Economía digital e igualdad

publicado en La Jornada Morelos el 6 de mayo de 2013

Para progresar en la sociedad de la información y para incorporarnos a la sociedad del conocimiento es indispensable que los mexicanos y nuestras instituciones tengamos disponibles las más avanzadas tecnologías de información y de comunicación (TIC), y contemos con la capacidad de utilizarlas de manera eficaz y eficiente. Esto sólo será posible en el corto y mediano plazos si elaboramos y ejecutamos políticas públicas que incorporen plenamente a las TIC en los procesos de educación y capacitación, de gobierno a niveles federal, estatal y municipal, y de gestión en las empresas. Este cambio estructural nos llevará sin duda a una sociedad con acceso libre al conocimiento y, por lo tanto, se impulsará decididamente la igualdad entre sus miembros.

            La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), apoyada por la Unión Europea, recientemente publicó un estudio sobre la “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad” (LC/L.3602 • 2013-186 © Naciones Unidas • Marzo 2013 • Impreso en Santiago de Chile, 2013), donde se sostiene que, en un contexto de crecimiento económico y de reducción de la pobreza en gran parte de los países de América Latina, éstos deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital, lo que exige responder a las preguntas sobre cómo identificar y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en una fase de convergencia tecnológica para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad.

            El estudio señala tres acciones indispensables e inmediatas. En primer lugar, es necesario renovar las estrategias para maximizar el impacto de la economía digital en el crecimiento, la innovación, el cambio estructural y la inclusión social. Los principales desafíos son asegurar las condiciones mínimas para que las inversiones en las TIC tengan un impacto positivo en el crecimiento económico; promover y consolidar un modelo de difusión e innovación tecnológica basado en la banda ancha, compatible con los objetivos de inclusión social, y promover un cambio de la estructura productiva que, a partir de las especificidades económicas e institucionales de cada país, articule el conocimiento con la producción y fortalezca al sector de software y aplicaciones. En segundo lugar, se requiere consolidar un marco de políticas que actúe sobre los factores críticos que condicionan el despliegue de la economía digital. Las principales brechas que es necesario abordar se encuentran en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, la demanda de banda ancha y el desarrollo de la industria de software y aplicaciones. La política pública es indispensable para asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC que tienen elementos de interés público en tanto facilitan la provisión de servicios sociales (gestión pública, salud y educación) y de bienes públicos. En tercer lugar, se debe avanzar hacia una institucionalidad para la economía digital que integre a las iniciativas de política sobre banda ancha, industrias TIC e inclusión digital. En este ámbito, deberán existir acciones organizadas en dos caminos: políticas TIC para el cambio estructural y TIC para la igualdad y la inclusión social.

            Avanzar en el cambio estructural necesario para el desarrollo y la reducción de la inequidad en la región requiere, según el estudio, formular e implementar una nueva fase de las estrategias para las TIC cuyo eje sea el desarrollo integral de la economía digital, definida como los sectores de industria TIC (telecomunicaciones, hardware, software y servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet. La economía digital es una fuente de aumento de productividad, crecimiento económico y desarrollo sustentable; para aprovechar ese potencial, se requieren instituciones y políticas que aseguren la generación de sinergias entre la difusión de las nuevas tecnologías y el cambio de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en digitalización y conocimiento.

            Después de dos décadas de implementación de políticas que han enfatizado el desarrollo de la infraestructura, el acceso a Internet y la difusión de las TIC, la evidencia muestra una importante participación de la economía digital en el PIB, apunta el reporte. Estimaciones de la CEPAL indican que, en promedio para Argentina, Brasil, Chile y México, alcanzan al menos 3.2 por ciento, cifra no despreciable si se considera que en los 27 países de la Unión Europea el porcentaje correspondiente es de 5 por ciento.

            Las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a servicios públicos que predominan en la región condicionan el patrón de acceso y uso de Internet, asegura el reporte. Es por ello que es importante, como alternativa al acceso en el hogar o el lugar de trabajo, disponer de redes públicas de acceso gratuito. La intervención del Estado es indispensable para asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC; en particular, es necesario considerarlas como un servicio de interés público pues facilitan la provisión de servicios sociales tales como la salud, la educación y el gobierno electrónico.

