Bioeconomía al 2030

publicado en La Jornada Morelos el 2 de julio de 2012

La biotecnología se puede definir como el conjunto de ciencias y técnicas para usar, de manera óptima, la materia viva en beneficio de la sociedad. Ofrece soluciones específicas para problemas de primera importancia que enfrenta la humanidad. Su aplicación a la producción primaria, salud e industria resulta en un crecimiento de la economía global ahora incipiente pero que en futuro será muy significativo; a esta aportación se le llama bioeconomía. El futuro de esta rama estará probablemente ligada a tres conceptos: conocimiento avanzado de procesos con genes y células complejas, energía renovable de la biomasa y la integración de aplicaciones de la biotecnología en todos los sectores industriales.

El grupo del Programa Internacional sobre Futuros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó un estudio titulado “La Bioeconomía al 2030: diseñando una agenda de políticas” (THE BIOECONOMY TO 2030: DESIGNING A POLICY AGENDA – ISBN-978-92-64-03853-0 © OECD 2009. http://www.oecd.org/futures/bioeconomy/2030). Este libro evalúa la evidencia existente y las características de la innovación biotecnológica para estimar el estado actual, al 2015 y al 2030 de la economía sustentada en conocimientos y desarrollos relacionados con la biología. También, plantea una agenda de políticas para ayudar a guiar el uso de la biotecnología para resolver retos actuales y futuros.

Varios factores guiarán la emergencia de la bioeconomía al crear oportunidades de inversión, señala el reporte: alcanzar el reto de una producción alimentaria sustentable con aumento de población y de ingreso per cápita en agricultura, bosques y pesquería y satisfacer el aumento en la demanda energético con menos emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. También, su evolución estará influenciada por apoyo a la investigación pública, reglamentación, derechos de propiedad intelectual y actitudes sociales.

El reporte identifica dos nuevos modelos de negocios que podrán emerger en el futuro: modelos colaborativos para compartir conocimientos y reducir costos de investigación y modelos integradores para crear y mantener mercados. Los colaborativos son relevantes a todas las áreas de aplicación y su adopción, combinada con nuevas oportunidades de negocios para cosechas de biomasa no alimentarias, podría revitalizar pequeñas firmas dedicadas a la producción primaria y a la industria. Los integradores podrían utilizarse en el área de salud para administrar la complejidad de la medicina predictiva y preventiva, que está basada en biomarcadores, farmacogenética y análisis de inmensos bancos de datos.

¿Cómo será la bioeconomía en el año 2030? El reporte describe un escenario probable y desarrolla dos escenarios posibles acordes con la diferente interacción de varios factores. La “bioeconomía probable” se construyó con base en los tipos de productos que probablemente lleguen a los mercados en el 2015 y se estima que podría aportar el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE en el 2030, con la mayor participación en industria y producción primaria, seguida por aplicaciones en salud. En los países en desarrollo la aportación económica podría ser aún mayor por la importancia de estos dos sectores en sus mercados. Los escenarios suponen un mundo multipolar, donde ningún país o región domina los asuntos mundiales e incluyen eventos plausibles que podrían influenciar la emergencia de la bioeconomía. El primer escenario alternativo describe cómo un cambio en el sistema de financiamiento de terapias favorece un cambio rápido en la innovación de la medicina regenerativa. En el segundo, se plantea cómo cierta actitud pública puede bloquear el desarrollo de la biotecnología a su máximo potencial. Los escenarios también exploran diferentes caminos tecnológicos, como una mayor competencia entre biocombustibles o un avance importante en el sistema de transporte eléctrico.

            El impacto de la bioeconomía en el 2030 dependerá finalmente, indica el reporte, del balance entre la gobernanza, incluyendo el grado de cooperación internacional, y la competitividad de las innovaciones biotecnológicas. Sus beneficios sociales y económicos dependerán del establecimiento de buenas políticas públicas. Cada tipo de innovación puede tener efectos incrementales, disruptivos o radicales. La mayoría de los casos de innovaciones incrementales se ajustan bien a la economía y a la regulación existente. Las innovaciones disruptivas o radicales pueden llevar a la desaparición de compañías y estructuras industriales y, seguramente, a aumentos enormes en la productividad. Obtener los máximos beneficios de la bioeconomía requiere de políticas públicas propositivas y orientadas a la obtención de objetivos específicos. Lo anterior necesita del liderazgo del gobierno y de las principales compañías para establecer metas en la aplicación de biotecnologías a la producción primaria, industria y salud; para lograr condiciones estructurales necesarias como acuerdos a niveles internacional y regional, y para desarrollar mecanismos que aseguren la flexibilidad de las políticas frente a las nuevas oportunidades.

En Morelos, tenemos un número muy importante de grupos de investigación de calidad internacional en biotecnología. Dichos grupos han producido ya innovaciones de impacto económico mundial en el sector de la salud. Sin embargo, no ha existido el interés gubernamental para establecer de manera conjunta las políticas públicas que apoyen la investigación y definan un mapa de ruta para impulsar nuestra bioeconomía. Por el bien del estado, esperemos que el próximo gobierno sí tenga la visión y la capacidad para lograrlo.

