publicado en La Jornada Morelos el 25 de marzo de 2013
Una de las formas más efectivas para mejorar la
política pública, como se ha mencionado ya en esta columna, es evaluar y medir
con objetividad qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. La
identificación de temas, subtemas, indicadores e índices para un área
específica de desarrollo es fundamental, después sigue la tarea difícil de
establecer bases de datos temporales que sean confiables y estén validadas,
continúa la interpretación de la información y la obtención de conclusiones, y
finalmente el establecimiento de acciones gubernamentales que ataquen las
causas de los problemas detectados; sin olvidar poner en marcha mecanismos de
retroalimentación que permitan conocer a los gobiernos si están alcanzando las
metas que se plantearon.
El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
publicó a mediados del año pasado un reporte titulado “Avances y Retos de la
Política de Desarrollo Social en México 2012” (www.coneval.gob.mx). A pesar del avance en
diversos renglones sociales en las últimas décadas, señala el documento, los
retos en materia de desarrollo social son apremiantes en México. Este reporte busca
concentrar los hallazgos más relevantes que el CONEVAL ha tenido sobre la
situación de la política de desarrollo social y hacer un diagnóstico general, con
el objeto de que las nuevas autoridades del Ejecutivo Federal, el nuevo Congreso,
los nuevos encargados de los poderes a nivel local en 2012 tengan información
precisa de la situación de la población del país.
A
pesar de que ahora se cuenta con un sistema de protección social más amplio que
el de hace algunos años, debido a la mayor cobertura de programas sociales,
especialmente para la población más pobre, indica el reporte que el sistema
actual tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan aún en su
cobertura limitada, disociación con los derechos sociales, fragmentación
(institucional y financiera), descoordinación entre programas (tanto federales
como estatales), desigualdades horizontal y vertical, así como financiamiento y
entrega de paquetes de beneficios desiguales. Entre las consecuencias de estos
problemas se encuentra la inequidad y poca efectividad en el ejercicio
de los derechos sociales, insostenibilidad financiera en el mediano plazo y la
ausencia de instrumentos de política pública efectivos para enfrentar crisis
asociadas con el cambiante escenario contemporáneo. Es necesario considerar que
si los instrumentos de protección social que se implementan actualmente no son
los más eficaces y eficientes para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso
de los hogares, es momento de pensar en nuevas políticas y programas que logren
proteger integralmente a los individuos y sus hogares, garantizando el acceso
efectivo, su sostenibilidad financiera y coordinación de tal forma que
exista una red que impulse la capacidad de recuperación del nivel de consumo.
Por
lo anterior, subraya el reporte, es importante que el incremento sostenido del
poder adquisitivo del ingreso en el país debiera provenir de las mejoras en el
crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la
inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos),
entre otras variables. Los programas de desarrollo social son más efectivos
para proteger a la población ante adversidades coyunturales que para la
generación de empleos permanentes. La política de desarrollo social cuenta con
algunos programas de protección social, pero son insuficientes para fortalecer
el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas
en el país en 2008-2010.
Problemáticas
identificadas en el reporte dentro del ámbito educativo son la desigualdad en
la calidad de la educación básica, en la educación media superior y educación
superior; la insuficiente cobertura; desigualdad en el acceso y calidad de la
enseñanza; las desventajas para acceder a la educación de los grupos
vulnerables, así como la falta de un apoyo decidido a la investigación básica y
aplicada. Dentro del ámbito de la salud, México se encuentra en una situación
en la que existen simultáneamente grupos de población con malnutrición,
sobrepeso y obesidad; esto impone retos adicionales a la atención de los
problemas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en términos de acceso
como de educación para la salud.
Entre
2008 y 2010, apunta el reporte, se observaron mejoras importantes en la calidad
y los servicios básicos en las viviendas. Se amplió la cobertura de pisos
firmes, electricidad, drenaje, agua potable en las viviendas y también se ha
reducido el hacinamiento. A pesar de estos avances, todavía se observan retos
en materia de hacinamiento y agua potable en varias entidades federativas. El
alto porcentaje de viviendas deshabitadas es también un reto muy importante del
sector vivienda; esta problemática invita a la reflexión sobre el posible
impacto de la falta de planeación urbana y la violencia.
Hay
un gran número de programas y acciones de desarrollo social en el gobierno
federal y el reporte identifica una gran dispersión y potencial falta de
coordinación entre instancias federales. Si se incluyen programas de gobiernos
locales, el problema podría ser aún mayor (no es fácil tener información sobre
la política de desarrollo social en los gobiernos locales). No siempre queda
clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Unos
son creados por el poder ejecutivo, otros por el Congreso y otros por las
entidades federativas, a través del legislativo local. Posiblemente muchos de
ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero
debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de un uso
político es inevitable.
En
Morelos, la erradicación de la pobreza es una meta prioritaria para el
desarrollo social y al establecer políticas públicas es imprescindible no
confundir entre las causas y los síntomas. Las causas o determinantes de la
pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, aumento en el precio de los
alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud y
educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y
competitividad, insuficiente inversión pública y privada, y desigualdad de
oportunidades. Que no haya un morelense en situación de pobreza.