publicado en La Jornada Morelos el 8 de agosto de 2011.
Todos los días estamos expuestos a sufrir un accidente, ya sea en la cocina, el coche, el trabajo, la escuela e incluso el hospital. Esperamos que éste sea menor y podamos continuar con nuestra rutina. Sin embargo, éste puede tan serio que cause una ruptura en nuestro patrón de vida y aún terminar con ella. Para disminuir la probabilidad de tenerlos hay que tomar precauciones bien conocidas; por ejemplo, fijarse antes de cruzar la calle, abrocharse el cinturón antes de que se mueva el vehículo o no dejar cuchillos desatendidos. Adicionalmente, existen eventos extremos que tienen dos características: son inusitados, fuera de nuestra experiencia diaria, y pueden cambiar drásticamente nuestra forma de vida. Ejemplos son, de origen natural, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas o asteroides chocando con la tierra, o de origen humano, pandemias, fugas de petróleo, ataques terroristas, crisis financieras o desabasto de alimentos.
John Casti, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, en Austria, escribió un documento sobre las “Cuatro Caras del Mañana”, como una contribución al proyecto que sobre “Futuros Shocks Globales” tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que fue publicado en febrero de este año. Presenta un panorama de los conceptos e ideas que definen a un evento extremo y explora varios métodos para anticipar y aún predecir algunas veces su ocurrencia. El énfasis en su documento es sobre eventos sociales más que sobre los naturales y la aportación principal es su método de análisis estructural para descomponer el problema en elementos que sí puedan ser atendidos.
Todo evento está caracterizado por dos periodos de tiempo, nos asegura Casti. El primero mide el tiempo en que se desarrolla, desde su inicio a su fin; por ejemplo, un terremoto pude durar segundos o minutos, y una crisis financiera puede durar meses o años. El segundo mide el tiempo en que se siente el impacto del evento; por ejemplo, en el choque de un asteroide su efecto puede sentirse por miles de años, y en un huracán puede sentirse por meses o años. También, el propio desarrollo de los eventos extremos tienen características para su seguimiento: estadísticas, cuando se tiene la suficiente información; dinámica, porque son procesos que siempre están fuera de equilibrio; evolución, ya que cambian drásticamente el sistema sobre el que actúan; más relevancia del efecto que de la causa, por la incidencia que tienen en el comportamiento de la vida humana; la sola posibilidad del evento, porque la magnitud y efecto del evento junto con la seguridad de no tener los elementos para solventar sus efectos puede impedir la acción, y los protocolos de reacción, que típicamente subestiman la posibilidad de su ocurrencia. Finalmente, los temas conceptuales que componen el esquema para analizar eventos extremos, listados por Casti, son: anticipación, predicción, tendencias, análisis de riesgos extremos y modelaje.
Entender cabalmente el concepto de riesgo es fundamental en este tema, señala Casti. Se define al riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento negativo y la severidad de las consecuencias si éste ocurre. En cada ocasión debemos definir con la mayor precisión posible los conceptos probabilidad, negativo y severidad.
Cualquier evento extremo, ya sea de tipo natural, económico o ambiental, influye negativamente en el comportamiento social de las personas. Casti define dos etapas fundamentales, se empieza con intranquilidad social y pueden seguir los disturbios sociales. Asimismo, los disturbios sociales tienen dos niveles estructurales: primero, la falta de confianza en la habilidad de las instituciones para resolver los problemas en cuestión y, segundo, el miedo a lo que depara el futuro. Por lo que cualquier método que pretenda proveer señales tempranas de posibles intranquilidades sociales debe considerar estos dos factores. Además, en la medida que crece la diferencia entre las expectativas de la sociedad y la realidad, el ánimo de la sociedad se deteriora hasta que brota la violencia e incluso las revoluciones. Cómo medir el crecimiento de esta diferencia es fundamental para evitar transitar de la intranquilidad a los disturbios civiles; en cada situación debemos encontrar un indicador que nos mida el deterioro social.
Considera Casti que, entonces, la pregunta fundamental es cómo identificar las señales tempranas de un evento catastrófico. Conceptualmente significa que es posible tener un procedimiento sistemático para predecir sorpresas, lo que es paradójico. Sin embargo, sabemos que muchas cosas pueden pasar en el futuro pero algunas son más posibles y distinguir sus diferencias es el trabajo a realizar.
