Economía global basada en innovación

Tener competencia es benéfico, hasta cierto punto. Los individuos, las empresas y las naciones se vuelven más eficientes y eficaces si tienen a alguien que deben superar para alcanzar una meta. Sin embargo, las diferencias entre competidores deben ser razonables si no se quiere que uno avasalle al otro. El terreno de juego debe estar parejo para todos y la igualdad de oportunidades debe ser real. Las enormes brechas económicas y sociales que existen entre países no permiten que el mundo avance en promedio; pocos países avanzan en su bienestar y la mayoría retrocede. Aquellos que dominan sin solidaridad y cooperación sólo lo harán por cierto tiempo y después perderán su hegemonía. Se ha demostrado que exclusivamente los programas que llevan a una situación en la que todos los actores ganan pueden ser efectivos en el largo plazo.

            Robert D. Atkinson, fundador y presidente, y Stephen J. Ezell, analista principal, de la Fundación para la Tecnología de Información y la Innovación, en Washington, D. C., Estados Unidos, escribieron un artículo sobre la “Economía Global basada en Innovación”, en la revista The Futurist de la Sociedad Mundial del Futuro (Building the Global Innovation Economy, The Futurist, January-February 2013, Vol. 47, No. 1. The Futurist › January-February 2013 (Vol. 47, No. 1)). Los autores consideran que impulsando la innovación a nivel mundial, los problemas económicos urgentes que nos agobian podrían ser resueltos de manera que beneficiara a los individuos y a las naciones, y que las barreras principales son las políticas discriminatorias, la pandemia del egoísmo individual y el miedo al futuro.

            Los autores plantean que todos los países están estableciendo estrategias nacionales de innovación, reestructurando sus sistemas de impuestos y regulatorios para ser más competitivos, apoyar a la ciencia y la tecnología, mejorar su sistema educativo, e impulsar la inversión en tecnologías de información y en utilizar mejor la banda ancha, entre otras. Sin embargo, está emergiendo lo que ellos llaman la “innovación mercantilista”. Se trata de las políticas nacionalistas que pretenden atraer o crear industrias con empleos bien remunerados a costa de otros países, contrarias a la esencia de lo que debería ser el sistema de comercio mundial. El mayor reto de la comunidad mundial es crear un sistema global de innovación robusto con acciones de ganar – ganar para todos los actores.

            El primer paso, indican los autores, es abandonar la teoría económica de la ventaja comparativa, en la que se considera que cada país tiene alguna o algunas áreas de producción que son superiores a las de los otros. En principio, si cada país se concentrara en producir aquello en que lo hace más eficientemente, entonces la producción mundial sería mayor y todos los países se beneficiarían. Sin embargo, esta teoría solamente se utiliza para favorecer el libre mercado y derogar las tarifas a las mercancías de importación.

            También, es fundamental ir más allá de esta teoría, lo importante es impulsar la eficiencia dinámica (innovación) y la eficiencia productiva (productividad) a niveles doméstico y global, señalan los autores. Para lograrlo, proponen tres acciones: primera, establecer a la innovación y a la productividad como las más altas prioridades en la agenda económica, enfocándose en temas como la propiedad industrial, instaurando estándares globales voluntarios para las industrias y reducir las políticas discriminatorias hacia la innovación local; segunda, renovar las misiones de las agencias internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Trabajo, entre otras) para apoyar la innovación global y erradicar las estrategias mercantilistas, con la finalidad de expandir la productividad nacional, y tercera, reformular los programas de ayuda internacional de los países desarrollados para impulsar en los países en desarrollo la productividad local en los sectores no comerciales, la erradicación de políticas mercantilistas y el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación. También, proponen el establecimiento de un Fondo Global para la Ciencia y la Innovación por parte de los países más desarrollados.

            En Morelos, debemos lograr que la innovación sustentada en ciencia nos permita producir eficientemente para satisfacer las necesidades locales, apoyar el desarrollo de las empresas locales e incrementar el volumen de conocimientos para impulsar el desarrollo sustentable. Además, debemos erradicar las políticas públicas que fomenten la economía mercantilista.

Eficacia en seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana constituye la principal preocupación de los habitantes en Morelos y en América Latina, quienes se sienten acosados por el crimen organizado y el delito común, en especial por sus expresiones más violentas: homicidios, agresiones, secuestros y violencia doméstica. Datos provenientes de la encuesta 2011 realizada por Latinobarómetro, indican que para los ciudadanos de doce países de América Latina, el problema principal lo constituye la delincuencia, la violencia y las pandillas. En respuesta a ello, los países de la región han aprobado políticas de carácter nacional, estatal o municipal; han puesto en práctica reformas institucionales de carácter comprensivo en materia policial y de procedimiento penal, y se encuentran ejecutando diversos programas específicos de prevención del delito. Sin embargo, poco sabemos de los resultados alcanzados.

