Gobierno Ciudadano

Publicado en la Jornada Morelos el 15 de junio de 2015

En la agenda política nacional y estatal está surgiendo con mayor fuerza la necesidad de lograr una mayor participación de los ciudadanos en las actividades de gobierno. Esto sucede con dos visiones: la  de gobiernos que fortalecen sus acciones al lograr que la sociedad perciba que su opinión importa y la de los movimientos sociales y ciudadanos activos que exigen una democracia más receptiva a sus intereses. La ciencia política se aboca, en esta situación, a responder preguntas del tipo: ¿por qué ocurre el fenómeno de la participación?, ¿por qué algunas personas deciden actuar colectivamente?, ¿cuándo y en qué condiciones es probable que el fenómeno suceda?, ¿quiénes participan?, y ¿cuáles son los recursos e incentivos importantes para tal fin?
Norberto Bobbio ha planteado que (Estado, Gobierno y sociedad: Por una teoría general de la política, Editorial TEMIS, Bogotá, Colombia, 1987) “la expresión sociedad civil nació de la contraposición entre una esfera política y una esfera no‐política en las actividades del Estado. También, se ha definido a la sociedad civil como conjunto de relaciones no reguladas por el Estado y, por consiguiente, como todo lo que sobra, una vez que se ha delimitado bien el ámbito en el que se ejerce el poder estatal; incluso en una noción tan vaga se pueden distinguir diferentes acepciones según si predomina la identificación de lo no‐estatal con lo pre‐estatal, con lo anti‐estatal o con lo post‐estatal. Así, se puede decir que antes del Estado hay diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus más diversos intereses y sobre los cuales el Estado se sobrepone para regularlas, pero sin obstaculizar su desarrollo e impedir su renovación continua; o bien, la sociedad civil puede indicar el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político, donde adquieren fuerza los llamados contrapoderes”.
Un modelo analítico de participación ciudadana ha sido propuesto por Boris Graizbord (Planeación urbana, participación ciudadana y cambio social, Economía, Sociedad y Territorio, vol. II, núm. 5, 1999) al considerar cuatro dimensiones: “La escala, ya que seguramente hay diferencias si se trata de ciudad o territorio social y público; o bien de zonas y barrios o territorio comunitario; El tiempo, ya que no es lo mismo intervenir ex-post que ex-ante en el cualquier proceso social; El contexto, habría que distinguir entre una situación de rutina y una de crisis; y Los motivos de los actores, por ser diferente cuando se trata de intereses utilitarios, pecuniarios y materiales, que cuando se tienen motivaciones simbólicas, no pecuniarias e intelectuales”.
También, en la pugna por un mayor protagonismo de los gobiernos locales a la hora de incidir en las políticas públicas es posible distinguir limitaciones marcadas por el modo en el que se articulan los intereses que representan y promueven éstos, por un lado, y los gobiernos centrales por el otro. Es decir, por el tipo de gobierno al que nos estamos refiriendo. Cecilia Schneider consideró que (La Participación ciudadana en el gobierno de Buenos Aires (1996-2004): El contexto político como explicación, Serie: América Latina, Número 21, 2007,
© Fundación CIDOB) existen diversos tipos de gobierno local: “Estatus constitucional, grado de reconocimiento de la autonomía municipal en los textos constitucionales y por parte de los demás niveles de gobierno; Principio de relación con el gobierno central, que orienta la división de trabajo entre estos niveles de gobierno con relación a las políticas públicas; y Descentralización financiera, grado de dependencia financiera de las estructuras centrales, cantidad y manejo de recursos propios o genuinos”.
Para el contexto de México, Felipe Hevia, Samana Vergara-Lope y Homero Ávila Landa (Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal, Perfiles Latinoamericanos 38, 2011) mediante el “análisis de 256 leyes federales vigentes en 2008, 131 reglas de operación y fuentes secundarias identificaron 409 órganos colegiados de deliberación. En 163 casos se trata de instancias públicas de deliberación, donde actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el espacio público sobre diversos campos de políticas públicas. Analizaron las principales características de estos espacios, incluyendo la temática, el área de gobierno donde se inscriben y sus funciones, y  midieron la visibilidad pública de estos órganos en internet. Concluyeron que estos mecanismos de participación son relativamente abundantes, pero son opacos. Sólo 53 por ciento de estas instancias entregan algún tipo de información a la ciudadanía. Dudan de su eficacia y legitimidad como mecanismos de participación ciudadana”.
En la campaña electoral para presidenta de Chile, en 2006, Michelle Bachelet propuso crear consejos asesores con el fin de que plantearan reformas de políticas públicas en áreas consideradas como pilares de su programa de gobierno. Según Carolina Aguilera
(Participación ciudadana en el gobierno de Bachelet: consejos asesores presidenciales, América Latina Hoy, 46, 2007, pp. 119-143.
© Ediciones Universidad de Salamanca) “la presidenta destacó que estos consejos incorporarían al debate sobre las políticas públicas a actores sociales más allá del ámbito estatal y de expertos técnicos. Su intención era crear comisiones participativas para cambiar la manera en que se ejercía el poder desde el Estado, abriéndolo a la sociedad civil y por lo tanto democratizando la forma de gobernar.
Ese gobierno nombró tres consejos: el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional y el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, y el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación”. El propósito fue cambiar la manera de abordar la formulación de las políticas públicas a través de la institucionalización de un mecanismo consultivo participativo que buscara ampliar la participación ciudadana en la política y en la toma de decisiones.
En Morelos, debemos lograr que la participación ciudadana vaya más allá de los procesos electorales y se ligue con las actividades cotidianas de los gobiernos locales. Por lo tanto, es imprescindible la existencia de mecanismos concretos y eficaces, incluyendo la elaboración de planes estratégicos de participación ciudadana, que superen el reconocimiento formal del derecho a la participación y promuevan su ejercicio.