En septiembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una nueva forma de cooperación internacional al definir los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), en donde se fijaron metas de progreso para las personas más desprotegidas del planeta. Todos los países se comprometieron a realizar su mayor esfuerzo y además los países desarrollados prometieron financiar a los países más vulnerables para que alcanzaran las metas establecidas. A diez años, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó un reporte titulado El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. Además de la CEPAL colaboraron otras 17 agencias internacionales.
El reporte establece que América Latina sigue siendo la región con la mayor desigualdad de ingresos del mundo y señala la necesidad de avanzar hacia el cierre de las brechas resultantes de las desigualdades efectivas que existen en varias dimensiones en todos los países de la región y que se expresan en la exclusión de los pueblos indígenas, las segregaciones territoriales, la desigualdad entre los sexos y las desigualdades socioeconómicas en general, que no son solo una consecuencia sino también el principal mecanismo a través del cual éstas se reproducen entre una generación y otra.
La CEPAL y las otras agencias presentan los resultados alcanzados hasta 2008, que se deben tomar con cautela ya que no incluyen los efectos de la crisis de 2008 y 2009. Las conclusiones principales y orientaciones de política a partir del examen de las tendencias registradas, con sus logros y rezagos, en los distintos ODM en los países de América Latina y el Caribe son las siguientes. La importancia de una superación sostenida de la pobreza sobre la base de estrategias y políticas que apunten a la efectiva inclusión social de los grupos excluidos y vulnerables, más allá de la provisión de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades básicas. Dada su relevancia para superar de manera sostenida la pobreza y dar acceso a las redes de protección y seguridad social a la población, el empleo productivo y decente posee un lugar central en la promoción de una agenda de desarrollo con igualdad. Los países de la región deben desarrollar políticas y programas que permitan revertir, en los plazos más breves posibles, la pérdida de recursos del medio ambiente y el deterioro de los ecosistemas. La eliminación de las desigualdades basadas en el género posee especial relevancia para una agenda del desarrollo capaz de incorporar, además del principio de igualdad, el valor de la diferencia que permite establecer medidas de acción positiva para eliminar las inequidades y discriminaciones de género. El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones constituye un nuevo ámbito en que se manifiestan las desigualdades entre países y dentro de ellos. Por último, la importancia de la articulación de un pacto social en los países de la región para avanzar en esta nueva agenda de desarrollo y en el logro de los ODM con igualdad.
Cuantificaremos aquí sólo dos metas del milenio: primera, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”, que busca dar cuenta de las privaciones extremas que afectan la capacidad básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, y segunda “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padece hambre” que no sólo es parte de los ODM, sino que también ha sido reiterada en varios foros internacionales, consagrando así la importancia que tiene este problema para los países y la urgencia que demanda su solución.
CEPAL y las otras agencias estiman que la pobreza extrema en América Latina abarcaba al 2008 a un 12.9 por ciento de la población, cifra que equivale a alrededor de 71 millones de personas. Este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica que incluye tanto alimentos como no-alimentos, y que representa al 33.0 por ciento de la población de la región, es decir, 180 millones de personas. Con relación a las metas del 2015, México se encontraba en el 2008 ya 8 puntos porcentuales arriba de lo esperado en pobreza extrema pero todavía 18 puntos porcentuales debajo de lo esperado en pobreza total. Además, México sólo reduce su pobreza a una tasa de 3 por ciento anual.
En materia de hambre, América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar una alta heterogeneidad entre países y fuertes desigualdades entre grupos poblacionales en su interior. Hasta 2005, México tuvo un avance nulo en la reducción de la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, que corresponde a la cantidad de energía que contienen los alimentos, por lo que debe avanzar el 100 por ciento para alcanzar la meta al 2015. En América Latina, el avance promedio al 2005 fue de 54 por ciento.
México avanza, en general, a un ritmo equivalente al promedio de América Latina para reducir la pobreza total y el hambre. Este resultado es altamente insatisfactorio si consideramos que nuestro país está dentro de las quince potencias industriales a nivel mundial. Debemos adoptar otras políticas públicas, como las propuestas, para ya cambiar de rumbo.
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