Éxito de la negociación multilateral en Cancún

La COP 16 en Cancún obtuvo acuerdos que no han sido analizados a profundidad por la comunidad académica y los medios de comunicación nacionales. Hemos tenido que documentarnos en el extranjero para conocer las primeras opiniones razonadas sobre lo sucedido en esta reunión de la Organización de las Naciones Unidas, que presidió México. Todos debemos saber que el Cambio Climático es en la actualidad el mayor peligro global que enfrenta el desarrollo de la humanidad. El antecedente a esta reunión es el fracaso de las negociaciones de hace un año en Copenhague, donde se ratificó la enorme diversidad de acciones propuestas por cada país, según sus conocimientos científicos, sus avances tecnológicos y sus prioridades políticas, económicas y sociales.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) que es la mayor asociación de ingenieros en el mundo, publicó en su prestigiada revista Spectrum que los resultados de la conferencia de Cambio Climático en Cancún sobrepasaron las expectativas y representan un avance real con relación a la conferencia del año pasado en Copenhague. El conjunto de acuerdos significa un paso formal en el tema que no se había tomado por años dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas y fue adoptada por consenso, casi unánime, a favor estuvieron 192 países y sólo Bolivia votó en contra. Considera que se tienen importantes acuerdos específicos y además es el vehículo para establecer compromisos vinculantes sin la necesidad de más tratados espectaculares. En particular, señala que hay dos temas de gran importancia: la continuidad en el seguimiento al Protocolo de Kioto y el restablecimiento de la cooperación de largo plazo. En el primer tema, destacan la firma por parte de Estados Unidos, porque concede implícitamente que necesita redoblar esfuerzos para reducir sus emisiones de carbón, y también el convencer a Japón de que abandonará su idea original de ya terminar dicho Protocolo. En el segundo, destacan el compromiso de los países en desarrollo para reportar regularmente sus cifras de emisiones y de aceptar que sean verificadas; la creación de un Fondo Climático Verde para que los países ricos canalicen apoyo económico a los pobres; la puesta en marcha de un mecanismo para que los países puedan ser recompensados por sus esfuerzos para evitar la deforestación; y el establecimiento del compromiso de que todos los países deben, tan pronto como sea posible, llegar al pico máximo de sus emisiones. La firma de China de este último punto es en sí un reconocimiento a que pronto deberá hacer un mayor esfuerzo para reducir sus emisiones.
La revista Scientific American, la de mayor circulación internacional para la divulgación de la ciencia, destaca a su vez el nuevo consenso acordado en Cancún que define un camino para las negociaciones internacionales que permita combatir el cambio climático global. Da como ejemplo las palabras del negociador en jefe de la delegación de Estados Unidos: “se aprobaron propuestas complejas que en Copenhague eran sólo ideas… este paquete no resolverá por sí solo el cambio climático pero es un buen paso hacia adelante…”. Consigna que por primera vez los países en desarrollo incorporan metas de reducción de gases de efecto invernadero dentro del proceso de negociación internacional. Otro tema relevante es el compromiso de que las acciones de adaptación al cambio climático son tan importantes como las de mitigación. También, es de gran importancia la aprobación del Programa para Reducir las Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los Bosques en Países en Desarrollo (REDD, por sus siglas en inglés) ya que se estableció un marco de acción global para detener la deforestación, proveer la adaptación de la población vulnerable y revertir retos peligrosos para el clima.
The Economist, revista liberal inglesa de gran influencia política a nivel mundial, reconoce de inicio las pocas expectativas que tenía sobre los resultados de la COP 16 en Cancún y señala que se produjeron nuevos y modestos acuerdos. Sin embargo, destaca el enorme esfuerzo diplomático realizado por la delegación mexicana que presidía la reunión. Describe cómo la lectura de la versión final del acuerdo mereció una ovación estando de pie todas las delegaciones menos una. Indica que aplaudían no sólo por el documento, aplaudían por los esfuerzos diplomáticos de la Presidencia mexicana y también porque se había retomado el camino de los negociaciones multilaterales después del fracaso de Copenhague. Bolivia se quedó aislada y por consenso los otros 193 países acordaron que los Acuerdos de Cancún se convirtieran en obligaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Describen que los textos aprobados establecen un conjunto de nuevos procesos: reducir las acciones de deforestación en los países en desarrollo, con financiamiento de los países desarrollados; crear un nuevo fondo de largo plazo por 100 mil millones de dólares, a negociar cada año entre las partes, que será manejado por un órgano independiente; establecer un marco para tomar acciones de adaptación; e iniciar un nuevo programa sobre transferencia de tecnología. También recalcan que el sistema de Naciones Unidas tiene ahora muchos más elementos para combatir el cambio climático que sólo el Protocolo de Kioto.
La última visión analizada es la expresada por Greenpeace International, organismo no gubernamental que encabeza el movimiento ecologista en el mundo, que señala los gobiernos decidieron escoger la esperanza sobre el miedo y reconstruir los cimientos para alcanzar un acuerdo global que combata el cambio climático, poniendo de lado diferencias mayores y comprometiéndose a llegar a acuerdos, por primera vez en muchos años. Señalan los puntos que deben ser trabajados para realmente combatir el cambio climático: determinar países financiadores para que funcione el Fondo Verde; reforzar el acuerdo REDD en los próximos meses; y especificar por país sus metas de emisiones, ya que aceptaron las reducciones deben estar entre 25 y 40 por ciento para el 2020, de acuerdo con lineamientos científicos.
México no puede perder el liderazgo alcanzado en el tema y debe mostrar congruencia, al establecer acciones en todos y cada uno de los acuerdos alcanzados, de tal forma que se tengan avances reales para la COP 17 en Sudáfrica. Morelos, acorde con los planteamientos nacionales, debe identificar las acciones específicas en que participará y definir grupos responsables que definan proyectos con actividades calendarizadas, y se concreten los presupuestos necesarios por parte del gobierno y de los empresarios. Todavía falta mucho por hacer para frenar el cambio climático.

