Me encuentro en la corriente de pensamiento que considera las teorías de
libre mercado y de planeación centralizada han fracaso para impulsar el
desarrollo social y económico de los países. Debemos establecer un Estado con
injerencia en la orientación del desarrollo y con real capacidad de asignar
recursos y cumplir funciones de regulación. Esto debe ocurrir en el marco de
nuevas relaciones con la sociedad, con el sistema de representación y con la
base de constitución de la sociedad civil. Debemos ubicar al Estado en el
centro de las estrategias para reducir, en el mediano y largo plazos, las
desigualdades económicas, estructurales, laborales, sociales y territoriales, y
avanzar hacia un mayor desarrollo con igualdad.
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) publicó en julio de 2012 el documento titulado “Eslabones de la
desigualdad: Heterogeneidad estructural, empleo y protección social”, bajo la coordinación
general de Cecilia Rossel, de la División de Desarrollo Social (Publicación de
las Naciones Unidas, LC/G.2539). El propósito es profundizar en el análisis de
los vínculos entre el empleo y la protección social, así como en su rol en la
generación y diseminación de desigualdades en América Latina. Con ello, busca
ofrecer evidencia sobre la forma en que se originan y transmiten las desigualdades
en la articulación entre el mercado de trabajo y la protección social, pero también
se propone establecer un marco de políticas que permita mejorar las sinergias
entre ambas esferas.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, reitera
en el prólogo que los elementos rectores del desarrollo de cara al futuro son: crecer
con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar
potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. Es
necesario revertir las tremendas disparidades espaciales mediante sociedades
más integradas en torno a dinámicas productivas, con sinergias sociales y
territoriales positivas.
El documento señala que
los desafíos para el diseño de políticas son múltiples y trasladar un diagnóstico
al ámbito de las políticas no es sencillo. Requiere integrar enfoques, alinear
distintos instrumentos con una misma meta, introducir ciertos cambios de rumbo,
fortalecer políticas prexistentes, desarticular viejos mecanismos y apostar a
nuevas medidas, operando a la vez —y en forma coordinada y coherente— en los
tres eslabones de la cadena: gobierno, empresas y trabajadores. Las principales
alternativas de políticas que se presentan para avanzar —operando
simultáneamente en el desarrollo productivo, el mercado laboral y la protección
social— hacia un mayor desarrollo con igualdad son: impulsar un modelo
económico verde e inclusivo; promover una inserción internacional más inclusiva
de las empresas pequeñas y medianas; invertir en nuevos sectores sociales para
la convergencia productiva y la inserción social; promover la mayor
participación laboral, especialmente femenina; combatir el desempleo; superar
las barreras al empleo productivo; avanzar hacia una institucionalidad laboral
para el desarrollo inclusivo, que genere empleo con derechos y de calidad; fortalecer
el pilar contributivo y reducir la desigualdad en los componentes de
aseguramiento y protección; fortalecer las transferencias directas de ingresos
a los más pobres y profundizar su orientación al empleo; redistribuir la
provisión de cuidado fuera de la familia; redistribuir la provisión de cuidado apoyar
el acceso a sistemas de seguridad social, salud y servicios básicos, y proteger
la precariedad en la vejez.
Las propuestas
presentadas en párrafos anteriores configuran una hoja de ruta concreta sobre
cómo avanzar en la reducción de las desigualdades que se originan y transmiten
en la cadena de la heterogeneidad estructural, el mercado laboral y la
protección social, indica el documento. Este marco de políticas se orienta a
generar cambios estructurales importantes y, al mismo tiempo, avanzar en el
cumplimiento de derechos y garantías básicas y universales que reduzcan la
desigualdad en los mercados laborales y en el acceso a la protección social.
La estabilidad
macroeconómica y la viabilidad financiera no son suficientes para garantizar la
efectividad de las políticas planteadas, recuerda el documento. Impulsar las
políticas propuestas implica necesariamente enfrentar desafíos de orden
sociopolítico e institucional de carácter global, ya que por su importancia y
articulación con situaciones y procesos estructurales, no se reducen a una
esfera aislada. Llevar adelante una estrategia como la descrita supone impulsar
transformaciones sustantivas, que implican desafíos económicos, políticos y
sociales de gran envergadura.
En Morelos y en toda
América Latina, proponer reformas estructurales requiere construir, en tiempos
razonables, al menos de tres tipos de consensos básicos de contexto
sociopolítico general: promover la disposición a impulsar agendas reformistas
entre los diversos actores políticos y sociales estratégicamente situados; lograr
consenso en el sentido de que los avances sustantivos en las políticas de
desarrollo requieren elevar la capacidad institucional de formular, aplicar,
seguir y evaluar políticas públicas de mediano
y largo plazos y de alcance estratégico, y reconocer
que una agenda de reformas y un diseño institucional apropiado para su
ejecución requieren financiamiento que incluya tanto la inversión en
capacidades y competencias necesarias del servicio público, como la inversión
en materia de políticas sociales, especialmente aquellas de orientación
universalista y con enfoque de derechos.
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