El crimen en 2030

publicado en La Jornada Morelos el 28 de enero de 2013

El avance tecnológico siempre ha tenido un efecto en la detección y prevención de las actividades criminales pero, también, ha causado una mayor eficacia en las técnicas utilizadas por los criminales. Ambos lados han avanzado en su capacidad de comunicación, armamento, logística y entrenamiento. Era común que los criminales siempre fueran a la zaga de la policía, lo que permitía mantener la paz social en cualquier lugar geográfico. Sin embargo, este desbalance sea ha roto en diversas zonas del país, donde desafortunadamente existe una superioridad tecnológica de los criminales sobre los policías.

            Gene Stephens, Profesor Emérito Distinguido de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente colaborador del Instituto en Administración para Mantener el Orden Público (Law Enforcement Management Institute), en Texas, escribió sobre el “Crimen en el año 2030” (Crime in the Year 2030, The Futurist, January-February 2013, Vol. 47, No. 1). En este artículo, el autor presenta los asuntos más importantes que probablemente ocurrirán de ahora al año 2030, su impacto en la seguridad pública y las acciones posibles que tomarán, tanto los criminales como la policía. Los retos para alcanzar un efectivo respeto a la ley son enormes y el único camino para lograrlo demandará de una nueva y reforzada dedicación y compromiso de los policías con el servicio público. El debido proceso y las deliberaciones necesarias para garantizar seguridad y justicia deberán realizarse a un ritmo cada vez mayor.

            Una avalancha de tecnologías emergentes está transformando el crimen y su control, lo que afectará el modo de vida de todas las personas a nivel mundial. La tecnología es amoral, considera el autor, y será utilizada bien o mal; da los medios para cometer crímenes, para evitarlos, para ocultarlos y para detectarlos. Los criminales y los policías tendrán equipos y sistemas de vigilancia operando de tiempo completo y en tiempo real. Las mejoras tecnológicas permitirán que cualquier creatura viva pueda ser localizable donde sea y a cualquier hora. Por ejemplo, la evidencia de culpabilidad se ampliará de fluidos corporales a olores o esencias y, también, la tendencia de incorporar dispositivos electrónicos de reconocimiento a tarjetas del transporte, de crédito y eventualmente a las personas. Incluso, se podría considerar un delito no estar disponible en la red de detección.

            La falta de disponibilidad de agua potable y de energía barata y su mayor escasez futura incrementará el volumen y el grado de los delitos, asegura el autor. La diferencia entre los que tienen estos recursos y los que no causará conflictos todavía más graves, tanto para regiones mundiales como países, estados, localidades o vecinos. Todos necesitamos agua y energía para sobrevivir. Alterar líneas de electricidad o acueductos es un crimen que va en aumento y que cuesta miles de millones de pesos a las compañías, estatales o privadas, que transforman y distribuyen ambos productos. Se deben considerar, también, los actos de terrorismos sobre ambas “líneas” de distribución en las muy probables futuras guerras por recursos naturales.

            La transparencia, la privacidad y su interrelación serán temas de enorme relevancia al 2030, señala el autor. La cobertura de comunicación en los medios ya es de 24 horas diarias, los siete días de la semana. El flujo de información no para en televisión, radio e internet. Su captura y diseminación se ha vuelto más íntima e inmediata con cámaras y grabadoras en cualquier teléfono celular, además de contar con sistemas GPS para localización instantánea. Adicionalmente, la miniaturización, o más aún la “nanoturización”, de los dispositivos de vigilancia y su incorporación a redes electrónicas mundiales manejadas por supercomputadoras, crearán una omnipresencia de los medios, tanto corporativos como individuales. ¿Habrá en el futuro algún lugar donde una persona se pueda ocultar de ser observada públicamente? También, dichas tecnologías atentarán contra nuestras libertades civiles al poder mal utilizar la existencia de un “record permanente”.

            El valor de la privacidad y otras libertades civiles cambiará en un mundo que estará vigilado permanentemente, apunta el autor. El avance en la comunicación masiva por medio de las redes sociales ya está cambiando los valores de los jóvenes, al compartir información personal que los mayores consideramos confidencial. De hecho, criminales y policías ya navegan la red consuetudinariamente para elegir víctimas o para encontrar evidencias de actividades ilegítimas.