            Hugo Frühling publicó el documento “La eficacia de las políticas públicas en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Cómo medirla, cómo mejorarla”, que es una versión preliminar para discusión en la Red de Seguridad Ciudadana, del Banco Interamericano de Desarrollo, en septiembre de 2012. En este trabajo se abordan la caracterización de las dificultades que obstaculizan un mayor desarrollo de programas eficaces de prevención del delito en la región; la importancia que tiene el diseño riguroso de programas e intervenciones en el campo de la reducción del delito y la violencia, y a los pasos que resulta recomendable seguir en la ejecución y evaluación de la eficacia de dichos programas e intervenciones; y al análisis de las iniciativas dirigidas a mejorar la gestión de proyectos en materia de seguridad ciudadana.

            En años recientes es posible identificar ejemplos de países y ciudades de América Latina y El Caribe que han reducido significativamente las tasas delictuales, señala el autor. Esto se ha logrado poniendo en marcha políticas públicas comprensivas e interinstitucionales dirigidas a reducir el delito, en particular aquel de carácter violento. Uno de estos ejemplos es el de Sao Paulo, Brasil, donde la tasa de homicidios experimentó un descenso, entre 1998 y 2008, desde 61.1 homicidios por 100,000 habitantes a 14.8 por 100,000 habitantes diez años después. Las razones para ello no están enteramente claras, pero el resultado se ha atribuido al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública a nivel estatal y municipal; al uso de mejor información por parte de sus dos policías mediante la implementación de una base de datos común para ambas, denominada INFOCRIM; a la entrada en vigencia de horarios limitativos para la venta de alcohol y a los esfuerzos del gobierno estatal para reducir la circulación y uso de armas de fuego. Otro ejemplo de reducción significativa del delito se da en Bogotá, donde los homicidios disminuyeron desde su punto alto en 1993 de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2009. La discusión respecto de las políticas a las que puede atribuirse esta disminución no se encuentra resuelta. Es posible que la disminución radical de la violencia interpersonal en la ciudad fuera consecuencia de la implementación de programas que impulsaban cambios culturales entre los ciudadanos. Otros estudios sugieren que la razón principal de la violencia interpersonal prevaleciente en la ciudad se encontraba en las estructuras de crimen organizado existentes, por lo que la disminución delictual probablemente habría obedecido a medidas dirigidas a controlar el funcionamiento de esas bandas criminales.

            Los principales problemas detectados en los proyectos de intervención son, según el autor, que: no se justifican los objetivos ni las acciones con alusión a teorías criminológicas; no se levanta información específica que permita focalizar la intervención en grupos determinados o áreas geográficas reducidas; se definen los problemas delictivos de manera genérica, y las respuestas planteadas para los problemas descritos son muy similares entre sí.

            Existen tipos muy diferentes de evaluación, indica el autor, y se distinguen en términos generales: evaluación de diseño, que busca determinar la coherencia entre la definición del problema que será objeto de la intervención, el contexto en el que se realizará la intervención y la organización interna del proyecto (objetivos, participantes, métodos de intervención, recursos asignados, actividades, plazos y evaluación); evaluación de procesos, que busca determinar si la implementación del proyecto ha avanzado conforme a los objetivos del proyecto y si los procesos de trabajo que se realizan, permitirán entregar los productos comprometidos y por esa vía, alcanzar los efectos deseados, y evaluación de los efectos que produce el proyecto, que busca determinar si el proyecto ha producido los efectos deseados, descartando explicaciones alternativas. Para ello, es necesario que la evaluación sea capaz de aportar evidencia de que existe una relación causal entre la implementación del programa y los efectos constatados. En la actualidad se reconoce que la ejecución de políticas en materia de seguridad ciudadana se debe basar en evidencia efectiva respecto de su eficacia.

            Las áreas prioritarias que son objeto de estos proyectos, describe el autor, son: prevención social, con énfasis en programas que se dirigen hacia la juventud en riesgo; prevención situacional, que cubre principalmente intervenciones urbanas; actividades disuasivas de la policía, que incluyen tanto el patrullaje policial, como la investigación de delitos; actividades del sistema de justicia penal que tienen efectos disuasivos y preventivos; fortalecimiento del sistema penitenciario en sus diversas funciones, incluyendo las de reinserción, y fortalecimiento institucional dirigido a mejorar la efectividad con la que se ejecutan programas de seguridad ciudadana.

            En Morelos y acorde con este reporte, debemos considerar: establecer compromisos institucionales para medir el desempeño en torno a la obtención de metas que sean significativas en materia de reducción del delito o la violencia, lo que implica dejar de evaluar ese desempeño por meros resultados de la administración de los proyectos (presupuesto gastado, actividades realizadas, entre otros); la presión para mejorar el desempeño de las instituciones debe estar acompañada por un estilo de liderazgo que promocione la flexibilidad de los agentes en la realización de las acciones que puedan producir los efectos esperados, creando un ambiente propicio para la puesta en práctica de proyectos innovadores, y establecer un sistema completo de seguimiento de la implementación de proyectos y de evaluación de su impacto. Lo anterior es esencial para mejorar el proceso de aprendizaje de los equipos que llevan a cabo los proyectos y permite establecer evidencia respecto de los proyectos que alcanzan impacto.