Infraestructura del transporte al 2030

publicado en La Jornada Morelos el 27 de diciembre de 2011

El transporte de personas y de bienes es uno de los factores primordiales en la definición del tipo de la sociedad en que se vive. Impacta en los hábitos sociales, el comercio, los recursos naturales, la contaminación ambiental y el patrón urbano, entre otros. El uso generalizado del automóvil ha causado una sociedad individualista que derrocha energía con altos índices de contaminación, tanto al aire como al suelo y al agua. La transición de una sociedad rural a una urbana sigue requiriendo del transporte de cientos de insumos del campo a las ciudades y viceversa. El comercio, actividad indispensable para el desarrollo económico y para el balance y consecución de bienes de consumo perecederos o no a nivel regional, está definido por el tipo, calidad y capacidad de la infraestructura disponible. En un mundo globalizado, todos los países requieren de la importación y exportación de insumos para su desarrollo económico y social. De esta forma, las puertas de entrada y salida, como puertos y aeropuertos, y los corredores de distribución de productos al interior de los países se vuelven de vital importancia.

El Programa Internacional de Futuros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publico este año un estudio titulado “Requerimientos Estratégicos de Infraestructura en Transporte al 2030” (Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. Main Findings. OECD 2011). El estudio analiza, con miras a las necesidades que existirán al año 2030, la capacidad disponible a nivel internacional de las puertas de entrada a personas y mercancías a diferentes países; los puertos, aeropuertos, sistemas de conexión y medios de transporte hacia el interior de cada país. También, llevaron a cabo casos de estudio particulares para identificar los retos y las oportunidades que, a su vez, permitieron conocer los temas claves. Finalmente, el estudio propone un conjunto de políticas públicas para mejorar esta infraestructura que es indispensable para impulsar en los próximos años el desarrollo económico y social de los países en un mundo globalizado.

            Si consideramos que el Producto Interno Bruto del mundo debería de duplicarse de ahora al año 2030 para mejorar las condiciones de vida de la población mundial, entonces las consecuencias sobre el sistema internacional de transporte podrían ser enormes, estima el estudio, que el tráfico aéreo de pasajeros se duplicaría en 15 años, la carga aérea se triplicaría en 20 años y el manejo de contenedores por barco se cuadruplicaría al año 2030.

            La calidad de la infraestructura de las puertas de entrada y de los corredores hacia las ciudades del interior de los países es ya un aspecto fundamental para la competitividad internacional. Es la forma de aumentar el comercio internacional, en especial deben ser las exportaciones, para impactar positivamente el crecimiento económico al contar con todos los insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. Ningún país del mundo tiene en operación la infraestructura que necesitará en el año 2030, concluye el estudio. Por lo tanto, todas y cada una de las naciones deben establecer su conjunto de infraestructura estratégica en esta área. La mayoría de las puertas de entrada internacionales no podría manejar un aumento del 50 por ciento en sus actividades.

            A pesar de la actual crisis financiera y en algunos casos recesión, que ha incrementado los déficits, la deuda y el desempleo, es necesario que los países planeen sus futuras inversiones en este tipo de infraestructura, asegura el estudio. También, se deberán analizar todo tipo de fuentes de financiamiento ya que las tradicionales de origen público serán muy escasas en el futuro. Es imprescindible que se establezcan planes de desarrollo minuciosos para conocer y asegurar el financiamiento necesario en cada etapa. Sin esta planeación, los países tendrán una mayor brecha de credibilidad, los actores involucrados perderán interés y se debilitará la futura operación de las puertas de entrada a los países.

            Los países deberán considerar crear o fortalecer sus fondos de creación de infraestructura, propone el estudio. También, motivar e incentivar al sector privado para que apoye en el financiamiento necesario que permita la terminación de los proyectos y, sobretodo, la operación de los mismos. La participación privada también puede ayudar a transitar hacia esquemas del tipo de usuario-paga y de autofinanciamiento. La privatización parcial o total puede también incrementar la eficiencia en la operación y reducir los requerimientos de fondos públicos en estas puertas de entrada y de los corredores de acceso.

            El uso de los fondos de pensiones de los trabajadores por parte de los gobiernos puede ser un mecanismo apropiado para financiar la construcción de este tipo de infraestructura, siempre y cuando se desarrollen proyectos con la calidad suficiente y que tengan asegurado un riesgo financiero mínimo, advierte el estudio.

            El estudio señala la importancia fundamental para nuestro planeta de llevar a cabo el desarrollo de esta infraestructura con apego a normas ambientales. Las obras de por sí son de gran envergadura con impacto en grandes áreas de terreno; sin embargo, definen también las modalidades de transporte que operará en el futuro. La planeación y la programación de estas puertas de entrada y corredores interiores deben considerar el ahorro de energía, el uso de energías renovables, la menor emisión de gases de efecto invernadero y la reducción general del impacto negativo en el medio ambiente local y regional.

            En Morelos, se debe establecer una visión que refleje nuestros objetivos de largo plazo en el campo del comercio, tanto nacional como internacional, y que considere, según lo aconseja este estudio, las necesidades de infraestructura en transporte, incluyendo las políticas públicas requeridas, nuevos modelos comerciales, el financiamiento suficiente, el impacto reducido al ambiente, el ahorro de energía, y las puertas de entrada y los corredores para movilizar los insumos y productos indispensables.

