El avance de la
democracia, el progreso hacia la plena igualdad y el ejercicio de los derechos
sin restricciones en América Latina será posible si se asegura la visibilidad y
participación efectiva de aquellos grupos y personas que siempre han sido
excluidas y discriminadas, tal como ocurre con las mujeres indígenas. Sólo de
este modo será posible que las democracias del siglo XXI sean expresión de la valoración
de la diversidad. Así, se debe seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de
los derechos humanos, considerando los estándares mínimos que rigen a nivel
mundial, y que para los pueblos y mujeres indígenas se sintetizan en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Dirk Jaspers-Faijer, director
del CELADE-División de Población, y de Sonia Montaño, directora de la División
de Asuntos de Género, ambos de la CEPAL, coordinaron el estudio “Mujeres
indígenas: nuevas protagonistas para nuevas políticas” (LC/L.3842, CEPAL, 2014). Éste aborda
de manera diversos ámbitos de información de las mujeres indígenas y presenta un
panorama regional sobre las mujeres indígenas en relación a su autonomía física,
socioeconómica y adopción de decisiones; así como sus dinámicas demográficas
particulares, su situación de vulnerabilidad demográfica, su distribución
territorial y sus migraciones.
El documento plantea que la construcción de estadísticas
sobre los pueblos indígenas deberá tener en cuenta las diferentes
cosmovisiones, tanto las de los propios pueblos como las de la sociedad
dominante. Se debe trata de diseñar instrumentos con preguntas y categorías
pertinentes para la realidad y los intereses de cada pueblo. La complejidad de
la construcción cultural de género en los pueblos indígenas es un tema muy poco
explorado en la literatura sobre estas mujeres. En general, la producción de
conocimiento sobre las relaciones de género y la situación de desigualdad de
las mujeres las ha hecho invisibles y, por ende, la información disponible es
insuficiente para la adopción de decisiones en materia de políticas públicas sólidamente
fundadas.
Las distintas formas
de ser mujer en el mundo indígena están conformadas por las construcciones
particulares de género de los pueblos a los que pertenecen, por las diversas
realidades socio territoriales de cada uno de ellos, así como por las
adecuaciones en relación con la sociedad dominante, asegura el estudio. Por
eso, las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo, sino que
presentan una gran diversidad de situaciones, necesidades y demandas. Los
Estados están obligados a asumir la necesidad de generar políticas que tomen en
cuenta la heterogeneidad de las mujeres indígenas de la región en la respuesta
a su amplia gama de demandas en relación al empleo, la salud, la educación y el
cuidado. En este sentido, las metodologías desarrolladas por las propias
mujeres indígenas permiten visibilizar las relaciones de poder dentro y fuera
de las comunidades, utilizando principios de su cosmovisión, pero también
cuestionando los elementos de ella que generan la violencia.
Las dinámicas demográficas
deben ser tomadas en cuenta en el diseño y la aplicación de políticas y en la asignación
de recursos para responder a la amplia gama de demandas, señala el estudio. Por
tratarse de una población con una estructura por edades afectada por las
condiciones de la migración hacia las ciudades, se plantean importantes desafíos
sociales que pueden implicar no sólo ampliar la infraestructura sanitaria, la
cobertura del sistema educativo y de salud, la oferta de viviendas y servicios básicos,
sino también la necesidad de incorporar un enfoque intercultural y de derechos
humanos en estas políticas. El difícil acceso a la educación formal e informal
es otro de los aspectos que las mujeres indígenas identifican frecuentemente
como una limitarte para la participación, y que se deriva de un escenario histórico
marcado por el racismo y la discriminación. La falta de formación se vincula también
con las barreras lingüísticas que afrontan y la falta de acceso a las nuevas tecnologías
de la información.
Las acciones
afirmativas de carácter legislativo sobre equidad de género y paridad étnica,
incluyendo la reglamentación de leyes de cuotas, representan una de las medidas
contra la discriminación de las mujeres indígenas en la política formal,
propone el estudio. Sin embargo, la situación de racismo y discriminación
estructural histórica, acentuada por el patriarcado, crean una realidad tan
compleja de abordar que es necesario pensar en estrategias integrales, que
incluyan diferentes aspectos para incrementar la participación política de las
mujeres indígenas en distintos niveles de toma de decisiones. Es preciso diseñar
e implementar instrumentos de monitoreo del marco que regula su participación política,
a fin de conocer los avances y los obstáculos en el proceso. Así, enfrentar la situación
de discriminación y exclusión que viven las mujeres indígenas requiere abordar
de un modo integrado la perspectiva de género con la de los pueblos indígenas y
considerar el concepto de bienestar desde la mirada de los pueblos y, a la vez,
su situación dentro de las comunidades, sus prioridades y necesidades,
incluyendo el acceso y control de los territorios. Además, explorar las
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres indígenas, mediante el
estudio contextualizado de la forma en que las normas y los valores culturales
y simbólicos producen y reproducen las diferencias de género, es central para
la implementación de las políticas públicas destinadas a terminar con la
discriminación étnica y de género.
Es fundamental que
las mujeres indígenas se incorporen de manera explícita en la formulación de
políticas públicas en este tema. Y, sin el respeto y la garantía del ejercicio
de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, no será
posible alcanzar la tan anhelada igualdad que se persigue esta región. Así, las
políticas orientadas hacia las mujeres indígenas requieren, según el documento:
articular las políticas de género y las políticas hacia los pueblos indígenas;
considerar la interculturalidad y la construcción de género de los pueblos indígenas;
considerar las dinámicas demográficas de las mujeres indígenas: estructura de edades,
migración, fecundidad; atacar el racismo y la discriminación, enfrentando las
diversas expresiones de la violencia contra las mujeres indígenas; generar más
información y de mejor calidad sobre las mujeres indígenas; visibilizar las
relaciones de poder y de género al interior de las comunidades indígenas
enfrentando la violencia en contra de las mujeres indígenas; tener presente su
heterogeneidad socio-territorial y sus necesidades y demandas; mejorar el
acceso a la educación formal e informal y al conocimiento de su propia lengua;
apoyar la políticas de empleo que eviten la segregación ocupacional, la discriminación
salarial y la inseguridad laboral; e incentivar la participación política y la
paridad étnica y de género mediante la ley de cuotas y otros mecanismos.
En
Morelos, debemos diseñar y construir sistemas de información sobre las
necesidades de las mujeres indígenas, que nos permitan establecer e implantar
políticas públicas para que ellas participen directamente en la construcción de
su bienestar en el pleno ejercicio de sus derechos humanos.