El ánimo social es un indicador temprano de los eventos sociales de todo tipo, asevera Casti. Por lo que desarrollar herramientas para medir y calibrar el ánimo social es un área de investigación de gran importancia. Las encuestas son un primer esbozo del tipo de herramientas necesarias.
En Morelos es importante establecer un programa que considere los siguientes aspectos: identificar el ánimo social en función de indicadores sociales específicos, diseñar una base de datos de indicadores sociales a partir de la cultura popular y conocer si existe algún patrón fijo, conocer las condiciones que podrían iniciar un cambio en el ánimo social, y reconocer la importancia de la economía y de la inequidad en el ánimo social. De esta forma se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de un evento extremo en nuestra sociedad.
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8 ago 2011
11 abr 2011
Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos
Nunca tantas personas habíamos percibido una separación tan amplia entre el gobierno y los ciudadanos. El desarrollo económico lento, el incremento brutal de la violencia, la toma de decisiones públicas con visión exclusiva de partido político, la incipiente capacidad de gestión de nuestras instituciones y el bajo nivel educativo promedio, entre otros, no permiten que alcancemos una sociedad pacífica, solidaria, tolerante, digna y dialogante. Por eso el actual éxito en todo el país de la frase de Javier Sicilia: “…estamos hasta la madre…”
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.
Considero que no existe otra salida en el presente que involucrar urgentemente a la sociedad toda en las acciones de gobierno. Debemos cambiar la gobernanza en Morelos y en México para que cada uno de los ciudadanos tengamos obligaciones y derechos para salir de la terrible crisis en que nos encontramos. Construyamos puentes entre gobierno y ciudadanos. El problema no es nuevo a nivel mundial y existen muchas propuestas, seleccionemos las acciones apropiadas para nuestras condiciones. Hoy analicemos una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en agosto de 2010 una serie de monografías regionales sobre sus actividades en el área de administración pública y gobernanza local. Señalan que la calidad de la administración pública y la efectividad gubernamental varían significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Brasil y Chile han podido institucionalizar una administración pública basada en méritos, transparencia y solvencia comprobada. Otros, como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y la mayoría de los países del Caribe, sólo empiezan a aplicar reglas basadas en méritos, a implantar ciertas reformas en la administración pública y a enfocarse en incrementar su capacidad para alcanzar una gobernanza democrática. El resto continua trabajando para consolidar procesos de reforma.
El PNUD señala que los retos principales que enfrenta hoy la región son promover el crecimiento económico y el empleo y mejorar los servicios sociales y la seguridad pública. Nos plantea que éstos no pueden ser enfrentados solamente por reformas en la administración pública de los gobiernos centrales. Se requiere de una mejor gestión del sector público y de una participación más activa en la gobernanza democrática de ciudadanos que provengan de todos los confines de la sociedad. Algunas de las acciones principales son: situar los objetivos institucionales de desarrollo por arriba de los objetivos de los partidos políticos; aumentar la autoridad para la identificación y la recolección de impuestos a nivel local; alcanzar consensos en las reformas de las leyes para el servicio civil en los niveles estatal y municipal; mejorar ampliamente las capacidades de los gobiernos estatales en transparencia y gestión financiera eficiente, y facilitar y apoyar los procesos de decisión y de acción ciudadana para enfrentar el crecimiento económico y los retos sociales.
También, el PNUD presenta reportes anuales sobre “El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones”. En su reporte de 2008 señala que si el desarrollo humano es el qué de su mandato, el fomento de la capacidad es el cómo. Definen el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo. El PNUD trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en 166 países para fomentar el desarrollo humano ayudando a las personas a acceder a los conocimientos, la experiencia y los recursos que necesitan para forjar vidas mejores.
La gobernanza democrática está sustentada en, según el PNUD: apoyo normativo, desarrollo parlamentario, sistemas y procesos electorales, justicia y derechos humanos, gobernanza electrónica y acceso a la información, descentralización, gobernanza local y desarrollo urbano y rural, reforma de la administración pública, y lucha contra la corrupción. Además, desglosa los costos sociales y económicos que deben ser considerados: valor de los bienes y servicios utilizados para abordar o prevenir la violencia (médicos, policiales, sistema de justicia penal, vivienda y servicios sociales); costos no monetarios (penuria y sufrimiento, aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad causada por homicidios y suicidios, uso indebido de alcohol y drogas, y trastornos depresivos); efectos multiplicadores económicos (macroeconómicos, sobre el mercado de trabajo y sobre la productividad intergeneracional, menor participación en el mercado de trabajo, menor productividad en el empleo, menores remuneraciones, mayor ausentismo, efectos sobre la productividad intergeneracional por repetición de grados y bajos niveles de educación, reducción de las inversiones y el ahorro, y fuga de capitales), y efectos multiplicadores sociales (efectos sobre las relaciones interpersonales y la calidad de vida, transmisión de la violencia de generación en generación, peor calidad de vida, erosión del capital social y menor participación en el proceso democrático).