Impostergable transición a una Economía Verde

publicado en La Jornada de Morelos el 23 de mayo de 2011
Casi veinte años han pasado desde que se celebró la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y todas las naciones del mundo se están organizando para analizar el próximo año las acciones que han emprendido y qué resultados han alcanzado para avanzar en el camino hacia el desarrollo sustentable. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elaborado un reporte titulado "Hacia una Economía Verde" (UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy) que presenta un programa de desarrollo económico y social basado en hacer verdes a sectores centrales de la economía. Dicho programa requeriría una inversión del 2 por ciento del Producto Doméstico Neto mundial para impulsar grandes flujos de dinero, tanto públicos como privados, que modifiquen la base industrial para utilizar eficientemente recursos naturales y para disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía verde no favorece a ninguna posición política y es relevante a cualquier tipo de economía, ya sea más social u orientada al mercado, asevera el reporte. Tampoco reemplaza al desarrollo sustentable; más bien, es un camino para avanzar en la implantación de la Agenda 21 a niveles nacional, regional y global. Define a una economía verde como aquella que incrementa el ingreso y el empleo con base en inversiones públicas y privadas que reducen las emisiones de carbono y la contaminación, incrementan la eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, y previene la pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.
El PNUMA considera que las inversiones privadas necesarias deben ser apoyadas por gasto público bien etiquetado, reformas en políticas públicas y cambios en regulación. Este tipo de desarrollo debe mantener, incrementar y, cuando sea necesario, reconstruir al capital natural como un bien económico y como fuente de beneficios públicos, en particular de los pobres cuya sobrevivencia y seguridad depende de la naturaleza. Para transitar a una economía verde se requieren implantar condiciones específicas que la faciliten: establecer esquemas regulatorios sólidos, priorizar inversiones y gasto gubernamental en áreas que estimulen la transición verde de sectores económicos, limitar el gasto en área que consumen el capital natural, emplear impuestos e instrumentos de mercado para modificar las preferencias de los consumidores y promover la inversión y la innovación verdes, invertir en construir capacidades institucionales y en entrenamiento, y fortalecer la gobernanza internacional. A nivel nacional, también propone cambios en políticas fiscales, reforma y reducción de subsidios dañinos al medio ambiente, utilización de nuevos instrumentos de mercado, enfoque de inversiones públicas a sectores verdes clave, cambio a una procuración pública de bienes verdes, mejora de reglas y normas verdes.
Señala la existencia de mitos que frenan esta transición. No es cierto que exista un balance obligatorio entre la sustentabilidad ambiental y el progreso económico, ya que hay evidencia sólida donde un cambio a una economía verde no ha inhibido la creación de riqueza o de empleo. Tampoco es cierto que una economía verde sea sólo un lujo de los países ricos, ya que existen muchísimos casos exitosos de transición verde en los países en desarrollo. Una transición a una economía verde crea trabajos adicionales en mayor cantidad de los que se pierden en el proceso mismo de transformación, y reduce la pobreza en sectores como la agricultura, el forestal, la pesca y la energía.
El reporte también señala la importancia de cómo medir el progreso hacia una economía verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, distorsionan el funcionamiento económico de una nación al no considerar cómo las actividades de producción y consumo disminuyen el capital natural. Propone que los cambios en la cantidad del capital natural sean evaluados en términos monetarios e incorporados en las cuentas nacionales, como lo hace la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Los resultados más importantes de este reporte indican que una economía verde: reconoce el valor de y las inversiones en capital natural, es central para la disminución de la pobreza, crea empleo y aumenta la equidad social, sustituye a los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono, promueve la eficiencia energética y amplía el uso de recursos, mejora la vida en ciudades y la movilidad baja en carbono, crece más rápidamente que la economía tradicional mientras mantiene y restaura el capital natural.
En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ya calcula el Producto Interno Neto Ecológico, como lo hemos analizado en esta columna; sin embargo, todavía no es utilizado para definir ninguna política pública. En Morelos, las políticas públicas para el desarrollo económico y social siguen lineamientos teóricos del siglo pasado y no consideran la degradación del capital natural; lo que es de enorme importancia por ser una sociedad basada en el turismo y en el campo.

Crear empleos pero “verdes”