            En Morelos, se han tenido pequeños avances en materia de incorporación de la tecnología digital en la provisión de servicios de interés público, especialmente en materia de acceso e infraestructura. Sin embargo, aún es débil el avance en dos factores claves asociados a la utilización efectiva de las TIC: la apropiación de la tecnología por el usuario y el desarrollo de contenidos relevantes. Un componente fundamental para aprovechar las TIC es la capacidad para usarlas de manera pertinente en el ámbito educativo, tanto docente como administrativo y estudiantil.

Impulsar la responsabilidad social de las empresas.

publicado en La Jornada Morelos el 18 de febrero de 2013.

El desarrollo es un proceso por el que se avanza en tres frentes, propone la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): el cambio estructural, la convergencia productiva y la igualdad. El primero implica aumentar el peso que tienen en la estructura productiva los sectores intensivos en conocimiento; el segundo, reducir las brechas tecnológicas, de productividad y de ingresos con las economías en la frontera tecnológica internacional, y el tercero, avanzar en igualdad partiendo de un enfoque de derechos. El progreso técnico, la creación de buenos empleos, la reducción de la desigualdad y la sustentabilidad son dimensiones inseparables en el mundo en que vivimos.

            Álvaro Calderón, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, estuvo a cargo de la coordinación del documento titulado “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental” (LC/L.3535/Rev. 1, Enero de 2013, © Naciones Unidas • Impreso en Santiago de Chile). Este documento ofrece una perspectiva amplia e informada de las principales dimensiones del desarrollo de los países de ambas regiones. Establece que la inversión es una variable clave que vincula el crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental con miras a lograr un desarrollo orientado al cambio estructural para reducir la desigualdad. Además, es el mecanismo para avanzar hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento, mayor productividad y alta capacidad de generación de empleos. Más aun, es el elemento decisivo para la incorporación de la revolución tecnológica en curso, que abre oportunidades no sólo para grandes saltos de productividad y competitividad, sino también para la creación de empleos de calidad y la generación de condiciones favorables a la sustentabilidad.

            La inversión también vincula el corto y el largo plazo, señala el documento. Es el eslabón que materializa los encadenamientos productivos y tecnológicos que se traducen en crecimiento. Una débil respuesta de la inversión a los ciclos económicos expansivos y su notable descenso en las fases de contracción explican la extrema lentitud del cambio estructural y el escaso efecto de arrastre que ha tenido para el resto de la economía. Los factores económicos y del entorno son los determinantes últimos de la inversión, pero la responsabilidad social empresarial juega un papel más allá de las fuerzas del mercado. La creación de empleos, el aumento de la inclusión social y la sustentabilidad ambiental son resultados de fuerzas económicas y de voluntades y compromisos políticos.

            El paradigma tecnológico y productivo predominante está experimentando cambios de tal magnitud que han sido calificados como una nueva revolución tecnológica, apunta el documento. La convergencia de innovaciones en materia de tecnología digital está transformando distintos ámbitos del diario vivir. Estos avances han modificado los procesos de fabricación, gestión, comercialización y distribución de productos, e impulsado nuevos modelos de negocios basados en internet, lo que no sólo cambiará el modo, sino también el lugar de producción, y redefinirá la estructura y dinámica productiva global. Se está rediseñando el mapa productivo mundial y, posiblemente, la revolución tecnológica dará lugar al retorno de actividades y sectores productivos —incluso algunos hoy intensivos en mano de obra— a los países más avanzados, con el consiguiente impacto en el empleo en regiones como América Latina y el Caribe.

            La nueva trayectoria de desarrollo apunta, según el documento, a utilizar tecnologías limpias, resultantes de la combinación de distintos avances en el reciclaje y el tratamiento de aguas y gases; la generación de electricidad a partir de fuentes energéticas renovables (eólica, solar e hidráulica) y celdas de hidrógeno; los combustibles derivados de la biotecnología; las redes inteligentes de control en sistemas urbanos y redes eléctricas, y el aumento de la eficiencia energética de gran número de máquinas, como los automóviles.