En Morelos y México podemos considerar, entre otros, el manual del PNUD para el empoderamiento de la sociedad civil en torno al desarrollo local incluyente, cuyo objetivo es identificar el aporte de los actores locales, estatales y nacionales, así como las herramientas necesarias para impulsar procesos sostenibles de desarrollo económico local con inclusión social. Las preguntas que debemos contestar son: ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un proceso sostenible de desarrollo económico local en el estado, que respete las diferentes perspectivas étnicas que lo conforman? ¿Qué aporte deben realizar los diferentes actores (gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil) en el impulso a un proceso de desarrollo económico local incluyente? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación existentes entre el nivel estatal y nacional que permiten generar un desarrollo económico local incluyente y sostenible? ¿Cuáles son las herramientas y las alternativas a través de las cuales los sectores de población en situación de pobreza y desplazamiento puedan incluirse a los procesos de desarrollo económico local de manera integral? En el marco de la actual crisis mundial, ¿puede el gasto público (nacional y estatal) impulsar procesos de desarrollo local incluyente y sostenible? ¿Quiénes deben pagar el desarrollo económico local? ¿Cómo contribuyen al desarrollo económico local incluyente el tipo de políticas que se están impulsando?
El problema del país y del estado es un problema de gerencia pública, de cultura ciudadana y de falta de actitud de la gente, nos señalan: no podemos pensar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes; sólo con la tierra la gente no va a salir adelante; las cosas no son como las sueña el planificador, sino como la gente las quiera hacer; como los recursos son escasos, el dinero debe ser ajustado a esfuerzos y corresponsabilidad de la gente, y confianza con reconocimiento a los actores locales.
Los puntos de encuentro que sugiere el PNUD son: fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones sociales; participación real, democrática, profunda, efectiva, que sirva en la concertación de políticas; gestión del desarrollo, como capacidad de gobernabilidad y desde la capacidad instalada; proceso de empoderamiento desde la sociedad civil, desde la vinculación; robustecer, clarificar y validar por el gobierno la democratización de la inversión pública y la participación de los actores vinculados al proceso (que sean las propias comunidades organizadas que definan hacia donde se orientan los recursos para el desarrollo), e inclusión de los jóvenes en los planes de desarrollo.
Por el bien de Morelos y de México, construyamos nuestros puentes entre el gobierno y los ciudadanos.
2 ago 2010
Las cifras del desempleo
Es importante saber si el número de empleos perdidos por la crisis económico de 2009 se ha recuperado o no, ya que el empleo es uno de los elementos fundamentales del bienestar del individuo y de la sociedad. Además, es el empleo bien remunerado lo que importa: ¿se obtiene o no suficiente dinero para tener una calidad de vida satisfactoria? El discurso oficial, a niveles federal y estatal, dice que ya nos recuperamos de dicha crisis; veamos que indican las cifras oficiales.
La visión neoclásica de la economía, que impera actualmente, define al trabajador como un individuo que realiza una cierta actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo en el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha establecido la relación de personas con empleo en México. Si consideramos como base el censo del año 2000 y suponemos que la población total es de 100 millones de personas, entonces 27 millones tienen menos de 12 años y 73 millones tiene 12 años y más de edad. De estos últimos, 56 por ciento son personas económicamente activas (PEA) y 44 por ciento son económicamente inactivas (PEI). De la PEA, tienen empleo formal sólo el 38 por ciento, empleo informal 60 por ciento y están desempleados el 2 por ciento. Esto implica que en México tiene empleo formal menos del 16 por ciento de la población con edades de 12 años y mayores. Y recordemos que empleo formal es cuando el trabajador disfruta de seguridad social.
Las cifras que se utilizan para analizar la evolución del empleo en México son las generadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contabilizan a los trabajadores permanentes y eventuales urbanos (TPEU) que son las personas afiliadas al IMSS y que tienen una relación laboral de subordinación con un patrón (no se incluye a los trabajadores eventuales del campo).