No deben quedarnos dudas sobre la necesidad de impulsar decididamente acciones que nos permitan revertir el Cambio Climático de nuestro planeta y también de preservar y reconstituir los ecosistemas locales a niveles de contaminación que no dañen nuestra salud y nuestro desarrollo. Emprender el camino del desarrollo sustentable a pasos acelerados es una necesidad impostergable. Al mismo tiempo, uno de los principales objetivos sociales es la creación de empleos seguros y bien remunerados, y en cantidades que permitan resarcir los rezagos históricos que tiene nuestro país en materia laboral. Lo anterior nos obliga a planear con especial atención qué tipo de empresas queremos impulsar en nuestro estado. Ya no es aceptable permitir la instalación de ninguna empresa sin el conocimiento preciso del impacto ambiental, social y económico que tendrá, tanto a nivel local como global, y que éste se ajuste a nuestras normas establecidas y además debemos incentivar económicamente sólo a aquellas con los mejores estándares.
El Centro Europeo para el Desarrollo de Entrenamiento Vocacional y la Organización Internacional del Trabajo publicaron, en 2010, un reporte sobre “Habilidades para Trabajos Verdes” (Skills for green jobs, European Synthesis Report, 2010) que plantea las necesidades de nuevas habilidades laborales por el cambio estructural debido al “enverdecimiento” de la economía, que requiere nuevos, cambiantes y más restrictivos perfiles ocupacionales. Se preocupan por presentar una serie de casos de éxito, que además muestran la necesaria colaboración entre el gobierno y las empresas para impulsar la transformación a una sociedad más “verde”, para alcanzar un sistema socio-industrial con mayor eficiencia energética y para utilizar de forma masiva a las energías renovables. Dicha transformación requiere un cambio profundo en las habilidades de los trabajadores. Señalan la necesidad de enfocarse en ampliar las competencias actuales, incluyendo las básicas como matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencias. Aseguran que cada trabajo existente se puede hacer de manera más “verde” y que es fundamental conocer el impacto, por lo menos ambiental, de cada trabajo y su posible contribución para tener una economía más “verde”. Este conocimiento debe ser incorporado a los sistemas de entrenamiento, capacitación y educación.
Resultados de su investigación señalan que inversiones en energías renovables y en eco-construcción son motores para la generación de empleos. En el Reino Unido, se estima que 400 mil empleos podrían ser creados en cinco años sólo para alcanzar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos, se ha calculado que la inversión en eficiencia energética y energías renovables produce entre 2.5 y 4 veces más empleos por dólar que la inversión en el sector de los hidrocarburos.
Nos presentan cuatro conclusiones básicas:
Primera, desarrollar sólidas estrategias ambientales y sus necesarias regulaciones, estándares y mecanismos de financiamiento, y actualizar y mejorar estas estrategias ambientales al nivel del cambio climático, con nuevas políticas y metas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, así como establecer planes de adaptación a los resultados ya provocados por el cambio climático. Dichas estrategias se han enfocado en Europa al sector de las energías renovables (en particular, turbinas eólicas, sistemas fotovoltaicos y biocombustibles), y al ahorro y uso eficiente de la energía (en particular, en la vivienda y el transporte).
Segunda, la reestructuración hacia lo “verde” demanda nuevas habilidades ya que los productores existentes reorientan sus actividades hacia los nuevos mercados y productos. Es fundamental capacitar a los trabajadores en estas nuevas competencias, incluso en áreas de bajas habilidades como la construcción.
Tercera, la implantación de sistemas de previsión sobre las habilidades que serán necesarias en el futuro y los cambios ocupacionales que existirán. Estos sistemas deben contar con información proporcionada por los mercados laborales, las asociaciones empresariales y las instituciones de educación superior, y deben ser cofinanciados por los gobiernos y los empresarios.
Cuarta, los sistemas existentes permiten una adaptación gradual a las cualidades y el currículo correspondientes a demandas cambiantes, incluyendo aquellas motivadas por las inversiones en bienes y servicios de una economía encaminada a emitir menos carbón a la atmósfera por dólar invertido.
En Morelos, de acuerdo con este estudio, debemos establecer una estrategia que permita de manera continua el “enverdecimiento” de los empleos al gestionar la demanda de competencias “verdes” dentro del sistema general de entrenamiento y capacitación. Se debe equilibrar la necesidad de mejorar el actual sistema para predecir las habilidades que se requerirán en el futuro con la necesidad de desarrollar actividades específicas que respondan al cambio climático. Especial atención debemos tener con el papel del aprendizaje durante toda la vida en contraposición al entrenamiento en el trabajo, ya que es necesario mejorar la conciencia ambiental de la población.