            El propio concepto de libertad de elección está bajo presión por la naturaleza de esta sociedad emergente, indica el autor. Ya han sucedido revueltas masivas contra actos de gobierno que atentan contra esta libertad y la tendencia apunta a que podrán haber reacciones mucho más globales y violentas; que incluso se enfrenten al uso de las tecnologías mencionadas.

            En Morelos y en el mundo, existirán conflictos sociales acerca de cómo utilizar las tecnologías emergentes para combatir el avance del crimen. No queremos que los criminales superen a nuestros policías y tampoco queremos perder nuestros valores y libertades individuales. Debemos analizar ya el rumbo que tomará nuestra sociedad.

La familia al 2030

publicado en La Jornada Morelos el 5 de diciembre de 2011

En las últimas cuatro décadas la familia se ha transformado significativamente en la mayoría de los países del mundo, incluyendo a México. La familia extendida casi ha desaparecido. La tradicional de padre, madre e hijos se ha modificado como consecuencia del aumento de divorcios, uniones libres, cada miembro de la pareja en su casa, madre soltera, padre soltero y matrimonios del mismo sexo. También, las madres deben trabajar fuera de casa, los jóvenes tienen que educarse por más tiempo, los adultos mayores viven más años y cada vez más solos. Estos cambios han tenido fuertes repercusiones en las viviendas, pensiones, esquemas de salud, mercados de trabajo, instituciones de educación y finanzas públicas.

            La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en este año un estudio titulado “El Futuro de las Familias al 2030. Proyecciones, políticas y retos. Una síntesis”. (The Future of Families to 2030. Projections, policy challenges and policy options.  A Synthesis Report. OECD 2011). Desde diciembre de 2009, el Programa Internacional de Futuros, de la OCDE, lanzó este proyecto con el objetivo de identificar y examinar las tendencias que marcarían las próximas dos décadas a las familias y la estructura familiar y, también, estudiar las implicaciones que tendrían esas tendencias en áreas claves de las políticas públicas.

            Algunas estadísticas actuales en los países de la OCDE indican que el tamaño de la familia decreció de 2.8 personas a mediados de la década de los ochenta a 2.6 a mediados de la década del 2000. En la mitad de los hogares no hay niños. El número de matrimonios decreció de 8 por cada 1000 personas en 1970 a 5 en 2009, y la tasa de divorcios se duplicó a 2.4 por 1000 personas. El número de niños nacidos fuera de matrimonio se triplicó de 1980 a 2007. Casi 10 por ciento de los niños viven en hogares reconfigurados y cerca del 15 por ciento con padres solteros. Uno de cada 15 niños viven con sus abuelos. También, la esperanza de vida se ha incrementado al pasar de 66 a 76 años en poco más de 50 años. La tasa de fertilidad ha disminuido de 2.8 niños por mujer a tan solo 1.6. Es importante conocer estos cambios en el tiempo ya que determinan los resultados de las diferentes políticas de desarrollo económico y social.

            Los cambios poblacionales en los próximos 20 años serán muy lentos con excepción de los debidos a las migraciones, nos recuerda el estudio. Las tendencias sociales también tienden a mantener su propio ritmo; tales como, la expansión de la educación superior, la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral y el aumento en el número de adultos mayores que dependerán de la comunidad. En cambio, los patrones futuros de casamientos y divorcios o la participación de los adultos mayores en el mercado de trabajo pueden causar cambios significativos.

            Avances en tecnologías médicas, el aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación, y el  incremento en aprendizaje y trabajo a distancia modificarán la estructura y las relaciones familiares, indica el estudio. La  expansión de las redes sociales tendrá consecuencias no esperadas sobre la interacción entre familiares, en algunos casos mejorándolas pero no en otros.

            La situación económica, crecimiento y distribución, tendrá un impacto significativo sobre qué familias y qué hogares serán afectados y cómo, señala el estudio. El crecimiento económico de largo plazo estable o no, y las finanzas públicas fuertes o débiles, serán determinantes en que algunas familias vivan mejor u otras vean su vulnerabilidad crecer.