El truco para decir que se han generado muchos empleos y que ya salimos, o estamos saliendo, de la crisis del año 2009 es comparar el valor actual, nacional o estatal, del TPEU con su valor en el momento más grave de la crisis, los meses de mayo a agosto de 2009. Sin embargo, lo importante es conocer si ya recuperamos el nivel de empleos que teníamos antes de la crisis, que corresponde a octubre de 2008, y el Reporte de Gestión Nacional Número 50 del IMSS nos proporciona esta información.
A nivel nacional, el número de TPEU al 30 de junio de 2010 es de 14 millones 394 mil 654 mientras que al 31 de octubre de 2008 era de 14 millones 475 mil 835, por lo que faltan por crear 81 mil 181 empleos permanentes y eventuales urbanos. El número de trabajadores permanentes al 30 de junio de 2010 es de 12 millones 630 mil 229 mientras que al 30 de octubre de 2008 era de 12 millones 824 mil 701, por lo que faltan de crear 194,472 empleos permanentes. Y, por efecto de la crisis, el número de trabajadores eventuales urbanos ha crecido de manera continua, de un millón 639 mil 208 el 31 de octubre de 2008 a un millón 764 mil 425 el 30 de junio de 2010.
Con relación al Estado de Morelos, el Comunicado de la Coordinación de Comunicación Social 093 del IMSS, del viernes 2 de julio de 2010, y la Memoria Estadística 2009 del IMSS, establecen que al 30 de junio de 2010 había 170 mil 159 TPEU, de los cuales 148,837 eran permanentes y 21 mil 320 eran eventuales urbanos, mientras que al 31 de diciembre de 2008 había 165 mil 433 TPEU, de los cuales 147 mil 433 eran permanentes y 17 mil 899 eran eventuales urbanos, por lo que sí hay más empleos permanentes y eventuales urbanos que antes de la crisis, pero la participación de eventuales ha crecido del 11 al 13 por ciento y el aumento relativo ha sido del 1 por ciento de trabajadores permanentes y del 16 por ciento de trabajadores eventuales urbanos. Además, la tasa de crecimiento del TPEU en lo que va del año es menor en el Estado de Morelos que el promedio nacional, siendo de 3.58 por ciento y de 3.70 por ciento, respectivamente.
Adicionalmente, ¿qué pasa con los trabajadores eventuales del campo? La crisis económica de 2009 y la falta de apoyo constante resulta en un aumento permanente del número de estos eventuales: de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, pasó de 103 mil 791 a 125 mil 123 y de junio de 2009 a junio de 2010 pasó de 77 mil 414 a 85 mil 601, considerando la variación estacional.
Finalmente, el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación señala que, en el primer trimestre de este año, el acceso al trabajo y la calidad de la ocupación es inferior en el Estado de Morelos que el promedio nacional, ya que la tasa ocupacional en el sector informal es del 32.26 por ciento en Morelos y del 28.58 por ciento en promedio nacional, y que el porcentaje de trabajadores sin acceso a prestaciones de Ley es de 53.28 por ciento en Morelos y del 40.17 por ciento en promedio nacional.
En resumen, la información oficial indica que el número de trabajadores en la economía formal a nivel nacional es menor ahora que antes de la crisis del 2009 y a nivel estatal sí se ha recuperado pero a costa de incrementar el número de trabajadores eventuales. También, el número de trabajadores eventuales en el campo aumenta de manera permanente. Además, el número de empleos informales es mayor al de empleos formales y la diferencia aumenta al pasar el tiempo. Finalmente, en Morelos el acceso al trabajo y la calidad de la ocupación están por debajo del promedio nacional.
Debemos cambiar el rumbo establecido de la economía nacional y estatal si queremos que cada mexicano cubra su mínimo de bienestar, es la única conclusión.
La visión neoclásica de la economía, que impera actualmente, define al trabajador como un individuo que realiza una cierta actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo en el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha establecido la relación de personas con empleo en México. Si consideramos como base el censo del año 2000 y suponemos que la población total es de 100 millones de personas, entonces 27 millones tienen menos de 12 años y 73 millones tiene 12 años y más de edad. De estos últimos, 56 por ciento son personas económicamente activas (PEA) y 44 por ciento son económicamente inactivas (PEI). De la PEA, tienen empleo formal sólo el 38 por ciento, empleo informal 60 por ciento y están desempleados el 2 por ciento. Esto implica que en México tiene empleo formal menos del 16 por ciento de la población con edades de 12 años y mayores. Y recordemos que empleo formal es cuando el trabajador disfruta de seguridad social.