Acciones empresariales contra el Cambio Climático

La participación del sector privado es fundamental para alcanzar reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y actuar contra el Cambio Climático. Es imperioso que los gobiernos acuerden con el sector empresarial las acciones de comando y control necesarias, así como los incentivos requeridos, para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación identificados por la comunidad científica y tecnológica.
Hace un año, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó recomendaciones sobre las actividades que debe realizar el sector empresarial, con apoyo de los gobiernos, para reducir los impactos del Cambio Climático. Formaron un grupo de trabajo compuesto por personal idóneo de ochenta compañías asociadas al WEF y por cerca de cuarenta expertos de universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector público. El propósito fue diseñar un plan de acción ambientalmente efectivo y económicamente eficiente. La clave de las recomendaciones se sustenta en una alianza público–privada que construya mecanismos de colaboración en las áreas de inversión, eficiencia energética, desarrollo tecnológico y métrica común, que fomenten la inversión y la innovación privadas a una escala suficiente para transformar los sistemas industriales mundiales en unas cuantas décadas.
Establecieron que esta propuesta, catalogada como “de abajo hacia arriba” es necesaria para lograr acuerdos del tipo “arriba hacia abajo” como los que establecen las naciones en reuniones multinacionales; por ejemplo, en la COP-16, que se está llevando en Cancún. Consideran que esta nueva dimensión es de importancia para los gobiernos por las siguientes razones: un esfuerzo más orientado a los resultados en eficiencia energética, tecnología, inversión, deforestación y adaptación es imprescindible para darle credibilidad a las metas de mediano plazo establecidas por los acuerdos de las Naciones Unidas; dada la enorme cantidad de recursos que se requiere invertir y el reciente deterioro de las finanzas públicas de la mayoría de los países, es fundamental una mayor participación del capital y de la tecnología de las empresa privadas de los países desarrollados para apoyar el progreso de los países en vías de desarrollo, y al considerar que tomará más tiempo llegar a acuerdos globales en esta materia, es muy importante redoblar esfuerzos en acciones concretas.
La eficiencia energética es la estrategia disponible más efectiva para cambiar rápidamente la huella de carbón de la mayoría de las economías y mitigar emisiones de GEI. La Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que aumentos en la eficiencia energética podrían llegar a reducir en 50 por ciento el monto de reducción potencial de GEI y, lo que es más importante, llevar a cabo estas reducciones se pagaría totalmente con los ahorros energéticos realizados.
Además, estiman que el potencial de tecnologías clave ya existentes para reducir emisiones de carbón es hasta del 11 por ciento del monto de la reducción potencial para el año 2030 y hasta del 27 por ciento al 2050. Avanzar en estas reducciones requiere de mayores inversiones en ciencia y tecnología, y la implantación masiva de sus innovaciones. La reducción del riesgo en la inversión de estas actividades es posible con proyectos conjuntos entre los sectores público y privado.
Indican que el 75 por ciento de la infraestructura energética mundial que será necesaria al año 2030 todavía está por construirse. Según la AIE, la mayoría de estos proyectos será en las economías emergentes; en particular, en China e India. Los costos estimados varían pero los países en vías de desarrollo deberán invertir cientos de miles de millones de dólares en tecnologías bajas en carbón durante los próximos 15 años. No se puede esperar que estos montos de financiamiento sólo provengan de la asistencia para el desarrollo de los países industrializados o de mecanismos internacionales, como el mecanismo de desarrollo limpio. El mayor potencial de financiamiento será de inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los bancos privados, entre otros.
Es imprescindible que las empresas reporten públicamente el impacto que cada una tiene con relación al Cambio Climático. Sólo con el establecimiento de un método de análisis común será posible consolidar la información y hacer comparaciones relevantes, y establecer metas significativas para que los mercados financieros internalicen aspectos ambientales cruciales en la asignación de capital.
Evitar la deforestación es otro de los mecanismos importantes para alcanzar los objetivos en la reducción de emisiones de GEI. Estiman que una cuarta parte de la reducción potencial podría resultar de mantener el uso del suelo actual y establecer economías basadas en el uso sustentable de los recursos vegetales en el planeta.
En Morelos se deben establecer políticas públicas para acelerar las acciones empresariales de mitigación y adaptación al Cambio Climático, tales como: incorporar al sector privado en la planeación, establecer los incentivos necesarios, implantar criterios operacionales para la adecuada gestión ambiental de las empresas y financiar conjuntamente las innovaciones tecnológicas necesarias.

Trascender a la basura en 30 años

Como mencionamos en la entrega anterior, la transición entre la administración de la basura, restringida a su recolección y disposición, a un manejo integrado de la gestión de desechos, que debe atender cinco componentes claves: Reducir, Reusar, Recuperar, Reciclar y tratar los Residuos, requiere del esfuerzo comprometido de los sectores público, privado y social. El hecho de que la participación de los ciudadanos sea imprescindible ha causado a nuestros gobiernos estatal y municipal no afrontar directamente el problema. Además, alcanzar una situación de generar cero basura y que todos los desechos sean útiles es un problema de educación y capacitación de mediano y largo plazos. Es urgente ponernos ya en marcha y un buen ejemplo lo ha puesto el Estado de Washington, en Estados Unidos, al establecer en el año 2004 un plan de 30 años para trascender a los desechos.
El propósito de dicho plan, llamado Transcender los desechos, tiene como visión eliminar la mayoría de los desechos y de las substancias tóxicas y usar al resto de los desechos como recursos económicos o sociales. Su Departamento de Ecología desarrolló una serie de 16 indicadores que permiten conocer si las acciones tomadas están en la trayectoria deseada para alcanzar dicha visión. De 2004 a finales de 2009 ¿cómo van? Los indicadores que han mejorado son: el reciclado de desechos electrónicos aumentó de 30 a 45 por ciento; la generación de residuos tóxicos por dólar del producto interno del estado disminuyó en 50 por ciento; la concentración de mercurio en biosólidos disminuyó de cuatro partes por millón a sólo una y se ha estabilizado en los últimos años; el porcentaje de edificios verdes pasó de cuatro a 11 y para después bajar a ocho; la fracción de desechos sólidos que son reciclados pasó de 30 a 45 por ciento y se ha estabilizado; el reciclado de desechos orgánicos pasó de tres a 18 millones de toneladas por año y ha disminuido ligeramente; el riesgo de fugas de materiales tóxicos por los fabricantes bajó en un factor de cuatro y se ha estabilizado; la generación de desechos peligrosos disminuyó de 90 a 45 millones de kilos por año; el valor económico de los desechos sólidos recuperados anualmente pasó de 180 a 265 millones de dólares, y la fracción de pinturas recicladas pasó del 15 al 22 por ciento. Los indicadores que han permanecido estables son: la toxicidad de los pesticidas para jardinería a pesar de aumentar sus ventas, el reciclado de desechos peligrosos se ha mantenido constante en 50 millones de kilos por año, la cantidad de kilos de desechos generados por dólar del producto interno neto del Estado bajó ligeramente de seis a cinco, y la generación de desechos sólidos se ha mantenido en 16 millones de toneladas por año. Finalmente, los indicadores que necesitan mejorarse son: el índice del cambio climático del consumidor subió 10 por ciento y el índice de toxicidad ambiental del consumidor subió 10 por ciento.
Los beneficios de este Plan, como los establece el Departamento de Ecología del Estado de Washington en Estados Unidos, son: ahorra dinero a los ciudadanos, negocios y gobierno municipal, ya que los ciudadanos pagan menos por cobros relacionados con la basura y por bienes que no se necesitan, los gobiernos locales pueden invertir sus limitados recursos en reciclado y composteo más que en mantener rellenos sanitarios, y los negocios pueden gastar menos dinero en la disposición de desechos sólidos y tóxicos y en reducir las fugas de materiales tóxicos al ambiente; crea más y mejores empleos, ya que hacer reciclado y composteo son trabajos más limpios que los de los rellenos sanitarios y se necesitan más trabajadores; protege al ambiente, ya que hacer compostas, construir edificaciones verdes y reusar desechos reduce el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero comparado con extraer nuevos materiales y manufacturar nuevos productos; cuida nuestra salud, ya que reduce o limita la exposición a elementos tóxicos en el agua y la atmósfera; y aumenta las ganancias de las empresas particularmente en el largo plazo, ya que el consumidor prefiere empresas responsables, las reglas internacionales son más estrictas y es necesario menos entrenamiento para nuevos empleados al querer permanecer en sus puestos.
En este plan existen cinco iniciativas: actuar con las empresas, reducir los desechos y materiales tóxicos de pequeño volumen, aumentar el reciclado de materiales orgánicos, impulsar fuertemente la construcción, operación y retiro de edificios verdes, y medir el progreso hacia los objetivos originales.
Cada iniciativa tiene sus metas a 30 años y recomendaciones para ser monitoreadas cada cinco años.
En Morelos sí es posible diseñar e implantar un programa gubernamental de estas características con la colaboración de los ciudadanos, los empresarios, los industriales y las instituciones de investigación, y además contar con el poder legislativo para que establezca las normas que aseguren su cumplimiento. Continuar con la tendencia en la administración de la basura es atentar contra la salud y el bienestar de los morelenses, y mostraría una incapacidad de los gobernantes y los legisladores para dar pasos en el camino del desarrollo sustentable.