            Con base en la información recopilada y analizada, el estudio concluye que el panorama de los países de la OCDE cambiará marcadamente. Si no ocurren eventos extremos, el envejecimiento de la población, la urbanización, la mayor expectativa de vida, y la formación y disolución de uniones tendrán una trayectoria cierta y con poco cambio, considerando un periodo de 20 años. Por otro lado, los flujos migratorios, los desarrollos tecnológicos, el funcionamiento de la economía y los patrones de empleo tienen un mucho mayor grado de incertidumbre. Sin embargo, el efecto combinado de estas tendencias demográficas, económicas, sociales y tecnológicas tendrá un gran impacto en la estructura del hogar y la vida familiar en estos países.

En Morelos y en México, según el estudio, se deberán analizar y adecuar en el corto plazo políticas públicas fundamentales que tengan impacto en el largo plazo: proyecciones de recaudación fiscal y el funcionamiento del sector salud; mejoras sociales al balancear las responsabilidades de los individuos, la familia, empresas, asociaciones y el estado; ahorro y mejor eficiencia en la atención médica al considerar todos los cambios durante el ciclo de vida; erradicación de la pobreza, incremento del empleo y cobertura educacional total a los jóvenes; fomento a la innovación tecnológica que mejore la calidad de vida de las familias; desarrollo urbano que impulse la convivencia social y la solidaridad; combate a la inequidad de género, y creación y gestión de conocimiento sobre las relaciones entre aspectos básicos de la familia y de ésta con la sociedad.

Desigualdad y Poder

publicado en La Jornada Morelos el 15 de agosto de 2011

Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Sin embargo, existe un tipo de desigualdad fundamental –acumulativa de genera¬ción en generación– que se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recur¬sos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, bienes de capital y recursos financieros. Finalmente, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder, nos señala Clara Jusidman en su artículo sobre “Desigualdad y política social en México”, Nueva Sociedad N° 220, marzo-abril de 2009, ISSN: 0251-3552. Además, expone que la desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias.
Los estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– han escogido alguna de esas tres opciones, señala Jusidman: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en las características asi¬métricas de las estructuras sociales. La desigualdad, ya muy alta en México, podría ser incluso más grave si se ajustaran las mediciones. En particular, la fuerte evasión en las declaraciones de ingresos de las grandes empresas y de la es¬peculación financiera, junto con la creciente participación de las actividades ilegales y criminales, hacen que los ingresos de los estratos más ricos de la población se encuentren subestimados.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones, apunta Jusidman. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus de¬mandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el com¬bate a la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Plantea Jusidman que los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia re¬ciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de pre¬misas que han experimentado grandes modificaciones. El análisis de la evolución de las prioridades y estrategias de política social permite observar el cambio de paradigma: la idea de la política social como el instrumento mediante el cual el Estado cumple sus obligaciones en ma¬teria de derechos sociales, redistribuye la riqueza y el ingreso por vía del gasto social e incluye a sectores de la población históricamente excluidos, fue reemplazada por un paradigma de regulación de las familias en situación de pobreza que descansa en una concepción asistencialista de los servicios sociales, vistos como un campo de negocios para las empresas privadas, aun cuando se trate de micronegocios.
Una política social para el siglo XXI que apunte a abatir la desigualdad debería comenzar por la recuperación del concepto de Estado: el Estado además de sancionar y respaldar los derechos de la ciudadanía en un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones, sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes. Propone Jusidman que esa política tendría que partir del reconocimiento de la universalidad efec¬tiva de los derechos a la alimentación, la seguridad social, la salud, la edu¬cación, la vivienda y los servicios básicos de saneamiento, los derechos al trabajo y del trabajo y a un ingreso básico. Significaría definir con claridad en la legislación las garantías sociales en las que se traducen esos derechos y los planes y programas, así como los estándares básicos que deberán ir cubriéndose, de manera progresiva, hasta alcanzar la protección universal, a partir de la utilización del máximo de recursos disponibles.
En Morelos las políticas públicas contra la desigualdad deben contemplar la participación de la población en su diseño, eje¬cución y evaluación, incluir una estrategia paralela de desa¬rrollo de oportunidades de tipo productivo, construir ciudadanía, y desarrollar participación, responsabilidad y solidaridad. Se debe fortalecer el tejido social en las comunidades.