Las cifras que se utilizan para analizar la evolución del empleo en México son las generadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contabilizan a los trabajadores permanentes y eventuales urbanos (TPEU) que son las personas afiliadas al IMSS y que tienen una relación laboral de subordinación con un patrón (no se incluye a los trabajadores eventuales del campo).
El truco para decir que se han generado muchos empleos y que ya salimos, o estamos saliendo, de la crisis del año 2009 es comparar el valor actual, nacional o estatal, del TPEU con su valor en el momento más grave de la crisis, los meses de mayo a agosto de 2009. Sin embargo, lo importante es conocer si ya recuperamos el nivel de empleos que teníamos antes de la crisis, que corresponde a octubre de 2008, y el Reporte de Gestión Nacional Número 50 del IMSS nos proporciona esta información.
A nivel nacional, el número de TPEU al 30 de junio de 2010 es de 14 millones 394 mil 654 mientras que al 31 de octubre de 2008 era de 14 millones 475 mil 835, por lo que faltan por crear 81 mil 181 empleos permanentes y eventuales urbanos. El número de trabajadores permanentes al 30 de junio de 2010 es de 12 millones 630 mil 229 mientras que al 30 de octubre de 2008 era de 12 millones 824 mil 701, por lo que faltan de crear 194,472 empleos permanentes. Y, por efecto de la crisis, el número de trabajadores eventuales urbanos ha crecido de manera continua, de un millón 639 mil 208 el 31 de octubre de 2008 a un millón 764 mil 425 el 30 de junio de 2010.
Con relación al Estado de Morelos, el Comunicado de la Coordinación de Comunicación Social 093 del IMSS, del viernes 2 de julio de 2010, y la Memoria Estadística 2009 del IMSS, establecen que al 30 de junio de 2010 había 170 mil 159 TPEU, de los cuales 148,837 eran permanentes y 21 mil 320 eran eventuales urbanos, mientras que al 31 de diciembre de 2008 había 165 mil 433 TPEU, de los cuales 147 mil 433 eran permanentes y 17 mil 899 eran eventuales urbanos, por lo que sí hay más empleos permanentes y eventuales urbanos que antes de la crisis, pero la participación de eventuales ha crecido del 11 al 13 por ciento y el aumento relativo ha sido del 1 por ciento de trabajadores permanentes y del 16 por ciento de trabajadores eventuales urbanos. Además, la tasa de crecimiento del TPEU en lo que va del año es menor en el Estado de Morelos que el promedio nacional, siendo de 3.58 por ciento y de 3.70 por ciento, respectivamente.
Adicionalmente, ¿qué pasa con los trabajadores eventuales del campo? La crisis económica de 2009 y la falta de apoyo constante resulta en un aumento permanente del número de estos eventuales: de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, pasó de 103 mil 791 a 125 mil 123 y de junio de 2009 a junio de 2010 pasó de 77 mil 414 a 85 mil 601, considerando la variación estacional.
Finalmente, el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación señala que, en el primer trimestre de este año, el acceso al trabajo y la calidad de la ocupación es inferior en el Estado de Morelos que el promedio nacional, ya que la tasa ocupacional en el sector informal es del 32.26 por ciento en Morelos y del 28.58 por ciento en promedio nacional, y que el porcentaje de trabajadores sin acceso a prestaciones de Ley es de 53.28 por ciento en Morelos y del 40.17 por ciento en promedio nacional.
En resumen, la información oficial indica que el número de trabajadores en la economía formal a nivel nacional es menor ahora que antes de la crisis del 2009 y a nivel estatal sí se ha recuperado pero a costa de incrementar el número de trabajadores eventuales. También, el número de trabajadores eventuales en el campo aumenta de manera permanente. Además, el número de empleos informales es mayor al de empleos formales y la diferencia aumenta al pasar el tiempo. Finalmente, en Morelos el acceso al trabajo y la calidad de la ocupación están por debajo del promedio nacional.
Debemos cambiar el rumbo establecido de la economía nacional y estatal si queremos que cada mexicano cubra su mínimo de bienestar, es la única conclusión.
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