            A partir de las reformas de mercado predominó la convicción de que la inversión extranjera directa (IED) era un factor propulsor del desarrollo que automáticamente tenía efectos positivos en las economías receptoras, indica el documento. De acuerdo con esta visión, se destacaba la función de la IED como complemento del ahorro interno y fuente de nuevos aportes de capital y de beneficios en materia de transferencias de tecnología y de derrames de productividad. Asimismo, se otorgaba prioridad al monto más que a la calidad, lo que llevó a los países a tratar de maximizar los ingresos de IED provenientes de las empresas transnacionales, principales impulsoras del fenómeno. Sin embargo, si la IED se orienta a aprovechar el tamaño y dinamismo de mercados locales o subregionales, entonces se da lugar a la creación de encadenamientos productivos y al desarrollo del empresariado local.

La inversión debe enfocarse hacia la creación de nueva capacidad productiva, particularmente en actividades intensivas en conocimiento, tecnología e innovación.

            Las pequeñas y medianas empresas son un camino importante para la inclusión social, reconoce el documento. Una mayor inserción internacional debe contribuir a la generación de empleo y al incremento de los ingresos, además de brindar la posibilidad de alcanzar mayores niveles de productividad e innovación tecnológica. Los procesos continuos de ampliación de capacidades productivas son imprescindibles para que un país mantenga un desarrollo sostenido, reduzca la pobreza y la desigualdad social y mejore el bienestar colectivo.

            En Morelos, es necesario articular las diferentes dimensiones de la política económica para generar sinergias entre las dinámicas de corto y de largo plazo. Para la competitividad de las empresas es cada vez más importante un enfoque estratégico sobre la responsabilidad social empresarial. De hecho, el compromiso con los actores interesados, internos y externos, permite a las empresas anticipar y aprovechar mejor expectativas sociales y condiciones de funcionamiento que cambian rápidamente, generando oportunidades de crecimiento. Así, las empresas pueden conquistar una confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos que sirva de base para modelos empresariales duraderos.

