Atender los problemas sociales que crea y creará
el Cambio Climático requiere la transformación de las prácticas de producción y
consumo actuales y debemos utilizar tecnologías que desacoplen el crecimiento
económico de la emisión de gases que acentúan el efecto invernadero y de los
recursos naturales no renovables. Aunque el desafío de moverse hacia un régimen
de crecimiento económico “des—carbonizado” es acuciante, no parece sencillo
promover una reorganización de las prácticas de las sociedades modernas de la
envergadura que requiere este desafío. Para ello, es necesario la construcción
de un nuevo sistema conceptual y un nuevo sistema de indicadores que permitan
evaluar no sólo la sustentabilidad del sistema, sino también las propias políticas
propuestas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Rubén
Lo Vuolo, consultor de la Unidad de Cambio Climático de la División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), escribió el documento “Cambio climático, políticas
ambientales y regímenes de protección social. Visiones para América Latina” (CEPAL.
LC/W.607, Copyright © Naciones Unidas, mayo de 2014). Este trabajo presenta
algunas reflexiones sobre cambio climático, crecimiento económico y política
social, la transición hacia una economía más verde, los efectos distributivos
del cambio climático, una visión alternativa del cambio climático como un nuevo
tipo de riesgo social estructural, el concepto de vulnerabilidad social, y la
necesidad de una “integración” de las políticas que aborden conjuntamente las
decisiones ambientales, económicas y sociales.
Uno
de los aspectos más relegados y controvertidos en torno al tema del cambio climático,
refiere a sus impactos sociales. Estos impactos incluyen no sólo a los efectos
directos sobre el bienestar de las personas sino también a los efectos de las
políticas aplicadas para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático
(como los impuestos “verdes”, los límites al uso de ciertos combustibles, etc.).
El autor establece los problemas más destacados sobre esta cuestión: ¿Cómo
atender a los productores rurales afectados por el cambio climático?, ¿A los
asentamientos en zonas costeras bajo amenaza de inundaciones?, ¿A los
trabajadores empleados en aquellos sectores que han de declinar como resultado
de las medidas que buscan mitigar y adaptarse al cambio climático?, ¿Cómo se
han de balancear las economías en tanto las responsabilidades por la emisión
son diferentes a la distribución de los impactos nocivos?, ¿Cómo se compensarán
los mayores costos de insumos energéticos, en familias con diferentes ingresos
y diferentes consumos?
Estas
y otras cuestiones no sólo interesan por el daño sobre los afectados, sino
porque son relevantes para analizar la propia legitimidad de la construcción de
una agenda política que coloque el tema del cambio climático como cuestión de
interés público y de los Estados, asegura el autor. ¿En qué medida y qué tipo
de políticas vinculadas al cambio climático han de ser aceptadas y legitimadas
por los distintos grupos sociales? ¿En qué medida depende ésta aceptación del tipo
de “área de emisión” (por ejemplo, hogares o transporte público)? ¿Cómo
prevenir los efectos más dañinos del cambio climático sobre el bienestar de la
población? ¿Es necesario y en su caso qué tipo de políticas son las más
adecuadas para prevenir y compensar distributivamente los impactos tanto del
cambio climático como de las políticas que se aplican para mitigarlo?
Los
riesgos sociales son un tipo particular de riesgos individualmente
impredecibles, pero colectivamente predecibles. Por ello a la manifestación de
esos riesgos se la suele denominar como “contingencias” sociales. Las llamadas
“políticas sociales” son, sintéticamente, aquellas aplicadas para prevenir y
gestionar las contingencias sociales y para distribuir sus efectos dañinos
tanto en el tiempo como entre la población. El autor considera que no existe
mucha literatura ni investigación académica sistematizada que estudie la relación
entre el cambio climático y los riesgos sociales que justifican la estructura
institucional de los sistemas de protección social de los estados modernos. Sin
embargo, es evidente la conexión entre los riesgos sociales que atienden estas
políticas y los riesgos sociales derivados de cambio climático.
Los
conceptos de riesgo social y vulnerabilidad social indican que los problemas
sociales derivados del cambio climático no pueden circunscribirse a unos pocos
grupos sobre los cuales focalizar asistencia compensatoria, sino que debe verse
con una perspectiva más sistémica y dinámica, plantea el autor. Por otra parte,
los daños son tan amplios, y muchas veces irreparables, que deben ser
prevenidos potenciando la capacidad autónoma de adaptación y respuesta de los
sujetos. Las fragilidades de la población vulnerable al cambio climático son
pre-existentes y permiten formular ciertas certezas con respecto a sus
impactos. Particularmente en América Latina donde la zona de vulnerabilidad
social abarca a la gran mayoría de la población.
Los
estudios disponibles sobre el tema indican que no sólo los efectos del cambio
climático tienen impactos distributivamente regresivos, sino que además las políticas
que apuntan a mitigar esos efectos pueden también tener impactos
distributivamente regresivos en ausencia de otras políticas, asevera el autor.
Las excepciones son pocas y se reducen a aquellas políticas que apuntan al
transporte personal que suelen indicarse como más progresivas. Los resultados
de los estudios dependen de las condiciones climáticas de cada país, de la
eficiencia energética del conjunto de vivienda disponible, de la cantidad y la
propiedad de los automóviles, de la infraestructura de transporte público y de
los propios niveles de distribución de ingresos y pobreza, entre otros. También
los resultados dependen de las metodologías aplicadas en los estudios y del modo
en que se considera los comportamientos de los agentes en reacción a las políticas.
En
Morelos, debemos rediseñar nuevas políticas atentas a los desafíos del cambio
climático: integrar los objetivos ambientales sostenibles en objetivos básicos
de la política social; incorporar las incertidumbres y complejidades asociadas
con el cambio climático en el análisis de las políticas sociales; asegurar que
las políticas económicas estén diseñadas para satisfacer al núcleo social y
ambiental, y no simplemente los objetivos de crecimiento; crear empleo y
facilitar la adopción de empleos de la economía verde en los grupos
desfavorecidos; y reducir las desigualdades y desventajas arraigadas a través
de políticas sociales redistributivas.
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