Un Gobierno Abierto es aquel cuyos compromisos reflejan y están guiados
por cuatro principios fundamentales: transparencia, participación ciudadana,
rendición de cuentas, e innovación basada en ciencia. No debe ser sólo un
propósito de las autoridades sino una estrategia para alcanzar una mayor
gobernanza democrática y participativa. Necesita de un nuevo tipo de ciudadano,
más crítico, organizado y activo, que demande mayor participación sobre las
decisiones políticas, y que esté interesado en colaborar en la solución de los
problemas y necesidades de la comunidad.
Álvaro Ramírez-Alujas y Nicolás
Dassen escribieron el artículo “Vientos de cambio: el avance de las políticas
de gobierno abierto en América Latina y el Caribe”, publicado como la Nota
Técnica 629, del Banco Interamericano de Desarrollo (Copyright © 2014 Banco
Interamericano de Desarrollo). Este trabajo presenta un análisis detallado del
avance en las estrategias de gobierno abierto en la región a partir de una
revisión en profundidad de los contenidos plasmados en los planes de acción de
los países de América Latina y el Caribe que actualmente integran la Alianza
para el Gobierno
Abierto (AGA).
Desde el lanzamiento de
la AGA en septiembre de 2011, ya son 63 los países que progresivamente se han incorporado
a esta iniciativa multilateral que busca, según los autores: incrementar sus
niveles de transparencia y rendición de cuentas; expandir mecanismos efectivos
de participación ciudadana, y generar plataformas innovadoras para fomentar la
colaboración cívica a fin de crear, de manera conjunta, valor público en la
planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y
servicios públicos. De éstos, 15 son de América Latina y el Caribe y han
presentado e implementado planes de acción que contienen un número de
compromisos concretos, mensurables, con fechas estimadas de implementación en
el corto o mediano plazo, y la indicación de los organismos responsables de
cumplirlos. Brasil y México son miembros fundadores, y este último integrante
de la copresidencia del Comité Directivo.
Los compromisos definidos por la
AGA están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos o ejes
estratégicos que deben asumir los gobiernos que quieran incorporarse. Estos
cinco ejes estratégicos son, de acuerdo a los autores: Mejoramiento de los servicios públicos, que busca promover la optimización
e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos
para la población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y
telecomunicaciones, entre otros); Incremento
de la integridad pública, que abarca iniciativas para avanzar en ética pública,
prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información y reformas
financieras, así como también en la promoción y el afianzamiento de las
libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación; Gestión efectiva y eficiente de los recursos
públicos, que comprende el uso adecuado en la asignación de recursos presupuestarios,
financiamiento tanto interno como externo, y aprovechamiento y conservación de
los recursos naturales; Creación de
comunidades más seguras, que se refiere a los avances en seguridad pública,
respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección
civil, entre otros; e Incremento de la
responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector
privado, que se centra en promover la responsabilidad empresarial en temas
tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la
comunidad y lucha contra la corrupción.
México tiene 55 compromisos
en su plan de acción, señalan los autores: en Mejoramiento de los servicios públicos,
7; en Incremento de la integridad pública, 22; en Gestión más efectiva de los
recursos públicos, 19; en Creación de Comunidades más seguras, 0; y en Incremento
de la responsabilidad corporativ
a, 7. Esto refleja que el gobierno
mexicano apuesta en un inicio por el aumento de la integridad púbica y no por
la creación de comunidades más seguras. La instancia de coordinación ante la
AGA es la Oficina de Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, de la Presidencia
de la República, y tiene un Secretariado Técnico Tripartito conformado por la
Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la
Información y una representación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Originalmente,
se confeccionó un plan de acción un tanto apresuradamente para cumplir con el
cronograma impuesto, para el cual un grupo de ocho OSC propuso más de 100
compromisos. En esa primera instancia el gobierno no incluyó muchas de esas
propuestas, lo que motivó las críticas de la sociedad civil al plan por considerarlo
demasiado general y poco estratégico.
a, 7. Esto refleja que el gobierno
mexicano apuesta en un inicio por el aumento de la integridad púbica y no por
la creación de comunidades más seguras. La instancia de coordinación ante la
AGA es la Oficina de Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, de la Presidencia
de la República, y tiene un Secretariado Técnico Tripartito conformado por la
Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la
Información y una representación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Originalmente,
se confeccionó un plan de acción un tanto apresuradamente para cumplir con el
cronograma impuesto, para el cual un grupo de ocho OSC propuso más de 100
compromisos. En esa primera instancia el gobierno no incluyó muchas de esas
propuestas, lo que motivó las críticas de la sociedad civil al plan por considerarlo
demasiado general y poco estratégico.
Con la intención de llamar la
atención sobre ciertos temas esenciales para el éxito de las estrategias de
gobierno abierto, los autores han establecido “paradojas” que es necesario
asumir y resolver, y que pueden considerarse como espacios de aprendizaje y
mejora en el corto y mediano plazo: El concepto de gobierno abierto es…
demasiado abierto, ya que existen
diferencias en la forma de abordar y presentar los “compromisos” en los planes
de acción, así como la falta de una definición común; Un gobierno
digitalizado no es lo mismo que un gobierno abierto, ya que la mera
publicación y divulgación de datos en formatos abiertos o el uso de plataformas
digitales para mejorar la entrega de servicios o la interacción con los
ciudadanos, pese a que contribuyen a fortalecer la vida democrática, no cambian
ni la forma ni el fondo del ejercicio del poder público; Redacción
autorreferente, ya que se
utiliza un lenguaje abstracto y lejano a las narrativas propias de los
ciudadanos; Más de lo mismo versus demasiado de lo nuevo, ya que dentro de los planes de
acción, existen diferencias sustantivas de enfoque; y Para avanzar en la
consolidación de gobiernos abiertos se requiere un mayor compromiso, una mayor
participación y un mayor involucramiento de los actores que, justamente, están
fuera de él, ya que requiere
“ciudadanizar” el discurso y que exista una “apropiación cívica” de las
prácticas de gobierno abierto.
Los autores proponen las
siguientes reflexiones sobre los debates futuros que deberán darse en torno a
la idea de gobierno abierto: Orientar los planes de acción hacia las necesidades
de la gente, al centrar los
esfuerzos en las necesidades de los ciudadanos, considerando mecanismos para garantizar
una oferta de iniciativas que vayan en directo beneficio de las personas; El
gobierno abierto no se agota en el gobierno: hacia un nuevo modelo de sociedad, al ver que este movimiento va más
allá de las fronteras de lo estatal para penetrar de manera profunda en la
sociedad, pasando de la lógica de “mi plan es escucharte” a “nuestro compromiso
es que trabajemos juntos”; y El debate entre el acceso a la información, la
privacidad y la seguridad, al equilibrar
estos temas y trabajar en marcos regulatorios que ayuden a resolver dilemas y
controversias, cuidando la adaptación a los distintos contextos
institucionales, culturales y políticos.
En Morelos, debemos impulsar al Gobierno Abierto como el
proceso de gobernanza a seguir, no sólo haciendo que las acciones de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial sean transparentes y con rendición de
cuentas, sino transformando el rol de los ciudadanos, de receptores pasivos de
servicios a generadores de valor y conocimiento; de meros espectadores a
protagonistas cada vez más comprometidos en los asuntos públicos más allá del proceso
electoral.