Apropiarnos de la ciencia

Publicado en la Jornada Morelos el 5 de septiembre

La ciencia es todavía un tema que no le pertenece a la mayoría de los mexicanos. No puede estar más equivocada la visión común que la trata como una actividad que se lleva a cabo sólo en universidades y sin conexión directa con nuestro bienestar y felicidad. La mayoría de los gobernantes y de los políticos no consideran a la ciencia y aún a la tecnología como un tema relevante en su agenda; casi siempre es entendida como un gasto y no como una inversión. Ahora se define a la competitividad como la capacidad para generar y atraer inversiones y conocimientos. Sin embargo, es casi seguro que cualquier industrial o empresario conoce sus necesidades de inversión pero sólo muy pocos sabrán sus requerimientos de conocimiento. Nuestro país no podrá entrar a la era del conocimiento sin tecnología y no hay tecnología sin ciencia. Si queremos tener un país relevante en el contexto mundial debemos hacer que cada mexicano se apropie del conocimiento científico.
La Unión Europea puso en marcha un proyecto titulado “Monitorear Actividades de Políticas e Investigación sobre la Ciencia de la Sociedad”, para conocer diferentes aspectos relacionados con el estado de la apropiación de la ciencia por la sociedad; en particular, los esfuerzos nacionales en investigación, políticas y actividades de comunicación; los diferentes modelos para realizar políticas públicas; los métodos de evaluación, y los aspectos éticos de la ciencia y la tecnología. Niels Mejlgaard, Tine Ravn y Lise Degn, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Aarhus, Dinamarca, publicaron en diciembre de 2010 un reporte preliminar sobre los “Temas Comunes y las Prioridades de Investigación” que son relevantes en treinta y ocho países europeos para que la sociedad se apropie de la ciencia. Cada país estableció un contacto nacional y su propia estructura para desarrollar el proyecto.
Los autores extrajeron la información de un cuestionario común que se presentó en cada país y contenía cuatro temas principales: “contexto nacional”, que describe los debates actuales sobre la relación entre ciencia y sociedad en cada país, la evolución que ha tenido el lugar de la ciencia apropiada por la sociedad, y las políticas desarrolladas con relación a esta ciencia; “establecimiento de prioridades, gobernanza y el uso de la ciencia en la elaboración de políticas públicas”, enfocándose en los actores involucrados en la conformación de la relación entre ciencia y sociedad, procedimientos formales e informarles para que el público se involucre con la ciencia, y los procesos y procedimientos que se usan a nivel nacional para usar el conocimiento y la asesoría científica en los procesos de elaboración de políticas; “actividades de investigación sobre cómo la sociedad se puede apropiar de la ciencia”, con el propósito de describir la escala y la amplitud de los esfuerzos en esta investigación, incluyendo temas emergentes, áreas enfocadas, estrategias para embeber asuntos de esa ciencia en la investigación general, y financiar estructuras y oportunidades para investigar en esta área de la ciencia, y finalmente “actividades relacionadas con ciencia apropiada por la sociedad”, que pretende dar seguimiento a las actividades de comunicación pública de ciencia y tecnología, la intensidad y complejidad de la comunicación de la ciencia en cada país, y los actores involucrados.
Con relación a los temas y tendencias de investigación en la apropiación de la ciencia por la sociedad, los autores preguntaron a los contactos nacionales que identificaran cinco o más proyectos o programas de investigación, en desarrollo o completados en los últimos cinco años, que se relacionaran directamente con dicho tema y aún más que los categorizarán en áreas temáticas específicas. Las tendencias y patrones comunes que identificaron son:
Gobernanza de la ciencia es un tema general dominante. Los asuntos más tratados son políticas de investigación y desarrollo, gestión de nuevas y controversiales tecnologías, transformación de instituciones de educación superior, y financiamiento y evaluación de la calidad de la investigación;
Comprensión por el público de la ciencia misma es otro tema de gran interés. Aunque la mayoría de los países se concentran en elevar el nivel del interés público por la ciencia, existe el involucramiento y entendimiento de los ciudadanos en varios tópicos científicos y desarrollos tecnológicos; en particular, biología sintética, células madre, nanotecnología y cambio climático;
Comunicación de la ciencia cubre un amplio rango de temas relacionados con la infraestructura y métodos para difundir y divulgar tecnologías específicas, o riesgos particulares asociadas a ellas;
Educación de la ciencia tiene dos tendencias particulares con relación a las acciones que se realizan. Por un lado, se centra en la promoción de la educación de la ciencia a estudiantes, profesores y público en general. Y, por el otro, se establece como una área de investigación, que incluye temas como la relevancia de la educación en ciencia, los avances de la educación en ingeniería, y los métodos avanzados para enseñar ciencia a los maestros;
Ética en ciencia y tecnología es un tema común entre las prioridades de investigación. Las áreas más comunes son biotecnología y bioética, gestión segura de bases de datos genéticos, y el rol de la ética en la ciencia, e
Igualdad e inclusión social en la ciencia que sólo es tratada como agenda interna de igualdad de oportunidades y de contratación en ambientes universitarios.
En Morelos, es necesario impulsar mucho más la exitosa pero reducida y poco financiada actividad desarrollada en difusión y divulgación de la ciencia y la técnica que realizan la academia, el gobierno y varias organizaciones civiles. Académicos han delineando un campo de investigación coherente, con fronteras bien definidas e infraestructura necesaria para asegurar la apropiación de la ciencia por la sociedad. Sin embargo, es fundamental crear y financiar programas de investigación de carácter multidisciplinario que permitan a los ciudadanos entender y utilizar a la ciencia en sus actividades diarias.

