En las últimas décadas se han hecho
importantes avances en cuanto a metodologías, herramientas y calidad de
información para la evaluación del impacto social de las políticas sociales,
como lo muestran las actividades del Consejo Nacional de Evaluación. Hoy es
posible tener información valiosa en relación al impacto de diversas políticas
en dimensiones tan relevantes como la pobreza, la desigualdad y la situación en
salud. Asimismo, se puede contar con información sobre el impacto
redistributivo de las políticas sociales, lo que se logra a través del análisis
del tamaño y características de la población beneficiaria de la inversión
social efectuada. No obstante lo anterior, existe poco conocimiento sobre el
impacto económico de la política social.
Rodrigo
Martínez, Amalia Palma, Lorena Flores y María Paz Collinao, de las oficinas de
la Comisión Económica para América Latina, publicaron el artículo intitulado “El
impacto económico de las políticas sociales” (Colección Documentos de Proyectos,
LC/W.531, Copyright © Naciones Unidas, febrero de 2013. Impreso en Naciones
Unidas, Santiago de Chile), donde avanzan en el entendimiento de la relación
entre la política social y la economía, los recursos involucrados en su
financiamiento y el impacto económico que ésta genera.
El
modelo de desarrollo que implanta el Estado sobre un país determina las
prioridades de política y sus mecanismos de operación, con mayor o menor
participación del sector privado, nos recuerdan los autores. Por el lado
macroeconómico, las políticas fiscal, económica y monetaria son las
herramientas a través de las cuales los gobiernos estabilizan la economía. Por el
lado de la política social, se definen las prioridades para mejorar la calidad
de vida de la población. A partir de la política tributaria y del gasto
público, en particular la inversión social, el Estado puede redistribuir,
asignar o aportar en los ingresos de los hogares, lo cual produce un impacto
directo en la economía, a niveles local, regional o nacional.
Los
impactos de la política social son de tres tipos, señalan los autores: social, que
se refleja en la variación generada en los indicadores sociales que justifican
la implementación de acciones en cada función (salud, educación, etc.) y se mide
como el cambio que se presenta en la población objetivo entre la situación previa
a la implementación de una determinada gestión social y la alcanzada como
resultado de ésta; redistributivo, que se refiere a la valoración económica de
los bienes y servicios que son transferidos a la población, se mide como la
incidencia que dicha valoración tiene en el ingreso total de los hogares, y permite
identificar el grado de transferencia de recursos a los hogares y dimensionar
la progresividad o regresividad del gasto; y económico, que se refiere a los
beneficios o pérdidas económicas que la política social genera con su
intervención, directa o indirecta, en los distintos agentes, producto de los
impactos sociales generados por los bienes y servicios transferidos a los
hogares, cuantificados en términos del incremento en activos y del potencial
productivo resultante, así como de los impactos que se producen en el mercado
de bienes y servicios sustitutivos y complementarios a los productos
distribuidos o fomentados, por los programas y proyectos sociales.
De
los tres tipos de impacto indicados, el económico ha sido el menos trabajado en
la literatura, en parte producto de que normalmente no es concebido como parte
de los objetivos directos de la política social, sino como una externalidad o
efecto indirecto, establecen los autores. Sin embargo, éste puede tener alta relevancia
dependiendo del tamaño de los programas sociales, de las características de sus
productos. Así como de sus requerimientos de producción, que afectan la demanda
de bienes y servicios especializados y, por tanto, de los distintos agentes
involucrados en dichos procesos productivos; de sus impactos sociales, que al
modificar la situación inicial de la población disminuyen los costos directos,
derivados de la mitigación de sus consecuencias y de la oportunidad de generar
nuevas demandas; y de las decisiones autónomas de quienes reciben beneficios, así
como los efectos en la conducta de consumidores que dichas decisiones producen
entre los no beneficiarios.
Algunos
ejemplos de impactos económicos de las funciones sociales son los siguientes,
de acuerdo con los autores: educación, fomenta la productividad de los trabajadores,
haciendo que estén más capacitados y habilitados para el mercado laboral; salud,
genera un incremento en la capacidad productiva, con beneficios para las
personas y para las unidades productivas, donde las clínicas privadas y las
aseguradoras de salud generan un impacto en el sector privado y en la economía
de países; seguridad, alimentaria y nutricional, donde la desnutrición y el
sobrepeso y obesidad generan costos personales y sociales, y cuya disminución supone
ahorros directos para la economía de los países en salud, educación y
particularmente en productividad; protección social, que al asegurar un nivel
de recursos a las personas y mitigar los efectos de las crisis económicas o del
desempleo, facilita la existencia de un nivel mínimo de consumo en la
población, inyectando recursos directamente al mercado por la vía de la
demanda, con un efecto directo en el empleo, en la medida que entre sus funciones
está la regulación del mercado laboral y con ello la promoción del empleo
decente; protección del medioambiente, donde los métodos para la reducción de
la contaminación y la protección ambiental pueden tener un impacto económico; vivienda
y servicios relacionados, con un impacto indirecto a través del gasto en
vivienda sobre el sector construcción, el que tiene una importante participación
en el PIB de la región; y cultura y recreación, donde la producción de bienes y
servicios culturales lleva generalmente a la puesta en marcha de actividades
económicas privadas, por ejemplo a través de las remuneraciones pagadas en el
empleo privado.
En
Morelos, es imprescindible evaluar el impacto económico de las políticas
sociales, en particular con relación a los programas de transferencias económicas
condicionadas a resultados, ya que entregan recursos a los hogares destinados
al consumo. Éstos pueden afectar el mercado, al igual que pueden tener un
impacto en el sector productivo o en el trabajo.
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