En todos los países de América Latina, la agricultura familiar es el área
predominante en el medio rural. La persistencia de esta área como forma
peculiar de organización económica que coexiste con las medianas y grandes
empresas agrícolas capitalistas es una característica que cruza la región. Esta
actividad tiene gran potencial para mejorar los índices de seguridad y
soberanía alimentaria, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
Sin embargo, sus contribuciones no han sido suficientemente valoradas por los
gobiernos y la sociedad.
En un esfuerzo conjunto, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), publicaron un
documento titulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en
las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe: 2014” (CEPAL, FAO,
IICA. -- San José, C.R.: IICA, 2013. ISBN 978-92-9248-504-7), cuya elaboración
estuvo a cargo de un grupo interinstitucional compuesto por Adrián Rodríguez,
Mônica Rodrigues y Octavio Sotomayor de la CEPAL; Byron Jara y Salomón Salcedo
de la FAO; y Joaquín Arias, Rafael Trejos, Ileana Ávalos y Hugo Chavarría del
IICA. En él, analizan las tendencias y perspectivas de la agricultura y su contexto
(macroeconómico y sectorial), y dedican una sección para examinar en detalle
las características, retos y potencialidades de la agricultura familiar en
América Latina y el Caribe. También, presentan recomendaciones de políticas que
consideran necesarias para devolver dinamismo a la agricultura regional y para
potenciar el desarrollo de los territorios rurales.
El desarrollo del
potencial de la agricultura familiar (AF) requiere necesariamente del
compromiso de los gobiernos para generar una institucionalidad específica para
el sector, que permita impulsar su desarrollo de forma sostenible, señala el
documento. Ello demanda contar con información del sector, que constituya la
base que sustente el diseño de las herramientas de políticas de acuerdo con
sus necesidades, que debe contar con la efectiva participación de los
agricultores familiares en su concepción e implementación.
La institucionalidad debe ser
suficientemente sólida para asegurar el logro de su propósito; es decir, debe
contar, por lo menos, con recursos humanos y presupuestarios suficientes, con
sistemas de evaluación y retroalimentación, con políticas de largo plazo y
diferenciadas por segmentos, asegura el documento. Diversos países de la región
cuentan con institucionalidad orientada a esta área, cuya responsabilidad recae
mayoritariamente en la cartera de agricultura, con resultados disímiles. La
implementación de estas políticas debe enmarcarse en procesos de desarrollo
rural en los territorios, que impliquen la construcción e implementación de
estrategias y acciones intersectoriales que generen sinergia para el avance de
la AF y, por tanto, hagan más coherente y efectiva la labor pública en las
localidades. Las características estructurales de la AF determinan que estas
estrategias adopten un carácter multidimensional, donde las políticas
agrícolas se complementen con la incorporación de políticas públicas extra sectoriales,
que en conjunto mejoren la calidad de vida de los habitantes rurales. Será
decisión de los gobiernos implementar estas estrategias, lo cual determinará
el futuro de la AF de la región y las posibilidades de aplacar el hambre y la
pobreza que han caracterizado a algunos territorios en los últimos decenios.
En muchos países, la migración de
la juventud hacia zonas que ofrezcan mejores oportunidades constituye un importante
factor de riesgo para la continuidad de la AF, constata el documento. La
sostenibilidad de los sistemas productivos de la AF depende de que los jóvenes
continúen en el campo, lo cual demanda que los estados formulen estrategias integrales
para estimular a los jóvenes y sus familias a hacer de las labores agrícolas su
medio de vida. La tendencia de reducción y envejecimiento de la población
rural que se evidencia en la región permite concluir que si no se toman
acciones inmediatas, la generación de reemplazo de la AF no tendría grandes incentivos
para continuar con la actividad. Se debe reconocer que el ingreso no agrícola
en las economías de los agricultores familiares ha crecido en importancia en
la última década, lo cual evidencia la fragilidad de sus sistemas productivos,
especialmente de los segmentos más vulnerables.
En toda la región, el escaso
acceso a tierras y recursos hídricos por parte de la AF constituye una de las
principales limitantes que condiciona el desarrollo sostenible de la AF,
indica el documento. Hasta la fecha, muchos países de la región no cuentan con
políticas o medidas que apoyen el acceso a la tierra de los agricultores
familiares. Superar dicha situación de inequidad que experimenta este segmento
constituye un desafío prioritario para los estados. Sin estos recursos
productivos, no hay agricultura.
Sin duda, la inserción a los
mercados constituye una de las principales limitantes para el desarrollo de la
AF, propone el documento. Algunos países han trabajado en la supresión o
mitigación de asimetrías e inequidades de mercado que impactan negativamente al
sector. Ejemplos como los de Brasil, a través de la inclusión de la AF en el
sistema de compras públicas. La estrategia de vincular a la AF como proveedor
de programas de alimentación constituye una buena práctica que debiera ser
replicada en la región.
En los últimos años, se ha
observado un trabajo mancomunado entre grupos de países para el desarrollo de
la AF que incrementa la participación de los agricultores familiares,
establece el documento. Ello generará una serie de retos, como mejorar
productividad, superar problemas de calidad e inocuidad, establecer protocolos
específicos o generar sellos de diferenciación, entre otros, los que sin duda
pueden ser abordados de forma conjunta. La conjunción de esfuerzos permitiría
avanzar hacia el desarrollo de una AF latinoamericana sólida y a sociedades más
justas, equitativas y con mayores grados de bienestar.
En Morelos, debemos establecer
alianzas público – privadas que fomenten la competitividad de la agricultura
familiar, al reconocer el papel del mercado agrícola en la reducción de la
pobreza. También, es imprescindible crear un sistema de innovación que tenga
como punto de partida la gestión del conocimiento e intercambio de saberes
ancestrales, así como el establecimiento de conexiones apropiadas con la
tecnología moderna.
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