Eficacia en seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana constituye la principal preocupación de los habitantes en Morelos y en América Latina, quienes se sienten acosados por el crimen organizado y el delito común, en especial por sus expresiones más violentas: homicidios, agresiones, secuestros y violencia doméstica. Datos provenientes de la encuesta 2011 realizada por Latinobarómetro, indican que para los ciudadanos de doce países de América Latina, el problema principal lo constituye la delincuencia, la violencia y las pandillas. En respuesta a ello, los países de la región han aprobado políticas de carácter nacional, estatal o municipal; han puesto en práctica reformas institucionales de carácter comprensivo en materia policial y de procedimiento penal, y se encuentran ejecutando diversos programas específicos de prevención del delito. Sin embargo, poco sabemos de los resultados alcanzados.

            Hugo Frühling publicó el documento “La eficacia de las políticas públicas en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Cómo medirla, cómo mejorarla”, que es una versión preliminar para discusión en la Red de Seguridad Ciudadana, del Banco Interamericano de Desarrollo, en septiembre de 2012. En este trabajo se abordan la caracterización de las dificultades que obstaculizan un mayor desarrollo de programas eficaces de prevención del delito en la región; la importancia que tiene el diseño riguroso de programas e intervenciones en el campo de la reducción del delito y la violencia, y a los pasos que resulta recomendable seguir en la ejecución y evaluación de la eficacia de dichos programas e intervenciones; y al análisis de las iniciativas dirigidas a mejorar la gestión de proyectos en materia de seguridad ciudadana.

            En años recientes es posible identificar ejemplos de países y ciudades de América Latina y El Caribe que han reducido significativamente las tasas delictuales, señala el autor. Esto se ha logrado poniendo en marcha políticas públicas comprensivas e interinstitucionales dirigidas a reducir el delito, en particular aquel de carácter violento. Uno de estos ejemplos es el de Sao Paulo, Brasil, donde la tasa de homicidios experimentó un descenso, entre 1998 y 2008, desde 61.1 homicidios por 100,000 habitantes a 14.8 por 100,000 habitantes diez años después. Las razones para ello no están enteramente claras, pero el resultado se ha atribuido al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública a nivel estatal y municipal; al uso de mejor información por parte de sus dos policías mediante la implementación de una base de datos común para ambas, denominada INFOCRIM; a la entrada en vigencia de horarios limitativos para la venta de alcohol y a los esfuerzos del gobierno estatal para reducir la circulación y uso de armas de fuego. Otro ejemplo de reducción significativa del delito se da en Bogotá, donde los homicidios disminuyeron desde su punto alto en 1993 de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2009. La discusión respecto de las políticas a las que puede atribuirse esta disminución no se encuentra resuelta. Es posible que la disminución radical de la violencia interpersonal en la ciudad fuera consecuencia de la implementación de programas que impulsaban cambios culturales entre los ciudadanos. Otros estudios sugieren que la razón principal de la violencia interpersonal prevaleciente en la ciudad se encontraba en las estructuras de crimen organizado existentes, por lo que la disminución delictual probablemente habría obedecido a medidas dirigidas a controlar el funcionamiento de esas bandas criminales.

            Los principales problemas detectados en los proyectos de intervención son, según el autor, que: no se justifican los objetivos ni las acciones con alusión a teorías criminológicas; no se levanta información específica que permita focalizar la intervención en grupos determinados o áreas geográficas reducidas; se definen los problemas delictivos de manera genérica, y las respuestas planteadas para los problemas descritos son muy similares entre sí.

            Existen tipos muy diferentes de evaluación, indica el autor, y se distinguen en términos generales: evaluación de diseño, que busca determinar la coherencia entre la definición del problema que será objeto de la intervención, el contexto en el que se realizará la intervención y la organización interna del proyecto (objetivos, participantes, métodos de intervención, recursos asignados, actividades, plazos y evaluación); evaluación de procesos, que busca determinar si la implementación del proyecto ha avanzado conforme a los objetivos del proyecto y si los procesos de trabajo que se realizan, permitirán entregar los productos comprometidos y por esa vía, alcanzar los efectos deseados, y evaluación de los efectos que produce el proyecto, que busca determinar si el proyecto ha producido los efectos deseados, descartando explicaciones alternativas. Para ello, es necesario que la evaluación sea capaz de aportar evidencia de que existe una relación causal entre la implementación del programa y los efectos constatados. En la actualidad se reconoce que la ejecución de políticas en materia de seguridad ciudadana se debe basar en evidencia efectiva respecto de su eficacia.

            Las áreas prioritarias que son objeto de estos proyectos, describe el autor, son: prevención social, con énfasis en programas que se dirigen hacia la juventud en riesgo; prevención situacional, que cubre principalmente intervenciones urbanas; actividades disuasivas de la policía, que incluyen tanto el patrullaje policial, como la investigación de delitos; actividades del sistema de justicia penal que tienen efectos disuasivos y preventivos; fortalecimiento del sistema penitenciario en sus diversas funciones, incluyendo las de reinserción, y fortalecimiento institucional dirigido a mejorar la efectividad con la que se ejecutan programas de seguridad ciudadana.

            En Morelos y acorde con este reporte, debemos considerar: establecer compromisos institucionales para medir el desempeño en torno a la obtención de metas que sean significativas en materia de reducción del delito o la violencia, lo que implica dejar de evaluar ese desempeño por meros resultados de la administración de los proyectos (presupuesto gastado, actividades realizadas, entre otros); la presión para mejorar el desempeño de las instituciones debe estar acompañada por un estilo de liderazgo que promocione la flexibilidad de los agentes en la realización de las acciones que puedan producir los efectos esperados, creando un ambiente propicio para la puesta en práctica de proyectos innovadores, y establecer un sistema completo de seguimiento de la implementación de proyectos y de evaluación de su impacto. Lo anterior es esencial para mejorar el proceso de aprendizaje de los equipos que llevan a cabo los proyectos y permite establecer evidencia respecto de los proyectos que alcanzan impacto.