La
Seguridad Ciudadana, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas, “es una
modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida
inicialmente como la protección universal contra el delito violento o
predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u
oportunidades de todas las personas –su vida, su integridad, su patrimonio–
contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma súbita y
dolorosa la vida cotidiana de las víctimas”. La tendencia se orienta a
desplazar el concepto de un mero enfoque de seguridad del Estado o seguridad
nacional y llevarlo hacia terrenos más amplios de corresponsabilidad, que
incluyen como conceptos vinculados el de seguridad comunitaria (con
énfasis en la solidaridad), el de aseguramiento (basado en la prevención
de riesgos frente a vulnerabilidades), y el de convivencia ciudadana (que
apunta al civismo y a la cooperación más allá de lo prescripto por los códigos
penales).
Gustavo Beliz escribe un artículo
sobre “Gobernar la Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe:
Amenazas,
desafíos y nudos estratégicos de gestión”, que fue publicado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, como Documento de Debate # IDB-DP-215, en marzo de 2012.
Establece que más allá de las características particulares de cada subregión,
de cada país y aún de cada área geográfica dentro de cada ámbito nacional,
puede señalarse que América Latina y el Caribe enfrentan un acentuado deterioro
de la situación de seguridad ciudadana, tanto desde el punto de vista objetivo
como subjetivo. La seguridad es claramente un problema de desarrollo.
Tras repasar los múltiples costos
(sociales, económicos, de confianza institucional) que las diferentes clases de
violencia suponen para los países y habitantes de la región, Beliz analiza los
nudos estratégicos desde la perspectiva de la gestión de calidad de las
políticas de seguridad ciudadana.
Se necesita consolidar
una doble transición: de políticas de gobierno a políticas de Estado, y de
políticas unilaterales a políticas integrales. La seguridad no es una
cuestión de más o menos fuerza sino de más o menos calidad democrática, que
requiere expresarse a partir de la rescritura de un contrato de acuerdos
básicos, sostenibles en el tiempo, con claros liderazgos de coordinación,
respetuosos de los derechos humanos y sin suponer que existe una bala de plata
para solucionar mágicamente los problemas.
La seguridad ciudadana
requiere consolidar una identidad que integre saberes y acciones simultáneas
de varias agencias, que para resultar sostenibles exigen la conformación de
un servicio civil profesional que conduzca y coordine otras áreas del
Estado desde la perspectiva específica y focalizada de la prevención de la
violencia. Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales
o hacerla depender exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el
riesgo no sólo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un
piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren
un abordaje específico de prevención.
Toda seguridad es “glocal” (global + local), y
requiere la participación de instancias nacionales en apoyo de gobiernos estatales
y municipales, que es donde en definitiva los programas se aterrizan y
ejecutan. La corresponsabilidad, capacidad de asociación y construcción de un
nuevo concepto de espacio público que este esfuerzo supone incluyen pensar
modos de financiamiento de la seguridad que integren ambas perspectivas y
fortalezcan las capacidades institucionales desde la base. Los presupuestos públicos
necesitan al mismo tiempo reforzar áreas de prevención de la violencia y no que
se los destine exclusivamente a áreas de control del delito.
La seguridad es un bien público que se coproduce con
la participación de la sociedad civil y la responsabilidad de actores estatales. Superar los riesgos de
la justicia por mano propia, la privatización sin control y la participación de
grupos sociales suponen la existencia de marcos regulatorios claros, e
instituciones transparentes y abiertas, así como también implican rescatar la
importancia de la gestión público-privada en múltiples instancias de prevención.
El establecimiento formal de iniciativas de gestión (antes que nada, dentro del
propio Estado en sus múltiples agencias y niveles verticales y horizontales de
integración) permite superar el riesgo de que la seguridad sea tarea de todos y
responsabilidad de nadie.
La gobernabilidad electrónica de la seguridad
implica la incorporación de nuevas tecnologías de gestión, con instancias
institucionales más democráticas y eficaces, que requieren una condición básica para
construir gobernabilidad: marcos estadísticos sólidos e información confiable
–accesible en las redes sociales–, para la construcción de políticas públicas
sostenidas con criterio científico. La información estadística sobre seguridad
ciudadana adolece de falta de desarrollo y de secretismo, lo que resulta
preciso superar apoyándose en innovaciones tecnológicas y un firme liderazgo
institucional.
La gestión de la seguridad requiere construir
evidencia científica sobre los programas que funcionan, por qué funcionan y
cómo funcionan.
Se trata de un esfuerzo multidisciplinario que convoca a la construcción de
indicadores sólidos, de múltiples fuentes (presupuestarias, estadísticas,
econométricas, judiciales, policiales, sociales, educativas, de salud pública)
y que requiere tener en claro que no se trata de copiar modas ni modelos ajenos
a la realidad de América Latina y el Caribe, sino de aprender metodologías
científicas que permitan consolidar una cultura de cooperación y buenas prácticas.
Antes que grandes reformas legislativas y una
inflación penal normativa, la región requiere la aplicación judicial concreta
de la normativa existente para
construir así una selectividad inteligente del sistema penal que permita
superar la sensación de impunidad y desconfianza que hoy reinan sobre los
sistemas judiciales. La innovación de mecanismos de justicia restaurativa y el
fortalecimiento de mecanismos de cooperación supranacional para enfrentar el
crimen organizado constituyen un punto básico de la gestión de un nuevo modelo
de seguridad ciudadana.
Los jóvenes, por ser las principales víctimas y
victimarios de la violencia, y las mujeres, por expresar fenómenos de violencia
silenciada en nuestras comunidades, son dos sujetos de primer orden de
políticas de prevención de la violencia que sean socialmente intensivas. En términos de pensar
acciones de focalización inteligente y temprana para prevenir la violencia,
tanto la familia como la escuela constituyen una frontera esencial para la
provisión de respuestas integrales del Estado.
Los medios de comunicación ejercen una gran
influencia en la gestión de las políticas de seguridad, las cuales no pueden
desentenderse de factores de percepción de temor que tienden a independizarse
del territorio y extenderse en aspectos de victimización social con fuerte percepción
subjetiva. Se requiere explorar sobre el particular estrategias de corresponsabilidad.
En Morelos debemos pasar
del autogobierno policial al gobierno democrático de la policía, como establece
Gustavo Beliz e implica la seguridad ciudadana, en un esfuerzo de liderazgo
civil que incluyen cuestiones relativas a la transparencia y la lucha contra la
corrupción, la eficacia presupuestaria, el control ciudadano de áreas
neurálgicas de la institución y un rediseño de culturas organizacionales que
favorezcan a la vez las capacidades de lucha contra el crimen y de una policía
comunitaria orientada a la resolución de problemas.
1 comentario:
Lo primero que pensé al leer esto fue: "BRAVO, al fin una visión integral y fresca al tema de inseguridad que nos aqueja a tantos!" Los segundo fue: "ojalá los candidatos a gobernarnos se tomaran la molestia de leer y adoptar ideas tan trabajadas y logradas como esta". Lo último fue: "Sí hay una posibilidad real de salir de esta terrible crisis de inseguridad y falta de libertad"... Como ciudadanos empujemos estas propuestas, por favor, por nosotros, por nuestros hijos, por México...
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