Acciones hacia la igualdad

 publicado en La Jornada Morelos el 8 de noviembre de 2010

"La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”, es el título de un documento que publicó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en mayo de 2010, que fue coordinado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. La propuesta, que los autores sometieron a la consideración de los gobiernos de América Latina y el Caribe, plantea un futuro deseable para la región, más igualitario en cuanto a oportunidades y derechos, más dinámico y menos vulnerable en cuanto a su economía, que el círculo vicioso del subdesarrollo se transforme en un círculo virtuoso del desarrollo.
En general se habla de alcanzar la equidad entre las personas y las sociedades: equidad de acceso a la educación, a la salud y a la alimentación, entre otras áreas prioritarias. Existen por lo menos dos razones para no pensar en alcanzar la igualdad, por el lado práctico, la enorme brecha económica, social, cultural y ambiental que existe entre diferentes sectores de la población y, por el lado genético, la diferente capacidad individual para enfrentar el mismo tipo de retos. Sin embargo, de inicio, los autores se preguntan: ¿Por qué hacemos nuestro el valor de la igualdad? y responden: porque creemos interpretar un reclamo histórico largamente sostenido y postergado en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Aseguran que al mismo tiempo que la igualdad respira, como valor positivo, en la memoria histórica de la región, se ha visto sistemáticamente negada por esa misma historia. Y establecen que la desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría y que la modernización actual está hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo.
Su propuesta es hablar de igualdad teniendo como referencia otro gran valor: la democracia. Consideran que una democracia de baja calidad y con poca participación de los más diversos actores en espacios de deliberación difícilmente forja una voluntad política para avanzar hacia una mayor igualdad.
Los autores plantean que la ecuación que está por escribirse contiene a las siguientes variables: Estado, política, fiscalidad y pactos sociales. Sus líneas de acción corresponden a establecer una nueva articulación entre el Estado y la sociedad, a crear una nueva arquitectura estatal, a entender la clave fiscal del vínculo entre Estado e igualdad, y a comprender la importancia de los pactos sociales para la igualdad y el desarrollo estratégico.
Su proceso de reconstrucción de la relación entre el Estado y la sociedad supone establecer una comunidad ética, política y socioeconómica que ponga en el centro la cuestión de la igualdad, por lo que se requiere que las sociedades restituyan la centralidad de los siguientes tres valores esenciales: el interés general y la provisión de bienes públicos, el valor de la visión estratégica concertada, y para privilegiar los anteriores, el valor de la política. Enfatizan que el modelo centrado en el mercado autorregulado ha puesto un énfasis desmedido en la figura del consumidor, en desmedro de la figura del ciudadano.
Las grandes orientaciones para cerrar brechas y abrir caminos hacia la igualdad requieren de una nueva arquitectura estatal, que permita posicionar al Estado en el lugar que le corresponde en la conducción de las estrategias de desarrollo de los países de la región, nos plantean. La calidad y eficiencia de nuestros mercados dependerán, en gran medida, de la calidad y probidad de los Estados para regularlos por medio de mecanismos apropiados de control, incentivos y orientación.
Con respecto al gasto, nos recuerdan las tres funciones tradicionales de la política: proveer bienes públicos (esto es, impulsar el proceso político mediante el cual estos bienes se encuentran disponibles), realizar ajustes en la distribución del ingreso y contribuir a la estabilización macroeconómica.
La operatividad de las propuestas anteriores resalta la importancia de construir pactos sociales para avanzar en la nueva ecuación entre Estado, sociedad y mercado que se propone en el documento citado. Sin la legitimidad y solidez política que ofrecen los acuerdos entre los diversos actores, señalan, las reformas propuestas corren el riesgo de quedar confinadas en el cajón sellado del voluntarismo y las buenas intenciones. El contenido, los actores y las modalidades sólo pueden definirse en el análisis de situaciones concretas.
Finalmente nos recuerdan que es necesario tener en cuenta la profundidad de las tendencias estructurales, que suponen un verdadero cambio de época, entre las que cabe mencionar las cuatro que siguen: el cambio climático, el cambio tecnológico y la llamada sociedad del conocimiento, la dinámica demográfica con sus vertientes de crecimiento numérico y de distribución por edades, y el cambio cultural frente a la globalización.
Llegan a las conclusiones cada vez más citadas de que hay funciones cuya responsabilidad atañe sólo al Estado para velar por el bien común y la cohesión social, y que el mercado por sí solo no produce igualdad ni bienes públicos y tampoco se ocupa de la situación a largo plazo. Por eso plantean estas acciones fundamentales, como un abanico de oportunidades para aplicarse según cada contexto nacional.