Existen dos movimientos básicos de la sociedad
civil que luchan por una mayor apertura de las bases de datos, información y
documentos guardados por las instancias públicas. El movimiento por los
“Derechos a la Información” promueve el acceso a la información desde una
perspectiva de los derechos humanos, mientras que el movimiento por los “Datos
Gubernamentales Abiertos” promueve la apertura de la información por motivos
sociales y económicos. Compartir esta última información beneficia a la
sociedad al crear condiciones para otorgar servicios que sean socialmente
incluyentes e impulsen una democracia participativa. Existe un traslape
significativo entre ambos movimientos, porque en ambos se pretende aumentar la
transparencia gubernamental, de tal manera que todos los miembros de la
sociedad puedan disfrutar el valor social y económico inherente de la
información que ha sido generada y recolectada con fondos públicos.
Bárbara
Ubaldi escribió un artículo sobre “Datos gubernamentales abiertos: Hacia un
análisis empírico sobre las iniciativas en datos gubernamentales abiertos” que
fue publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of
Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance,
No. 22, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en).
Describe los principios, conceptos y criterios básicos que enmarcan las
iniciativas para alcanzar que los datos gubernamentales estén abiertos a la
sociedad (DGA), presenta una llamada de alerta sobre los retos que esta agenda
ofrece al sector público y sugiere un marco metodológico para conducir dichas iniciativas.
Los
datos son el nivel más bajo de abstracción desde los que se derivan la
información y después el conocimiento, plantea la autora. El flujo de
información se considera un sustento fundamental de una democracia robusta y de
una economía productiva, que permite sostener una buena gobernanza y estimular
un crecimiento económico basado en conocimientos. Lo anterior cambió la manera
en que los gobiernos valoran, administran, usan y comparten la información,
tanto a su interior como con la sociedad; así, se impulsó el acceso público de
la información como uno de los derechos humanos indispensables. En la medida
que el enfoque se centra en el valor potencial económico y social de la
información, aumenta el énfasis en la accesibilidad a los reportes y análisis
que procesan dicha información. La OCDE ha definido a la información del sector
público como los productos y servicios de información que han sido generados,
creados, recolectados, procesados, preservados, mantenidos, diseminados o
financiados por un gobierno o una institución pública, y que consideran los
requerimientos y restricciones legales pertinentes.
Las
bases de datos que se consideran como referencia para el análisis de
iniciativas relativas a DGA incluyen, según la autora: información de negocios,
que incorporan los de la Cámara de Comercio y negocios oficiales; propiedad
intelectual, como registros y patentes; información geográfica, direcciones,
fotos aéreas, edificaciones, catastros y relieves geológicos; legislación,
decisiones formales, leyes y tratados; meteorológica, datos del clima y
pronósticos; sociales, estadísticas sobre economía, empleo, salud, población y
administración pública; y transporte, condiciones de tráfico, obras en calles,
rutas públicas y registro vehicular.
Se ha definido un nuevo concepto
llamado BigData, que se trata de una colección de conjuntos de bases de
datos tan grande y complicada que es muy difícil de utilizar con herramientas
de administración y procesamiento de datos tradicionales, ya que se requiere
capturar, almacenar, buscar, compartir, transferir, analizar y visualizar
simultáneamente una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos. La
necesidad de manejar tal cantidad de datos es irreversible, asegura la autora,
porque la información y los conocimientos que se obtienen es de mucha mayor
calidad al poder correlacionar, por ejemplo, tendencia de los mejores negocios,
esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, prevención de enfermedades,
avances legislativos y combate al crimen.
Los
datos gubernamentales se deben considerar abiertos si se hacen públicos de
acuerdo a los siguientes principios, establece la autora: completos, todos los
datos públicos están disponibles ya que no están sujetos a privacidad,
seguridad o limitación de privilegios; primarios, son recolectados de las
fuentes, en el nivel menos agregado y sin modificar; oportunos, se hacen
disponibles rápidamente para preservar su valor; accesibles, están disponibles
al mayor número de usuarios para cualquier propósito;
electrónicos, se presentan estructurados para
permitir su procesamiento automatizado; indiscriminados, al alcance de cualquiera
sin requisitos de registro; y libres, disponibles en formatos que nadie tiene
control exclusivo y que no están sujetos a protección estricta de propiedad
intelectual.
Existen
asuntos clave que no están resueltos y que, de acuerdo con la autora, deben ser
analizados y debatidos para conceptualizar, desarrollar e implantar las
iniciativas de DGA, así como para definir las políticas públicas que lleven a
su puesta en marcha. En particular, se deben considerar el alcance de los
asuntos conceptuales, las necesidades emergentes de los gobiernos y la
sociedad, la armonización de definiciones, la solución de posibles conflictos
legales, y avanzar en el análisis empírico y sus indicadores.
En
Morelos, el establecimiento de una plataforma de Datos Gubernamentales Abiertos
deben mejorar las relaciones entre los representantes de los sectores público,
privado y social. Ésta permitirá que tengamos un gobierno transparente y con
solvencia comprobada, una mayor corresponsabilidad de la sociedad civil y una
integración de los empresarios en la proveeduría de servicios, entre otros
beneficios. El twitter es para intercambiar noticias, lo que necesitamos
es implantar un sistema de BigData para generar electrónicamente conocimientos
de las correlaciones entre Plan Estatal de Desarrollo, próximos Programas Sectoriales,
alianzas público-privadas, cambios a leyes publicados, fideicomisos
establecidos, convenios firmados y datos geo-referenciados sobre la situación
económica, social y ambiental, entre otros.