Los gobiernos
federal, estatales y municipales siempre enfrentan la demanda ciudadana por más
y mejores servicios y, en consecuencia, deben también afrontar la presión por
alcanzar mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, siempre insuficientes.
Esto requiere crear una situación propicia para idear soluciones nuevas para
problemas públicos; es decir, para la innovación pública, entendida como un
proceso continuo que lleva a la creación de nuevos servicios o nuevas formas de
entrega de los servicios existentes, a nuevas políticas, metodologías
administrativas y sistemas de información. La innovación debe ser parte no sólo
del sector privado, sino también debe ser fundamental en el quehacer público.
Thiago
Alvim, Alejandro Barros, Alejandro Pareja y María Inés Vásquez, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), escribieron el documento “GobernArte: el
arte del buen gobierno. Experiencias
innovadoras de gobiernos subnacionales en la gestión de trámites para
ciudadanos y empresas” (Nota técnica del BID; 662. Mayo 2014). En él se
describen tres procesos innovadores para la mejora de la gestión y, a partir de
estos casos, se identifican los principales resultados y su impacto en los
ciudadanos y empresas de sus respectivos Estados, para puntualizar algunos de
los desafíos que dichos procesos innovadores deben afrontar para su consolidación.
Los gobiernos deben
ser proactivos en la generación de ambientes propicios para la innovación,
facilitando que las buenas ideas para el sector público se transformen en
productos y resultados. En esta línea, el documento establece que se deberían
promover las siguientes estrategias: reducción de la aversión al riesgo, típica
en los funcionarios con poder de decisión; líderes comprometidos con la
innovación; flujo libre de información dentro de una agencia y entre agencias; sistematización
de la innovación incorporando a la estrategia de la organización una estrategia
para el desarrollo de la innovación; reclutamiento de perfiles más diversos (en
formación, experiencia, habilidades y formas de pensar); análisis, discusión y diseminación
del aprendizaje surgido de las innovaciones no exitosas; colaboración entre
agencias; establecimiento de redes de colaboración y alianzas con los ciudadanos,
la academia, las empresas y las organizaciones no gubernamentales; creación de
comunidades de práctica; instrumentación de canales de innovación para
viabilizar el potencial innovador de los funcionarios; adaptación de la
normativa, especialmente la de compras publicas; y evaluación permanente de
nuevas tecnologías para definir si corresponde incorporarlas.
El proceso de innovación
en el sector público está, en el plano internacional, muy poco
institucionalizado, asegura el documento. Esto quiere decir que, si bien se
vienen desarrollando innovaciones, el proceso como tal no figura en los
presupuestos, ni en los organigramas ni en los mapas de procesos y, por lo
tanto, no se está sacando partido de todo su potencial. Los gobiernos más
avanzados en este aspecto son Australia, Dinamarca y Finlandia, entre otros, y están
intentando institucionalizar el proceso de innovación con enfoques bastante diversos.
Más allá del mecanismo que se escoja para este propósito, sí parece haber
cierto consenso respecto al tipo de soluciones que constituyen las innovaciones
en la actualidad. Las tecnologías de la información (TI) continuarán cumpliendo
un rol importante en las innovaciones, facilitando a los gobiernos la satisfacción
de la demanda por servicios en línea, el avance en la personalización de la
entrega de servicios (considerando las distintas necesidades de los individuos)
y la reducción de costos.
Otra línea de innovación
muy activa es la que se enfoca en la mejora del acceso a los servicios, procurando
acercarlos todo lo posible a los usuarios, plantea el documento. De especial
relevancia son los centros multiservicios basados en el paradigma de ventanilla
única y la multicanalidad que permite mayor personalización en la entrega de
los servicios. En cuanto a innovaciones relacionadas con la eficiencia, continúa
avanzando el modelo de servicios compartidos, mediante el cual se racionaliza
la infraestructura y los servicios a través de todo el Estado. Cada unidad ya
no tendrá que adquirir servidores ni software de base, ni mantenerlos,
sino que le serán brindados por el Gobierno central. Se trata de una aplicación
del modelo cloud computing (computación en la nube) mediante el cual no
solo se reducen costos y se gana en seguridad, sino que conlleva una mayor
flexibilidad a la hora de reforzar o disminuir capacidades.
Las experiencias innovadoras
muestran, según el documento, que los gobiernos deben buscar nuevas formas de
relacionarse con sus ciudadanos, más cercanas, menos verticales y que tengan
como base la adecuada identificación de sus requisitos. Estas experiencias comparten
algunas características que invitan a pensar en algunos de los elementos que deberían
estar presentes en un proceso innovador en la gestión pública. En primer lugar,
apoyarse en prácticas de gestión modernas, que promuevan el trabajo en equipo y
la colaboración interinstitucional, y faciliten la toma de decisiones para
adecuar la gestión y prestación de los servicios a nuevos estándares de calidad.
En segundo lugar, contar con equipos técnicos sólidos que puedan abrir y
mantener un espacio dentro de las administraciones para sus respectivos proyectos.
Estos equipos, con el respaldo de las autoridades del más alto nivel, logran
mostrar desde un inicio los beneficios que traerían las innovaciones tanto a
los funcionarios involucrados en la gestión de los proyectos como a las altas
autoridades. En tercer lugar, es clave la identificación de soluciones tecnológicas
que se adecuen a las necesidades de cada Estado y a la realidad de cada
gobierno, privilegiándose el uso de software libre o desarrollados
internamente por sus equipos técnicos. Finalmente, tener como eje a los
ciudadanos, al identificar las principales demandas ciudadanas en materia de
trámites y servicios, y diseñar las soluciones que las atiendan más
apropiadamente.
En Morelos, debemos diseñar y
ejecutar un amplio programa de innovación gubernamental que permita cambiar la
cultura de la administración pública y que tenga como objetivo el logro de
resultados de manera eficaz, eficiente, transparente y con solvencia.
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