Hagamos un transporte sustentable

El desarrollo sustentable es un concepto integral que comprende todos los aspectos de nuestras actividades sociales y personales. Una definición operacional que hemos acuñado es la siguiente:

desarrollo sustentable es alcanzar el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y a las generaciones futuras.
El Centro para la transportación sustentable, de la Universidad de Quebec, en Canadá, es una de varias instituciones internacionales que llevan trabajando en este tema por décadas. Han establecido que un sistema de transporte sustentable es uno que permite acceder a las necesidades básicas de los individuos y de las sociedades de una manera segura y preservando la salud humana y de los ecosistemas con equidad entre las generaciones; es asequible, opera eficientemente, ofrece diferentes modalidades de transporte y apoya a una economía pujante; y limita las emisiones y desechos a los que puede absorber el propio planeta, minimiza el consumo de recursos no renovables, limita el consumo de recursos renovables a una tasa sustentable, reusa y recicla sus componentes y minimiza el uso de terreno y la producción de ruido.
Asimismo, consideran que el transporte sustentable debe estar basado en varios principios: los sociales, seguridad y salud, acceso y alternativas, y calidad de vida; los económicos, prevención de la contaminación, protección y conservación, y sesgo ambiental; y los administrativos, liderazgo e integración, principio precautorio, participación y consulta pública, y responsabilidad comprobada.
Las propuestas anteriores han sido consideradas por muy diversas instituciones para poner en marcha sus programas de transporte sustentable y establecer legislación en la materia. Por ejemplo, las provincias de Quebec y Nova Scotia, y el propio gobierno federal de Canadá. También, a nivel internacional, han sido consideradas por ciudades en Estados Unidos, Australia y Francia. Y finalmente, la Unión Europea las consideró al definir su propia agenda en el tema.
Una etapa fundamental para establecer un camino hacia un desarrollo sustentable es la identificación y selección de objetivos y metas, que deben ser cuantificables para saber si las acciones emprendidas van en la dirección correcta. Este Centro, además, estableció el siguiente conjunto de indicadores para medir el funcionamiento de un sistema de transporte sustentable y así conocer su progreso.
Las consecuencias ambientales y de salud del transporte se evalúan al conocer el consumo de combustibles fósiles, sus emisiones de gases invernadero, sus emisiones de otros contaminantes a la atmósfera y el número de accidentes, fatales o no, en los caminos.
Las actividades propias del transporte se evalúan al conocer su relación con otras actividades económicas, el movimiento total de personas, el movimiento total de carga, la proporción de pasajeros que no viajan en transporte público y el movimiento de pasajeros por tipo de vehículos.
El uso de terrenos, urbanos o no, y su accesibilidad se evalúan al conocer el uso permitido del suelo por zona y clase, el esfuerzo en el cambio de su uso para reducir la necesidad de transporte, la densidad poblacional por zonas habitacional, comercial o mixta.
La infraestructura de transporte y la oferta de servicios se evalúan al conocer la eficiencia en el uso de la infraestructura presente, las acciones para modificar la oferta futura de servicios, la longitud de caminos pavimentados y sus condiciones físicas y los sitios de congestión vehicular y sus características.
Los costos y precios de transportación se evalúan al conocer el patrón de inversión por los gobiernos estatal y municipales, los patrones de gasto por las empresas privadas y por las familias, y el sistema utilizado para definir los precios de las diferentes modalidades.
La adopción de nueva tecnología se evalúa al conocer el tipo y estado del parque vehicular, la intensidad energética de coches y autobuses, la intensidad de las emisiones contaminantes, el porcentaje de vehículos que usan combustibles renovables y las opciones de reemplazo que harán al sistema más eficaz y eficiente.
Para conocer cómo se están implantando las políticas y cómo se les da seguimiento es necesario conocer las herramientas de monitoreo ambiental, los mecanismos de información pública y el nivel de aceptación y apoyo de la sociedad civil a su sistema de transporte.
Hagamos un transporte sustentable. Que expertos adecuen éste y otros modelos posibles a la realidad de Morelos, presenten los resultados al gobierno, a las empresas, a los transportistas y a los usuarios, y definamos nuestros indicadores, establezcamos mecanismos para darles seguimiento y repartamos las responsabilidades.

