Los países de América Latina y el Caribe enfrentan hoy el reto de
seguir impulsando los avances significativos en la reducción de la pobreza y el
desempleo, así como ampliar los incipientes progresos en la distribución del
ingreso, junto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica
y las políticas sociales. Dichos logros parecen estar encontrando límites, que
se traducen en la disminución del ritmo o el estancamiento de los procesos de
reducción de la pobreza y la indigencia (extrema pobreza), y de mejora de la
distribución del ingreso, especialmente después de la crisis internacional de
2008.
María Nieves Rico, Daniela Trucco y Xavier
Mancero coordinaron la elaboración del documento “Panorama Social de América Latina 2014” (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), (LC/G.2635-P), Santiago de Chile, 2014). Presentan
las mediciones de la CEPAL de la pobreza por ingresos y se analiza la pobreza
desde una perspectiva multidimensional. La aplicación de estos dos enfoques a
los datos sobre los países de la región permite reforzar la idea de que, más
allá de los avances logrados en la última década, la pobreza persiste como un
fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana.
La tasa de pobreza por
ingresos de América Latina en 2013 fue de un 28.1 por ciento de la población,
en tanto que la indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11.7 por ciento,
indica el documento. Estos porcentajes equivalen a 165 millones de personas en
situación de pobreza, de los cuales 69 millones son personas en situación de
pobreza extrema. Estos valores dan cuenta de que la tasa de pobreza y de
indigencia se mantuvieron sin diferencias significativas con respecto a los
niveles observados en 2012.
En comparación con las cifras de 2002,
período en que se registró el valor más alto de los últimos 15 años, la caída
acumulada de la pobreza por ingresos es de casi 16 puntos porcentuales, de los
cuales 10.4 puntos porcentuales corresponden a la disminución lograda hasta
2008, a una tasa anual del 1.7 por ciento, plantea el documento. Entre 2008 y
2013, el ritmo de descenso fue más modesto y la caída acumulada fue de 5.4
puntos porcentuales, lo que equivale a una tasa anual del 1.0 por ciento; desde
2011 en adelante, se observa un estancamiento de la tasa de pobreza regional en
torno al 28 por ciento. En lo que respecta a la pobreza extrema, se registró
una trayectoria similar. Se produjo una caída de 6.4 puntos porcentuales entre
2002 y 2008, y de 1.2 puntos porcentuales desde este último año hasta 2013. En
forma similar a lo ocurrido con la tasa de pobreza, el porcentaje de personas
en situación de pobreza extrema se ha mantenido entre el 11 y el 12 por ciento
durante el último trienio.
En lo que respecta a la evolución de la
pobreza por país, el documento destaca que entre 2006 y 2012 sólo dos países
tuvieron un incremento en el porcentaje de pobres e indigentes: Honduras pasó
de 68.9 a 69.2 por ciento, y se mantuvo en 45.6 por ciento, respectivamente, y
México que pasó de 31.7 a 37.1 por ciento y de 8.7 a 14.2 por ciento,
respectivamente.
El documento expone los resultados de la
aplicación de un índice multidimensional de pobreza en 17 países de América
Latina. Este índice representa un avance con respecto a la exploración de
dimensiones y umbrales de pobreza efectuada en la edición 2013 del “Panorama Social” y constituye
el resultado de una colaboración entre la CEPAL y Oxford Poverty & Human Development Initiative.
El índice que presenta el documento tiene
como principales novedades: i) la agregación de dimensiones no monetarias y
monetarias, de manera de minimizar los errores de inclusión y exclusión en la
identificación de las personas pobres; ii) la consideración de privaciones en
materia de empleo y protección social, ampliando las dimensiones que se
utilizan para medir la pobreza, junto con la incorporación de un indicador de
rezago escolar, y iii) nuevos umbrales de privación para dimensiones usualmente
empleadas en la medición de la pobreza, a fin de contar con estándares más
actualizados de la realidad latinoamericana.
El procedimiento para construir este índice,
según el documento, consiste en: i) seleccionar las dimensiones e indicadores y
ponderarlos; ii) fijar el umbral de pobreza multidimensional (k) o la
proporción de privaciones (ponderadas) que una persona debe evidenciar para ser
identificada como pobre, y iii) calcular el puntaje de privación de cada
persona y determinar, según el contraste entre su puntaje y el valor de k, si
es pobre o no en términos multidimensionales.
En todos los países se produjo una caída de
la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012, establece el
documento. Las bajas más notorias tuvieron lugar en Argentina, Uruguay, Brasil,
Perú, Chile y Venezuela, y fueron
equivalentes a una disminución del índice mencionado del 7 por ciento o más por
año, mientras que en El Salvador, México, Honduras, y Nicaragua se registraron caídas
de sólo el 1 por ciento o menos por año.
En la región existen notables diferencias de
un país a otro, no solo en cuanto a la cantidad de recursos que efectivamente
pueden movilizar hacia los sectores sociales, sino también respecto del
esfuerzo macroeconómico que representa el presupuesto público social, apunta el
documento. Naturalmente, la capacidad de dar mayor prioridad macroeconómica al
gasto social depende de un sinnúmero de variables económicas, políticas y
sociales. Una de las variables determinantes son los ingresos fiscales, que
imponen un cierto límite al presupuesto total. En 1990-1991 (o el período más
cercano con datos disponibles), países como el Ecuador, El Salvador, Honduras,
México, Nicaragua y Trinidad y Tobago destinaron menos del 7 por ciento del PIB
a los sectores sociales; por el contrario, Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay
y Venezuela destinaron a estos sectores un 15 por ciento o más.
En Morelos, debemos hacer una mejor
planificación de los gastos, junto con el desarrollo y fortalecimiento de los
mecanismos de evaluación, que apunten a aumentar la eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos, ya que los márgenes actuales de expansión del gasto son
menores. Los ahorros así obtenidos, junto con una transferencia del presupuesto
contra el combate a la violencia, se deberían aplicar para apoyar a los 110,000
morelenses que se encuentran en situación de extrema pobreza por ingresos.
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