparentemente coherente pero muy equivocado: para cada sistema de seguridad, existe una pequeña probabilidad de que falle en un momento determinado, así que será extremadamente improbable que más de un sistema de seguridad fallen al mismo tiempo; por lo que un accidente severo no puede ocurrir a menos que múltiples sistemas de seguridad fallen simultáneamente o de manera secuencial y, por lo tanto, un accidente severo tiene una probabilidad bajísima de ocurrencia.
El reciente desastre en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos enfrentó nuevamente al riesgo real que presentan las fallas comunes, nos señala Ramana: Un solo evento, el tsunami, causó la pérdida de electricidad en el complejo de los reactores, la pérdida del combustible para los generadores diesel auxiliares, la inundación de los interruptores eléctricos y, probablemente, el daño de las tomas de agua de mar para enfriamiento. Así, debemos aceptar la posibilidad de que todo pudiera ir drásticamente mal al mismo tiempo por una sola causa.
También, en Fukushima se repetirá trágicamente como en Chernóbil que los daños invisibles de largo plazo de los accidentes serán mucho peores que los visibles de corto plazo. Tomará décadas restaurar el ecosistema alrededor de la central de Fukushima, lo que aún no se ha logrado en Chernóbil.
Asimismo, habrá un número creciente de muertes en las décadas que vienen por cánceres inducidos por radiación. ¿Qué tantas? Es una pregunta vital en el ámbito de la seguridad industrial. En general, estas víctimas no serán identificadas porque es imposible determinar si un cáncer en particular fue producto de esta radiación y porque se espera, aún sin los accidentes nucleares, que en el futuro el número de muertes por cáncer aumente drásticamente. Sweet cita un estudio realizado por la epidemióloga Elisabeth Cardis, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, en Barcelona, que presenta estimaciones sobre el impacto en la salud de los europeos por el accidente en Chernóbil: las proyecciones de riesgo sugieren que se han causado 1000 casos de cáncer de tiroides y 4000 casos de otros cánceres, lo que representa el 0.01 por ciento de todos los incidentes de cáncer en Europa.
Chernóbil es el accidente nucleoeléctrico más importante en términos estrictamente físicos, ya que el reactor explotó y se quemó por días, enviando una gran cantidad de emisiones radiactivas a las capas altas de la atmósfera desde una localidad que era poco poblada. Sweet señala que Fukushima muestra que en términos de daños a la salud hay accidentes más graves que el de Chernóbil, donde un accidente menos severo en términos físicos puede emitir radiactividad más concentrada a una localidad más poblada.
Las conclusiones más importantes son, según Sweet: que los accidentes severos en reactores nucleares han ocurrido con mucha mayor frecuencia que los modelos de análisis de riesgo predecían, que el método probabilístico de análisis de riesgos no funciona bien en casos donde un solo evento causa fallas en múltiples sistemas de seguridad y que, en el futuro cercano, los accidentes catastróficos nucleoeléctricos son inevitables.
La lección más importante de Chernóbil y probablemente de Fukushima, nos propone Sweet, es que debemos esperar lo inesperado en la operación de una nucleoeléctrica.
El reto principal que presentan estos desastres es cómo establecer una política pública que considere los riesgos reales, los costos y el valor de la vida humana desde una perspectiva que no sólo evalúe una tecnología por sí misma sino al sistema complejo total, en un contexto amplio de la sociedad donde se implantará y con la participación de la sociedad civil.
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