Ampliar las cuentas nacionales

En cualquier empresa o negocio es imprescindible llevar las cuentas de los dineros: ingresos, egresos y aumentos en capital, entre otras variables; y conocer las ganancias o pérdidas. También, es imprescindible que cada país lleve sus cuentas nacionales y el producto interior bruto (PIB) es el indicador poderoso y ampliamente aceptado a nivel internacional para controlar las fluctuaciones de la actividad económica a corto y mediano plazos. A pesar de sus carencias, es aún la mejor medida de la eficacia de la economía de mercado. Sin embargo, en México y el mundo, hay una clara necesidad de complementar al PIB con estadísticas que cubran otros aspectos económicos, sociales y medioambientales, de los que depende de forma crucial el bienestar de los ciudadanos, como lo hemos ya mencionado en Crear futuros. Debemos poder calibrar con precisión a largo plazo los avances económicos y sociales y, en particular, la habilidad de una sociedad para abordar cuestiones tales como el cambio climático, la eficiencia de los recursos o la inclusión social.
La mayoría de los gobiernos han decidido avanzar al añadir de manera gradual distintos conceptos al PIB, ya que considera debe asegurar la información histórica del comportamiento económico. Además los nuevos modelos e indicadores deben mostrar sus bondades en el mediano y largo plazos, y no es bueno cambiar de sistema de cuentas en momentos de crisis económica como la que tuvo su máximo efecto a mediados del 2009.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicó en 2010 el documento Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2003-2007, como un claro ejemplo de lo que está haciendo nuestro país dentro de esta visión y en el marco de su responsabilidad para elaborar el Sistemas de Cuentas Nacionales de México. El desarrollo alcanzado por este Sistema ha hecho posible incorporar al medio ambiente, con el fin de generar resultados recurrentes del Producto Interno Neto Ecológico (PINE) con periodicidad anual.
En la contabilidad económica, se pueden presentar en forma sintética la producción, el consumo y la acumulación mediante ciertas identidades básicas. La primera de ellas relaciona la oferta total con la utilización total de bienes y servicios de la economía; es decir, la suma de la producción bruta total más las importaciones es igual al consumo intermedio más el consumo final más la formación bruta de capital más las exportaciones. Una segunda identidad expresa que el PIB es igual a la diferencia del producto bruto total y el consumo de bienes y servicios utilizados en el proceso productivo. Por otra parte, el proceso económico se apoya en un conjunto de conceptos denominados bienes de capital (maquinaria, equipo, construcción e instalaciones), los cuales como consecuencia de su utilización registran un desgaste. Así, en la tercera identidad, se obtiene que el Producto Interno Neto (PIN) es el PIB menos el consumo de capital fijo. Es precisamente este desgaste de los activos fijos que permite incorporar los ajustes derivados de los recursos naturales y el medio ambiente para obtener el PINE. Ahora se consideran tres activos: los activos económicos producidos, que comprenden construcciones e instalaciones; maquinaria y equipo, así como al ganado reproductor y las mejoras de tierra, entre otros; los activos económicos no producidos que son utilizados en la producción, pero no provienen de proceso productivo alguno, como son el suelo, los bosques y los depósitos de minerales, entre otros, y finalmente los activos ambientales no producidos que son de origen natural y son afectados por la actividad económica y poseen características tales que no es posible establecer alguna propiedad sobre ellos; por ejemplo el aire y los océanos. Entonces, se define al PINE como la diferencia del PIN y los costos por agotamiento de los recursos naturales y por degradación del medio ambiente. Los costos por agotamiento son los cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida de los recursos naturales (equivalentes a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso productivo. Y los costos por degradación son las estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades económicas.
En el periodo 2003 a 2007, según este estudio, los costos totales por agotamiento y por degradación del ambiente equivalen al 8.6 por ciento promedio anual del PIB. Este es el esfuerzo presupuestal que la sociedad mexicana en su conjunto tendría que efectuar para remediar y prevenir el daño al medio ambiente como resultado de las actividades propias del ser humano, como producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y esta cifra aumentará al incorporar a nuestras cuentas nacionales otros aspectos como la marginación social y la desigualdad económica.
Ya empezamos a identificar el esfuerzo económico mínimo necesario para avanzar hacia el desarrollo sustentable. Si incrementamos la inversión nacional en educación al 8 por ciento y en Ciencia y Tecnología al 2 por ciento, ambos del PIB, sería posible alcanzar antes nuestros objetivos.